J. Jesus Lopez Rodríguez
Expediente 659/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 659/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- J. Jesus Lopez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió para al quejoso el plazo que señala el artículo 98, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 99 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de dos de junio de dos mil veintiuno, sin que lo hubiesen hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales procedentes se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Jesús López Rodríguez, por propio derecho. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con lo previsto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce y en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los e xpedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que éste Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del citado acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, dos de junio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, por lo que solicita se le conceda una prórroga, por los motivos que expone. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Como lo solicita la autoridad oficiante, con apoyo en el artículo 297 fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE LE CONCEDE UN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, para dar cumplimiento al fallo protector. Informándole que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, nueve de junio de dos mil veintiuno. Se tiene recibido el oficio signado por la Directora de Amparos, en suplencia de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, nueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que por acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veinte, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha lo hubiesen acreditado. Ahora, atendiendo a la transformación jurídica contenida en la Constitución Política de la Ciudad de México, en lugar de disminuir las facultades legales que tienen las autoridades responsables para cumplir con la sentencia de amparo, con base en esa reforma constitucional que modifica la estructura orgánica de algunos organismos administrativos y por ende, las facultades que tenían, pues en términos de los artículos 44, apartado A, punto 1, y 46, apartado A, inciso C, de esa constitución, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tiene autonomía constitucional y presupuestal, así como patrimonio propio, entre otros atributos legales, lo que implica que las autoridades responsables adscrita a dicho órgano y vinculadas a cumplir con el fallo de amparo, de manera independiente deben hacer frente directamente de sus obligaciones legales, como es el cumplir con la sentencia de amparo y no tratar de evadirla, a través de la independencia jurídica que tiene dicha institución como ente autónomo, que si bien, ya no se regirán por las mismas normas generales administrativas aplicables para su proceder, pero sí deben hacer frente, con la calidad en comento, a cumplimentar el fallo de amparo, al ser una cuestión de orden público, por lo que están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En ese sentido, en atención a lo establecido en los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en dicho ordenamiento legal. En ese sentido, de conformidad con los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero, se otorga el plazo de DIECISIETE DÍAS a las siguientes autoridades: responsable, vinculadas y sus respectivos superiores jerárquicos, para que, en el ámbito de su competencia den cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Para lo cual, se determina como plazos razonables y determinados para realizar cada uno de los actos siguientes: 1.- Respecto de la autoridad directamente responsable y la vinculada, en el ámbito de sus facultades, respecto de la Directora General de Recursos Humanos y Director de Operación y Control de Pago y su superior jerárquico Oficial Mayor, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se les otorga CINCO DÍAS, para realizar lo siguiente: a) Deje de aplicar a la parte quejosa, en el caso concreto y en lo futuro, la porción normativa de los lineamientos reclamados que vinculan el cálculo del aguinaldo al salario base y, en consecuencia; b) Elaborar la planilla de liquidación a favor del quejoso, en la cual se realice nuevamente el cálculo del aguinaldo que le corresponde al quejoso, por el ejercicio de dos mil diecinueve, que le corresponde al aquí quejoso con base en la suma del "sueldo tabular" o "salario base", consignado en el tabulador aplicable y las compensaciones adicionales que se pagan, en su caso, mensualmente, en forma ordinaria a la quejosa, consignadas también en el tabulador aplicable. c) Que pagó al quejoso la diferencia que resulte entre lo que se pagó y lo que debió pagarse. En caso de que se determine una cantidad a favor a la parte quejosa, procederá lo siguiente: 2.- Respecto de la autoridad vinculada Director General de Programación, Organización y Presupuesto y su superior jerárquico Oficial Mayor, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se les otorga TRES DÍAS, para realizar lo siguiente: b) Acreditar que se cuenta con la suficiencia presupuestal autorizada y comprometida para el ejercicio fiscal dos mil veinte, a favor del quejoso. 3.- Respecto de la autoridad vinculada Director General de Programación, Organización y Presupuesto y su superior jerárquico Oficial Mayor, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se les otorga TRES DÍAS, para realizar lo siguiente: c) Elaborar la Cuenta por Pagar a nombre del quejoso. 4.- Respecto de la autoridad vinculada Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y su respectivo superior jerárquico Oficial Mayor de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se les otorga TRES DÍA, para realizar lo siguiente: e) Expedir el título de crédito por la cantidad correspondiente a nombre del quejoso. 5.- Respecto de la autoridad directamente responsable Directora General de Recursos Humanos y Director de Relaciones Laborales y Prestaciones y su superior jerárquico Oficial Mayor, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se les otorga TRES DÍAS, para realizar lo siguiente: g) Citar y entregar el cheque respectivo al quejoso, por la cantidad que le corresponde. Por lo tanto, toda vez que ya se otorgó el término prudente y determinado, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo; por lo tanto, se apercibe a todas las autoridades requeridas, que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 237 fracción I y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular una MULTA EQUIVALENTE A CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, en términos de lo que establece el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley ya citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. En ese orden de ideas, es oportuno precisar que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo vigente es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con las garantías de acceso a la justicia y recurso efectivo. Lo anterior se observa de la exposición de motivos del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, y que es del tenor siguiente: "Ejecución de las sentencias La ejecución de sentencias es, sin duda, uno de los temas más complejos e importantes del juicio de amparo. Su relevancia estriba en que la falta de materialización rápida de las sentencias hace que el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría hacer de reparación irreparable el derecho que resulte protegido y resguardado por una de sentencia de amparo. Es claro que la ausencia de un desarrollo claro y sencillo de esta materia ha propiciado situaciones de indefensión y, en ciertos casos, de impunidad. Con el propósito de solucionar estas deficiencias, se ha buscado establecer una estructura nueva para, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por la otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o que se han creado por la tesis jurisprudenciales. En específico, la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización. (Lo destacado es propio). En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues se insiste, la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Sustentan las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, en lo conducente, los criterios de rubros siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. (Jurisprudencia número I.3o.C. J/7 (10a.) Página 2892, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2014, Décima Época). EJECUTORIA DE AMPARO, TERMINO PARA SU CUMPLIMIENTO. (Registro 340527, emitida por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación , visible en la página 907, Materia Común). EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. (Tesis número IV.1o.A.10 K (10a.) Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2573). Finalmente, importa reiterar que atendiendo a la transformación jurídica en la estructura orgánica, administrativa y jurídica que dio como resultado la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la Ciudad de México, las autoridades responsables como las vinculadas a cumplir con la ejecutoria de amparo, deberán ajustar su proceder a los manuales, lineamientos, normativa interna que tengan y normas generales aplicables para el caso, para cumplir con la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
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