J. Jesús Mercado Mancilla

Expediente 690/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
690/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
27/01/2021

Partes del expediente

  • J. Jesús Mercado Mancilla

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto de diez de noviembre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, diez de noviembre de dos mil veinte. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado y documentos anexos rendido la Magistrada Presidenta e Instructora de la Tercer Ponencia, así como la Primer Secretaria de Acuerdos de la Segunda Ponencia y el Primer Secretario de Acuerdos de la Primer Ponencia, con sede en esta ciudad, del que se infiere que acepta la existencia del acto reclamado. La documental que se remite con el oficio de cuenta, por ser pública en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados; dado lo voluminoso de los documentos en cuestión, por separado fórmese el cuaderno de pruebas respectivo (I). En el presente asunto se reclama: 1. De la autoridad responsable reclamó la omisión en dictar sentencia en el juicio de nulidad radicado bajo el expediente número 631/18-03-01-6. Respecto de la omisión de dictar sentencia en el juicio de nulidad radicado bajo el expediente número 631/18-03-01-6 se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer fuera de audiencia. Conforme a lo dispuesto en el arábigo indicado, el juicio de amparo es improcedente cuando el efecto del acto reclamado haya cesado antes del dictado de la sentencia. La hipótesis normativa prevista en el citado precepto legal se actualiza cuando el efecto del acto reclamado desaparezca o se destruya inmediata, total, incondicional y materialmente, supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial. Sobre esa hipótesis resulta ilustrativa por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, de rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, es dable precisar que se actualiza la hipótesis referida, pues en el caso concreto, la parte quejosa reclamó la omisión en dictar sentencia en el juicio de nulidad radicado bajo el expediente número 631/18-03-01-6. Sin embargo, la omisión de la autoridad responsable cesó puesto que el tres de noviembre del año en curso dictó sentencia definitiva en el juicio de nulidad 631/18-03-01-6. En ese sentido, con el dictado de dicha determinación cesaron los efectos de la omisión reclamada a la autoridad responsable, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales de la parte impetrante, ya fue reparada. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento, procede a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior, al ser clara y evidente la causa de improcedencia que conducen al resultado apuntado, por lo que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las nueve horas con cuarenta minutos del cuatro de diciembre del año en curso.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa: Culiacán, Sinaloa, diez de noviembre de dos mil veinte. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado y documentos anexos rendido la Magistrada Presidenta e Instructora de la Tercer Ponencia, así como la Primer Secretaria de Acuerdos de la Segunda Ponencia y el Primer Secretario de Acuerdos de la Primer Ponencia, con sede en esta ciudad, del que se infiere que acepta la existencia del acto reclamado. La documental que se remite con el oficio de cuenta, por ser pública en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados; dado lo voluminoso de los documentos en cuestión, por separado fórmese el cuaderno de pruebas respectivo (I). En el presente asunto se reclama: 1. De la autoridad responsable reclamó la omisión en dictar sentencia en el juicio de nulidad radicado bajo el expediente número 631/18-03-01-6. Respecto de la omisión de dictar sentencia en el juicio de nulidad radicado bajo el expediente número 631/18-03-01-6 se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer fuera de audiencia. Conforme a lo dispuesto en el arábigo indicado, el juicio de amparo es improcedente cuando el efecto del acto reclamado haya cesado antes del dictado de la sentencia. La hipótesis normativa prevista en el citado precepto legal se actualiza cuando el efecto del acto reclamado desaparezca o se destruya inmediata, total, incondicional y materialmente, supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial. Sobre esa hipótesis resulta ilustrativa por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, de rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, es dable precisar que se actualiza la hipótesis referida, pues en el caso concreto, la parte quejosa reclamó la omisión en dictar sentencia en el juicio de nulidad radicado bajo el expediente número 631/18-03-01-6. Sin embargo, la omisión de la autoridad responsable cesó puesto que el tres de noviembre del año en curso dictó sentencia definitiva en el juicio de nulidad 631/18-03-01-6. En ese sentido, con el dictado de dicha determinación cesaron los efectos de la omisión reclamada a la autoridad responsable, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales de la parte impetrante, ya fue reparada. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento, procede a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior, al ser clara y evidente la causa de improcedencia que conducen al resultado apuntado, por lo que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las nueve horas con cuarenta minutos del cuatro de diciembre del año en curso.

  4. Principal

    En siete de octubre de dos mil veinte, el licenciado Ramón Gustavo Grajeda Tello, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Culiacán, Sinaloa, da cuenta al Juez con el escrito de la demanda de amparo y anexo registrados con el folio 7519. Conste. Culiacán, Sinaloa, siete de octubre de dos mil veinte. I. Quejoso. ********************. II. Admisión y formación del expediente. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente; sin aperturar incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. IV. Audiencia constitucional. Se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. V. Informes y constancias. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente en que reciba el oficio en que se le solicita, para lo cual, en su caso deberá remitir copia certificada completa y legible de las constancias del expediente fuente de los actos reclamados, incluidas las que no se hayan incorporado al expediente y estén a su disposición; apercibida que de no rendir su informe justificado, con sustento en el segundo de los anteriores preceptos legales se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. También apercibida que de no rendir el informe solicitado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para la solución de este juicio constitucional o las remita incompletas o ilegibles total o parcialmente, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización con fundamento en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. VI. Formalidades de constancias requeridas. Se indica a la autoridades responsables que las constancias que remitan en apoyo a su informe justificado deberán contener en original folio, rubrica y entre sello así como la certificación correspondiente, en términos del artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia. VII. Envío electrónico de constancias adjuntas a informes de autoridades o escritos. Se hace del conocimiento de las partes de este juicio, incluyendo a las autoridades responsables, que el Acuerdo general Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, señala en el capítulo cuarto, relativo al expediente electrónico artículo 12 inciso f) dispone: Los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, por la vía electrónica, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterable del documento impreso. Por tanto, se les requiere para que al momento de hacer uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y enviar a través de éste, constancias adjuntas a los informes que rindan o escritos que presenten, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que éstos, son copia íntegra e inalterada del documento impreso. Apercibidos que de no cumplir con lo anterior, se aplicará multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. VIII. Denominación de las autoridades responsables. De conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo las autoridades señaladas como responsables o, en su caso, el encargado de la oficina de recibir su correspondencia, está obligada a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le remitan, por lo que en caso de negativa injustificada se tendrá hecha la notificación así como los apercibimientos respectivos y, de ser así, será responsable del incumplimiento del acuerdo o resolución en cuestión; lo anterior, aun cuando no sea del todo correcta la denominación realizada por la parte quejosa, pues de no ser sustancial la imprecisión de su denominación que no impida su identificación y no exista duda o resulte evidente que sea esa la autoridad responsable deberá recibir los oficios enviados; en el entendido que podrán y deberán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su informe; por tanto, de no recibir el oficio respectivo el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. No obstante, dado que el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece la obligación de señalar con precisión a las autoridades responsables, se apercibe a la parte quejosa que si incurrió en imprecisión sustancial en la denominación de la autoridad responsable que impida su identificación, sin mayor trámite se tendrá como inexistente y se suspenderá la comunicación con ella, lo cual está acorde con el principio de celeridad procesal, sustentado en el precepto 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; salvo que antes de la celebración de la audiencia constitucional de las constancias se advierta o el quejoso proporcione su denominación correcta. Asimismo, se le informa a las autoridades responsables y autoridades con carácter de tercero interesado, que sólo se les notificará por oficio los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia, esto en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253, registro 2002576, la cual establece: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. IX. Causas de improcedencia. En observancia del artículo 64 de la Ley de Amparo, las partes deberán comunicar a este Juzgado cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, con apoyo en el numeral 251 de referida legislación en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. X. Tercero interesado. Se reserva proveer lo conducente a la parte tercero interesada, hasta en tanto se cuente con los informes justificados de las autoridades responsables, o en su caso, las constancias del juicio de origen. XI. Domicilio y autorizados. Se tienen como domicilio procesal y autorizados en términos amplios y para efecto de oír y recibir notificaciones, los que indica en la demanda. XII. Precisión respecto de la celebración tradicional de la audiencia constitucional. Se precisa que, de conformidad con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, la audiencia constitucional se celebrará, de manera tradicional, a partir de los escritos presentados de manera física o electrónica por las partes, esto es, sin la presencia de estas. Sin embargo, en términos de los artículos 25 y 26 del Acuerdo General 21/2020, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, es decir, por ser necesaria para el desahogo de una probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal -únicamente en supuestos previstos por el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo-, por regla general, su desahogo se realizará a través de videoconferencias. Por ello, los intervinientes del sumario constitucional que se ubiquen en alguno de los supuestos precisados, deberán proporcionar número telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como contar con equipo de cómputo que cumpla al menos con los requerimientos tecnológicos necesarios; o a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o tableta); en este último caso, deberá descargar previamente la aplicación "Webex Meetings"; lo anterior, a fin de que se realicen las gestiones pertinentes para que pueda acceder a la visualización por videoconferencia de la audiencia respectiva. Para preparar lo anterior, la parte que se encuentre dentro de los supuestos establecidos deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído de conformidad con lo previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. En caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes y no sea posible desahogar la audiencia a través de videoconferencia, de manera excepcional podrán comparecer de manera presencial a la misma; pero, de antemano se deberá registrar la cita respectiva en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto es, en el micrositio Servicios Jurisdiccionales y el sistema Agenda OJ. XIII. Se exhorta a las partes a transitar a la modalidad de juicio en línea. Por otra parte, aun cuando el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarla, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitiría la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de juicio en línea, no basta que la demanda de amparo haya sido presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o se haya solicitado el acceso al expediente electrónico -incluso en aquellos asuntos tramitados bajo el esquema tradicional-; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. Por lo que el hecho de que el asunto se haya iniciado de manera tradicional no es impedimento para transitar al esquema de juicio en línea; por ello, se exhorta a las partes para efectos de que transiten al juicio en línea. XIV. Se requiere a las partes formas especiales y expeditas de contacto. En atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, con fundamento el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días se les requiere para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. XV. Presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de personas persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. XVI. Presentación de promociones físicas a través de la OPC. Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común (OPC) de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal que residen en Culiacán, Sinaloa. Lo anterior deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Se hace saber a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito que, con el fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid-19, deberá privilegiarse el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias; cualquier oficio que daban enviar a este órgano judicial, deberá ser remitido únicamente al correo electrónico oficial de este juzgado, cuya dirección es: 2jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, y por el mismo medio se les acusara recibo -el mismo día si el correo se recibe de ocho treinta horas a trece treinta horas, o al día siguiente si es con posterioridad-. De ser necesaria la presentación física del mismo por contener anexos que no puedan digitalizarse y remitirse vía electrónica, deberán hacerlo en Oficialía de Partes Común (OPC) de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal que residen en Culiacán, Sinaloa. XVII. Instrucción al actuario de las formas de notificar oficios y proveídos que deban hacerse de manera física. Se instruye al actuario encargado de este expediente que, los oficios derivados de la tramitación de este, deberán ser remitidos vía correo electrónico, para lo cual deberá consultar el listado que se encuentra en la Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes o, en su caso, solicitar vía telefónica el mismo a las autoridades a las que se dirija el oficio correspondiente, debiendo confirmar su recepción y levantar razón de ello. En caso de no ser posible la entrega (o confirmar su recepción) por dicha vía, el actuario deberá entregarlos de manera física cuando las autoridades se encuentren dentro de la residencia de este juzgado, enviarlos mediante correo certificado o mensajería acelerada cuando los oficios sean dirigidos a autoridades foráneas. Dadas las medidas de protección establecidas por el Consejo de la Judicatura Federal para los justiciables y servidores públicos, se instruye al actuario que en caso de llevar a cabo la notificación de oficios de manera física, así como al momento de realizar notificaciones personales a las demás partes, deberá observar de manera estricta el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF. XVIII. Transparencia y acceso a la información. Cabe precisar que cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos, conforme a la ley de la materia. XIX. Copias. Finalmente, a efecto que las partes puedan obtener copias certificadas o simples de las constancias que integran el presente sumario y estén en aptitud de preparar la defensa de sus intereses, se autoriza desde este momento la expedición de las mismas a su costa, de conformidad con en artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; siempre y cuando no se trate de documentos que a consideración de este órgano jurisdiccional contengan datos sensibles o bien sobre los cuales deba guardarse determinado sigilo; previa firma que por su recibo se asiente en autos. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,528 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano