J. Jesús García Jiménez
Expediente 676/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 676/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 26/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- J. Jesús García Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ejecutoria Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara firme para todos los efectos legales conducentes. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, inciso a) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que en el expediente principal se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, que establece: "Visto el estado de autos, de lo cual se desprende que han cesado los efectos del acto reclamado. En principio, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia aplicable también a este tipo de resoluciones, se precisa que la parte quejosa reclamó: i) La omisión de proveer, en el juicio agrario subyacente 167/2018, sobre la promoción presentada por el hoy quejoso ante el tribunal responsable en data trece de enero de dos mil veintidós; ii) La omisión de acordar sobre la continuación de la audiencia de derecho en el juicio agrario de origen, suspendida en data dos de diciembre de dos mil veintiuno; y, iii) La omisión de notificar tanto la providencia que recaiga a la promoción indicada en el inciso i), como la reanudación de la audiencia de ley. Los anteriores actos son reclamados a la siguiente autoridad: ? Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, en esta ciudad. Ahora, del ocurso de demanda y del informe justificado allegado por la autoridad responsable, con eficacia probatoria plena acorde a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la ley de la materia, se desprenden los siguientes antecedentes relevantes del caso: 1. El ahora quejoso J. Jesús García Jiménez es parte actora en el contradictorio natural 167/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, residente en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Tal asunto se entabló en contra del núcleo agrario denominado Tenería del Santuario, en esta localidad, y Leticia Margarita Ruiz Santos sobre nulidad parcial de acta de asamblea general de ejidatarios de veintisiete de octubre de dos mil. 2. Luego del emplazamiento a los demandados, el dos de diciembre de dos mil veintiuno, inició la audiencia de ley ante el tribunal agrario responsable. En ese acto se previno a la parte actora, hoy quejosa, para que en un lapso legalmente computado de diez días proporcionara al tribunal agrario nombre y domicilio de todos los ejidatarios o posesionarios que se hayan beneficiado con la asignación parcelaria de veintisiete de octubre de dos mil (fojas 26 a 27). 3. Mediante promoción presentada por el quejoso ante el tribunal agrario, en data trece de enero de dos mil veintidós, informó la imposibilidad física para cumplir con lo prevenido en la audiencia de derecho de dos de diciembre de dos mil veintiuno, por ello solicitó que le requiriera la información correspondiente al Registro Nacional Agrario (fojas 43 a 46). La omisión en proveer sobre esta promoción y la continuación de la audiencia, así como la omisión en notificar lo anterior, constituye la materia del reclamo constitucional en este asunto. 4. En auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós el tribunal agrario proveyó la promoción reseñada en el punto tres que antecede, negando lo peticionado; en esencia, determinó: "(.) no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, en razón de conforme a lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley Agraria, a las partes les corresponde acreditar los elementos constitutivos de sus respectivas pretensiones y, en el caso concreto, la información que le fue requerida al actor en audiencia del dos de diciembre del año dos mil veintiuno, constituye un presupuesto de su demanda (.)"; (foja 53). ??????? Asimismo, señaló fecha y hora -once horas del doce de septiembre de dos mil veintidós-, para la reanudación de la audiencia de ley. 5. La providencia reseñada en el punto que precede se notificó al actor ahora quejoso, mediante instructivo, en data cuatro de agosto de dos mil veintidós (foja 60). En razón de lo anterior, es inconcuso que se actualiza la causal prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo deviene improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, por lo que a continuación se expone. El precepto legal enunciado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter omisivo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/991, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". 1 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, materia común, página 38. ????? Luego, si como quedó precisado, en el presente juicio se reclamó la omisión en proveer sobre la promoción presentada por la parte actora hoy quejosa ante el tribunal de origen -en data trece de enero de dos mil veintidós-, sobre la continuación de la audiencia, y la omisión en notificar lo anterior; empero, si de las constancias que integran dicho expediente se obtiene que en el citado controvertido agrario dictó auto que acordó respecto de la promoción de mérito y sobre la continuación de la audiencia; además, se notificó tal providencia al hoy quejoso el cuatro de agosto de dos mil veintidós, lo que es posterior a la presentación de la demanda que generó este asunto [veinticuatro de junio pasado]; entonces, es inconcuso que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues el tribunal agrario cesó la omisión en la que había permanecido y actuó conforme a la pretensión constitucional de la quejosa. Se insiste, las omisiones reclamadas han sido destruidas en forma total e incondicional como si se hubiera concedido la protección constitucional. Por lo expuesto, resulta innecesario analizar las omisiones reclamadas, pues su finalidad era que tras una eventual concesión del amparo, se obligara a la responsable a emitir y notificar el auto correspondiente y la programación de la continuación de la audiencia de ley, y con ello lograr que cesara en su propia abstención. Establecido lo anterior, resulta concluyente que el juicio de amparo deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; y, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la propia Ley, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. En consecuencia, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional programada en este asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Expedientes. Finalmente, glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio que firma el secretario de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53 con sede en esta ciudad, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de cuatro de agosto pasado, pues al efecto remite la constancia de emplazamiento de los terceros interesados************, y al núcleo agrario denominado TENERIA DEL SANTUARIO de este municipio. Déjese sin efectos el apercibimiento contenido en proveído de cuatro de agosto pasado.". Asimismo, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado la copia autorizada de la misma.
- Principal
Visto el estado de autos, de lo cual se desprende que han cesado los efectos del acto reclamado. En principio, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia aplicable también a este tipo de resoluciones, se precisa que la parte quejosa reclamó: i) La omisión de proveer, en el juicio agrario subyacente 167/2018, sobre la promoción presentada por el hoy quejoso ante el tribunal responsable en data trece de enero de dos mil veintidós; ii) La omisión de acordar sobre la continuación de la audiencia de derecho en el juicio agrario de origen, suspendida en data dos de diciembre de dos mil veintiuno; y, iii) La omisión de notificar tanto la providencia que recaiga a la promoción indicada en el inciso i), como la reanudación de la audiencia de ley. Los anteriores actos son reclamados a la siguiente autoridad: ? Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, en esta ciudad. Ahora, del ocurso de demanda y del informe justificado allegado por la autoridad responsable, con eficacia probatoria plena acorde a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la ley de la materia, se desprenden los siguientes antecedentes relevantes del caso: 1. El ahora quejoso J. Jesús García Jiménez es parte actora en el contradictorio natural 167/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, residente en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Tal asunto se entabló en contra del núcleo agrario denominado Tenería del Santuario, en esta localidad, y Leticia Margarita Ruiz Santos sobre nulidad parcial de acta de asamblea general de ejidatarios de veintisiete de octubre de dos mil. 2. Luego del emplazamiento a los demandados, el dos de diciembre de dos mil veintiuno, inició la audiencia de ley ante el tribunal agrario responsable. En ese acto se previno a la parte actora, hoy quejosa, para que en un lapso legalmente computado de diez días proporcionara al tribunal agrario nombre y domicilio de todos los ejidatarios o posesionarios que se hayan beneficiado con la asignación parcelaria de veintisiete de octubre de dos mil (fojas 26 a 27). 3. Mediante promoción presentada por el quejoso ante el tribunal agrario, en data trece de enero de dos mil veintidós, informó la imposibilidad física para cumplir con lo prevenido en la audiencia de derecho de dos de diciembre de dos mil veintiuno, por ello solicitó que le requiriera la información correspondiente al Registro Nacional Agrario (fojas 43 a 46). La omisión en proveer sobre esta promoción y la continuación de la audiencia, así como la omisión en notificar lo anterior, constituye la materia del reclamo constitucional en este asunto. 4. En auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós el tribunal agrario proveyó la promoción reseñada en el punto tres que antecede, negando lo peticionado; en esencia, determinó: "(.) no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, en razón de conforme a lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley Agraria, a las partes les corresponde acreditar los elementos constitutivos de sus respectivas pretensiones y, en el caso concreto, la información que le fue requerida al actor en audiencia del dos de diciembre del año dos mil veintiuno, constituye un presupuesto de su demanda (.)"; (foja 53). ??????? Asimismo, señaló fecha y hora -once horas del doce de septiembre de dos mil veintidós-, para la reanudación de la audiencia de ley. 5. La providencia reseñada en el punto que precede se notificó al actor ahora quejoso, mediante instructivo, en data cuatro de agosto de dos mil veintidós (foja 60). En razón de lo anterior, es inconcuso que se actualiza la causal prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo deviene improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, por lo que a continuación se expone. El precepto legal enunciado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter omisivo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/991, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". 1 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, materia común, página 38. ????? Luego, si como quedó precisado, en el presente juicio se reclamó la omisión en proveer sobre la promoción presentada por la parte actora hoy quejosa ante el tribunal de origen -en data trece de enero de dos mil veintidós-, sobre la continuación de la audiencia, y la omisión en notificar lo anterior; empero, si de las constancias que integran dicho expediente se obtiene que en el citado controvertido agrario dictó auto que acordó respecto de la promoción de mérito y sobre la continuación de la audiencia; además, se notificó tal providencia al hoy quejoso el cuatro de agosto de dos mil veintidós, lo que es posterior a la presentación de la demanda que generó este asunto [veinticuatro de junio pasado]; entonces, es inconcuso que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues el tribunal agrario cesó la omisión en la que había permanecido y actuó conforme a la pretensión constitucional de la quejosa. Se insiste, las omisiones reclamadas han sido destruidas en forma total e incondicional como si se hubiera concedido la protección constitucional. Por lo expuesto, resulta innecesario analizar las omisiones reclamadas, pues su finalidad era que tras una eventual concesión del amparo, se obligara a la responsable a emitir y notificar el auto correspondiente y la programación de la continuación de la audiencia de ley, y con ello lograr que cesara en su propia abstención. Establecido lo anterior, resulta concluyente que el juicio de amparo deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; y, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la propia Ley, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. En consecuencia, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional programada en este asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Expedientes. Finalmente, glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio que firma el secretario de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53 con sede en esta ciudad, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de cuatro de agosto pasado, pues al efecto remite la constancia de emplazamiento de los terceros interesados************, y al núcleo agrario denominado TENERIA DEL SANTUARIO de este municipio. Déjese sin efectos el apercibimiento contenido en proveído de cuatro de agosto pasado.
- Principal
Glósese a los autos el oficio que firma el secretario de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53 con sede en esta ciudad, mediante el cual cumple parcialmente con el requerimiento formulado en proveído de cuatro de agosto pasado, pues al efecto remite copia certificada de la notificación personal a la parte actora, aquí quejosa, del proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós dictado dentro del expediente 167/2018 de su índice. Estese a la espera de que la responsable remita las constancias relativas al emplazamiento de los terceros interesados que le fueron encomendados en el proveído de referencia. Hágasele saber que subsiste el apercibimiento formulado en auto de cuatro de agosto pasado.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- J. Jesús Belman Sandoval376/2015
- J. Jesús David Lugo Rodríguez585/2022
- J. Jesús Diaz Castillo856/2018
- J. Jesús Enriquez Magaña660/2015
- J. Jesus Estrada Flores992/2018
- J.Jesús García Fonseca554/2023
- J. Jesús García Lule66/2021
- J. Jesús Godinez Tovar907/2017
- J Jesús Guillermo Sánchez Ramos804/2019
- J. Jesús Guillermo Sánchez Ramos336/2019
- J. Jesús Herrera Fragoso42/2016
- J. Jesús Herrera Fragoso1101/2022