J. Jesús Guerrero Zúñiga
Expediente 687/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 31/07/2019
Partes del expediente
- J. Jesús Guerrero Zúñiga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto lo de cuenta se provee: de una revisión realizada a los presentes autos, se advierte que en proveído de once de abril de dos mil diecinueve (foja 23), se ordenó formar dos cuadernos de pruebas con las documentales que remitió el Presidente de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; ahora bien, toda vez que a la fecha en que se provee, ya no resultan necesarios contar con los mismos; devuélvanse a su lugar de origen, dado que por auto de veintitrés de julio del año en curso (foja 70), se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. Notifíquese.
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HA CAUSADO EJECUTORIA la sentencia para todos los efectos legales a que haya lugar... archívese el presente asunto como asunto totalmente concluido... es susceptible de destrucción, en virtud de que se determinó sobreseer en el presente juicio...
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Visto el estado procesal de los autos y el contenido de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que en proveído de veintinueve de abril de dos mil diecinueve (fojas 34 y 35), se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, por lo que ve al acto consistente en el auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, en el que se le impuso una sanción económica de ciento veinte Unidades de Medida y Actualización (UMA), en el expediente 80/2006, bajo el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del término fijado, se resolverá el juicio tomando en consideración los actos originalmente señalados. Acuerdo que le fue notificado el seis de mayo del año en curso (foja 39), por lo que el término conferido transcurrió del ocho al veintinueve mayo del presente año, sin que efectuara manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de veintinueve de abril de dos mil diecinueve (fojas 34 y 35), a la parte quejosa, en consecuencia se resolverá el juicio tomando en consideración los actos originalmente señalados.
- Principal
Zapopan, Jalisco, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la entonces Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el seis de febrero de dos mil dieciocho, Edgar Tello Arcos, por su propio derecho solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando tercero. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16 y 110 constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en acuerdo de ocho de febrero dos mil dieciocho (fojas 26 a 30), se admitió a trámite; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se determinó tener como tercero interesado a Ramón Alfonso Mejía García, quien fue emplazado según constancia agregada en autos (foja 33), se dió intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien se abstuvo de formular alegato ministerial; se fijó día y hora para la audiencia constitucional. CUARTO. Ampliación de demanda y trámite posterior. Por escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo al quejoso ampliando su demanda respecto del concepto de violación que formuló, por lo que en auto de veinte del mismo mes y año (foja 55), se admitió la ampliación propuesta; se ordenó notificar a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado así como al tercero interesado y a la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado. En auto de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (fojas 128 y 129), una vez cumplimentada la prevención formulada por este juzgado, se admitió la segunda ampliación de demanda; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se tuvo como tercero interesado a Óscar Israel Rodríquez Razón, el cual fue emplazado por conducto del personal adscrito al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, según constancia agregada en autos (foja 249); se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que corresponde, quien se abstuvo de formular alegato ministerial; seguido el juicio el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 432 a 434), se celebró la audiencia constitucional, misma que fue suspendida con motivo de la objeción de documento falso interpuesta por el tercero interesado Ramón Alfonso Mejía García; por lo que una vez desahogadas las diligencias correspondientes a la integración de la prueba pericial en materia de grafoscopía propuesta por el referido tercero, se emitió el peritaje correspondiente por la perito oficial Luz Bertha Alvarez Gómez, y finalmente el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve se llevó a cabo la continuación de la audiencia constitucional (fojas 571 y 572) y concluye con la emisión de esta resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Pronunciamiento del Incidente de objeción. Como cuestión previa, en primer término procede resolver lo conducente respecto de la firma del quejoso contenida en su demanda de amparo, toda vez que en proveído de nueve de octubre de dos mil dieciocho (foja 452), se ordenó el desahogo de una prueba pericial en materia de grafoscopía, propuesta por el tercero interesado Ramón Alonso Mejía García, a fin de corroborar su autenticidad, al ser esta determinación el momento oportuno para decidir sobre tal cuestión, conforme a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Al respecto se cita la jurisprudencia P./J. 22/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." En tal contexto se advierte que en auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho (fojas 483 y 484); con motivo de no haber logrado la intervención de diestro que de manera gratuita apoyara a este juzgado de Distrito en el desahogo de la referida probanza, se designó como perito oficial a Luz Bertha Álvarez Gómez, quien compareció al local de este juzgado el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho (foja 489), a aceptar y protestar dicho cargo, y mediante escrito presentado el veintitrés de enero de este año siguiente (fojas 531 a 559), rindió el dictamen correspondiente, el cual ratificó el veintiocho de ese mismo mes y año (foja 563). De dicha opinión técnica se advierte que la diestro concluyó lo siguiente: "[.] CONCLUSIÓN LA FIRMA DUBITADA A NOMBRE DE EDGAR TELLO ARCOS, CONTENIDA EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA DE GARANTÍAS (DOCUMENTO 1) SI PROVIENE POR SU EJECUCIÓN ESCRITURAL DE UN MISMO PUÑO Y LETRA, RESPECTO A LAS FIRMAS INDUBITADAS QUE SE MENCIONAN EN LOS INCISOS A) Y B), POR LO TANTO DICHA SIGNATURA ES AUTÉNTICA. [.]" El dictamen pericial de referencia, analizado en términos de lo previsto en los artículos 143, 144, 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, alcanza valor probatorio, en virtud de que se desahogó por una perito en grafoscopía y documentoscopía, quien cuenta con autorización definitiva para fungir como perito expedida por la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco, registrada ante el Consejo de la Judicatura Federal con clave 78-2009, concatenado a que expresó los razonamientos técnicos-científicos requeridos para llegar a su conclusión. Lo anterior es así, toda vez que la perito Luz Bertha Álvarez Gómez, indicó el método y técnica de estudio, mediante el análisis de comparación formal de las características grafoscópicas de la firma cuestionada (escrito inicial de demanda), como de la indubitable base de comparación y cotejo, impresas en la diligencia de estampamiento de firmas de ocho de enero de dos mil diecinueve, efectuadas por Edgar Tello Arcos (fojas 522 a 526), ante el personal de este juzgado federal y la aludida perito conforme a sus trazos y rasgos, respecto de los cuales tomó las muestras fotográficas pertinentes; llevando a cabo el análisis de las particularidades gráficas y morfológicas de los gramas que componen dichas firmas mediante el cotejo y comparación formal, con lo que fundamentó sus respuestas a las cuestiones que le fueron formuladas, para emitir su dictamen. De los estudios descritos, arribó a la conclusión de que la firma objetada SÍ corresponde, por su ejecución escritural, al mismo origen gráfico, respecto a las firmas indubitadas estampadas en la diligencia referida, por tanto dicha signatura es original. Lo analizado, evidencia que el referido dictamen se encuentra adecuadamente fundado y motivado, dado que de él se desprenden las técnicas utilizadas para emitirlo, la explicación en base al cotejo y comparación formal, que permiten comprender el porqué de la conclusión a la que arriba la perito oficial en el sentido antes precisado. En consecuencia aporta suficientes elementos técnicos y resulta idóneo para que este juzgador en uso de su prudente arbitrio le conceda valor de prueba plena. Por lo anterior, se llega a la convicción de que la firma contenida en el escrito inicial de demanda de amparo SÍ corresponde al puño y letra de Edgar Tello Arcos, por lo que dicho documento debe considerarse auténtico. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 90/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Materia Común, de la Novena Época, , visible en la página 45, que a la letra dice: "DICTÁMENES PERICIALES NO OBJETADOS. SU VALORACIÓN En relación con la facultad de los Jueces para apreciar las pruebas, la legislación mexicana adopta un sistema mixto de valoración, pues si bien concede arbitrio judicial al juzgador para apreciar ciertos medios probatorios (testimoniales, periciales o presuntivos), dicho arbitrio no es absoluto, sino restringido por determinadas reglas. En tal virtud, el hecho de que no se objete algún dictamen pericial exhibido en autos, no implica que éste necesariamente tenga valor probatorio pleno, pues conforme al principio de valoración de las pruebas, el juzgador debe analizar dicha probanza para establecer si contiene los razonamientos en los cuales el perito basó su opinión, así como las operaciones, estudios o experimentos propios de su arte que lo llevaron a emitir su dictamen, apreciándolo conjuntamente con los medios de convicción aportados, admitidos y desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión. Por tanto, la falta de impugnación de un dictamen pericial no impide al Juez de la causa estudiar los razonamientos técnicos propuestos en él, para estar en posibilidad de establecer cuál peritaje merece mayor credibilidad y pronunciarse respecto de la cuestión debatida, determinando según su particular apreciación, la eficacia probatoria del aludido dictamen." Ello, dado que con la prueba desahogada, se acreditó fehacientemente que la firma que aparece al calce del escrito objetado, es del puño y letra de la persona que ahí se menciona como promovente, siendo la única característica que es procedente. En virtud de lo anterior, al resultar improcedente la objeción de documentos planteada, con fundamento en los artículos 122 y 255 de la Ley de Amparo, se hace efectiva la multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, al tercero interesado Ramón Alonso Mejía García, la cual fue señalada por actuación de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 432 a 434). TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Al haber sido analizada en su integridad la demanda de amparo y la segunda ampliación de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de la parte quejosa y tomando en cuenta lo que quiso decir, no lo que en apariencia expresó, se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que los actos reclamados se hacen consistir en: Al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco: El acuerdo derivado Sesión Ordinaria del Pleno de ese consejo, celebrada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en cuya sesión se determinó el cambio de adscripción del quejoso al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Quinto Partido Judicial con sede en La Barca, Jalisco. El acuerdo tomando en la sesión Extraordinaria del Pleno, celebrada el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en la que determinó el cambio de adscripción del quejoso, para quedar a disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado. A la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco: La omisión de formular dictamen previo al cambio de adscripción del quejoso al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Quinto Partido Judicial con sede en La Barca, Jalisco. La omisión de formular dictamen previo al cambio de adscripción del quejoso con la finalidad de quedar a disposición del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Conviene puntualizar que aun cuando la parte quejosa señaló de manera destacada como actos reclamados los señalamientos tales como "[.] La omisión de formular convocatoria para la sesión de la Comisión que preside, a efecto de tratar la readscripción del quejoso, así como haber llevado a cabo la discusión de los integrantes de la Comisión el dictamen donde se acordó dicha readscripción al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Quinto Partido Judicial con sede en La Barca, Jalisco[.] así como [.] la omisión de formular convocatoria para la sesión de la Comisión que preside, a efecto de tratar la readscripción del quejoso, así como haber llevado a cabo la discusión de los integrantes de la Comisión el dictamen donde se acordó dicha readscripción para quedar a disposición del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco [.], no se tendrán como tales para efectos de este juicio de amparo; lo anterior, en razón de que al armonizar el escrito de demanda y las constancias de autos en su integridad, se advierte que dicho señalamiento en realidad constituye un principio de agravio, pues a través de esa manifestación se pretende evidenciar que el acto primordialmente destacado vulnera en su perjuicio derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, el referido señalamiento no constituye, propiamente, un acto reclamado destacado. Así, eventualmente, la citada inconformidad sería materia de estudio del fondo del asunto en el apartado respectivo, en vía de examen de los conceptos de violación. De ahí que la litis se fija exclusivamente en los términos apuntados en los párrafos anteriores; precisión que se realiza en términos del artículo 74 de la Ley de Amparo. Lo así expuesto se precisa, además, atendiendo a la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Igualmente, es aplicable la Tesis VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las responsables Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados respecto a la demanda y ampliación (fojas 137 a 162 y 230 a 242). Tal negativa se corrobora con las documentales que en apoyo a sus informes las citadas responsables exhibieron consistentes en copias certificadas de diversas documentales, dentro de las cuales se encuentran la Quinta Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, que contiene la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación celebrada el treinta de enero del mismo año, en la que se emitió el dictamen relativo a la readscripción del quejoso al Juzgado Mixto del Quinto Partido Judicial con sede en la Barca; la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho y la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Carrera Judicial, adscripción y Evaluación, celebrada el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, de las que se desprenden la emisión de dictámenes llevados a cabo por dicha comisión previo a someter a consideración al Pleno las readscripciones de que fue objeto el aquí quejoso; dichas documentales merecen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Lo que evidencia que, las omisiones atribuidas a las responsables es inexistente, dado que contrario a lo indicado, previo a la celebración de las sesiones en las que se determinó su readscripción al Juzgado Mixto del Quinto Partido Judicial con sede en La Barca, Jalisco, así como la diversa en la que fue puesto a disposición del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, si se realizó el dictamen correspondiente. A la misma determinación debe arribarse respecto a la diversa autoridad Consejero Eduardo Moel Maldonado, en su calidad de Presidente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, por ser éste quien preside la referida. De ahí que, ante la inexistencia de los actos omisivos que se imputan a la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y al Consejero Eduardo Moel Maldonado, en su calidad de Presidente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio, según lo impone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en el audiencia constitucional"." En atención a la determinación a la que se arribó, resulta innecesario realizar el análisis de la causa de improcedencia invocada por las responsables indicadas en líneas que anteceden, en tanto que el examen de dicha causal resultaría ocioso y a nada práctico conduciría. En cambio son ciertos los actos reclamados a la responsable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, al así haberlo manifestado al rendir sus informes respecto a la demanda y ampliaciones lo que realizó por conducto del Presidente y representante del referido Pleno (fojas 163 y 188). Al haberse acreditado de manera parcial la existencia del acto reclamado, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las causas de improcedencia y, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." CUARTO. Causas de improcedencia. Procede su estudio de manera preferente al referirse a un aspecto de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al rendir sus respectivos informes justificados las responsables adujeron que es improcedente el presente juicio de garantías en virtud de que se surten diversas causales de improcedencia. En primer término, señalan que se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones XVI y XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que a partir del veinte de febrero de dos mil dieciocho el quejoso quedó readscrito al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; además que el mismo disfruta de las mismas prerrogativas, ingresos y prestaciones inherentes al cargo de Juez, por lo que no resintió afectación alguna a su esfera jurídica. En principio debe señalarse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del mismo, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la correcta interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o subsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Al respecto, son inatendibles dichas causales, toda vez que del análisis a las constancias que integran el expediente; además, según lo refirieron las propias responsables, la determinación de poner a disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, derivó del cumplimiento a la medida cautelar concedida al tercero interesado Óscar Israel Rodríguez Razón decretada por el entonces Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, dentro del expediente 465/2018. De ahí que si bien es cierto a la fecha en que este asunto se resuelve el quejoso ya no se encuentra adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Quinto Partido Judicial del Estado con sede en la Barca, Jalisco, ello se debe a la obligación impuesta por el juzgado federal en el sentido de obligarlas a acatar los términos de la medida cautelar concedida en el juicio de amparo señalado en el párrafo que antecede, de ahí que no puedan ser consideradas por este juzgado de Distrito actualizadas las causas que indican las autoridades responsables. Lo anterior, ya que esa situación está condicionada por una suspensión decretada en diverso juicio de amparo, en tanto la cesación de efectos implica que de manera incondicionada la responsable no realice acto en el mismo sentido que se le reprocha. Apoya lo anterior la tesis IV. 3o.A.50 k, consultable en la página 1293, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. NO SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA AL QUEJOSO, ORDENE DEJAR SIN EFECTOS EL ACTO RECLAMADO. De la interpretación de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo se obtiene que para que se actualice la causa de improcedencia a que se refiere, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable lo derogue o revoque, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección de la Justicia Federal, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje huella alguna. Esto es, los efectos del acto reclamado cesan cuando la responsable deroga o revoca el acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su emisión, o cuando, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, crea una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En estas condiciones, dicha causa no se actualiza cuando la autoridad, en cumplimiento de la suspensión otorgada al quejoso, ordena dejar sin efectos el acto reclamado, ya que no debe perderse de vista que actuó en virtud de la concesión de la medida suspensiva y, por tanto, la determinación controvertida se encuentra sub júdice, sujeta al resultado del fondo de la controversia constitucional, lo que implica que el ente administrativo no puede prevalerse de ello para solicitar la improcedencia del juicio. En efecto, el hecho de que la autoridad haya procedido, por ejemplo, a ordenar la liberación y destrabe de cuentas bancarias aseguradas en cumplimiento de la suspensión dada con ese fin, hace innegable que esto recae en mero cumplimiento a dicha medida, sin que pueda asumirse, por tanto, que el acto reclamado ha sido dejado sin efectos en forma total e incondicional." Por otra parte, expone que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que insisten en la circunstancia de que al haber cesado los efectos del acto inicialmente señalado como reclamado el quejoso carece de interés jurídico para hacer procedente este proceso constitucional. No obstante, tal apreciación es incorrecta por cuanto que los argumentos que vierten las responsables para sustentar su alegación atañe a aspectos que guardan relación directa con el fondo del asunto que es precisamente la determinación por la que se readscribió al quejoso al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Quinto Partido Judicial del Estado con sede en la Barca y posteriormente ser puesto a disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, tomando en consideración que en sus conceptos de violación el quejoso argumenta que las aludidas determinaciones por parte de las responsables violan en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; motivo por el cual se desestima dicha causal de improcedencia. Lo señalado es acorde con la tesis de jurisprudencia número 266 del Tomo II, Procesal Constitucional, Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Segunda Sección Improcedencia y Sobreseimiento, del Apéndice de 2011, con registro número 1002332, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Al no advertir que se actualice o acredite alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento, diversas a las analizadas, por tanto, procede estudiar la litis planteada en este asunto como en derecho corresponde. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En sus conceptos de violación el quejoso expresa que: Los actos reclamados violan en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales por la inexacta fundamentación y motivación del acuerdo en que se determinó su readscripción, toda vez que no fue señalado por las responsables si el referido acto derivó de un deficiente desempeño del quejoso o del titular que ocupaba el cargo en el Juzgado Mixto del Quinto Partido Judicial con sede en La Barca, Jalisco, al contrario, se destaca su capacidad, aunado a que no se le reprocha alguna cuestión en su función jurisdiccional. Ello toda vez que según refiere "tratándose de la designación y adscripción de jueces, al adscribir a alguno a determinado órgano jurisdiccional, esto implica que, se adquiera bajo un principio de certeza jurídica una estabilidad en el cargo de adscripción" (foja 9), además en "como dije la adscripción no es permanente, pero si debe privilegiarse esa estabilidad" (foja 40). Atendiendo a la causa de pedir los conceptos de violación son fundados. Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." Así como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS. EL QUE SE ABORDE SU ESTUDIO EN ATENCIÓN A LA CAUSA DE PEDIR, NO IMPLICA SUPLIR SU DEFICIENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO. La circunstancia de que al conocer de un recurso dentro de un juicio de amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito atiendan a la causa de pedir expresada, conforme a la jurisprudencia P./J. 69/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 5, con el rubro: "AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.", no equivale a suplir su deficiencia en términos del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, ya que para abordar los agravios con base en la causa de pedir expresada en el libelo respectivo resulta necesario que el recurrente haya precisado con claridad cuál es el agravio que le provocan las respectivas consideraciones, así como los motivos que generan esa afectación, a diferencia de lo que sucede cuando se suple la deficiencia de los agravios, pues esta prerrogativa procesal tiene aplicación cuando en el escrito relativo no se señala qué consideraciones del fallo recurrido se controvierten, o bien, realizado esto último, no se mencionan los motivos que generan la respectiva afectación. Además, la institución de la suplencia de los agravios, según el grado en que ésta se autorice por la Ley de Amparo y su interpretación jurisprudencial, se traduce en examinar consideraciones no controvertidas por el recurrente, o bien, en abordar el estudio de aquellas respecto de las cuales éste se limitó a señalar en sus agravios que las estima incorrectas, sin precisar los motivos que sustentan su afirmación." Antes de emprender el estudio de los conceptos de violación es de señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la revisión administrativa 173/2018, consideró lo siguiente: "[.] Esta Sala ha sostenido en reiteradas ocasiones que uno de los requisitos que deben satisfacer las resoluciones de readscripción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, es el relativo a precisar el periodo o duración de la readscripción, pues de no establecer tal aspecto, se dejaría en estado de incertidumbre al juzgador. [.]" Del acuerdo reclamado en su demanda inicial, en el que se determinó el cambio de adscripción del quejoso como Juez Mixto del Quinto Partido Judicial con sede en La Barca, Jalisco, se advierte que se tomaron en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: - La antigüedad dentro del Poder Judicial del Estado de Jalisco. - El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuenta el quejoso, así como los diversos cursos y especialización acreditados de manera fehaciente. - Los resultados de visitas de inspección. - La disciplina y desarrollo profesional. En razón a lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado indicó como parte de la motivación de dicho acto que el ahora impetrante de garantías, tiene diversos grados de especialización en el área de derecho, así como la relación de cursos de enseñanza y capacitación; que cuenta con una antigüedad de veintitrés años, como servidor público del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y que se ostenta como juez, desde hace diez años; que cuenta con siete procesos de quejas instaurados en su contra, siendo estos los identificados con los números Q.A. 257/2015-D, Q.A. 289/2015-A, Q.A. 111/2017-A, Q.A. 120/2017-A, Q.A. 134/2017-A, Q.A. 270/2017-A y Q.A. 442/2017-B, pendientes de resolver; que del reporte de la Dirección de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades, se aprecia que en el último Juzgado asignado, la visita de inspección fue realizada el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, con el resultado que describe y concluye que en el juzgado al que fue readscrito el quejoso denota una inadecuada administración, por lo que se considera procedente designar como titular al solicitante de amparo a fin de que se beneficie a los usuarios del Juzgado Mixto Correspondiente al Quinto Partido Judicial, con sede en La Barca, Jalisco, además con la finalidad de mejorar a corto plazo el desarrollo e impartición de justicia dentro del referido órgano. Lo anterior se advierte del acta correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, celebrada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 322 a 351), que en la parte que interesa es del contenido siguiente: [.] Esta comisión pone a sometimiento del Pleno, mediante votación para aprobar, Re-adscribir al Licenciado Edgar Tello Arcos, quien actualmente funge como Juez de Primera Instancia Primero de lo Familiar, del primer Partido Judicial, con sede en el Municipio de Zapopan, Jalisco, para fungir como Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Mixto en el Quinto Partido Judicial, con sede en el Municipio de La Barca, Jalisco, ello en razón de las características particulares de que goza el tribunal mencionado en segundo lugar, así mismo a los procedimientos administrativos e irregularidades detectadas dentro de la visita de inspección ordinaria a su tribunal de los cuales se dio cuenta al pleno para proceder conforma (sic) la Ley Orgánica, razón por la cual al realizar el cambio adscripción beneficiaría al servidor público, con la finalidad de aprovechar su vasto conocimiento en las materias de que conoce dicho Juzgado se le re-adscribe con el alto honor de impartir justicia quien como servidor público, al momento de protestar su cargo como prometió cumplir, y hacer cumplir, la Constitución Federal, la Constitución del Estado de Jalisco y las Leyes que rigen a su importante cargo, no obstante los cursos de enseñanza y capacitación que permite establecer su pericia en temas relacionados a la noble actividad encomendada, permite depositar en su persona la confianza de mejorar a corto plazo el desarrollo e impartición de la Justicia dentro del Juzgado de Primera Instancia adscrito al Juzgado Mixto en el Quinto Partido Judicial, con sede en el Municipio de La Barca, Jalisco, esperando del re-adscrito su compromiso personal de superación, para efectos de demostrar su actuación, excelencia, honestidad, tenacidad y una constante disciplina, por sus características personales éticas y profesionales, prácticas que como otras no menos importantes, justifican la necesidad de la re-adscripción, pues vienen a prometer, con ello, el mejoramiento del mismo, asimismo con la presente re-adscripción, se cumple un doble propósito, consistiendo en la erradicación del nacimiento de lazos afectivos o animadversiones entre el Juez y los habitantes o usuarios justiciables, garantizar el sano e independiente actuar de jueces [.]" Sin embargo, del análisis de tal documento se advierte que la autoridad responsable si bien señala los motivos de la necesidad del servicio, para efectuar el cambio en la adscripción dadas las capacidades y experiencia del quejoso que fueron exaltadas por la responsable omite indicar el lapso que habría de permanecer como titular en ese juzgado, toda vez que como se señaló la finalidad del cambio de titular derivó de la inadecuada administración y con la expectativa de mejorar en el corto plazo la impartición de justicia con el correspondiente beneficio a los usuarios del Juzgado Mixto Correspondiente al Quinto Partido Judicial, con sede en La Barca, Jalisco. Sobre el particular se destaca que desde el veintiocho de abril de dos mil siete, el Congreso Local, reformó los artículos 63 y 64 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, a fin de hacerlos acorde al contenido del texto del primer párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos numerales disponen: "Artículo 97. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley"; "Artículo 63.- Los jueces de primera instancia, menores y de paz, serán elegidos por el Consejo de la Judicatura, con base en los criterios, requisitos y procedimientos que establezca esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial; durarán en el ejercicio de su cargo cuatro años, al vencimiento de los cuales podrán ser reelectos. Los jueces que sean reelectos sólo podrán ser privados de su puesto en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes secundarias en materia de responsabilidad de los servidores públicos. Durante su ejercicio, los jueces sólo podrán ser removidos o cambiados de adscripción por acuerdo del Consejo de la Judicatura dictado en los términos que establezca la ley.- - - - - (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 1997).- - - - - En los casos de promoción, la inamovilidad en el nuevo empleo se adquirirá al transcurrir el plazo correspondiente a su ejercicio.".- - - - - (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 13 DE ENERO DE 2007).- - - - - "Artículo 64.- La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo y del Tribunal Electoral, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura en los términos que establezcan las leyes, con base en esta Constitución.- - - - - (REFORMADO, P.O. 13 DE ENERO DE 2007).- - - - - El Consejo de la Judicatura estará integrado con cinco miembros, de los cuales uno será el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien lo presidirá, uno se elegirá de entre los jueces de primera instancia inamovibles que tengan más de cuatro años en la judicatura y los otros tres serán de origen ciudadano que no hubieren desempeñado un cargo dentro de la carrera judicial durante los cuatro años anteriores. La elección será por cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad.- - - - - (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 1997).- - - - - Los consejeros deberán distinguirse por su capacidad, honestidad, honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas y reunir los requisitos exigidos para poder ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad.- - - - - (REFORMADO, P.O. 13 DE ENERO DE 2007).- - - - - Salvo el Presidente del Consejo, los demás consejeros durarán en su encargo cuatro años, serán substituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo período.- - - - - (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 1997).- - - - - Los consejeros ejercerán sus funciones con independencia e imparcialidad, y sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes secundarias, en materia de responsabilidad de los servidores públicos.- - - - - (REFORMADO, P.O. 13 DE ENERO DE 2007).- - - - - El Consejo de la Judicatura deberá funcionar en pleno o en comisiones, sus resoluciones serán definitivas; las de las comisiones se someterán al Pleno, si éste tuviere observaciones las regresará a la comisión para que elabore una nueva resolución que deberá aprobarse por unanimidad para ser presentada al Pleno, en caso de no haber observaciones o resueltas éstas, se procederá a su ejecución. La comisión respectiva elaborará y presentará la integración de las listas de candidatos que para la elección de magistrados prevé esta Constitución. Así mismo, resolverá sobre la designación y remoción de los jueces de primera instancia, menores y de paz; y desarrollará el sistema de insaculación que prevea la Ley Orgánica del Poder Judicial para la elección de los jurados populares, que se enviarán al Pleno, que podrá hacer observaciones en los términos anteriores.- - - - - (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 1997).- - - - - En la designación de los jueces se preferirá, en igualdad de circunstancias, a aquellas personas que hayan prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado.- - - - - (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 1997).- - - - - La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos del Poder Judicial, así como la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.- - - - - (REFORMADO, P.O. 13 DE ENERO DE 2007).- - - - - El Consejo de la Judicatura estará facultado para determinar el número y competencia de los juzgados de primera instancia, menores y de paz, así como para expedir los acuerdos necesarios para el ejercicio adecuado de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la ley.- - - - - (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 1997).- - - - - Las decisiones del Consejo General serán definitivas e inatacables.". Lo anterior pone de manifiesto que desde el mes de abril de mil novecientos noventa y siete, la Constitución Política del Estado de Jalisco, reconoce a los jueces que integran el Poder Judicial de dicha entidad federativa, el derecho a la estabilidad en la adscripción, condicionado al cumplimiento de las reglas que establezca la ley orgánica respectiva, es decir, una vez que se les adscriba a un determinado órgano jurisdiccional local adquieren el derecho a permanecer en éste, en caso de que la valoración objetiva y continua de su desempeño revele que cumplen en forma destacada con el perfil idóneo del servidor público del Poder Judicial del Estado de Jalisco, a saber, la honestidad invulnerable, excelencia profesional, laboriosidad y organización necesarias para prevenir y evitar problemas y para solucionarlos con programas eficaces y un adecuado comportamiento en su entorno social que refleje los referidos atributos y genere a los gobernados la certeza de contar con servidores idóneos para impartir justicia. Es decir, los jueces locales que destaquen por su elevado desempeño en la función, reflejado en la valoración que de su actuar cotidiano se realice en términos de las respectivas disposiciones legislativas y reglas generales que emita el Consejo General del Poder Judicial, incorpora en su esfera jurídica el derecho a la estabilidad en la adscripción, prerrogativa cuyo disfrute está condicionado a que en la actuación cotidiana se mantenga la conducta que refleje un cumplimiento de los principios que rigen a la carrera judicial. Así, el poder revisor de la Constitución Política del Estado de Jalisco, dejó al prudente arbitrio del legislador ordinario determinar qué factores deben valorarse por el Consejo General del Poder Judicial del Estado para realizar la adscripción y readscripción de los jueces que integran el Poder Judicial local, para lo cual es pertinente acudir a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en cuyos artículos 150, 152 al 155, 157, 180, 181 y 191, se establece lo siguiente: "Artículo 150.- El Pleno del Consejo de la Judicatura estará presidido por el magistrado que funja como Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien ejercerá las atribuciones que le confiere el presente ordenamiento.". "Artículo 152.- El Consejo General del Poder Judicial del Estado contará con las comisiones permanentes o transitorias que determine el Pleno del mismo, debiendo existir en todo caso las de administración, Carrera Judicial, disciplina, creación de nuevos órganos y la de adscripción. "Artículo 153.- Cada comisión se integrará por dos consejeros ciudadanos, el Consejero Juez y el Consejero Presidente.". "Artículo 154.- Son atribuciones de cada comisión, elaborar dictámenes de resoluciones de los asuntos que les sean turnados por acuerdo del Pleno del Consejo, así como emitir los acuerdos necesarios para el adecuado desempeño de sus atribuciones.- - - - - Los dictámenes de las comisiones que así establezca el pleno, serán turnados con su expediente completo al pleno.- - - - - En caso de que el pleno regrese un dictamen con observaciones, la comisión deberá realizar un nuevo proyecto atendiendo las mismas.". "Artículo 155.- Los dictámenes y acuerdos de las comisiones se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal. Las comisiones calificarán las excusas e impedimentos de sus miembros.". "Artículo 157. Cada comisión nombrará su respectivo presidente y determinarán de conformidad a sus acuerdos el tiempo que deba permanecer en el cargo y las funciones que deba ejercer." "Artículo 180.- El ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial del Estado se hará mediante el sistema de Carrera Judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad, en su caso." "Artículo 189.- Corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, asignar la competencia territorial y el órgano en que deban ejercer sus funciones los jueces especializados y mixtos de primera instancia y jueces menores y de paz. Asimismo, le corresponde readscribirlos a una competencia territorial o a un órgano de materia distinta, siempre que las necesidades del servicio así lo requieran y exista causa fundada y suficiente para ello.- - - - - Siempre que fuere posible, y en términos de lo dispuesto en este capítulo, el Consejo de la Judicatura del Estado establecerá las bases para que los jueces puedan elegir la plaza y materia del órgano de adscripción.". "Artículo 191. Tratándose del cambio de adscripción de jueces, se considerarán los siguientes elementos: - - - - I. Los cursos de enseñanza y capacitación que hayan realizado; - - - - II. La antigüedad en el Poder Judicial del Estado; - - - - III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente; - - - - IV. Los resultados de las visitas de Inspección;- - - - V. La disciplina y el desarrollo profesional; - - - - VI. El número de resoluciones confirmadas por las Salas del Supremo Tribunal de Justicia; y - - - - VII. La cantidad de resoluciones dictadas que resulten infundadas o notoriamente improcedentes o innecesarias, contrarias a lo dispuesto por las leyes procesales o tendientes a retardar el procedimiento, aunque no sean tendientes a favorecer a alguna de las partes. - - - El valor de cada elemento se determinará en el reglamento respectivo y deberá constar en las resoluciones del Consejo de la Judicatura en que se acuerde un cambio de adscripción." El análisis a los artículos transcritos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, permite establecer que el cambio de adscripción o readscripción a otro tribunal de los Jueces, puede obedecer a dos razones, primero, a la decisión unilateral del Consejo de la Judicatura del Estado; en segundo lugar, a petición del funcionario interesado. También se establece que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, sólo puede readscribir de manera unilateral a los referidos funcionarios judiciales, cuando las necesidades del servicio lo requieran y existiera causa justificada y suficiente para ello. Igualmente se determina que, con relación a la atribución del referido Pleno del Consejo para readscribir unilateralmente a los Jueces, resulta de especial relevancia precisar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el Consejo General del Poder Judicial de la citada entidad federativa, debe basarse necesariamente en los siguientes criterios: I. Los cursos de enseñanza y capacitación que se hayan realizado. II. La antigüedad en el Poder Judicial del Estado. III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente. IV. Los resultados de las visitas de inspección. V. La disciplina y desarrollo profesional. VI. El número de resoluciones confirmadas por las Salas del Supremo Tribunal de Justicia; y VII. La cantidad de resoluciones dictadas que resulten infundadas o notoriamente improcedentes o innecesarias, contrarias a lo dispuesto por las leyes procesales o tendientes a retardar el procedimiento, aunque no sean tendientes a favorecer a alguna de las partes. Atendiendo a tales premisas, el cambio de adscripción por necesidades del servicio no puede ejercerse arbitrariamente, sino que el Consejo debe fundar y motivar esa determinación, sin que ello llegue al extremo de obligar a ese órgano del Poder Judicial del Estado de Jalisco, a que realice un análisis comparativo entre todos los servidores públicos de las mencionadas categorías para establecer cuál de ellos podría cumplir mejor con las necesidades del servicio en una plaza determinada, pues con ello se le impediría valorar adecuadamente las múltiples y complejas necesidades del servicio público de administración de justicia y que para arribar a una conclusión sobre cuál es el alcance de la facultad que asiste al Pleno del Consejo para readscribir por necesidades del servicio a los funcionarios que se han referido, debe tomarse en cuenta que con el sistema establecido en los artículos del 183 al 188 del Capítulo X, del Título Sexto de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, relativo a la regulación de la carrera judicial, el legislador buscó acotar la actuación discrecional del referido Consejo, de forma tal que al vincularlo con determinados elementos objetivos, sus decisiones sobre tales cuestiones, se tornarán en medios para fomentar los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad. Asimismo, es fácil observar que la intención del legislador de establecer un sistema de readscripción de Jueces fue que, por un lado, permita al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado atender a las múltiples necesidades del servicio, valorando discrecionalmente éstas, para realizar la readscripción del referido servidor público y que, por otro lado, vincule a ese órgano administrativo a valorar determinados elementos objetivos que permitan reconocer a los servidores de las mencionadas categorías cuya conducta se apegue en mayor magnitud a los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad, respetando el derecho a la estabilidad en la adscripción que constitucionalmente les asiste cuando han prestado sus servicios en forma destacada, cuyo sistema de readscripción de Jueces establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, permite dotar al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, de atribuciones parcialmente discrecionales con el fin de atender las necesidades del servicio y a reconocer un derecho a la estabilidad en la adscripción, a Jueces cuya conducta sea reflejo fiel del esfuerzo cotidiano basado en los principios que rigen la carrera judicial. De la misma manera, se aprecia que en diversos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se reconoce la importancia de fomentar en los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, el desempeño de la carrera judicial con base en los mencionados principios, como se advierte de lo dispuesto en el artículo 182 del citado ordenamiento secundario, conforme al cual, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado establecerá un sistema de estímulos que atienda al desempeño en el ejercicio de la función, los cursos realizados, la antigüedad, grado académico, arraigo y otros que el propio Consejo estime necesarios. Por lo mismo, tomando en cuenta las diversas y complejas necesidades que debe valorar el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado para readscribir a los Jueces, la voluntad del legislador de acotar parcialmente el ejercicio de tal atribución en aras de fomentar los principios que rigen la carrera judicial y el derecho a la estabilidad en la adscripción que asiste a los servidores públicos de las referidas categorías que se desempeñen en forma destacada, se concluye de que en la readscripción por necesidades del servicio de los Jueces, el Consejo debe respetar el derecho a la estabilidad de dichos servidores públicos, cuando de la valoración de los elementos precisados en el artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se advierte que han desempeñado de manera destacada la función encomendada, sin que ello impida que la atribución parcialmente acotada de dicho órgano administrativo pueda ejercerla discrecionalmente en relación con los servidores de la misma categoría cuya evaluación no alcanza las calificaciones más elevadas. También se puede establecer que la readscripción de Jueces puede ejercerse de manera discrecional por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado en relación con los servidores de esa categoría que no se ubiquen dentro del rango que corresponda a los que obtengan los resultados más elevados por lo que, las determinaciones respectivas, estarán sustentadas en una causa fundada y suficiente, en términos de lo establecido en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, cuando tomen en cuenta elementos reveladores de que el servidor público no se ubica dentro de los que en su desempeño de la carrera judicial reflejan una mayor puntuación derivada de la valoración de los elementos enunciados en el citado artículo 191, sin que ello implique que los juzgadores readscritos por necesidades del servicio incumplan con los principios que rigen la carrera judicial, sino que no se ubican dentro de los que por la valoración conjunta de su antigüedad, cursos de enseñanza y capacitación realizados, su grado académico y los niveles de excelencia en los resultados de visitas de inspección o en su disciplina y desarrollo profesional, son merecedores del derecho a la estabilidad en readscripción. En esas condiciones, la autoridad al momento de determinar la readscripción por necesidades del servicio, si bien lleva a cabo el análisis de diversos aspectos del titular propuesto para dicho cambio de adscripción conforme a los parámetros establecidos en el artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, sin embargo los méritos, reconocimientos o cualidades personales o profesionales si bien son de ser tomados en consideración para identificar el perfil del juzgador, no puede estar por encima de la finalidad o razón última del Poder Judicial, que es la eficiente prestación del servicio público de administración de justicia. Por otra parte, el artículo 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se establece que el ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial del Estado, se hará mediante el sistema de carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad, en relación con lo anterior, el artículo 181 de la referida ley orgánica se establecen las categorías que integran la carrera judicial. De manera sucedánea, el diverso numeral 182 de la ley en mención, establece que se implementará un sistema de estímulos para aquéllas personas que integran las diversas categorías del poder judicial. En cuanto al artículo 189, de ese mismo ordenamiento legal, éste dispone la facultad del Consejo para establecer la competencia territorial de los órganos que deben ejercer las funciones de jueces especializados y mixtos de primera instancia, menores y de paz y la de readscribirlos a una competencia territorial o a un órgano de materia distinta, siempre que las necesidades del servicio así lo requieran y exista causa fundada y suficiente para ello y el precepto secundario 190 del referido cuerpo normativo, refiere los elementos que debe tomar en cuenta el Consejo de la Judicatura del Estado para hacer la primera adscripción de jueces. En cuanto al numeral 191, se determina los requisitos que deben tomarse en cuenta para el cambio de adscripción, los cuales fueron reproducidos previamente. En ese tenor, del acta de sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, celebrada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en la que se decretó el cambio de adscripción materia de este amparo, se expusieron los motivos, razones y causas del porqué se aprobó y ordenó readscribir al quejoso del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial al Juzgado Mixto del Quinto Partido Judicial, con sede en La Barca, Jalisco, a partir del primero de febrero de dos mil dieciocho, cuyas consideraciones obedecen especialmente a las necesidades del servicio y a la capacidad profesional con la que cuenta para ello. Ahora, como se destacó en líneas precedentes, en la Constitución Local quedó establecido que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, designaría a los jueces que integran el Poder Judicial del Estado y tendrían facultades para su remoción, conforme a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, lo que pone de manifiesto que los jueces locales tienen derecho a la estabilidad en la adscripción, condicionado al cumplimiento de las reglas que establezca la ley orgánica. Sin embargo, en el caso en estudio, aun cuando dicho Pleno realizó la valoración de los puntos a que refiere el numeral 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, respecto de la quejosa, incumplió con la obligación que le impone el artículo 189 de esa Ley, toda vez que si bien indicó los motivos que justifican las necesidades reales del servicio que ameritaron el cambio de adscripción del quejoso, omitió indicar en el acto reclamado el lapso que sería el objeto del cambio, ello atendiendo a las circunstancias reflejadas en el sentido de atender la necesidad del dictado de resoluciones definitivas derivado del rezago con el que cuenta el Juzgado Mixto del Quino Partido Judicial con sede en el Municipio de La Barca, Jalisco, ello en beneficio de la sociedad. Se afirma lo anterior, tomando en consideración que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en el acuerdo reclamado si bien expuso a manera de motivación las circunstancias de necesidad imperiosa de que el quejoso ocupara la titularidad del referido juzgado, esto es, para abatir el rezago con el que contaba éste, así como para efectuar el dictado de resoluciones definitivas, lo cual efectuó en términos de lo previsto por el artículo 189 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, omitió indicar el tiempo en que debía prevalecer dicho cambio, ello derivado de que únicamente señaló que lo pretendido con esa determinación sería con la finalidad de que llevara a cabo lo anterior en el menor tiempo posible, lo que propicia que el acto reclamado trasgreda los derechos fundamentales de la quejosa, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Sobre el particular, son ilustrativos los criterios del Alto Tribunal siguientes: "READSCRIPCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO POR NECESIDADES DEL SERVICIO. LAS COMUNICACIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL POR LAS QUE INFORME Y ORDENE TAL DETERMINACIÓN, QUE NO SE ENCUENTREN ACOMPAÑADAS DE LA RESOLUCIÓN ÍNTEGRA CORRESPONDIENTE, DEBEN CONTENER, POR LO MENOS, LA RAZÓN QUE DÉ SUSTENTO A LA EXISTENCIA DEL SUPUESTO RELATIVO. De los artículos 118 a 120 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los diversos 36, 37, 39 y 40 a 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, se advierte que el citado Pleno está facultado para readscribir unilateralmente a los Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito por necesidades del servicio, con la única condición de que funde y motive la causa que dio lugar a tal determinación. En ese sentido, las comunicaciones por las que informe y ordene a un juzgador su readscripción por necesidades del servicio, que no se encuentren acompañadas de la resolución íntegra correspondiente, aun cuando deriven de una situación de urgencia para salvaguardar el buen desempeño de la función jurisdiccional, deben contener, por lo menos, la razón que dé sustento a la existencia del supuesto relativo a las necesidades del servicio, incluyendo, además, los criterios de valoración que justifiquen la elección del funcionario para atender dichas necesidades. Lo anterior, con la finalidad de que el funcionario judicial tenga conocimiento pleno respecto de los motivos por los que la autoridad competente determinó readscribirlo, además para brindarle certeza jurídica, antes de comenzar sus funciones en el nuevo órgano de adscripción. De otra forma, se trastocaría el requisito de fundamentación y motivación que establece el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, en esos casos, el oficio de comunicación constituye el medio de notificación por el que se hace del conocimiento al interesado la resolución mencionada y, por ende, el primer acto de afectación del servidor público, al crear derechos y obligaciones en su esfera jurídica." "READSCRIPCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO POR NECESIDADES DEL SERVICIO. ELEMENTOS ESENCIALES QUE DEBEN CONTENER LAS RESOLUCIONES RELATIVAS. Del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que la readscripción de los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito por necesidades del servicio, constituye una determinación unilateral del Consejo de la Judicatura Federal, lo que no implica que pueda emitirse arbitrariamente, sino que debe estar debidamente fundada y motivada. En ese sentido, si bien es cierto que cada readscripción tendrá sus peculiaridades y circunstancias especiales, en donde la fundamentación y motivación variarán según sea el supuesto, también lo es que debe existir congruencia entre la necesidad del servicio a atenderse y el perfil del funcionario elegido para satisfacerla; por lo cual, para emitir su determinación, el Consejo debe tomar en cuenta, entre otros, los siguientes elementos esenciales: a) la localización del órgano de readscripción, pues según la urgencia del servicio, debe considerar la posibilidad de que el juzgador readscrito pertenezca a un circuito cercano de donde se encuentra la plaza a cubrir y, para ello, sopesar la conveniencia de que el órgano vacante lo ocupe alguien que esté familiarizado con los criterios jurisprudenciales del circuito y las problemáticas jurídicas más comunes de la zona; asimismo, la proximidad territorial del juzgador readscrito con la plaza vacante puede agilizar su traslado y satisfacer la necesidad del servicio de una forma más expedita, a la vez que se provocarían menos distorsiones en el ámbito profesional y personal del funcionario público; b) la materia del órgano de readscripción, especialmente en el caso de necesidades del servicio; la consideración de este elemento resulta fundamental, pues lo que se requiere es atender una problemática con eficiencia y prontitud, ya que resultaría incongruente readscribir a un funcionario jurisdiccional a un órgano cuya materia es radicalmente ajena a su experiencia profesional y formación académica, aunado a que el Consejo debe evaluar la trayectoria laboral del juzgador readscrito, de manera que advierta elementos que acrediten conocimientos y habilidades para hacerse cargo del órgano de readscripción de una manera eficiente; de lo contrario, se pondría en riesgo la prestación del servicio público y se afectaría el desarrollo profesional del juzgador, pues contrario a las readscripciones por concurso, los movimientos por necesidades del servicio son ajenos a la voluntad del funcionario; c) la vacante que dejará libre el funcionario readscrito, pues el Consejo deberá ponderar si al atender una problemática no está generando otra mayor, derivada de la vacante que dejará el juzgador readscrito en el órgano jurisdiccional del que se le desplaza; y, d) el periodo definido de la readscripción, en caso de ser temporal, ya que el Consejo debe establecer una duración determinada para ésta; el plazo puede variar en cada caso dependiendo de la necesidad del servicio, pero, de no establecerlo, se dejaría en tal grado de incertidumbre al juzgador que se afectaría la prestación del servicio público." (lo destacado es por este Juzgador) "READSCRIPCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO, POR NECESIDADES DEL SERVICIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 118 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RESPECTO A LA OBLIGACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DE FUNDAR Y MOTIVAR ESA DETERMINACIÓN. Aun cuando es cierto que la facultad que el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación otorga al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para readscribir a los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a una competencia territorial o a un órgano de materia distinta, por necesidades del servicio, no puede ejercerla arbitrariamente, sino que debe fundar y motivar esa determinación, tal exigencia no puede llevarse al extremo de obligar a ese órgano del Poder Judicial de la Federación a que realice un análisis comparativo entre todos los funcionarios de las mencionadas categorías para establecer cuál de ellos podría cumplir mejor con las necesidades del servicio en una plaza determinada, pues no sólo se estaría imponiendo al citado consejo una carga que no establece la ley sino que, de hacerlo, retardaría la integración de los órganos jurisdiccionales, en virtud de lo complejo que resultaría ponderar las cualidades y habilidades de aquéllos, lo que se traduciría en perjuicio del interés público que se pretende salvaguardar con la readscripción derivada de las necesidades del servicio; máxime si se toma en consideración que ni la ley en cita ni el Acuerdo General Número 25/1998 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los criterios para la adscripción y readscripción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, prevén un mecanismo que permita hacer una evaluación objetiva de los servidores públicos para seleccionar al que deba ser readscrito por necesidades del servicio, como la que contemplan cuando se trata de la primera adscripción o del cambio de adscripción a solicitud de parte interesada." "READSCRIPCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. CONCEPTO DE NECESIDADES DEL SERVICIO. El segundo párrafo del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece la facultad del Consejo de la Judicatura Federal para readscribir a los Jueces de Distrito y a los Magistrados de Circuito, a una competencia territorial o a un órgano de materia distinta, por necesidades del servicio. En ese sentido, desde el punto de vista de la administración de justicia, por "necesidades del servicio" debe entenderse la actualización de supuestos jurídicos o de hecho que obligan al órgano del Estado a tomar determinadas acciones para iniciar, preservar, mantener o restaurar la prestación del servicio público de administración de justicia, las cuales pueden ser de índole personal o material como la designación, adscripción, readscripción, suspensión o destitución de Jueces, Magistrados y demás personal, o la creación, instalación, traslado, ampliación o supresión de órganos jurisdiccionales y, en general, todas aquellas medidas que permitan la realización del servicio público. Por tanto, la eficiente prestación del servicio público de administración de justicia es el elemento teleológico que rige la actuación de los órganos de gobierno a los que aquélla se ha encomendado, es decir, es el fin o razón última del Poder Judicial de la Federación, de ahí que la readscripción de Jueces y Magistrados por necesidades del servicio, es una de las formas en que puede preservarse dicho servicio público." Así las cosas, ante lo fundado y preponderante del concepto de violación en estudio, se hace innecesario examinar los restantes, pues no obtendría un mayor beneficio que el ya alcanzado con los efectos que sustentan el motivo de inconformidad analizado. Es aplicable la Tesis 107 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con la página 85, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS". También es innecesario el estudio de los restantes actos reclamados, ya que finalmente provienen como consecuencia del acto que se estima inconstitucional. En las relatadas condiciones, y a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos y garantías individuales vulnerados, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección de la Justicia Federal, para los efectos que enseguida se precisan. SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en los artículos 77 y 192 de la ley de la materia, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa; lo anterior para que, dentro del plazo de tres días contados a partir de que cause ejecutoria esta resolución, la autoridad responsable Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, efectúe lo siguiente: Deje sin efecto el acto reclamado y sus consecuencias, debiendo restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, esto es, ordene la adscripción del quejoso en el cargo que ocupaba como titular del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial u otro de la misma materia y lugar. En vía de consecuencia, la protección constitucional se hace extensiva en contra de los actos subsecuentes, en virtud de ser consecuencia inmediata y directa del actuar declarado contraventor del orden constitucional. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: PRIMERO. Es improcedente el incidente de objeción propuesto por el tercero interesado Ramón Alonso Mejía García, por lo que una vez que cause ejecutoria la presente resolución envíense los oficios correspondientes para hacer efectiva la sanción señalada en el considerando segundo. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Edgar Tello Arcos, contra los actos y las autoridades Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y Consejero Eduardo Moel Modiano en su calidad de Presidente de la Comisión de Carrera Judicial del referido consejo, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Edgar Tello Arcos contra los actos reclamados de la autoridad responsable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; por los fundamentos y los motivos expuestos en el considerando quinto, en congruencia con los efectos precisados en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; hasta el día de hoy diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron; quien actúa y firma con la licenciada Dolores Araceli Navarro Huerta, secretaria que autoriza y además certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. LAPT/DANH
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