J. Jesús de la Cruz Gaspar

Expediente 1794/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1794/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • J. Jesús de la Cruz Gaspar

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Por recibida la demanda de amparo promovida por J. Jesús de la Cruz Gaspar, contra actos del Tribunal Unitario Agrario, con sede en esta ciudad. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. En la especie, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En el presente asunto se señala como actos reclamados los siguientes, emitidos en la controversia agraria 380/2019: ? ".El punto de acuerdo marcado con el número V y VI, de la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada el día 12 de diciembre del presente 2019, expediente 380/2019, que considero viola las elementales reglas del procedimiento legal vulnerando los derechos humanos por violentar las reglas esenciales del procedimiento agrario.." Ahora bien, de las documentales que anexa a su escrito inicial de demanda, en específico las del acta de audiencia de doce de diciembre de dos mil diecinueve, se advierte lo siguiente: En su punto V en lo que interesa: ? ".V. Vistas las manifestaciones del asesor legal del demandado Víctor Flores Martínez, quien solicita término para imponerse de los autos para estar en condiciones de da una asesoría legal a su representado. se difiere la presente audiencia y se señalan las. en el que se dará continuación a la audiencia de ley." "................ "................ ".En uso de la voz, la parte actora por conducto de su asesor legal manifiesta: 'Que me opongo a lo manifestado por el asesor legal de la parte demandada toda vez que la presente diligencia no es la audiencia de ley, sino que por el contrario el sumario se encuentra en la fase de pruebas y alegatos por lo que aun así y por la falta de interés que ha presentado el demandado solicito que se desestime esta situación ya que la Ley Agraria expresa la comparecencia tardía y los efectos son de que su presencia es en la presente fase deberá ajustarse a la diligencia de que se trata y en este caso, es el desahogo de pruebas y alegatos, siendo todo lo que deseo manifestar.'." En su punto VI en lo que interesa: ? "VI. Se tiene por hechas las manifestaciones que vierte la parte actora por voz de su asesor jurídico en los términos que consta en su intervención, al respecto dígase que contrario a lo que afirma, la audiencia de ley que prevé el artículo 185 de la Ley Agraria, es una sola, la cual se puede desahogar en varias etapas a saber, la audiencia de ratificación de la demanda, contestación a la demanda y en su caso, en términos de ley, interponerse demanda reconvencional, como lo prevé el artículo 182 de la ley de la materia, por lo que se podrá suspender la audiencia de ley. "................. ".Ahora bien, como se advierte de autos el demandado VICTOR FLORES MARTÍNEZ, comparece por primera ocasión al pronunciamiento que nos ocupa y por tanto, en términos de lo que dispone el artículo 179 de la Ley Agraria y por tratarse de la primera diligencia en la que se apersona al procedimiento y al quedar acreditado que la parte actora cuenta con la asesoría legal de persona con patente para ejercer la profesión del derecho, más no así a la persona antes mencionada, es obligación de este Tribunal con suspensión del procedimiento, solicitar de inmediato los servicios de un defensor de la Procuraduría Agraria, el cual contará con cinco días contados a partir de la fecha en que se apersona para imponerse al contenido de los autos, lo cual desde luego es salvaguardando los derechos de las partes consagrados en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. "................. ".dígase a la parte actora que se deberá estar a lo acordado en el punto de acuerdo que antecede.." Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en primer término, como regla general, que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Así, el Máximo Tribunal, al emitir la contradicción de tesis 377/2013, precisó que en la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y la segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [...] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]." Con base en estas disposiciones, se precisó que el legislador determinó que los actos de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente y dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", el Máximo Tribunal del País determinó que no puede seguir aplicándose la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya vigencia motivó la contradicción de tesis, y por ello, no resulta procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, Ahora bien, en la especie, la parte quejosa señaló como acto reclamado los puntos de acuerdo marcados con los números V y VI, de la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada el día doce de diciembre del presente año, en el expediente 380/2019, donde esencialmente se decretó la suspensión del procedimiento en su etapa de pruebas y alegatos, difiriendo dicha audiencia el Tribunal Agrario responsable por considerar que el abogado agrario que representa al demandado Víctor Flores Martínez, comparece por primera ocasión al procedimiento y por tanto debe tener tiempo suficiente para imponerse de los autos, y como consecuencia no accedió a la petición del asesor de la actora donde se opuso a lo pedido por el asesor de la parte demandada; determinación que no es de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues con su pronunciamiento no se afectan los derechos sustantivos de la parte quejosa, como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito, o la propiedad, sino que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal que no afecta derechos fundamentales, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto en su contra, dado que si la parte quejosa obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si no lo fuera, esto aún no ocasionaría una situación de imposible reparación, porque podría impugnarla en amparo directo, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, como las consecuencias de los actos reclamados son de carácter intraprocesal y no tienen una ejecución de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma material e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución o bien en los tratados internacionales suscritos por México; es de concluirse que las determinaciones en estudio, no cumplen los requisitos necesarios para poder ser atacadas por esta vía constitucional, porque sólo afectan los derechos adjetivos o procesales, que se traducen en violaciones que podrían no trascender al sentido de la resolución que ponga fin al juicio; y los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable, y en el supuesto de que no lo fuera, estarían en aptitud de promover en su contra el juicio de amparo directo donde podría delatar las violaciones procesales; por lo que no existe duda de que no se está en presencia de un acto en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. Resulta aplicable la jurisprudencia número IX.1° J/10, visible en la página 1303, tomo XVI, octubre de 2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la novena época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que reza: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO.- El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que nos ocupa, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito inicial de demanda; asimismo, se tiene por autorizadas en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocado, a las profesionistas que se propone. Finalmente, con fundamento en los artículos 1° al 9°, 12 al 16, 18 al 23, 61 al 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales con motivo de la tramitación de este procedimiento, en la inteligencia de que la falta de oposición hasta antes de la sentencia que dicte este juzgado federal, conlleva el consentimiento de dicha publicación; además, se les hace saber que en el caso de ofrecimiento de documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial, siempre que tal clasificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados, pues de lo contrario, no se considerarán con tales características. Se autoriza a los Actuarios adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que efectúen la notificación de este auto inclusive en días y horas inhábiles, como lo previene el artículo 21 de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suarez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el acuerdo que a continuación se cita: Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Por recibida la demanda de amparo promovida por J. Jesús de la Cruz Gaspar, contra actos del Tribunal Unitario Agrario, con sede en esta ciudad. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. En la especie, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En el presente asunto se señala como actos reclamados los siguientes, emitidos en la controversia agraria 380/2019: ? ".El punto de acuerdo marcado con el número V y VI, de la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada el día 12 de diciembre del presente 2019, expediente 380/2019, que considero viola las elementales reglas del procedimiento legal vulnerando los derechos humanos por violentar las reglas esenciales del procedimiento agrario.." Ahora bien, de las documentales que anexa a su escrito inicial de demanda, en específico las del acta de audiencia de doce de diciembre de dos mil diecinueve, se advierte lo siguiente: En su punto V en lo que interesa: ? ".V. Vistas las manifestaciones del asesor legal del demandado Víctor Flores Martínez, quien solicita término para imponerse de los autos para estar en condiciones de da una asesoría legal a su representado. se difiere la presente audiencia y se señalan las. en el que se dará continuación a la audiencia de ley." "................ "................ ".En uso de la voz, la parte actora por conducto de su asesor legal manifiesta: 'Que me opongo a lo manifestado por el asesor legal de la parte demandada toda vez que la presente diligencia no es la audiencia de ley, sino que por el contrario el sumario se encuentra en la fase de pruebas y alegatos por lo que aun así y por la falta de interés que ha presentado el demandado solicito que se desestime esta situación ya que la Ley Agraria expresa la comparecencia tardía y los efectos son de que su presencia es en la presente fase deberá ajustarse a la diligencia de que se trata y en este caso, es el desahogo de pruebas y alegatos, siendo todo lo que deseo manifestar.'." En su punto VI en lo que interesa: ? "VI. Se tiene por hechas las manifestaciones que vierte la parte actora por voz de su asesor jurídico en los términos que consta en su intervención, al respecto dígase que contrario a lo que afirma, la audiencia de ley que prevé el artículo 185 de la Ley Agraria, es una sola, la cual se puede desahogar en varias etapas a saber, la audiencia de ratificación de la demanda, contestación a la demanda y en su caso, en términos de ley, interponerse demanda reconvencional, como lo prevé el artículo 182 de la ley de la materia, por lo que se podrá suspender la audiencia de ley. "................. ".Ahora bien, como se advierte de autos el demandado VICTOR FLORES MARTÍNEZ, comparece por primera ocasión al pronunciamiento que nos ocupa y por tanto, en términos de lo que dispone el artículo 179 de la Ley Agraria y por tratarse de la primera diligencia en la que se apersona al procedimiento y al quedar acreditado que la parte actora cuenta con la asesoría legal de persona con patente para ejercer la profesión del derecho, más no así a la persona antes mencionada, es obligación de este Tribunal con suspensión del procedimiento, solicitar de inmediato los servicios de un defensor de la Procuraduría Agraria, el cual contará con cinco días contados a partir de la fecha en que se apersona para imponerse al contenido de los autos, lo cual desde luego es salvaguardando los derechos de las partes consagrados en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. "................. ".dígase a la parte actora que se deberá estar a lo acordado en el punto de acuerdo que antecede.." Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en primer término, como regla general, que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Así, el Máximo Tribunal, al emitir la contradicción de tesis 377/2013, precisó que en la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y la segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [...] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]." Con base en estas disposiciones, se precisó que el legislador determinó que los actos de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente y dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", el Máximo Tribunal del País determinó que no puede seguir aplicándose la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya vigencia motivó la contradicción de tesis, y por ello, no resulta procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, Ahora bien, en la especie, la parte quejosa señaló como acto reclamado los puntos de acuerdo marcados con los números V y VI, de la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada el día doce de diciembre del presente año, en el expediente 380/2019, donde esencialmente se decretó la suspensión del procedimiento en su etapa de pruebas y alegatos, difiriendo dicha audiencia el Tribunal Agrario responsable por considerar que el abogado agrario que representa al demandado Víctor Flores Martínez, comparece por primera ocasión al procedimiento y por tanto debe tener tiempo suficiente para imponerse de los autos, y como consecuencia no accedió a la petición del asesor de la actora donde se opuso a lo pedido por el asesor de la parte demandada; determinación que no es de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues con su pronunciamiento no se afectan los derechos sustantivos de la parte quejosa, como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito, o la propiedad, sino que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal que no afecta derechos fundamentales, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto en su contra, dado que si la parte quejosa obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si no lo fuera, esto aún no ocasionaría una situación de imposible reparación, porque podría impugnarla en amparo directo, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, como las consecuencias de los actos reclamados son de carácter intraprocesal y no tienen una ejecución de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma material e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución o bien en los tratados internacionales suscritos por México; es de concluirse que las determinaciones en estudio, no cumplen los requisitos necesarios para poder ser atacadas por esta vía constitucional, porque sólo afectan los derechos adjetivos o procesales, que se traducen en violaciones que podrían no trascender al sentido de la resolución que ponga fin al juicio; y los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable, y en el supuesto de que no lo fuera, estarían en aptitud de promover en su contra el juicio de amparo directo donde podría delatar las violaciones procesales; por lo que no existe duda de que no se está en presencia de un acto en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. Resulta aplicable la jurisprudencia número IX.1° J/10, visible en la página 1303, tomo XVI, octubre de 2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la novena época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que reza: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO.- El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que nos ocupa, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito inicial de demanda; asimismo, se tiene por autorizadas en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocado, a las profesionistas que se propone. Finalmente, con fundamento en los artículos 1° al 9°, 12 al 16, 18 al 23, 61 al 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales con motivo de la tramitación de este procedimiento, en la inteligencia de que la falta de oposición hasta antes de la sentencia que dicte este juzgado federal, conlleva el consentimiento de dicha publicación; además, se les hace saber que en el caso de ofrecimiento de documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial, siempre que tal clasificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados, pues de lo contrario, no se considerarán con tales características. Se autoriza a los Actuarios adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que efectúen la notificación de este auto inclusive en días y horas inhábiles, como lo previene el artículo 21 de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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