J. Jesús Jacobo Hernández
Expediente 1589/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 18 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1589/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 20/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- J. Jesús Jacobo Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Glósese el oficio signado por el Subdirector del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en el proveído de diecisiete de abril del año en curso, remite copia certificada del acta de defunción que corresponde al quejoso ********************. Fallecimiento. Del oficio que se agrega y su anexo, se advierte que la autoridad promovente constata el fallecimiento del quejoso ********************; al respecto se acuerda: Caso concreto. En sentencia de tres de marzo de dos mil veintitrés se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos: Dicha determinación causó ejecutoria el treinta de marzo de dos mil veintitrés. Sin embargo, en el presente acuerdo se agrega el oficio signado por el Subdirector del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí, al que adjuntó copia certificada del acta de defunción que corresponde al quejoso ********************. En ese tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que el desistimiento de la acción de un amparo consiste en la declaración de voluntad de la parte quejosa en el sentido de no proseguir o no continuar con el juicio de garantías, el cual, debidamente ratificado, origina una resolución con la que finaliza la instancia de amparo sin importar la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia emitida), sin necesidad de que el órgano jurisdiccional entre a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado o en su defecto el fondo de los agravios de la revisión. De igual importancia, la Segunda Sala ha sostenido que la parte quejosa también goza de la facultad de desistirse del recurso de revisión que haya intentado contra la sentencia recurrida; supuesto en el que sólo si se desiste del recurso de revisión debe dejarse firme la sentencia recurrida, y si lo hace simultáneamente por la demanda de amparo y el recurso, entonces se atenderá al desistimiento de la acción de amparo por ser preferente y decretar el sobreseimiento en el juicio. En esas condiciones, en la especie se emitió sentencia el tres de abril de dos mil veintitrés, donde se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que las autoridades responsables provean de forma oportuna, permanente y constante al quejoso, sin interrupciones, la práctica de requerimientos médicos y clínicos, la prescripción de los medicamentos para el tratamiento de su padecimiento por un especialista, establecer todas las medidas pertinentes y necesarias para contrarrestar el diagnóstico respectivo, así como garantizar con carácter prioritario el derecho humano a la salud del quejoso, de tal manera que se cumpla de forma inmediata con la secuencia continua de prevención, tratamiento, atención y apoyo en función de su padecimiento, justificando en todo momento haber agotado todos los recursos de los que disponen para lograr su efectividad, de manera, que las responsables deberán otorgar inmediatamente seguimiento al pronóstico general de salud malo, para la vida a corto plazo del promovente del amparo. Determinación que el treinta de marzo siguiente, causó ejecutoria; sin embargo, debido a que falleció el quejoso ********************, existe imposibilidad material para seguir cumpliendo el fallo protector. Sobre el tópico, debemos tener presente que a partir de la lógica que ha sostenido este Alto Tribunal, consistente en que al reconocer el desistimiento de la acción constitucional, entonces con mayor razón, y aunque no esté expresamente previsto en la ley, reconoce el desistimiento del recurso de revisión, al tratarse de medios de impugnación accesorios a la pretensión principal. En ese sentido, podemos concluir que es posible aceptar la figura del desistimiento en el procedimiento de ejecución del cumplimiento del fallo constitucional, ya que falleció el quejoso, quien es precisamente la parte agraviada. Además, ese procedimiento también puede ser catalogado como de características accesorias a la pretensión principal -juicio de amparo-, pues se genera y subsiste sólo a partir de la protección de la Justicia Federal con que se haya beneficiado a la parte quejosa. Ante ello, tenemos que ponderar el principio de prosecución de las partes que está íntimamente ligado al de instancia de parte agraviada. El principio de instancia de parte consiste en que el juicio de amparo sólo puede iniciar a través del ejercicio de la acción, es decir, incluye además, dentro del orden civil y administrativo la carga de impulsar el procedimiento, ya que no basta con la petición inicial de amparo plasmada en la demanda, sino que es necesario que lo impulse, lo cual ha sido reconocido como un principio de prosecución judicial. Por lo que el interés de las partes por dar vida y continuar con el juicio, así como con los procedimientos emanados dentro y con motivo de éste, representa un aspecto imperioso dentro del trámite del amparo hasta su resolución final; caso contrario, no habría razón de emitir una sentencia o agotar las instancias procedimentales, de no existir interés del quejoso por ello. De ahí que, si bien el orden público requiere el cumplimiento de las sentencias como una respuesta que constituye el reflejo de la eficacia en la investigación, sanción y reparación de cualquier derecho humano trasgredido a los gobernados que integran el Estado, lo cierto es que su interés no puede generar per se la apertura del juicio o su agotamiento hasta el cumplimiento de un fallo que se dirige directamente al resarcimiento de un derecho violado a uno de aquéllos, en tanto que éste ya no tenga interés en continuar con ese procedimiento. En mérito de ello, resulta que la ponderación entre el principio de interés social que reviste al cumplimiento de las sentencias de amparo y el de prosecución judicial, no encuentra conflicto en la especie, pues en ningún momento colisionan sus pretensiones y efectos con la renuncia de la parte quejosa. Esto ya que no subsiste el interés por la ejecución del fallo constitucional, en razón de que se ha demostrado en este asunto que el quejoso falleció y los actos reclamados únicamente afectaban derechos personales del solicitante del amparo, entonces no existe una afectación que impacte dentro de la sociedad o el sistema jurídico, ya que ante el deceso del propio afectado, existe imposibilidad de continuar con el procedimiento a través del cual logra la eficacia de la sentencia. Lo anterior de ninguna manera implica que las autoridades responsables hayan cumplido con la obligación impuesta con motivo de la concesión de amparo; sin embargo, es ante la imposibilidad del quejoso de continuar con el procedimiento de amparo y, por ende, de su ejecución de fallo amparatorio, debe tenérsele por desistido. Consecuentemente, el efecto jurídico de la imposibilidad para la ejecución del fallo constitucional, es dejar sin materia el cumplimiento de la sentencia amparatoria, teniendo por concluido el juicio de amparo, sólo en lo que atañe a su cumplimiento; más aun atendiendo a la naturaleza del acto, como es en la especie, que se trata de atención médica personal, respecto de la cual el quejoso falleció y no se puede continuar con la ejecución y cumplimiento de la sentencia. Archivo.
- Principal
Glósese el escrito enviado por ********************, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual en atención al requerimiento que se le formuló en el proveído de trece de abril del año en curso, expone bajo protesta de decir verdad, que un familiar del quejoso ********************, le informó vía telefónica que este último falleció el dieciocho de febrero de dos mil veintitrés. Requerimiento. En consecuencia, mediante oficio que al efecto se gire a la Dirección del Registro Civil en esta ciudad, requiérasele para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita a este Juzgado copia certificada del acta de defunción que corresponde al quejoso ********************. Para los efectos legales a que hubiere lugar, infórmese a la autoridad requerida, que en el juicio de amparo en que se actúa, obra que la clave única de registro de población de esa persona es ********************. Apercibimiento.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la certificación que antecede y como de la misma se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente asunto, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Se requiere cumplimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en este juicio constitucional, para que dentro del plazo de tres días informen al respecto, o en su caso, la imposibilidad debidamente justificada para no hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no remitir tal información en el plazo señalado, se les impondrá una multa con base en lo estipulado en el artículo 258 de la citada Ley, consistente en cien Unidades de Medida y Actualización vigentes y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para el trámite de la inejecución de sentencia.
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