J. Jesús Martínez Yañez
Expediente 1471/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1471/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- J. Jesús Martínez Yañez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Colima, Colima, dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.Visto lo de cuenta y tomando el suscrito en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido.Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) Habida cuenta que en las constancias que integran el presente expediente, no obra algún documento original ni billete de depósito y considerando que fue negada la suspensión definitiva, ambos cuadernos incidentales (original y duplicado) se consideran susceptibles de destrucción. Esto, según lo ordena tanto la fracción III del punto vigésimo, como la fracción III del punto vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita.b) Transcurridos más de seis meses contados a partir de que se resolvió la suspensión definitiva en el presente, destrúyase el duplicado del cuaderno incidental en que se actúa. Según lo ordena el artículo vigésimo del citado acuerdo general.c) El original del cuaderno del presente incidente de suspensión también es susceptible de depuración, pero respecto a éste, una vez transcurridos tres años a partir de la del presente acuerdo en que se ordena su archivo, se realizará su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II y el vigésimo quinto, todos ellos del acuerdo general invocado.d) Con motivo de lo ya determinado, en la carátula del presente realícese la anotación de que el expediente no es de relevancia documental, además inscríbase que ambos cuadernos incidentales (original y duplicado) que son sujetos de destrucción (aunque con la precisión de que respecto al duplicado será en el aludido lapso de seis meses). Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del punto undécimo del multicitado acuerdo general.Notifíquese.Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) Norma Leticia Ramos Virgen, quien da fe.NLRV/meug*
- Principal
Colima, Colima, dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, con apoyo en los numerales 354, 355 Y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) Con el contenido de dicho acuerdo dese cuenta en los cuadernos incidentales. Finalmente, el suscrito ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido
- Principal
Agréguense a los autos el (los) informe(s) justificado(s) rendido(s) por la(s) autoridad(es) responsable(s), así como las copias certificadas que anexa, y con fundamento en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, dese vista a las partes, por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer relación de ello al celebrarse la audiencia constitucional, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Asimismo, con las constancias que exhibe, mismas que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se desprende, en lo que aquí interesa, que mediante diversas actuaciones de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, el Presidente de la Primera Sala Penal y Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, dictó la resolución correspondiente del toca 692/2016, en la que REVOCA la sentencia definitiva apelada y ABSUELVE a JESÚS MARTÍNEZ YAÑEZ y/o HÉCTOR IVÁN CASTILLO NUÑEZ, de la acusación formulada en su contra por el delito de TENTATIVA DE HOMICIDIO, previsto y sancionado por el artículo 168 en relación al 17 y 66 del Código Penal para el estado de Colima, que se dijo en agravio de HORACIO CHÁVEZ RAMÍREZ y MARTÍN ANGUIANO JUÁREZ. Así las cosas, y con base en lo expuesto, este juzgado determina que el presente juicio de garantías deviene improcedente respecto del acto reclamado, por surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de garantías es improcedente cuando los efectos del acto que dieron origen a la contienda constitucional han cesado, es decir, han sido destruidos como si la protección federal se hubiera concedido en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, quien acude por esta vía de amparo indirecto, reclama de la autoridad responsable, la resolución dictada en el toca número 692/16, de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, la cual fue notificada el ocho de septiembre del año en curso, mediante estrados de la Sala Primera Penal en la cual se negó el beneficio de la libertad bajo caución a J. JESÚS MARTÍNEZ YAÑEZ, asimismo el treinta de septiembre del año en curso se dictó la resolución correspondiente del toca 692/2016, en la que REVOCA la sentencia definitiva apelada y ABSUELVE a JESÚS MARTÍNEZ YAÑEZ y/o HÉCTOR IVÁN CASTILLO NUÑEZ, de la acusación formulada en su contra por el delito de TENTATIVA DE HOMICIDIO, previsto y sancionado por el artículo 168 en relación al 17 y 66 del Código Penal para el estado de Colima, que se dijo en agravio de HORACIO CHÁVEZ RAMÍREZ y MARTÍN ANGUIANO JUÁREZ, por lo que procede arribar a la conclusión de que los efectos del acto reclamado se destruyeron como si se hubiera concedido la protección federal a la parte quejosa, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de Jurisprudencia perteneciente a la novena época, número 2ª./J.59/99, del tomo IX, junio de 1999, inserta en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del título: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis VI.2º 78 P, visible a página 885 del Tomo III, Junio de 1996, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta del rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSION, CARECE DE EFECTOS CUANDO EXISTE PERDON DEL OFENDIDO. Si el quejoso en el juicio de amparo reclamó la orden de aprehensión decretada en el procedimiento penal en el que consta que el ofendido ha otorgado el perdón a virtud del cual se declaró extinguida la acción penal ejercitada, es evidente que los efectos del acto reclamado han cesado y consecuentemente quedó sin materia el incidente de suspensión." En las relatadas condiciones, procede sobreseer fuera de audiencia en la presente litis constitucional de conformidad en lo dispuesto con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del cuerpo legal en comento. Asimismo, con las constancias remitidas por la autoridad responsable fórmese cuaderno de pruebas por separado. En tal virtud, queda sin efecto la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO DEL AUTO DE TRECE DE OCTURBE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguense a los autos el (los) informe(s) justificado(s) rendido(s) por la(s) autoridad(es) responsable(s), así como las copias certificadas que anexa, y con fundamento en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, dese vista a las partes, por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer relación de ello al celebrarse la audiencia constitucional, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Asimismo, con las constancias que exhibe, mismas que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se desprende, en lo que aquí interesa, que mediante diversas actuaciones de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, el Presidente de la Primera Sala Penal y Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, dictó la resolución correspondiente del toca 692/2016, en la que REVOCA la sentencia definitiva apelada y ABSUELVE a JESÚS MARTÍNEZ YAÑEZ y/o HÉCTOR IVÁN CASTILLO NUÑEZ, de la acusación formulada en su contra por el delito de TENTATIVA DE HOMICIDIO, previsto y sancionado por el artículo 168 en relación al 17 y 66 del Código Penal para el estado de Colima, que se dijo en agravio de HORACIO CHÁVEZ RAMÍREZ y MARTÍN ANGUIANO JUÁREZ. Así las cosas, y con base en lo expuesto, este juzgado determina que el presente juicio de garantías deviene improcedente respecto del acto reclamado, por surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de garantías es improcedente cuando los efectos del acto que dieron origen a la contienda constitucional han cesado, es decir, han sido destruidos como si la protección federal se hubiera concedido en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, quien acude por esta vía de amparo indirecto, reclama de la autoridad responsable, la resolución dictada en el toca número 692/16, de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, la cual fue notificada el ocho de septiembre del año en curso, mediante estrados de la Sala Primera Penal en la cual se negó el beneficio de la libertad bajo caución a J. JESÚS MARTÍNEZ YAÑEZ, asimismo el treinta de septiembre del año en curso se dictó la resolución correspondiente del toca 692/2016, en la que REVOCA la sentencia definitiva apelada y ABSUELVE a JESÚS MARTÍNEZ YAÑEZ y/o HÉCTOR IVÁN CASTILLO NUÑEZ, de la acusación formulada en su contra por el delito de TENTATIVA DE HOMICIDIO, previsto y sancionado por el artículo 168 en relación al 17 y 66 del Código Penal para el estado de Colima, que se dijo en agravio de HORACIO CHÁVEZ RAMÍREZ y MARTÍN ANGUIANO JUÁREZ, por lo que procede arribar a la conclusión de que los efectos del acto reclamado se destruyeron como si se hubiera concedido la protección federal a la parte quejosa, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de Jurisprudencia perteneciente a la novena época, número 2ª./J.59/99, del tomo IX, junio de 1999, inserta en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del título: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis VI.2º 78 P, visible a página 885 del Tomo III, Junio de 1996, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta del rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSION, CARECE DE EFECTOS CUANDO EXISTE PERDON DEL OFENDIDO. Si el quejoso en el juicio de amparo reclamó la orden de aprehensión decretada en el procedimiento penal en el que consta que el ofendido ha otorgado el perdón a virtud del cual se declaró extinguida la acción penal ejercitada, es evidente que los efectos del acto reclamado han cesado y consecuentemente quedó sin materia el incidente de suspensión." En las relatadas condiciones, procede sobreseer fuera de audiencia en la presente litis constitucional de conformidad en lo dispuesto con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del cuerpo legal en comento. Asimismo, con las constancias remitidas por la autoridad responsable fórmese cuaderno de pruebas por separado. En tal virtud, queda sin efecto la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día.
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