J. Jesús Lucero Sánchez

Expediente 1164/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1164/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
23/10/2018

Partes del expediente

  • J. Jesús Lucero Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de cinco de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(V)

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa. (V)

  3. Principal

    Se notifica por lista al quejoso, proveído de cinco de octubre dos mil dieciocho...Visto el escrito de cuenta, se tiene al quejoso J. Jesús Lucero Sánchez cumpliendo con el requerimiento de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 9 a 11), manifestando para tal efecto que no señala como autoridad responsable al Juez de Control y Juicio Oral en el Estado. -Desecha- Ahora bien, resulta importante destacar que del análisis integral al escrito de demanda, se advierte que el quejoso señala básicamente el siguiente acto reclamado:  Investigación penal en su contra Ahora bien, el análisis de la demanda, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que este juzgado de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1º.A.J/4, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin De conformidad con el artículo 145 de la Ley AMPARO de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", también cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, página 403, novena época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." En ese tenor, respecto al acto reclamado que la quejosa señala, como investigación penal en su contra, el presente juicio de amparo resulta improcedente, conforme a los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 5° y 6° de la Ley de Amparo, relacionados con el 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Así las cosas, por mandato constitucional, el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos. En tanto, de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. Así, esencialmente el quejoso reclama la investigación penal en su contra; sin embargo tal acto, no es susceptible de control constitucional por la vía de amparo indirecto, habida cuenta que no irrogan perjuicio en la esfera de derechos del inconforme, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que en principio se trata de un acto incierto, pues de los hechos de su demanda no se observa que de manera concreta se esté realizando algún acto de investigación en alguna carpeta de investigación ante alguna de las autoridades ministeriales o de las que señala como responsables. Además, el hecho que se esté integrando por el ministerio público, por alguna de las diversas autoridades ministeriales o policiales alguna investigación en la que se encuentre relacionado, no le genera ninguna afectación, pues aún en ese hipotético caso (como lo plantea el quejoso), tales autoridades podrían determinar no ejercer acción penal en su contra, no formularle imputación, o resolver que no existen méritos legales para emitir alguna orden de citación, comparecencia o de captura en su contra; de modo tal que el solo hecho que el fiscal cumpla con su obligación constitucional de investigar, no le irroga afectación alguna al impetrante, pues en todo caso, serán los actos concretos dirigidos a privarlo de su libertad o de sus derechos los que eventualmente podrían ser objeto de control en la vía de amparo, pero no la sola investigación o integración de expediente alguno en el que incluso se le relacione como imputado o con cualquier otro carácter. De permitir la solicitud del juicio de amparo contra ese tipo de acto, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, e incluso la de los propios jueces de control de recibir solicitudes del ministerio público tendentes a realizar tales investigaciones, pues -se insiste- en todo caso, será el acto o técnica de investigación concreto (según el caso) el que en su caso podría ser objeto de análisis constitucional, siempre y cuando estuviera dirigido a afectar de manera directa los derechos del quejoso, pero no tienen tal entidad de control constitucional los actos de investigación que en general realice el fiscal para indagar sobre los hechos de una carpeta de investigación, máxime cuando se reclama todo acto de investigación en general y en abstracto, como lo señala la quejosa. Se suma que la investigación penal reclamada no constituye una omisión del Ministerio Público en la investigación de los delitos, ni consiste en un resolución de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, de abstención de investigar o de suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Orienta lo expuesto, la tesis aislada XXVII.3o.48 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1947, Libro 48, noviembre de dos mil diecisiete, tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión". Asimismo, la tesis aislada XXVII.3o.47 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1959 , Libro 48, noviembre de dos mil diecisiete, tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente". También ilustra lo antes expuesto, la tesis (X Región) 2o.1 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, agosto de 2016, tomo IV, página 2592, que dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular". En mérito de lo expuesto, se surte de manera notoria y manifiesta el motivo de improcedencia contenido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 5°, fracción I, 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que lo procedente es desechar la demanda de amparo. Como corolario, debe decirse que admitir y dar trámite al juicio de amparo a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 921, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Además, si bien del contenido de los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que privilegian el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance -que en la especie se traduce en la promoción del juicio de amparo indirecto, contra actos definitivos-. Estimar lo contrario, equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Tiene aplicación, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012 Tomo 2, décima época, página 1587, con el siguiente texto: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables".(V)

  4. Principal

    Se notifica por lista al quejoso, proveído de veinticinco de septiembre dos mil dieciocho...Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y en su caso al tercero interesado para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho por este juzgado, se concedió el amparo para los siguientes efectos: A) Que el Juez Mixto de Primera Instancia de Rincón de Romos, Aguascalientes dejara insubsistente el auto de quince de febrero de dos mil dieciocho, dictado en la causa 0034/2012 en el que se ordenó la reaprehensión de Martin Gracia Marmolejo y la suspensión del procedimiento, y B) Con libertad de jurisdicción, siguiendo los lineamientos precisados en la sentencia definitiva, proveyera lo legalmente conducente, es decir, que revisara la prisión preventiva, a la luz de los principios de igualdad, presunción de inocencia y excepcionalidad en la afectación del derecho humano a la libertad personal, acorde a lo establecido en los artículos 1o., 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como la jurisprudencia que al respecto ha emitido la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no implicaba que el juzgador declarara procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma. Mediante proveído de seis de septiembre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado, el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el Juez Mixto de Primera Instancia de Rincón de Romos, Aguascalientes, informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora y remitió copia certificada de la resolución con lo que se dio vista. De la documental que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento con valor probatorio pleno, se advierte que: 1. El once de septiembre del año en curso, dictó una resolución en la que dejó insubsistente el auto dictado el quince de febrero de dos mil dieciocho dentro de la causa penal 34/2012, en la que se libró orden de aprehensión contra el aquí quejoso; asimismo, ordenó levantar la suspensión del procedimiento decretada en ese mismo auto; y 2. Dictó una nueva resolución en la que siguiendo los lineamientos precisados en la sentencia ejecutora consideró que el aquí quejoso Martin García Marmolejo goza de su libertad en razón de la sentencia absolutoria de primera instancia, misma que quedó sin efectos por virtud de la sentencia dictada por la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sin que en la misma se le revocara la libertad que actualmente goza. Por lo que, con la finalidad de privilegiar que el sentenciado comparezca al procedimiento que se le sigue, atendiendo al principio de presunción de inocencia como regla de trato, se ordenó que se presentara ante el juzgador dentó del término de tres días a fin de que cumpliera con las siguientes obligaciones procesales: a) Deberá de presentarse al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Rincón de Romos, Aguascalientes a visita los viernes de cada semana determinados por la autoridad, así como tantas veces sea necesario. b) No ausentarse del Estado sin permiso. c) Notificar cualquier cambio de domicilio, lo anterior de conformidad con el artículo 286 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. d) Deberá informar su domicilio actual, señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, su ocupación y domicilio en que actualmente labora, con la finalidad de localizarlo. Apercibiéndolo que ante el primer incumplimiento, se evidenciara la renuencia para comparecer al desahogo de las diligencias donde se requiera su presencia, y se presumirá como indicio de sustracción al procedimiento y le será librada orden de aprehensión, de conformidad con los artículos 29 y 291 del Código de Procedimientos Penales vigente. En tales condiciones este Juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dése aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: 1. El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución y la demanda. 2. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es depurable, en términos de la fracción III, segundo párrafo del artículo vigésimo primero, del referido ordenamiento legal, por interlocutoria de trece de marzo de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión definitiva, virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución. 3. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo vigésimo, fracción III, del citado ordenamiento, señalándose como fecha susceptible para tal efecto, el día veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(VI)

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