J. Jesús Mendoza Ramírez
Expediente 1278/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1278/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- J. Jesús Mendoza Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, tres de marzo de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial asentada por el actuario judicial adscrito, en el sentido de que no le fue posible notificar en forma personal al quejoso, la sentencia dictada en autos, en razón de que fue puesto en libertad; en consecuencia, hasta en tanto no se haga señalamiento al respecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, la notificación de la referida resolución, así como las posteriores de carácter personal, practíquenseles por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del diverso numeral 29 del cuerpo de leyes invocado. Notifíquese. .... SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE 27 DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 29, DE LA LEY DE AMPARO: ....Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 73, 74, 75, y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: UNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por J. Jesús Mendoza Ramírez, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo y en los términos precisados en los diversos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente....
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1278/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, el catorce de octubre de dos mil veintidós, J. Jesús Mendoza Ramírez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto y las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. La parte quejosa estimó vulneradas en su perjuicio, los derechos consagrados en los artículos 1, 4, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró en la demanda, los antecedentes del acto reclamado y formuló el concepto de violación que consideró pertinente. SEGUNDO. Admisión y trámite. La demanda de amparo indirecto de que se trata fue turnada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, en esa guisa, por proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda planteada, solicitándose el respectivo informe justificado a la autoridad señalada como responsable, además, se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual inició en los términos asentados párrafos precedentes, y concluye con el dictado de esta resolución. TERCERO. Audiencia constitucional. El veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional, la cual inició en los términos asentados en el acta respectiva y concluye con el dictado de esta resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado emana de una autoridad cuyo domicilio se encuentra en el territorio en el que se ejercen funciones de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis en conjunto del escrito que constituye la demanda de amparo, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo expresado en la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En el caso, los actos reclamados en el presente juicio de amparo y las autoridades responsables, en su respectivo ámbito de competencia; constituyen: "Autoridades responsables: 1) DIRECTOR DEL CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL VARONIL EN CIENEGUILLAS, ZACATECAS. 2) JEFE Y/O ENCARGADO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DEL CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL VARONIL EN CIENEGUILLAS, ZACATECAS. 3) SUBJEFATURA DE SEGURIDAD PENITENCIARIA DEL CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL VARONIL EN CIENEGUILLAS, ZACATECAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO. 4) COMANDANTE DEL GRUPO DE VIGILANCIA DEL CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL VARONIL EN CIENEGUILLAS, ZACATECAS. Acto reclamado: La falta de atención y tratamiento médico. Los actos de violencia psicológica por parte del personal de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado consistente en la violencia psicológica. Las autoridades responsables Subjefatura de Seguridad Penitenciaria y Comandante del Grupo de Vigilancia, ambos del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas, al rendir sus respectivos informes justificados por cuanto hace al acto mencionado negaron expresamente la existencia del acto reclamado que se les atribuye. Aunado a lo anterior, la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar sus negativas; toda vez que la carga de la prueba para demostrar la existencia del acto reclamado le corresponde al quejoso. Acorde a lo expuesto, se advierte que en el caso concreto se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" El precepto transcrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y b) cuando no se probare su existencia. En ese sentido, la prueba de la inexistencia de los actos reclamados, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por la parte quejosa, conduce al sobreseimiento. Así pues, en el caso concreto, las responsables negaron los actos reclamados, por lo que correspondía al justiciable desvirtuar las negativas y acreditar la existencia de los actos que reclama a las mencionadas autoridades responsables; al no demostrar su existencia, no puede emitirse determinación alguna respecto de los actos cuya existencia no fue acreditada. Sirve de sustento para lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/308, de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, agosto de 1994, página 77. "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado respecto a las mencionadas responsables; lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". CUARTO. Existencia del acto reclamado consistente en la falta de atención médica. Las autoridades responsables Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas y jefe y/o encargado de los servicios médicos del citado centro de reclusión, al rendir su informe justificado, negaron categóricamente el acto que se les atribuye; negativa que se desvirtúa ante las lo señalado por la propia autoridad médica, quien a su informe anexó un reporte médico de veintisiete de octubre del año próximo pasado, de donde se desprende la existencia del acto reclamado. Al respecto tiene aplicación en lo conducente la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Asimismo resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes. "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA SIMPLE AFIRMACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SOBRE LA INEXISTENCIA DE LOS ACTOS EN SU INFORME JUSTIFICADO, RELATIVOS A OTORGAR INCAPACIDADES Y MEDICAMENTOS, ES INSUFICIENTE PARA REVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA Y, POR TANTO, DICHA ACTUACIÓN CONTRAVIENE AQUÉL. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos coincidentemente, entre otros tratados internacionales, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consagra el derecho humano a la salud, que se traduce en la obligación del Estado de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, entendiéndose por tales servicios, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona. Por tanto, si la quejosa demuestra ante la instancia constitucional, mediante los documentos relativos que ha presentado un padecimiento de salud que está siendo atendida en la institución de salud pública correspondiente, y le atribuye a ésta la negativa de otorgarle las incapacidades y medicamentos necesarios; entonces la simple afirmación de las autoridades responsables sobre la inexistencia de esos actos en su informe justificado, es insuficiente para revertir la carga probatoria, ya que no se trata de una negativa lisa y llana, sino que conlleva implícito un hecho positivo consistente en la prestación adecuada y eficiente del servicio médico, pues por estar de por medio el irreductible derecho humano a la salud del derechohabiente, la discrecionalidad en la prescripción de incapacidades y medicamentos a ella, no puede convertirse en una arbitrariedad libre de control de constitucionalidad. En tal virtud, si las citadas autoridades no esclarecen y justifican la constitucionalidad de la negativa que se les atribuye, no obstante que tienen a su alcance los medios documentales adecuados para ello, su actuación contraviene el referido derecho humano a la salud". De ahí que se tenga acreditado el acto reclamado a las mencionadas autoridades responsables. QUINTO. Improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque de actualizarse alguna causa de improcedencia, sería innecesario el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, respecto del acto atribuido a las autoridades responsables Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas y jefe y/o encargado de los servicios médicos del citado centro de reclusión, el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En efecto el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consiste en la carga procesal del impetrante de garantías de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Al respecto sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". (sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). En el caso, el quejoso inobservó el principio de definitividad relativo a la petición administrativa ante el Director del Centro Penitenciario, en forma previa a impugnar el acto reclamado, es decir, pasó por alto que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, aquellos que no sean susceptibles de ser modificados, anulados o revocados a través de algún recurso o medio de defensa ordinario. Es así pues la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, contemplan en los artículos 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114 la petición administrativa y el procedimiento mismo al disponer: Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio. Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Del contenido de los artículos transcritos se advierte que contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Sin que se oponga a lo anterior, que los actos reclamados son relativos al derecho fundamental a la salud del quejoso y por lo tanto caso urgente. Lo anterior, porque la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que cuando se trate de casos urgentes el interno podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear su petición, quien de oficio suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva, al señalar: "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Asimismo resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad. Además, lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, sobre la suspensión del acto no rebasa las previsiones establecidas en el citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues no establece un plazo mayor que el que se prevé para el otorgamiento de la suspensión provisional, que conforme a su artículo 190, es de veinticuatro horas; por el contrario, se observa que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un plazo menor, pues tiene el alcance de conceder la suspensión de la determinación administrativa de forma inmediata; medida cautelar que puede solicitarse por la persona privada de la libertad afectada, o bien, que el Juez de Control o de Ejecución la decrete de oficio. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que los actos sobre el internamiento del quejoso ante la autoridad penitenciaria, se encuentran sujetos previamente a acudir al juicio constitucional los recursos del procedimiento administrativo de petición y controversia judicial, conforme de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y a través de los cuales tienen la potencialidad de confirmar, modificar o revocar los actos reclamados. Luego, al actualizarse la causa de improcedencia analizada procede sobreseer en el juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Entonces, al sobrevenir la causal de improcedencia analizada, este Juzgado de Distrito se encuentra impedido para abordar el estudio de los conceptos de violación argumentados por la parte quejosa en cuanto a los actos reclamados ya establecidos. Tiene aplicación, la Jurisprudencia (Común), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 73, 74, 75, y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: UNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por J. Jesús Mendoza Ramírez, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo y en los términos precisados en los diversos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Rodolfo García Camacho Juez Primero de Distrito en Zacatecas, hasta hoy veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. En Zacatecas, Zacatecas a veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
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El veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se da cuenta con las promociones con folios 20413, 20414 y 20415. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el INFORME JUSTIFICADO de las autoridades responsables Comandante del Grupo de Vigilancia, Subjefatura de Seguridad Penitenciaria, ambos del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas dependiente de la Dirección General de Reinserción Social del estado y Director de dicho Centro Regional; sin perjuicio de hacer relación nuevamente en el desahogo de la audiencia respectiva. Con su contenido, dese vista a las partes, para que en el término de ocho días manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Cindy En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
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.... Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentran fijadas las diez horas con veinte minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto. Por otro lado, se advierte que las autoridades responsables Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Subjefatura de Seguridad Penitenciaria y Comandante del Grupo de Vigilancia ambos de dicho Centro Regional, no ha rendido su informe justificado, no obstante ya obra en autos el sello de recibo de los oficios mediante los cuales se les solicitó. Ahora, toda vez que de los referidos sellos se advierte que ha transcurrido en exceso el término de quince días concedido a las autoridades responsables de mérito, a fin de que rindieran el informe justificado que les fue solicitado; por tanto, requiéraseles para que dentro del término de tres días contado a partir del momento en que queden debidamente notificados del presente proveído remitan a este Juzgado Federal las constancias que justifiquen el acto que se les reclama, toda vez que las mismas son necesarias para resolver el juicio de derechos en que se actúa. Bajo apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado o no externar los motivos legales que le impidan hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la ley de amparo, con relación al decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 2016, se les impondrá multa equivalente a 50 Unidades de Medida y Actualización vigente en el país. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para este día; y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. ...
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