J. Jesús Jamaica Puga

Expediente 160/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 23 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
160/2019
Año
2019
Actuaciones
23
Última actuación
28/08/2019

Partes del expediente

  • J. Jesús Jamaica Puga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de seis de agosto del año en curso, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero, párrafo primero, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión definitiva del acto reclamado; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión, así como el legajo de copias certificadas que se formó con motivo del recurso de queja, deberán ser destruidos en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con residencia en Silao de la Victoria, mediante el cual, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, remite copia certificada de las constancias que le fueron solicitadas en proveído de veinticinco de julio del año en curso, e informa el estado procesal en el que se encuentra el juicio de nulidad ********************de su índice. De las referidas constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;." El precepto transcrito establece como causa de improcedencia del juicio de amparo que se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado Cabe señalar que el medio de defensa a que se refiere la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación, modificación o nulificación del acto que lesiona sus derechos, de modo tal que no cualquier recurso o medio de defensa legal puede dar lugar a la actualización de la causal de improcedencia en examen, sino sólo aquellos que tengan los efectos precisados. De lo que se sigue que, si la parte quejosa promueve una demanda de amparo en contra de los mismos actos por los cuales hizo valer un recurso improcedente o no idóneo para obtener la revocación, modificación o nulificación de la resolución que le afecta, no está en posibilidad de estimar improcedente el juicio constitucional, ya que ese recurso o medio de defensa legal improcedente o no idóneo, no tendría por efecto modificar, revocar o nulificar el acto materia del juicio constitucional. En este orden de ideas, la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; 2) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido; y, 3) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, lo que debe ser examinado por el Juez de amparo. En el caso concreto, el quejoso ********************acude a esta instancial constitucional reclamando la resolución contenida en el oficio ********************de ********************, mediante la cual el Encargado del Despacho de la Oficialía Mayor de la Presidencia Municipal, negó su solicitud de jubilación por años de servicio [como primer acto de aplicación], así como la aprobación y expedición del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores del Municipio de Celaya, Guanajuato, específicamente el artículo 11. En ese orden, el suscrito se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio -fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo-, dado que concurren las circunstancias a que se han hecho referencia. En efecto, la exigencia marcada con el número 1 se encuentra cubierta, dado que en contra de la resolución contenida en el oficio ********************de ********************, ********************promovió juicio de nulidad, del cual conoció la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con residencia en Silao de la Victoria, radicándolo bajo número ********************de su índice. Por lo que respecta al requisito precisado con el número 2, también se encuentra satisfecho, debido a que la demanda de nulidad que interpusó en contra de la resolución contenida en el oficio ********************de ********************, se admitió a trámite el ********************. En lo tocante al último de los requisitos identificado con el número 3, consistente en que el juicio de nulidad constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el presente juicio, igualmente se encuentra colmado. Se afirma lo anterior, dado que la finalidad perseguida con el juicio de nulidad tiene como consecuencia que se nulifique, revoque o modifique la resolución contenida en el oficio ********************que reclama. Por tanto, no es dable jurídicamente examinar los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, en virtud que está en vías de ser resuelto a través de un mecanismo de defensa que tiene efectos semejantes a los que se obtienen o derivan del juicio de amparo, lo que precisamente impide la hipótesis prevista en la fracción XIX del citado artículo 61 de la ley de la materia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de la inconstitucionalidad del artículo 11 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores del Municipio de Celaya, Guanajuato, ya que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, puesto que no es posible estudiar separadamente el ordenamiento al que pertenezca el precepto cuya aplicación se combata. Por ello, si la parte quejosa cuestiona la constitucionalidad del 11 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores del Municipio de Celaya, Guanajuato, con motivo del primer acto de aplicación que se materializó con la resolución contenida en el oficio ********************de ********************, mediante la cual el Encargado del Despacho de la Oficialía Mayor de la Presidencia Municipal, negó su solicitud de jubilación por años de servicio, y respecto de dicho acto de aplicación quedó plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIX del artículo 61 de la ley de la materia; es incuestionable que también debe sobreseerse por lo que hace al citado precepto con fundamento la fracción XIX del numeral 61 de la legislación en consulta, en virtud que no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, dada la estrecha vinculación entre el acto de aplicación y los decretos reclamados. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA:Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con residencia en Silao de la Victoria, mediante el cual, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, remite copia certificada de las constancias que le fueron solicitadas en proveído de veinticinco de julio del año en curso, e informa el estado procesal en el que se encuentra el juicio de nulidad ********************de su índice. De las referidas constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;." El precepto transcrito establece como causa de improcedencia del juicio de amparo que se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado Cabe señalar que el medio de defensa a que se refiere la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación, modificación o nulificación del acto que lesiona sus derechos, de modo tal que no cualquier recurso o medio de defensa legal puede dar lugar a la actualización de la causal de improcedencia en examen, sino sólo aquellos que tengan los efectos precisados. De lo que se sigue que, si la parte quejosa promueve una demanda de amparo en contra de los mismos actos por los cuales hizo valer un recurso improcedente o no idóneo para obtener la revocación, modificación o nulificación de la resolución que le afecta, no está en posibilidad de estimar improcedente el juicio constitucional, ya que ese recurso o medio de defensa legal improcedente o no idóneo, no tendría por efecto modificar, revocar o nulificar el acto materia del juicio constitucional. En este orden de ideas, la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; 2) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido; y, 3) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, lo que debe ser examinado por el Juez de amparo. En el caso concreto, el quejoso ********************acude a esta instancial constitucional reclamando la resolución contenida en el oficio ********************de ********************, mediante la cual el Encargado del Despacho de la Oficialía Mayor de la Presidencia Municipal, negó su solicitud de jubilación por años de servicio [como primer acto de aplicación], así como la aprobación y expedición del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores del Municipio de Celaya, Guanajuato, específicamente el artículo 11. En ese orden, el suscrito se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio -fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo-, dado que concurren las circunstancias a que se han hecho referencia. En efecto, la exigencia marcada con el número 1 se encuentra cubierta, dado que en contra de la resolución contenida en el oficio ********************de ********************, ********************promovió juicio de nulidad, del cual conoció la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con residencia en Silao de la Victoria, radicándolo bajo número ********************de su índice. Por lo que respecta al requisito precisado con el número 2, también se encuentra satisfecho, debido a que la demanda de nulidad que interpusó en contra de la resolución contenida en el oficio ********************de ********************, se admitió a trámite el ********************. En lo tocante al último de los requisitos identificado con el número 3, consistente en que el juicio de nulidad constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el presente juicio, igualmente se encuentra colmado. Se afirma lo anterior, dado que la finalidad perseguida con el juicio de nulidad tiene como consecuencia que se nulifique, revoque o modifique la resolución contenida en el oficio ********************que reclama. Por tanto, no es dable jurídicamente examinar los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, en virtud que está en vías de ser resuelto a través de un mecanismo de defensa que tiene efectos semejantes a los que se obtienen o derivan del juicio de amparo, lo que precisamente impide la hipótesis prevista en la fracción XIX del citado artículo 61 de la ley de la materia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de la inconstitucionalidad del artículo 11 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores del Municipio de Celaya, Guanajuato, ya que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, puesto que no es posible estudiar separadamente el ordenamiento al que pertenezca el precepto cuya aplicación se combata. Por ello, si la parte quejosa cuestiona la constitucionalidad del 11 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores del Municipio de Celaya, Guanajuato, con motivo del primer acto de aplicación que se materializó con la resolución contenida en el oficio ********************de ********************, mediante la cual el Encargado del Despacho de la Oficialía Mayor de la Presidencia Municipal, negó su solicitud de jubilación por años de servicio, y respecto de dicho acto de aplicación quedó plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIX del artículo 61 de la ley de la materia; es incuestionable que también debe sobreseerse por lo que hace al citado precepto con fundamento la fracción XIX del numeral 61 de la legislación en consulta, en virtud que no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, dada la estrecha vinculación entre el acto de aplicación y los decretos reclamados. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que está transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, a fin de que estén en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses; por tanto, se difiere la misma y se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración.

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