J. Jesús López Damian
Expediente 2378/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2378/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/02/2023
Partes del expediente
- J. Jesús López Damian
- Doceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Zapopan, Jalisco, quince de febrero de dos mil veintitrés. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado de distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado al quejoso, es para el efecto de que: El actuario notificador adscrito a la Doceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: ( Emplace y notifique a las demandadas en el término de ley, en el juicio laboral ********************; A saber: 1.- Notificar y emplazar a los demandados ******************** y la fuente de trabajo dedicada a cocina para eventos, ambos en el domicilio ubicado en la calle ********************, Jalisco. O manifieste la imposibilidad que tuvo para ello." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio de la Presidente Auxiliar y el Secretario de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, en cumplimiento con la ejecutoria de amparo, remitieron copia certificada de los emplazamientos realizados a los demandados ******************** y fuente de trabajo dedicada a cocina para eventos, ambos en el domicilio ubicado en la calle ********************, Jalisco, dentro del juicio laboral ********************. Con lo anterior, en proveído de siete de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, toda vez que la autoridad responsable atendió los efectos para los cuales se concedió el amparo; pues llevó a cabo el emplazamiento de las demandadas en el juicio de origen. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, siete de febrero de dos mil veintitrés. Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el oficio de la Presidente Auxiliar y el Secretario de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento con la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de los emplazamientos realizados a los demandados Modesta Ibarra Naveja y fuente de trabajo dedicada a cocina para eventos, ambos en el domicilio ubicado en la calle ******************** número ********************, entre la calle ******************** y calle ********************, colonia ********************, en Guadalajara, Jalisco, dentro del juicio laboral ********************. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 2378/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; y turnado a este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; J. Jesús López Damián, por propio derecho; solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se admitió parcialmente a trámite la demanda de amparo, misma que se registró con el número 2378/2022; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a un tribunal laboral con residencia en el territorio en el cual este Juzgado Federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: De la Doceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: La omisión de señalar fecha para llevar a cabo la audiencia establecida en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en autos del juicio laboral 1397/2019/12-F. La omisión de proveer el escrito presentado ante la responsable el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, bajo el número de folio 35312. Del actuario notificador de la Doceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: La omisión de emplazar y notificar a las demandadas en autos del juicio laboral 1397/2019/12-F. A saber: 1.- Notificar y emplazar a los demandados Modesta Ibarra Naveja y la fuente de trabajo dedicada a cocina para eventos, ambos en el domicilio ubicado en la calle Bocana número 2661, entre la calle Quebrada y calle Península, colonia Santa Eduwiges, en Guadalajara, Jalisco. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a la Doceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y al actuario notificador adscrito, pues así lo confesaron al rendir su informe justificado; al cual, además, anexaron copias certificadas, del proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que señaló las once horas con treinta minutos del tres de enero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se proveyó el escrito con número de folio 35312, así como se ordenó la notificación y emplazamiento de las demandadas, dentro del juicio laboral 1397/2019/12-F. Certeza que se corrobora con las constancias anexas a su informe con justificación, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. Es aplicable al caso, la jurisprudencia en materia común 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 206, registro digital 394261, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por la promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. Sobre el particular, quien ahora resuelve advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que refiere lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". De la interpretación literal de la porción normativa transcrita, se observa que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto, es oportuno mencionar que la cesación de efectos se ha interpretado como aquélla situación o circunstancia que acontece cuando del acto reclamado dentro del juicio constitucional, cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o acontece una causa accesoria que provoca que aquél deje de tener existencia, de tal manera que la esfera jurídica de la quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de su derecho fundamental. Además, es importante recordar que el juicio de amparo tiene como objetivo, al ser una garantía jurisdiccional, la obtención de la reparación constitucional, es decir, la restitución del agraviado en el pleno goce de su derecho fundamental vulnerado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. En el caso concreto que se estudia en este apartado, la parte quejosa reclama que la autoridad responsable ha sido omisa en señalar nueva fecha para que tenga verificativo la audiencia trifásica prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, así como proveer proveer su escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, lo cual, por cierto, quedó demostrado en el presente juicio. Sin embargo, ya en el curso de este juicio la autoridad responsable Doceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, informó que mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós, señaló nueva fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y acordó el escrito con número de folio 35312 presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintidós por la parte quejosa, lo que acredita con la copia certificada de dicha determinación, la que merece eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 202 y 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de una actuación emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En ese contexto, resulta evidente que respecto a esos actos reclamados a la autoridad responsable, han dejado de tener efectos, al desaparecer en forma total e incondicional, en la medida en que la responsable señaló fecha para el verificativo de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo y proveyó el escrito con número de folio 35312 presentado por la parte quejosa, lo cual es materia de reclamo en el presente juicio. En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en tanto que no se puede alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos de que se trata. Tiene aplicación al efecto la jurisprudencia 2a./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con la fracción V del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo respecto a dichos actos. Por lo demás, resta exponer que no se colige alguna otra causal hecha valer por las partes, ni se advierte una de parte de este tribunal, por lo cual procede el fondo del asunto a la luz de los conceptos de violación relativos. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Son fundados los conceptos de violación a través de los cuales se reprocha que la responsable actuario notificador adscrito a la Doceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, vulnera el derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Al respecto, debe decirse que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece: "Artículo 17. [.]Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]". El análisis del precepto constitucional transcrito permite arribar al conocimiento de que es una obligación fundamental del Estado que los tribunales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Estos cuatro atributos del derecho concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 192/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI de octubre de dos mil siete, visible en la página doscientos nueve, registro Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De esos atributos, resulta útil para resolver el asunto el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Por su parte, los artículos 1°, 2°, 8° (1) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, establecen lo siguiente: "Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.". "Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades." "Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.". "Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.". Así, el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: I. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; II. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; III. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; IV. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, V. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Además, en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia en materia constitucional P./J. 113/2001, emitida por el aludido Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIV, de septiembre de dos mil uno, visible en la página cinco, registro 188804, de rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.". En esa tesitura, el artículo 17 constitucional decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidas al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes, a saber: La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto del derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Para ello, es menester acudir a la legislación secundaria, a efecto de dilucidar si la misma fija un plazo dentro del cual se deba emplazar a la parte demandada en el juicio de origen, de cuya notificación tardía se duele el peticionario. Así, se recuerda que el acto reclamado al actuario notificador adscrito a la Doceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, lo constituye la omisión de emplazar y notificar a la demandada en autos del juicio laboral 1397/2019/12-F. A saber: 1.- Notificar y emplazar a los demandados Modesta Ibarra Naveja y la fuente de trabajo dedicada a cocina para eventos, ambos en el domicilio ubicado en la calle Bocana número 2661, entre la calle Quebrada y calle Península, colonia Santa Eduwiges, en Guadalajara, Jalisco. En ese tenor, el artículo 750 de la Ley Federal de Trabajo, dispone: "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones, o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario." De lo anterior se advierte, que la notificación a que está obligado a realizar el actuario notificador de la Junta, debe de realizarse dentro de los cinco días a su fecha, esto es cinco días después de la fecha del auto de avocamiento al conocimiento del conflicto laboral de nueve de diciembre de dos mil veintidós; según manifestación bajo protesta de decir verdad del quejoso y la diversa responsable, así como con las constancias certificadas agregadas al informe de ley; por tanto, si en el caso tenemos la fecha de presentación de la demanda y la fecha que la responsable rindió su informe justificado, no se tienen noticias de la notificación y emplazamiento en mención; resulta inconcuso que el actuar de este es contraria a lo previsto por la Ley, pues excede evidentemente el plazo de cinco días antes citado. En ese orden de ideas, el actuar del actuario notificador responsable, resulta contrario a las obligaciones que prevé la legislación laboral, con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia. En consecuencia, al quedar evidenciada la violación de mérito, se concede el amparo solicitado contra la omisión reclamada al actuario notificador señalado como autoridad responsable en el presente juicio, para los efectos que a continuación se precisan. SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado al quejoso, es para el efecto de que: El actuario notificador adscrito a la Doceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: Emplace y notifique a las demandadas en el término de ley, en el juicio laboral 1397/2019/12-F; A saber: 1.- Notificar y emplazar a los demandados Modesta Ibarra Naveja y la fuente de trabajo dedicada a cocina para eventos, ambos en el domicilio ubicado en la calle Bocana número 2661, entre la calle Quebrada y calle Península, colonia Santa Eduwiges, en Guadalajara, Jalisco. O manifieste la imposibilidad que tuvo para ello. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia, así como en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), registro 2005150, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por J. Jesús López Damián, contra los actos que reclamó de la Doceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a J. Jesús López Damián, contra los actos que reclamó del actuario notificador de la Doceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, precisados en el considerando segundo, por los motivos establecidos en el considerando quinto del presente fallo y para los efectos especificados en el último considerando de la sentencia que nos ocupa. Notifíquese.
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Zapopan, Jalisco, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Tribunal colegiado informa. Téngase por recibido el oficio ******************** signado por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual informa que se avoca al conocimiento del recurso de revisión incidental declinado a su favor, por parte del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Por tanto, se está a la espera del pronunciamiento respecto a la admisión o desechamiento que emita la superioridad. II. Se habilita expediente electrónico. Asimismo, como lo solicita la superioridad, se habilita la consulta del expediente electrónico, tal como se ilustra a continuación: Notifíquese.
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