J. Jesús Jacinto Marín Arías

Expediente 766/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
766/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/06/2019

Partes del expediente

  • J. Jesús Jacinto Marín Arías

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Agréguese el escrito de la parte quejosa, por medio del cual pide la devolución de los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo. Como lo solicita, se ordena la entrega de los mismos, previa copia certificada y razón que por su recibo obre en autos.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de junio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Y REGISTRO. Vista la demanda que promueve J. Jesús Jacinto Marín Arias, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 766/2019-IV-D. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA/DESECHAMIENTO Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente consiste, en la emisión del oficio 18/2018-2019, de seis de junio de dos mil dieciocho (sic), emitido por el Director de la Escuela Secundaria Oficial número 0159. "Leona Vicario" del Turno Matutino con residencia en el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, en el que se ordena al quejoso cubrir su horario laboral como personal administrativo en lugar de las horas clase asignadas en dicha institución. Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 1º y 5º, fracción II de la invocada Ley, pues en el caso, la autoridad no tiene el carácter de responsable para efectos del presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, es necesario precisar que los citados artículos establecen: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: - - - I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; - - - II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y - - - III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - - - El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: - - - II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. - - - Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. - - - La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. - - - La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. - - - La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Ahora, de una interpretación sistemática de los preceptos legales antes reproducidos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos -u omisiones- que no provienen de una autoridad, entendiéndose por ésta lo conceptualizado en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Aquello es así, porque el preindicado artículo 1° del citado ordenamiento legal, precisa que el juicio constitucional procede, entre otros supuestos, contra actos u omisiones de autoridad; de ahí que, lo anterior -interpretado a contrario sensu- se reduce al hecho de que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos u omisiones que no provengan de una autoridad; por tanto, el artículo 5°, fracción II, que define quién tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, y la fracción XXIII del artículo 61, del mencionado ordenamiento jurídico, que refiere la improcedencia del juicio constitucional en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien de la propia Ley de Amparo, resulta incuestionable que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclaman actos u omisiones que no son considerados de autoridad para efectos de aquél. Sin que pase inadvertido que la autoridad responsable, para efectos del juicio constitucional, es aquella que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, que omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría tales situaciones jurídicas; asimismo, los particulares tienen calidad de autoridad responsable, cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad que afectan derechos fundamentales, cuyas funciones están determinadas por una norma general. En abundamiento, es conveniente citar que la palabra "autoridad" proviene del vocablo "auctoritate", cuyo significado se traduce al derecho o poder de mandar, regir y/o gobernar, en otras palabras, es el poder de imponer obediencia. Con motivo de lo anterior, el concepto de autoridad se entendía como la capacidad de utilizar la fuerza pública para interponer determinaciones unilaterales; sin embargo, esa definición se ha ido ampliando a través del tiempo, debido al nacimiento de autoridades administrativas y a la complejidad de las relaciones jurídicas entre éstas y los particulares. Entonces, para dilucidar aún más la causa de improcedencia en estudio, es necesario precisar, además, que la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de observancia obligatoria para este juzgador, en términos de lo prescrito en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía y por las razones que la informan, la jurisprudencia 1ª./J. 103/2011 establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 754 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, correspondiente a septiembre de 2011, Novena Época, materia común (con registro 161047), que refiere: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. La aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un caso concreto por las autoridades jurisdiccionales representa una cuestión de mera legalidad, aun cuando el criterio contenido en ella se refiera a temas de inconstitucionalidad de leyes o de interpretación directa de preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad jurisdiccional correspondiente no hace un nuevo estudio constitucional, sino que se limita a acatar el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, que la vincula a aplicar el criterio jurisprudencial correspondiente al supuesto que juzga." Ahora, de los artículos transcritos con antelación se desprende, por un lado, que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen derechos humanos, y por otro, que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. El acto reclamado, por regla general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Siendo el rasgo distintivo del acto de autoridad la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico, ocasionando un agravio que puede provenir de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser unilateral, imperativo y coercitivo. En ese tenor, para efectos de la procedencia del juicio de amparo el acto reclamado debe consistir en un acto de autoridad en el que concurran los siguientes elementos: Unilateralidad, esto es que no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita. Imperatividad que significa que la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes. Coercitividad que implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado. Así las cosas, se debe fijar el concepto de autoridad responsable, partiendo de la distinción entre actos de particulares y los que no lo son, y precisarse que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. En esta tesitura, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad"; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Esto es, en la vida de cualquier Estado o sociedad existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: las de coordinación, las de supraordinación y las de supra a subordinación. Los dos primeros tipos de relaciones mencionadas, reconocen siempre un vínculo igualitario o de paridad formal entre sujetos (gobernados entre sí o autoridades entre sí). Las relaciones de supra a subordinación, surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, es decir, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos por un lado, y el gobernado, por otro; en éstas, la persona moral estatal y sus órganos desempeñan frente al particular la actividad soberana o de imperio, o sea, actos autoritarios propiamente dichos, que tienen como atributos esenciales la unilateralidad (no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita), la imperatividad (la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes) y la coercitividad (implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado). Consiguientemente, en el juicio de amparo, el acto reclamado debe ser, desde luego, un acto de autoridad en el que concurran los elementos mencionados. Además, para que el acto de un órgano estatal sea considerado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación; o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Por ende, es necesario atender a la naturaleza del acto para determinar si es proveniente o no de una autoridad para efectos del amparo, o sea, es menester observar si reviste las características precisadas anteriormente, en virtud de la existencia de una relación de supra a subordinación. Sentado lo precedente, debe destacarse que, en la especie, el promovente de amparo reclama la emisión del oficio 18/2018-2019, de seis de junio de dos mil dieciocho (sic), emitido por el Director de la Escuela Secundaria Oficial número 0159. "Leona Vicario" del Turno Matutino con residencia en el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, en el que se ordena al quejoso cubrir su horario laboral como personal administrativo en lugar de las horas clase asignadas en dicha institución. Circunstancia que evidencia que tal acto no emana de una autoridad para los efectos del juicio de amparo. En efecto, no es un acto emanado de autoridad alguna, pues no implica una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que el efecto que tienen es estrictamente laboral; ya que deriva de la relación de coordinación patrón-trabajador que existe entre el promovente y el Director de la Escuela Secundaria Oficial número 0159. "Leona Vicario" del Turno Matutino con residencia en el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, la cual se entabla entre particulares; por tanto, el acto reclamado no puede considerarse como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Bajo esa óptica, es evidente que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, con el mismo, únicamente se afectarían derechos que pudiesen corresponder, para el impetrante de amparo, exclusivamente en al ámbito laboral, habida cuenta que la cuestión en controversia deriva de la relación de trabajo que existe entre el trabajador y el órgano educativo; pues el acto reclamado incide en la supuesta infracción a las condiciones de trabajo del aquí agraviado. Esto es, con independencia de que el acto reclamado pudiese resultar legal o ilegal, es claro que éste fue realizado por el Director de la Escuela Secundaria Oficial número 0159. "Leona Vicario" del Turno Matutino con residencia en el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, en una relación laboral existente entre éste y el quejoso, derivada de derechos de naturaleza netamente de trabajo, y no en un ámbito de supra a subordinación; esto es, dichos actos fueron efectuados en un plano de igualdad, de coordinación. En consecuencia, es evidente que el citado organismo no actuó como autoridad -para los efectos del juicio de amparo-, de tal manera que sus actos no pueden ser impugnados a través del juicio de amparo, sino en todo caso, si el impetrante considera lesionados sus derechos con motivo de tales acciones, podrán acudir en defensa de los mismos mediante las instancias laborales ordinarias que le permitan controvertir los actos patronales que estime lesivos de sus derechos de trabajo. Se aplica en lo conducente, la tesis aislada XV.5o.3 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1500, del Tomo II, Libro 4, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006034, que establece: "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo." En conclusión, no todo acto u omisión, constituyen actuaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino únicamente aquellos que traigan consigo el ejercicio de una potestad que otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular, situación que en concreto no se actualiza, porque, se reitera, la autoridad aquí señalada como responsable actúa en una relación laboral de igualdad entre el quejoso y el director del ente educativo a quien se atribuye el acto reclamado. De ahí que la improcedencia en estudio, radica en la imposibilidad de concretar el objetivo que persigue el juicio constitucional; esto es, restituir al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental trasgredido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que en el caso en particular, debiera traducirse en obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija; sin embargo, lo anterior resulta jurídicamente imposible, en razón de que la omisión que se combate, no tiene su origen en una relación de supra a subordinación; además de que no escapa a la atención del suscrito, el hecho de que el quejoso tiene una extensa gama de instrumentos legales para defender la asunto que en esta vía combate. Por último, es oportuno señalar que el quejoso no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción de los servidores públicos que se encuentran legitimados para promover juicio de amparo indirecto contra la determinación de separación de cargo, pues no se ubica en los supuestos que para el caso establece el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, como son los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales. Es aplicable en sentido contrario, la jurisprudencia 2ª./J. 49/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1329, libro 30, mayo de dos mil dieciséis, tomo II, con registro 201659, de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO." En consecuencia, el oficio atribuido a la autoridad que señala como responsable, al no constituir un acto de autoridad, actualiza la causa de improcedencia que se estudia, por ende, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por J. Jesús Jacinto Marín Arias, por propio derecho, contra el acto del Director de la Escuela Secundaria Oficial número 0159. "Leona Vicario" del Turno Matutino con residencia en el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, 5º y 217, aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del promovente de amparo el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que esta se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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