J. Jesús Enrique Plascencia Agraz
Expediente 1605/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1605/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/12/2019
Partes del expediente
- J. Jesús Enrique Plascencia Agraz
- Abderraman Jacobo Enrique Plascencia Galvéz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vistas las constancias de autos y el estado procesal que guardan los mismos, se advierte que en proveído de veintisiete de noviembre del año en curso, se dio vista a las partes que integran el presente juicio con el dictamen pericial rendido por el perito oficial; sin embargo a la fecha no obra la constancia de notificación del Agente del Ministerio Publico de la adscripción del referido auto. En consecuencia, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, a que lleve a cabo la notificación del aura de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve al Agente del Ministerio Publico de la adscripción, a fin de estar en aptitud de cerrar el periodo probatorio y señalar fecha para la audiencia relativa al incidente innominado de liquidación.
- Principal
Remítanse al órgano jurisdiccional referido en autos las constancias que se indican.
- Principal
Estado de autos. Vista certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días que establece la ley de la materia para recurrir el auto por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto el recurso de inconformidad. Orden de archivo. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Relevancia documental. Luego, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se precisa que el expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el último párrafo del numeral vigésimo primero del citado acuerdo, pues no se ventiló algún tema relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental; tampoco contiene alguna resolución impugnada ante organismos públicos internacionales; ni se refiere a conflictos colectivos trascendentes, o algún otro de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Se ordena la depuración. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto por una parte se sobreseyó y por otra se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del referido. Se requiere por documentos. Luego, en virtud de que el presente expediente contiene documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se le requiere para que en un plazo de noventa días naturales, posteriores a la notificación que de manera personal se le practique, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los mismos, apercibido de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Por este conducto se notifica al quejoso el auto de 15 de agosto de 2019, el cual dice: Téngase por recibido el oficio de cuenta que signa la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, a través del cual informa el contenido de la resolución dictada en sesión de once de julio de dos mil diecinueve, de la que se advierte que dicho órgano colegiado revocó la resolución dictada en este juicio de control constitucional. La sentencia pronunciada por el aludido tribunal, contiene los puntos resolutivos que a continuación se transcriben: "PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se ordena reponer el Procedimiento en el juicio de amparo indirecto 3722/2018, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco." En consecuencia, súmense a los autos el testimonio de referencia y el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión promovido, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese recibo. Al respecto, la ejecutoria del superior jerárquico textualmente establece: "En consecuencia, ante la violación procesal advertida, en el caso procede revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo que se revisa, a fin de que el Juez de Distrito. [.]. " Deje insubsistente la audiencia constitucional y la sentencia recurrida. Provea lo concerniente a efecto de que, atendiendo al principio de saneamiento procesa: Requiera a la Décima Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estafo de Jalisco, para que de manera clara, completa y puntual, informe el nombre y domicilio del o los terceros interesados; esto es, las partes que intervengan en el juicio laboral de origen. b) Hecho lo anterior y una vez teniendo la información requerida, se emplace a las partes que, atendiendo a las particularidades del caso, les revista el carácter de tercero interesado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Materia; y, subsiguientemente, prosiga con la debida tramitación del juicio de amparo indirecto en cuestión. En ese orden de ideas, y en estricto acatamiento a lo ordenado por los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, se requiere a la autoridad responsable Décima Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estafo de Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, que al efecto establece el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, remita a este juzgado copia certificada, completa y legible, de las partes que intervengan en el juicio laboral de origen 2054/2012 de su índice, lo anterior a fin de advertir a quien le reviste el carácter de terceros interesados. Se apercibe a la responsable que de no cumplir con lo anterior, en el lapso antes indicado, se le impondrá una multa por la cantidad de cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), en moneda nacional, tomando como base que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente a ($84.49 ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional), de conformidad, con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J17/97, del tomo V, Febrero de 1997, visible en la página 108, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Por otra parte, se señalan las once horas con diez minutos del trece de septiembre de dos mil diecinueve, como el momento en que se llevará a cabo la audiencia prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese personalmente.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
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