J. Jesús Esquivel Valencia

Expediente 697/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
697/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
06/09/2017

Partes del expediente

  • J. Jesús Esquivel Valencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, seis de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el once de agosto de dos mil diecisiete, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales ni copias certificadas exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente.

  2. Principal

    Visto, agréguese a sus autos el escrito presentado por los quejosos J. Jesús Esquivel Valencia y José Valdemar Jiménez Camacho, por el cual dan cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional el uno de agosto de dos mil diecisiete, en consecuencia: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ello es así, en razón que los quejosos J. Jesús Esquivel Valencia y José Valdemar Jiménez Camacho, hacen consistir el acto reclamado en: ". La Resolución Pronunciada dentro del Toca A.P. número 71/2016, por la Segunda Sala Penal, que confirma el Auto de Formal Prisión por el supuesto Delito de Secuestro Express, que los suscritos cometiéramos en contra del señor JUAN JOSÉ MACIAS LÓPEZ, delito que dentro de autos se puede demostrar que no cometimos, ." Y del escrito aclaratorio de demanda, con que se da cuenta, se advierte: ". que en acto reclamado deriva de un auto de vinculación a proceso emitido en la causa penal 71/2016, y la resolución impugnada lo es la emitida por la primera sala penal del H. tribunal superior de justicia del estado que resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de vinculación a proceso emitido por el juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial de Ojocaliente, emitida dentro de auto del toca A.P.O. 93/2016." Y, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que: 1. El agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada contra los delitos de secuestro de Ojocaliente, Zacatecas, inició carpeta de investigación contra J. Jesús Esquivel Valencia y José Valdemar Jiménez Camacho por el Delito de Secuestro cometido contra de Juan José Macias López. 2. Una vez ante el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas, se inició el proceso 71/2016. 3. Seguidos los tramites correspondiente, el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas, dictó auto de vinculación a proceso contra J. Jesús Esquivel Valencia y José Valdemar Jiménez Camacho por su probable participación en la comisión del Delito de Secuestro cometido contra de Juan José Macias López. 4. Inconformes J. Jesús Esquivel Valencia y José Valdemar Jiménez Camacho con el auto de vinculación a proceso, dictado en su contra, promovieron el recurso de apelación el cual fue admitido por el Juez natural y remitido a la superioridad. 5. De la apelación de mérito correspondió conocer a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, otorgándole el número de toca A.P.O. 93/2016. 6. La Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, dictó resolución por la cual confirmó el auto de vinculación a proceso pronunciado por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas, contra J. Jesús Esquivel Valencia y José Valdemar Jiménez Camacho por su probable participación en la comisión del Delito de Secuestro cometido contra de Juan José Macias López; lo que ahora constituye el acto reclamado. En las relatadas circunstancias es incuestionable que desde, el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en que les fue notificado a J. Jesús Esquivel Valencia y José Valdemar Jiménez Camacho, la resolución que constituye el acto reclamado, tuvieron conocimiento del citado acto que ahora reclaman. Se sostiene que la parte aquí quejosa tuvo conocimiento de la resolución dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado contra J. Jesús Esquivel Valencia y José Valdemar Jiménez Camacho por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas, que ahora constituye el acto reclamado, desde el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete; pues los propios quejosos, así lo manifestaron en su escrito de demanda, al señalar: ". FECHA EN QUE FUE NOTIFICADO EL ACTO RECLAMADO, la presente resolución fue notificada por cédula en fecha 31 de marzo del año 2017.". Así las cosas, considerando que desde el treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, en que les fue notificada a los quejosos la resolución dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado; que constituyen el acto reclamado, según lo afirman los aquí quejosos en su escrito de demanda; y que la demanda de amparo se presentó el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, para esta última fecha ya había transcurrido en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; es decir, ochenta días hábiles. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea, por lo que, se considera que la parte quejosa consintió los citados actos que ahora combate; en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del Tomo XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTIAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Asimismo, es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número IV.3o. J/44, publicada en la página 49, tomo 86-2, Febrero 1995, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." De igual forma resulta aplicable la Tesis, visible en la página 235, XI, Junio de 1993, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." La anterior determinación no desatiende el contenido de la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), resultado de la Contradicción de tesis 414/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 534, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Materia Penal, Común, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica una afectación a su libertad, al menos parcialmente, en la medida en que su prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, pues se le obliga a comparecer en los plazos o fechas indicados las veces que resulte necesario para garantizar el seguimiento del proceso penal. Así, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma y directamente de su libertad personal, sí puede considerarse un acto que indirectamente lo hace, pues constituye una condición para someterlo formal y materialmente a proceso. Lo anterior, con independencia de que el nuevo sistema de justicia penal prevea diversas medidas cautelares, de coerción o providencias precautorias, distintas a la prisión preventiva, pues éstas tienen entre otras finalidades, asegurar la presencia del imputado en el juicio y garantizar el desarrollo del proceso, siendo la sujeción a éste lo que restringe temporalmente su libertad. Consecuentemente, al encontrarse ésta afectada temporalmente con el dictado de un auto de vinculación a proceso, es incuestionable que se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad contenido en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo y, atento a que se afecta un derecho sustantivo y que dicha afectación es de imposible reparación, procede en su contra el juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 114, fracción IV, de la mencionada Ley, el cual, además, puede promoverse en cualquier tiempo, al ubicarse en el caso de excepción previsto en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo." Toda vez que la misma se refiere a la interpretación del artículo 22, fracción II, de la anterior Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, que en lo que interesa refería que se exceptuaban del término de quince días que al efecto establece el numeral 21 de dicha ley reglamentaria, para la interposición de la demanda de amparo los actos que importen ataques a la libertad personal, entre otros, cuyo texto es: "Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: ". II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. ." Pues, por su parte, el numeral 17 de la vigente Ley de Amparo, aplicable al caso concreto, conforme a lo estipulado en el artículo décimo transitorio, en la parte que interesa, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Es decir, el numeral 22, fracción II, de la anterior Ley de Amparo, se refería, simple y llanamente a ataques a la libertad personal, mientras que el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, aplicable al caso concreto establece ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; y, en el presente caso concreto, estamos ante un acto emitido dentro de un procedimiento judicial, por lo que como ya se indicó y conforme a lo antes reseñado y al referido numeral décimo transitorio de la vigente Ley de Amparo, no resulta aplicable al caso la aludida tesis de jurisprudencia. En las narradas condiciones al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17, ambos de la nueva ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por J. Jesús Esquivel Valencia y José Valdemar Jiménez Camacho, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DICTADO EN ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIWETE EL CUAL DICE LO SIGUIENTE:Visto, agréguese a sus autos el escrito presentado por los quejosos J. Jesús Esquivel Valencia y José Valdemar Jiménez Camacho, por el cual dan cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional el uno de agosto de dos mil diecisiete, en consecuencia: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ello es así, en razón que los quejosos J. Jesús Esquivel Valencia y José Valdemar Jiménez Camacho, hacen consistir el acto reclamado en: ". La Resolución Pronunciada dentro del Toca A.P. número 71/2016, por la Segunda Sala Penal, que confirma el Auto de Formal Prisión por el supuesto Delito de Secuestro Express, que los suscritos cometiéramos en contra del señor JUAN JOSÉ MACIAS LÓPEZ, delito que dentro de autos se puede demostrar que no cometimos, ." Y del escrito aclaratorio de demanda, con que se da cuenta, se advierte: ". que en acto reclamado deriva de un auto de vinculación a proceso emitido en la causa penal 71/2016, y la resolución impugnada lo es la emitida por la primera sala penal del H. tribunal superior de justicia del estado que resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de vinculación a proceso emitido por el juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial de Ojocaliente, emitida dentro de auto del toca A.P.O. 93/2016." Y, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que: 1. El agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada contra los delitos de secuestro de Ojocaliente, Zacatecas, inició carpeta de investigación contra J. Jesús Esquivel Valencia y José Valdemar Jiménez Camacho por el Delito de Secuestro cometido contra de Juan José Macias López. 2. Una vez ante el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas, se inició el proceso 71/2016. 3. Seguidos los tramites correspondiente, el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas, dictó auto de vinculación a proceso contra J. Jesús Esquivel Valencia y José Valdemar Jiménez Camacho por su probable participación en la comisión del Delito de Secuestro cometido contra de Juan José Macias López. 4. Inconformes J. Jesús Esquivel Valencia y José Valdemar Jiménez Camacho con el auto de vinculación a proceso, dictado en su contra, promovieron el recurso de apelación el cual fue admitido por el Juez natural y remitido a la superioridad. 5. De la apelación de mérito correspondió conocer a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, otorgándole el número de toca A.P.O. 93/2016. 6. La Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, dictó resolución por la cual confirmó el auto de vinculación a proceso pronunciado por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas, contra J. Jesús Esquivel Valencia y José Valdemar Jiménez Camacho por su probable participación en la comisión del Delito de Secuestro cometido contra de Juan José Macias López; lo que ahora constituye el acto reclamado. En las relatadas circunstancias es incuestionable que desde, el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en que les fue notificado a J. Jesús Esquivel Valencia y José Valdemar Jiménez Camacho, la resolución que constituye el acto reclamado, tuvieron conocimiento del citado acto que ahora reclaman. Se sostiene que la parte aquí quejosa tuvo conocimiento de la resolución dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado contra J. Jesús Esquivel Valencia y José Valdemar Jiménez Camacho por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas, que ahora constituye el acto reclamado, desde el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete; pues los propios quejosos, así lo manifestaron en su escrito de demanda, al señalar: ". FECHA EN QUE FUE NOTIFICADO EL ACTO RECLAMADO, la presente resolución fue notificada por cédula en fecha 31 de marzo del año 2017.". Así las cosas, considerando que desde el treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, en que les fue notificada a los quejosos la resolución dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado; que constituyen el acto reclamado, según lo afirman los aquí quejosos en su escrito de demanda; y que la demanda de amparo se presentó el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, para esta última fecha ya había transcurrido en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; es decir, ochenta días hábiles. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea, por lo que, se considera que la parte quejosa consintió los citados actos que ahora combate; en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del Tomo XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTIAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Asimismo, es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número IV.3o. J/44, publicada en la página 49, tomo 86-2, Febrero 1995, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." De igual forma resulta aplicable la Tesis, visible en la página 235, XI, Junio de 1993, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." La anterior determinación no desatiende el contenido de la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), resultado de la Contradicción de tesis 414/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 534, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Materia Penal, Común, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica una afectación a su libertad, al menos parcialmente, en la medida en que su prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, pues se le obliga a comparecer en los plazos o fechas indicados las veces que resulte necesario para garantizar el seguimiento del proceso penal. Así, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma y directamente de su libertad personal, sí puede considerarse un acto que indirectamente lo hace, pues constituye una condición para someterlo formal y materialmente a proceso. Lo anterior, con independencia de que el nuevo sistema de justicia penal prevea diversas medidas cautelares, de coerción o providencias precautorias, distintas a la prisión preventiva, pues éstas tienen entre otras finalidades, asegurar la presencia del imputado en el juicio y garantizar el desarrollo del proceso, siendo la sujeción a éste lo que restringe temporalmente su libertad. Consecuentemente, al encontrarse ésta afectada temporalmente con el dictado de un auto de vinculación a proceso, es incuestionable que se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad contenido en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo y, atento a que se afecta un derecho sustantivo y que dicha afectación es de imposible reparación, procede en su contra el juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 114, fracción IV, de la mencionada Ley, el cual, además, puede promoverse en cualquier tiempo, al ubicarse en el caso de excepción previsto en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo." Toda vez que la misma se refiere a la interpretación del artículo 22, fracción II, de la anterior Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, que en lo que interesa refería que se exceptuaban del término de quince días que al efecto establece el numeral 21 de dicha ley reglamentaria, para la interposición de la demanda de amparo los actos que importen ataques a la libertad personal, entre otros, cuyo texto es: "Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: ". II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. ." Pues, por su parte, el numeral 17 de la vigente Ley de Amparo, aplicable al caso concreto, conforme a lo estipulado en el artículo décimo transitorio, en la parte que interesa, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Es decir, el numeral 22, fracción II, de la anterior Ley de Amparo, se refería, simple y llanamente a ataques a la libertad personal, mientras que el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, aplicable al caso concreto establece ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; y, en el presente caso concreto, estamos ante un acto emitido dentro de un procedimiento judicial, por lo que como ya se indicó y conforme a lo antes reseñado y al referido numeral décimo transitorio de la vigente Ley de Amparo, no resulta aplicable al caso la aludida tesis de jurisprudencia. En las narradas condiciones al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17, ambos de la nueva ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por J. Jesús Esquivel Valencia y José Valdemar Jiménez Camacho, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal.

  4. Principal

    Toda vez que del escrito de demanda se advierte que el mismo presenta irregularidades, pues la parte quejosa señala como acto reclamado: ". La Resolución Pronunciada dentro del Toca A P. número 71/2016, por la Segunda Sala Penal, que confirma el Auto de Formal Prisión por el supuesto Delito de Secuestro Express, que los suscritos cometiéramos en contra del señor ********************, delito que dentro de los autos se puede demostrar que no cometimos, pero que debido a la pobre apreciación que el citado Juez mostró, consideró que el suscrito tuvo responsabilidad en la comisión de mencionado ilícito, cuando en realizada su participación fue nula."; y, posteriormente, en el punto segundo de hechos señala que: "la C. Agente del ministerio público adscrito a la unidad Especializada CONTRA LOS DELITOS DE SECUESTRO de Ojocaliente, Zac., inició carpeta de investigación en contra de los Suscritos por los delitos de Secuestro cometido en perjuicio de ********************, por lo que no estando conforme con el Auto de Vinculación a Proceso, interpusimos recuro de Apelación el cual por razón de orden toco conocer a la Segunda Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Edo., ."; por tanto, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda respecto a su demanda de cuenta; con fundamento en el artículo 114, párrafo primero y penúltimo, en relación con el artículo 108, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a los quejosos para que dentro del término de cinco días, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia, y bajo protesta de decir verdad, cumplan con la obligación que les impone la fracción IV, del artículo 108, del citado ordenamiento legal y precisen con claridad: Si la resolución que reclaman de la autoridad que señalan como responsable confirma un Auto de Formal Prisión o bien un Auto de Vinculación a Proceso. Se apercibe a los promoventes del amparo, que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido en el plazo indicado se tendrá por no presentada su demanda de amparo de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo.

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