J. Jesús Hurtado Casado
Expediente 1142/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1142/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- J. Jesús Hurtado Casado
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, este cuaderno es susceptible de destrucción. Ahora bien, toda vez que obran documentos que se estiman de interés para la parte quejosa, se le requiere para que dentro del plazo de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca al local que ocupa este juzgado a recogerlos. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, serán destruidos junto con el presente expediente. Bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, serán destruidos, una vez que fenezca el plazo para su destrucción, previsto en el artículo 10, del citado Acuerdo General. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de las que se advierte que por auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito por el que la parte quejosa solicitó se ordenara la inscripción del trámite del presente juicio de amparo en el folio 00376465 del Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de Ecatepec; razón por la cual este órgano jurisdiccional solicitó la exhibición de la garantía bastante para reparar el daño e indemnizar el perjuicio que, en su caso, pudieran causar a terceros, por la cantidad de $**** (*** 00/100 M. N.). Por escrito presentado el catorce de enero de dos mil veintidós, en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, la parte solicitante de amparo exhibió el billete de depósito *** expedido por Banco del Ahorro y Servicios Financieros S.N.C., el cual ampara la cantidad de $*** (**** 00/100 M.N.); a efecto de garantizar el daño e indemnizar el perjuicio que, en su caso, pudieran causar a terceros, con motivo de la inscripción del trámite del presente juicio de amparo. Mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Ahora bien, toda vez que a la fecha ha transcurrido el plazo a que alude el artículo 156 de la Ley de Amparo, sin que la parte tercera interesada haya promovido el incidente respectivo y que la garantía que exhibiera la parte solicitante de amparo, se encuentra en el seguro de este juzgado, hágase del conocimiento a la parte quejosa que la aludida garantía queda a su disposición. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, requiérase a la moral quejosa ********************, por medio de quien represente sus intereses jurídicos, para que dentro del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca al local que ocupa este juzgado, sitio en Boulevard Toluca número 4, tercer piso, Colonia Industrial, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, con identificación oficial vigente, a recoger el certificado de depósito aludido. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, dentro del plazo concedido, en su momento se hará efectivo a favor del erario federal. En el entendido que, la entrega de las garantías se lleva a cabo únicamente los días viernes de cada semana en un horario de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas. Finalmente, se informa a la parte quejosa que en caso de solicitar recoger dicho billete deberá hacerlo saber a este órgano jurisdiccional por lo menos con dos semanas de anticipación con la finalidad de realizar el trámite administrativo correspondiente. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, quien solicita en amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad responsable y por el acto que enseguida se precisa: AUTORIDAD RESPONSABLE Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Tultitlán, Estado de México. ACTO RECLAMADO La omisión de iniciar y concluir el procedimiento administrativo radicado con el número DDUYM.AMB/CJ/PA-12/2023 del índice de la autoridad responsable; solicitado por el quejoso, respecto de la construcción edificada en una zona común de estacionamiento del condominio "El obelisco" ubicado en Tultitlán, Estado de México. FORMACIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Con apoyo en los artículos 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE bajo el número 1142/2023-VI. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - - - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.). El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". En el caso concreto, en contra del acto que reclama el quejoso procede el juicio contencioso administrativo, en términos de lo dispuesto por el artículo 229, fracciones I y II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que establece: Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; (.). Del contenido de dichas porciones normativas, se advierte que el juicio contencioso administrativo procede en contra de actos administrativos que dicten las autoridades administrativas y fiscales del Poder Ejecutivo de la entidad, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten los derechos de los particulares. Lo que acontece en la especie, toda vez que los actos que reclama el quejoso son de naturaleza administrativa y los atribuye a una autoridad perteneciente a un municipio del Estado de México. Al respecto, es aplicable, por analogía jurídica sustancial, la tesis XXIV.1o. J/4 A (11a.) del Pleno del Vigésimo Cuarto Circuito, de rubro y texto: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE NAYARIT. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LOS ACTOS Y OMISIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ORDENADOS, EJECUTADOS O TRATADOS DE EJECUTAR POR AUTORIDADES MUNICIPALES Y DEL PODER EJECUTIVO DE DICHA ENTIDAD, AL NO PREVER LA LEY DE JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAL MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. Hechos: En un juicio de amparo indirecto la parte quejosa reclamó diversos actos y omisiones de carácter administrativo, ordenados, ejecutados o tratados de ejecutar por autoridades municipales y del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al considerar actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en virtud de que no se cumplió con el principio de definitividad, pues previamente a promover el juicio constitucional la quejosa debió agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Contra esa determinación aquélla interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que contra los actos y omisiones de carácter administrativo ordenados, ejecutados o tratados de ejecutar por autoridades municipales y del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, procede el juicio contencioso administrativo, por lo que si no se agota previamente a promover el juicio de amparo indirecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo -relativa al principio de definitividad- en términos del artículo 109, fracciones I y II, de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos de esa entidad federativa, pues sus diversos 139 y 143 no prevén mayores requisitos para conceder la suspensión que los establecidos en la Ley de Amparo. Justificación: Del artículo 109, fracciones I y II, de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit se advierte que el juicio contencioso administrativo procede, entre otros supuestos, contra los actos administrativos ordenados, ejecutados o tratados de ejecutar por las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal o municipal, así como de sus omisiones que afecten derechos de particulares. Por tanto, la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe promover aquel juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, conforme al artículo 71 de la citada legislación, el cual constituye el medio idóneo para obtener la nulificación de los actos positivos y omisivos impugnados. Lo anterior, porque los diversos preceptos 139 y 143 del mencionado ordenamiento, no exigen mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión de los actos reclamados. Sin que en la especie se actualice alguna de las excepciones que establece el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para que el juicio de amparo sea procedente, antes de agotar el medio ordinario de defensa que contempla el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Ello es así, puesto que la procedencia del juicio contencioso administrativo se encuentra prevista en una ley, en sentido formal y material, y no en un reglamento. Por otra parte, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no exige mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados que los previstos en la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia PC.II.A. J/3 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de rubro y texto: SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional. De igual forma, la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. DOMICILIO Ahora, toda vez que el quejoso señala un domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, se ordena que las notificaciones personales, se hagan por lista que se fijan en los estrados de este juzgado en términos de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Empero, dada la naturaleza del requerimiento realizado, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que por única ocasión se constituya en el domicilio del quejoso y le notifique el presente acuerdo. AUTORIZADOS En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizados para los efectos que indica. Lo anterior, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. MEDIOS ALTERNATIVOS DE CONTACTO Con fundamento en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General, se exhorta al quejoso para que proporcione un medio alternativo de contacto (número telefónico y/o cuenta de correo electrónico), para entablar comunicaciones no procesales, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II, V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente al quejoso.
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