J. Jesús García Lugo
Expediente 393/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- J. Jesús García Lugo
Actuaciones
- Principal
De la certificación de cuenta se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto de doce de abril de la presente anualidad, que desechó la demanda causó estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito signado por el quejoso ******************** por el cual cumple con la prevención realizada por auto de veintinueve de marzo de la presente anualidad. Análisis del escrito de demanda y aclaratorio de la misma. De la lectura del escrito de demanda y diverso aclaratorio de dicha demanda, se obtiene que la parte quejosa reclama en los autos del juicio laboral de origen ********************, la circular ********************, emitida por el Director del Trabajo de la Subsecretaria del Trabajo de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Colima, a través de la cual calificó procedente la excusa planteada en los autos del referido juicio laboral, y ordenó la remisión del citado juicio, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, a la diversa Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Tecomán, Colima, así como su respectiva radicación ante aquella junta con el diverso número de juicio laboral ********************. Desechamiento de la demanda. Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la ley impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, puede desechar de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese entendido, este juzgador advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que le impide conocerla y que está previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, en relación con los artículos 107, fracción V, y 61, fracción XXIII, de la ley. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 107, fracción V, de la ley, prescriben lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". De estos preceptos se obtiene que el amparo procede contra el acto que emane de un juicio que produzca una afectación irreparable a los derechos sustantivos de la persona reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales en que México es parte. Para comprender el alcance de este supuesto de procedencia del amparo, a juicio de quien suscribe, el legislador advirtió la posibilidad de que una persona promoviera demandas de amparo contra los actos procesales que provienen de un juicio y que esto produjera la proliferación de varios juicios de amparo. Por tal motivo, consideró que hasta que se emita la resolución definitiva, resulta factible establecer si se materializaron violaciones a las leyes que rigen ese juicio y que afectaron las defensas de la persona y que todo esto trascendió al resultado del fallo. Sólo hasta ese momento la persona afectada estará en posibilidad de controvertirlas mediante el amparo directo o el amparo adhesivo, según sea el caso. No obstante, de manera excepcional previó la oportunidad de impugnar un acto dentro de un juicio conforme a la regla de procedencia consistente en la irreparabilidad que produce un acto dentro del juicio. Para comprender el alcance interpretativo de esta norma con referencia a los actos de imposible reparación, conviene mencionar que han existido una gran variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", de tal suerte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el punto de vista jurisprudencial determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. En ese contexto, surgieron varios criterios que admitían la posibilidad de que el amparo resultara procedente contra violaciones procesales en grado predominante o superior, que sin afectar propiamente los derechos sustantivos de la persona, producían un perjuicio de similar magnitud que justificaba la procedencia del amparo. Sin embargo, a juicio del máximo tribunal del país esta situación ya no es así, pues a partir de la vigencia del actual artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley, se precisa el alcance de la expresión "imposible reparación", contra actos dictados en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Al analizar la génesis de este precepto, se puede advertir que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión en la que reside la idea de repeler cualquier lesión sólo de naturaleza formal, la cual se actualiza en los casos en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En consecuencia, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no pueden resultar aplicables aquellas jurisprudencias de nuestro máximo tribunal del país en las que admitió la posibilidad de controvertir actos que afectaban derechos procesales o adjetivos en grado predominante o superior, ya que se originaron en el contexto de una legislación como lo fue la abrogada Ley de Amparo que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente se deben prescindir de dichas jurisprudencias para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor. En tal virtud, el amparo indirecto es procedente exclusivamente contra actos en el juicio cuando afectan materialmente derechos sustantivos, por los que aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal, incluyendo las que produzcan una violación de carácter predominante, deberán reclamarse en su momento a través del amparo directo, o bien, del amparo adhesivo. Sustenta lo anterior, por identidad de razón, las jurisprudencias P./J. (10ª.) 37/2014 y 1/2016 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En el caso, la parte quejosa reclama en los autos del juicio laboral de origen ********************, la circular ********************, emitida por el Director del Trabajo de la Subsecretaria del Trabajo de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Colima, a través de la cual calificó procedente la excusa planteada en los autos del referido juicio laboral, y ordenó la remisión del citado juicio, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, a la diversa Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Tecomán, Colima, así como su respectiva radicación ante aquella junta con el diverso número de juicio laboral ********************. A partir de las premisas de hecho y derecho apuntadas, se concluye que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de que no produce una afectación irreparable a los derechos sustantivos de la parte quejosa, como lo pueden ser la vida, libertad, propiedad, honra, etcétera; pues, en su caso, solamente se podrían afectar derechos adjetivos, ya que surge en un plano meramente procesal, además, tal circunstancia no implica que obtendrá una resolución desfavorable a sus intereses, pues el juicio laboral de origen, seguirá sus cauces legales hasta la estadía del dictado del laudo correspondiente, de ahí que, se insiste, pudiese constituirse como una simple violación procesal que puede superarse al dictarse el laudo y le resulte favorable, en caso de no serlo, lo puede impugnar como violación procesal, de conformidad con el artículo 172, fracción X, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 115/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, de contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA O DECLARA INFUNDADA LA EXCUSA PLANTEADA POR UN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente cuando aquéllas afecten a las partes en grado predominante o superior, lo que debe determinarse objetivamente considerando la institución procesal de que se trate, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. En congruencia con lo anterior y tomando en cuenta que la resolución que revoca o declara infundada una excusa planteada por un juez de primera instancia para conocer de un asunto, por encontrarse en alguno de los supuestos legales previstos como impedimento, produce únicamente efectos formales o intraprocesales que no afectan en grado predominante o superior a las partes, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución mencionada. Lo anterior es así, porque si bien la excusa atiende un aspecto subjetivo que puede afectar la imparcialidad del juzgador, ello no necesariamente habrá de materializarse, en tanto que si el afectado obtiene sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios causados con la aludida resolución. Además, conforme a la fracción X del artículo 159 de la Ley de Amparo, se trata de una violación procesal reclamable en la vía directa, pues al resolverse en definitiva el juicio, la parte que se considere afectada puede hacerla valer, ya que hasta entonces podrá alegar que el juzgador actuó con parcialidad". Tampoco es procedente la demanda que no ocupa, respecto del nuevo acto consistente en la emisión del auto que admite la demanda, pues tampoco tiene una afectación de imposible reparación, pues únicamente insta a las partes a iniciar y en su caso continuar el juicio laboral; sin afectación a derecho sustantivo alguno. Resulta aplicable al caso la tesis aislada con número de registro 320929, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia administrativa, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA, AMPARO CONTRA SU ADMISIÓN. El auto de admisión de la demanda para que se abra el juicio, no es reclamable en la vía de amparo, porque no tiene el carácter definitivo dentro del procedimiento, ya que la única situación de imposible reparación que crea, es la de que se abra el juicio, y con ello no se causa perjuicio alguno del orden patrimonial o relativo a la condición jurídica de las personas. Además, el hecho de que la ley, en juicios como los tramitados ante el Tribunal Fiscal, no establece la condenación en costas, sólo significa que el legislador no consideró pertinente establecerla en todos los casos, sin que los perjuicios económicos que con tal motivo reporten las partes en el juicio, sean de los que por sí mismos pueden dar lugar al amparo. Por otra parte, los motivos de índole moral que se consideran lesionados al admitirse una demanda, no hay precepto legal alguno que autorice para tomarlos en consideración, con objeto de relevar a las personas, de la posibilidad de ser llamados a juicio." Asimismo, resulta aplicable al caso por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2024279, undécima época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, materia común, de rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE APELACIÓN QUE REVOCA EL DESECHAMIENTO DE UNA ACCIÓN COLECTIVA EN SENTIDO ESTRICTO Y ORDENA DAR TRÁMITE A LA ETAPA DE CERTIFICACIÓN, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas distintas respecto a si la sentencia de apelación que ordena revocar el desechamiento de una acción colectiva en sentido estricto podía conllevar la vulneración de derechos sustantivos que hiciere procedente el juicio de amparo indirecto, pues uno estimó que dicho acto no podía ser considerado como un acto de imposible reparación, porque con la admisión de la demanda de acción colectiva no se vulneraba algún derecho sustantivo de la parte quejosa; mientras que el otro llegó a la conclusión contraria. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la sentencia de apelación que ordena revocar la resolución mediante la cual se desecha una demanda de acción colectiva en sentido estricto, y ordena darle trámite a la etapa de certificación, no constituye un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos por tribunales judiciales dentro de un juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando dichos actos tienen una ejecución de imposible reparación, esto es, cuando con ellos se afectan materialmente derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por los artículos 590 y 591 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la etapa de certificación a cargo del Juez dentro de los procedimientos de acción colectiva en sentido estricto, constituye una etapa procesal previa a la admisión o desechamiento de la demanda de una acción colectiva, que tiene por objeto determinar si dicha acción reviste los requisitos de procedencia previstos en los artículos 587 y 588 del mismo ordenamiento legal. En esta etapa el juzgador debe determinar si las pretensiones de la colectividad efectivamente pueden ejercerse por la vía colectiva; la demandada puede manifestar lo que a su derecho convenga en torno al cumplimiento de los requisitos referidos; y, el Juez, tomando en cuenta lo esgrimido por las partes, podrá resolver sobre la admisión o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, la sentencia de apelación que revoca el desechamiento de una acción colectiva en sentido estricto y ordena dar trámite a la etapa de certificación, y posterior admisión de la demanda, no puede considerarse como un acto de imposible reparación, dado que únicamente produce el efecto de vincular a las partes al procedimiento respectivo, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, de ahí que tal determinación no afecta ningún derecho sustantivo. De esta manera, no puede considerarse que dicha determinación repercuta en la esfera de derechos sustantivos de la parte demandada, en tanto que ello se traduce, en su caso, en una mera lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo." Por tanto, es inconcuso que el acto reclamado no satisface la exigencia que estatuye la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia; en consecuencia, deviene manifiesta e indudablemente improcedente la acción constitucional enderezada por la parte quejosa, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, de la ley. En tal virtud, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la ley, SE DESECHA DE PLANO la demanda. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Director del Trabajo de la Subsecretaría del Trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Colima, residente en esta ciudad, y de otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 393/2023-VII. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. A efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, al analizar la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado de la Dirección y Director del Trabajo de la Subsecretaría del Trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Colima: La circular número SST/DT/082/2023 de doce de enero del año en curso, suscrita por el Director del Trabajo de la Subsecretaría del Trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Colima, por medio de la cual ordenó la remisión del expediente número 531/2016 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tecomán, Colima, para efectos de que conociera y resolviera dicho expediente. De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tecomán, Colima: La recepción, admisión y radicación del expediente número 531/20216 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima. Sin embargo, fue omiso en expresar con claridad la fecha exacta en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, dado que por una parte manifiesta que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, no llevó a cabo la audiencia bifásica debido a que el once de octubre de dos mil veintidós, mediante oficio 478/2022- MESA II, remitió el expediente 531/2016 al Director del Trabajo del Estado de Colima, a efecto de determinar lo conducente respecto a la solicitud de excusa planteada por la parte demandada para seguir conocimiento del referido juicio de origen, y por la otra, refiere que el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, le informó que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tecomán, había recibido, admitido y radicado el expediente 531/2016 al cual se le asignándole el número estadístico 1/2023. Por otra parte, de los antecedentes del acto reclamado indica que no ha sido notificado de la radicación del expediente 1/2023 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tecomán, Colima, prescindiendo expresar si lo que reclama es la radicación del expediente ante aquella junta, o en su defecto la omisión de la junta responsable en notificarle dicha radicación de expediente. Prevención Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 114, fracción I, II y IV, en relación con el diverso numeral 108 fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, dé cumplimiento a lo siguiente: 1. Manifieste cual es la relación que guarda el diverso juicio de amparo 207/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, con la presente demanda de amparo; lo anterior, dado que la parte quejosa fue omisa en manifestarlo en sus antecedentes, pues se advierte que el acto destacado en aquél juicio encuentra vinculación con la remisión del expediente de origen hacía la diversa junta de Conciliación y Arbitraje con sede en Tecomán, Colima, que ahora también destaca en la presente demanda. 2. Especifique si la circular SST/DT/082/2023, que reclama en el presente juicio, encuentra vinculación con alguna determinación previa dictada (acuerdo) en los autos del juicio de origen 531/2016, y de encontrarse en posibilidad para ello, transcriba el contenido del acuerdo en el cual se hubiese ordenado por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Manzanillo, Colima, la remisión del juicio a la diversa Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Tecomán, Colima, o en su caso, adjunte copia de la referida determinación en caso de existir pronunciamiento al respecto. 3. Especifique el acto que reclama en particular a la autoridad que señala como responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Tecomán, Colima, es decir, deberá aclarar, si lo que reclama es la radicación y admisión del expediente número 1/2023, con número de juicio anterior 531/2016, o en su defecto reclama la omisión de dicha autoridad en notificarle dicha determinación (la radicación del expediente ante dicha junta local), toda vez que de los antecedentes de los actos reclamados hace referencia a dicha omisión, insistiendo que fue informado de dicha circunstancia por personal de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la página 102, Tomo XXII, Quinta Época, de la Suprema Corte de Justicia del Nación, Pleno, Quinta Época, Tomo XII, página 102, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA. Si el Juez de Distrito encuentra que la demanda de amparo es obscura e imprecisa, deberá mandarla aclarar, pero señalando con precisión las partes que de ella estima obscuras, de acuerdo con lo mandado por la ley reglamentaria para su admisión. En ese tenor, dígasele al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, de la ley de la materia. En el entendido de que la aclaración, la tendrá que hacer de manera directa el promovente, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de la misma, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala Penal, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. De igual manera, se hace el apercibimiento al promovente que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. El presente requerimiento se formula sin prejuicio de que, una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional analice la competencia y procedencia del juicio. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Téngase como autorizados en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a ****, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
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