J. Jesus Nuñez Campos
Expediente 1228/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 22 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1228/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 15/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- J. Jesus Nuñez Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y que transcurrió dicho plazo sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto, según se advierte de la certificación que antecede; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que: ".Proporcionen y garanticen cabalmente, de manera coordinada, al quejoso J. JESÚS NÚÑEZ CAMPOS, el derecho a la salud, para lo cual deberán tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al rango más elevado posible de salud del quejoso, considerando particularmente sus padecimientos de enfermedad renal crónica, gota, hipertensión arterial y anemia y para ello, dicho impetrante deberá recibir, además de la atención médica integral adecuada, el tratamiento médico oportuno y apropiado para sus padecimientos, concretamente de hemodiálisis, si así lo indicaran los médicos tratantes, así como el medicamento o medicamentos que requiera, en las dosis que le correspondan y que igualmente le sean prescritos por dichos galenos, todo lo cual deberá brindarse bajo la estricta responsabilidad de las citadas responsables y acorde a las indicaciones que los médicos tratantes señalen. Por tanto, dichas autoridades deberán realizar las gestiones necesarias, inclusive administrativas, con la debida oportunidad, para que la atención médica y los medicamentos que le prescriban, se suministren al quejoso de mérito, de forma puntual, permanente y constante, sin interrupciones y agotando para ello todos los recursos de los que disponen para lograr su efectividad; ello, para lograr el más alto nivel posible de salud del referido impetrante de garantías. Resulta necesario precisar en este aspecto que, dada la naturaleza de la enfermedad con la que fue calificado el quejoso en cita y que el diagnóstico, tratamiento, medicamento y consultas dependerá en gran medida a la evolución de dicho padecimiento, para efectos de cumplir con la ejecutoria de amparo, bastará con que las autoridades responsables hagan el pronunciamiento respectivo en el sentido de que acatarán este fallo. Ello, con independencia de que en lo sucesivo, provean todo lo necesario para el estricto cumplimiento de la ejecutoria respectiva en los términos señalados en la presente determinación. Lo anterior, sin perjuicio de que quedan expeditos los derechos del nombrado quejoso para denunciar ante esta juzgadora, en cualquier tiempo, el incumplimiento en el que incurran las citadas autoridades responsables." Por proveído de seis de enero de dos mil veintitrés causó ejecutoria dicho fallo constitucional. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables Director General de los Servicios de Salud de San Luis Potosí y el Director General del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", informaron de las acciones realizadas para salvaguardar la salud de la parte quejosa, proporcionándole sesiones de hemodiálisis de manera semanal y consultas de seguimiento, remitiendo copia certificada relativas al expediente clínico del impetrante, manifestando igualmente, bajo protesta de decir verdad, que continuarían proporcionando y garantizando a dicho quejoso, su derecho a la salud. En ese orden de ideas, si las autoridades responsables han proporcionado y garantizado de manera coordinada el derecho a la salud del quejoso, dando una atención medica integral adecuada, el tratamiento médico oportuno y apropiado para los padecimientos del quejoso, concretamente de hemodiálisis, así como los medicamentos que requiere acorde a las indicaciones señaladas por los médicos tratantes, además de haber manifestado, bajo protesta de decir verdad, que se continuará brindando al directamente quejoso, la atención médica integral referida, es indiscutible que con ello se dio cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Por consiguiente, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente referido en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Se hace saber a las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/557/2023, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó a Rodolfo Jiménez Silva, para desempeñarse como Secretario en funciones de Juez de Distrito de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la apoderada legal de los Servicios de Salud en San Luis Potosí, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto. Ahora bien, toda vez que mediante proveído de veinticinco de enero de la presente anualidad, se reservó proveer respecto al cumplimiento dado por la diversa responsable, Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" hasta en tanto el Director General de los Servicios de Salud en esta ciudad informara lo conducente, lo que ya aconteció; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido de los oficios y anexos, remitidos por las citadas responsables en relación al cumplimiento de mérito, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, signados por el apoderado y representante legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" y por la apoderada legal de los Servicios de Salud de San Luis Potosí; en atención a su contenido se provee: En atención al primero de los oficios de cuenta, resérvese proveer lo conducente, hasta en tanto la diversa autoridad responsable dé cumplimiento al requerimiento formulado en autos. Por otra parte, respecto del segundo de los oficios de cuenta, signado por la apoderada legal de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, toda vez que del comunicado de cuenta no se advierte que dicha autoridad haya dado cumplimiento a lo requerido por auto de diecisiete de enero de la presente anualidad; en consecuencia con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Director General de los Servicios de Salud en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, de cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo y "bajo protesta decir verdad" manifieste que proporcionará y garantizará cabalmente, de manera coordinada, al quejoso ****, el derecho a la salud, para lo cual deberá tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al rango más elevado posible de salud del citado quejoso, considerando particularmente sus padecimientos de enfermedad renal crónica, gota, hipertensión arterial y anemia y para ello, dicho impetrante deberá recibir, además de la atención médica integral adecuada, el tratamiento médico oportuno y apropiado para sus padecimientos, concretamente de hemodiálisis, si así lo indicaran los médicos tratantes, así como el medicamento o medicamentos que requiera, en las dosis que le correspondan y que igualmente le sean prescritos por dichos galenos, todo lo cual deberá brindarse bajo su estricta responsabilidad y acorde a las indicaciones que los médicos tratantes señalen. Lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa, por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el apoderado y representante legal de la autoridad responsable Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", por medio del cual informa las actuaciones llevadas a cabo en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del contenido del oficio de cuenta, así como del diverso remitido por la apoderada legal de Servicios de Salud de San Luis Potosí, mismo que se reservó proveer mediante proveído de dieciséis del presente mes y año; no se advierte que las autoridades responsables hagan pronunciamiento alguno en el sentido de que acatarán el fallo dictado en el presente juicio de amparo, tal y como se estableció en la ejecutoria de mérito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables Director General del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" y Director General de los Servicios de Salud en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, se constriñan a dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo y "bajo protesta decir verdad" manifiesten que proporcionarán y garantizarán cabalmente, de manera coordinada, al quejoso J. JESÚS NÚÑEZ CAMPOS, el derecho a la salud, para lo cual deberán tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al rango más elevado posible de salud del quejoso, considerando particularmente sus padecimientos de enfermedad renal crónica, gota, hipertensión arterial y anemia y para ello, dicho impetrante deberá recibir, además de la atención médica integral adecuada, el tratamiento médico oportuno y apropiado para sus padecimientos, concretamente de hemodiálisis, si así lo indicaran los médicos tratantes, así como el medicamento o medicamentos que requiera, en las dosis que le correspondan y que igualmente le sean prescritos por dichos galenos, todo lo cual deberá brindarse bajo la estricta responsabilidad de las citadas responsables y acorde a las indicaciones que los médicos tratantes señalen. Lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá una multa, a cada una de las omisas, por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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