J. Jesús Cervantes Rodríguez
Expediente 1303/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1303/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- J. Jesús Cervantes Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
IV Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1303/2023-IV, promovido por ********************, por derecho propio, Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Sin pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1303/2023-IV; y, R E S U L T A N D O: I. ********************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) y otras autoridades. II. En proveído del nueve de octubre pasado, este juzgado federal admitió a trámite la demanda, la registró con el número 1303/2023-IV, solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 49 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de abstención de autoridad administrativa, cuya residencia se localiza dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La omisión de realizar el pago de pensión por jubilación aceptada por el quejoso el veintinueve de noviembre del pasado año. Tercero. En principio, es menester destacar que los actos omisivos, en atención a su naturaleza jurídica, implican una abstención o no hacer de la autoridad responsable. Por ello, para estar en aptitud de determinar su certeza o inexistencia, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén la competencia de la autoridad a fin de establecer si existe o no la obligación de actuar en la forma que indica la peticionaria del amparo; pues de lo contrario, se llegaría a la conclusión errónea que cualquier omisión reclamada fuera cierta, sin que se considere la exigencia objetiva de que debe obrar en un sentido específico. En efecto, omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa Así la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y Unidad de Atención al Derechohabiente, por conducto de su representante legal, al rendir su informe de ley, negó la existencia del acto reclamado, manifestando que no es el órgano facultado para realizar el pago de pensión por jubilación reclamado. En consecuencia, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto por lo que respecta al Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y a la Unidad de Atención al Derechohabiente, dado que no es jurídicamente posible atribuir a dichas autoridades la omisión reclamada por el quejoso, pues no está dentro de sus facultades realizar el pago a la solicitud correspondiente. Cuarto. El Jefe de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por conducto de su representante legal, al rendir su informe aceptó tácitamente la existencia del acto reclamado, por tanto, se tiene por cierto. Quinto. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, procede el análisis de las causas de improcedencia o sobreseimiento que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable invocó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, pues adujo que el quejoso estaba obligado a agotar el principio de definitividad. En esa tesitura, la causal de referencia también resulta infundada, lo anterior en razón de que al reclamarse una violación directa al derecho humano de petición, consagrado en el artículo 8o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se actualiza una excepción al principio de definitividad y, por ende, es procedente el amparo indirecto. Sustenta lo anterior la tesis XXX.1o.3 K (10a.), con registro digital: 2003011, publicada en marzo de dos mil trece en el Libro XVIII, Tomo 3, página 1984, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. COMO EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, ES INNECESARIO AGOTAR LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES DIRECTAS A LOS DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL O EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE. Conforme al artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, y a la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 175-180, Tercera Parte, página 119, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.", se advierte que no existe obligación de agotar los medios de defensa ordinarios que prevé la ley que rige el acto reclamado, previo a la interposición del juicio de garantías, cuando únicamente se aducen violaciones directas a la Constitución. En ese sentido, y toda vez que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, al segundo párrafo del artículo 1o., y del criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente varios 912/2010, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, página 313, se ha conformado un nuevo control de constitucionalidad y convencionalidad en el sistema jurídico mexicano, en el que se reconoce y se obliga a respetar los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, es válido admitir, como excepción al principio de definitividad, los casos en los que se plantee una violación directa a un derecho humano previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, dado que en el sistema jurídico actual no existe una jerarquización en materia de derechos humanos, sino su integración y reconocimiento, independientemente de la fuente que los contenga." Así como la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 237480, publicada en el volumen 175-180, Tercera Parte, página 119, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." De ahí que si en el juicio de amparo se reclama una violación directa a un derecho humano reconocido en la Carta Magna (como en el caso, el derecho de petición), es inconcuso que al estar su garantía a cargo del Estado, que es a quien se debe exigir su cumplimiento, los órgano jurisdiccionales se encuentran constreñidos a analizar las violaciones a tales preceptos que se hagan valer en esta instancia constitucional. Por tanto, se tiene por infundada la causal de improcedencia hecha valer por la responsable. Al no haber diversa causal hecha valer por las partes ni este juzgado advertir la existencia de alguna que deba analizarse de oficio, se procede al estudio de la cuestión de fondo, sin que sea necesario que conste expresamente el análisis de cada una de las hipótesis que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no existe precepto en dicha legislación que obligue a realizarlo. Quinto. Se dan por reproducidos los conceptos de violación vertidos en la especie los cuales, al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo en vigor, que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos, de conformidad con lo que dispone la tesis jurisprudencial 477 publicada en las páginas 414 y 415, Segunda Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000. Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa aduce en esencia que la autoridad responsables ha omitido dar respuesta a su solicitud de aceptación de pensión para el pago de pensión por jubilación que le fue decretada previamente, presentada el veintinueve de noviembre del pasado año, no obstante que tiene la obligación de regular el régimen de seguridad social a su favor, no obstante de haber cumplido con los requisitos necesarios para obtener el pago de la pensión por jubilación, lo que considera transgrede en su perjuicio lo previsto entre otros numerales, lo establecido en los artículos 17 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), ambos de la Constitución Federal. El sintetizado concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, atento a las consideraciones que a continuación se exponen. En principio resulta pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior se deduce que los tribunales deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional se advierte que la expedites debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. Asimismo, cabe señalar que respecto del cumplimiento del derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo se encuentran obligados a observarlo los tribunales judiciales formalmente instituidos, sino también las autoridades administrativas, que en el ejercicio de sus funciones materialmente jurisdiccionales, tienen la obligación de emitir las resoluciones correspondientes en los procedimientos planteados ante tales autoridades, así como las autoridades en el ámbito de su competencia deben dar vigencia y efectividad a dichas resoluciones. Asimismo, debe precisarse que el derecho a la pensión, se encuentra consagrado en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal; este precepto constitucional, no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que del mismo también deriva el principio constitucional de la previsión social, que se sustenta en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida. Ahora bien, del contenido del Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México, el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se tiene que conforme al número de estructura orgánica "207C0401520101L", publicada en la gaceta antes referida, corresponde al Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, entre otras funciones el calcular y determinar las cantidades a pagar para los pagos por primera vez por concepto de pensiones. Por lo que, atento a la litis planteada en esta instancia constitucional, es de considerarse que, como se aprecia de autos, la autoridad responsable ha omitido dar respuesta sobre el trámite derivado de la aceptación de pago pensión presentada el veintinueve de noviembre del pasado año, no obstante que, conforme a las funciones previstas en la legislación aplicable al caso y constancias que obran en autos, se advierte que obra el copia de la solicitud de aceptación de pensión para el pago de pensión por jubilación enderezada por la parte quejosa, aunado a la manifestación de certeza de la autoridad; y, de cuya documental, se advierte el sello de recibo ante la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sin que se encuentre acreditado que la autoridad responsable atendiera la solicitud que presentara la parte quejosa para su atención y respuesta correspondiente. Documental que no fue objetada en el presente juicio, a la que se le concede valor probatorio suficiente de acuerdo con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y a la que se otorgó valor probatorio, conforme lo expuesto en el considerando tercero; y, por tanto, que resulte idónea para tener por acreditado plenamente la solicitud de aceptación de pensión por jubilación, formulado por la parte quejosa. Por lo que, si la autoridad cuenta con diversas funciones, como lo es, el cálculo y determinación de pensiones, así como altas y bajas en la nómina de personas pensionadas, sin que al caso se advierta la determinación correspondiente al trámite otorgado a la solicitud enderezada por la parte quejosa, conforme a las constancias que obran en el presente sumario constitucional; resulta evidente que a la fecha en que este juzgado federal emite la presente sentencia, la autoridad responsable ha sido omisa en sus funciones, ya que conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, vigente, el pago para la pensión respectiva, atiende al día siguiente en que cause baja el trabajador. Por ello, si la responsable no demostró de manera fehaciente haber realizado el pago de pensión a la parte quejosa previamente reconocido, no se dio cumplimiento a los derechos fundamentales establecidos en los artículos 17 y 123 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se estima que se vulneró en perjuicio de la aquí parte quejosa tales preceptos. Por tanto, si la parte quejosa no ha recibido respuesta alguna, ni la autoridad responsable ofreció algún medio de prueba para acreditar que realizó el trámite respectivo para la emisión de la resolución referente a la aceptación del pago de pensión, es evidente que la omisión reclamada lesiona el derecho a la seguridad social del promovente del amparo, por no hacer accesible este derecho a su favor, conforme al principio de eficacia material que le es propio. Es aplicable la tesis VI.1o.230 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 189, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables." En ese contexto, al estar en presencia de una abstención total de parte de la autoridad responsable, pues como se advirtió, ha omitido resolver lo conducente, retardando así el procedimiento tendente a obtener el pago de pensión en perjuicio de la parte quejosa, violando lo dispuesto por el artículo 17 y 123 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, es esencialmente fundado el concepto de violación de la parte quejosa. En las relatadas condiciones, a fin de restituir a la agraviada en el goce de su derecho fundamental violado, conforme a lo que establece el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente determinación: a) Emita de forma inmediata la determinación con relación a la solicitud enderezada por la parte quejosa correspondiente a la aceptación de pensión por jubilación que previamente se haya decretado en favor del quejoso y, proceda al pago de la pensión previamente decreta a su favor. b) Haga del conocimiento al quejoso dentro del término de tres días la resolución que al efecto emita en relación con la solicitud de aceptación de pensión por jubilación que previamente se haya decretado en favor del quejoso, por conducto de la Unidad de Atención al Derechohabiente en la que presentó tal solicitud. c) Remita a este Juzgado de Distrito las constancias que acrediten lo ordenado en esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************, contra actos del Director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad, por los motivos expuestos en tercer considerando de esta resolución. Segundo. Se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase a la representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, quien actúa en representación del Director General, Unidad de Atención al Derechohabiente y Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, rindiendo su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. Con fundamento en los ordinales 9o. y 28 de la legislación en cita, se tienen como delegadas y domicilio los que designa. Se autoriza únicamente la consulta del expediente electrónico a los usuarios señalados en virtud de que cuentan con el registro respectivo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Incidental
IV. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia incidental derivada del juicio de amparo 1303/2023-IV, promovido por ********** por derecho propio, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se abre el periodo de pruebas, la secretaria da cuenta con las documentales anexadas por la parte quejosa con su ocurso de demanda. El Juez acuerda, con fundamento en el artículo 143 de la legislación de la materia, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las pruebas de cuenta, con lo que se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Al no haber escrito pendiente de acordar, se dicta la siguiente interlocutoria. V I S T O S para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1303/2023-IV; y, R E S U L T A N D O. I. ********** por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) y otras autoridades. II. En auto del nueve de octubre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo y se ordenó formar el incidente de suspensión, en el cual solicitó a la autoridad responsable su informe previo, y fijó día y hora para la audiencia incidental. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República; así como 131y 138 de la legislación de la materia, se desprende que para conceder la suspensión en el juicio de amparo, se requiere lo siguiente: 1. Que expresamente la solicite el quejoso. 2. Que haya certidumbre de los actos cuya suspensión solicita. 3. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión. 4. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Esto último en atención a lo previsto en el artículo 129 de la ley de la materia. 5. La realización de un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. De los puntos señalados se obtiene que para el otorgamiento de esa medida suspensiva el juzgador de amparo debe atender, entre otras circunstancias, a la naturaleza de los actos reclamados y de la violación alegada, así como a los daños y perjuicios que con la suspensión se originan al interés público, traducido por el legislador, este último, en la no causación de perjuicios al interés social ni la contravención de disposiciones de orden público. El primer punto se encuentra acreditado dado que la parte quejosa señalo como acto reclamado la omisión de realizar el pago de pensión por jubilación, toda vez que determinó en el dictamen de pensión ********** emitido el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, por el Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISEMYM). El segundo punto, se actualiza dado que las autoridades responsables el rendir su informe previo, aceptaron la existencia del acto reclamado. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 128 de la Ley de Amparo se niega la suspensión definitiva solicitada, respecto del acto reclamado, toda vez que tiene el carácter de omisivo y contra esto es improcedente conceder la medida cautelar, pues tal acto no es susceptible de suspenderse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.2o.11 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Abril de 1997, Página 214, del rubro siguiente: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS". De igual manera el aludido acto tiene la naturaleza de ser negativo y respecto del cual, la medida suspensional solicitada igualmente es improcedente, ya que de ser concedida se estarían dando efectos restitutorios, propios del fondo del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis aislada I.3o.C.25 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; Novena Época; visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XV, de Marzo de 2002; página 1468, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS". SEGUNDO. Ahora bien, respecto de los efectos del acto combatido, en atención a lo preceptuado en los artículos 128 y 147 de la Ley de Amparo, y tomando en cuenta los efectos positivos de los actos impugnados, se concede la suspensión definitiva solicitada, para el único efecto de que en caso de haber sido otorgada la pensión por jubilación la autoridad responsable de inmediato realice todas las gestiones administrativas necesarias a fin de que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por dicho concepto le correspondan al aquí quejoso ********** esto es, deberá efectuar el pago de dicha pensión. La medida cautelar decretada surte efectos de inmediato y hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se tenga por ejecutoriada en el juicio de amparo del que deriva esta incidencia. Lo anterior es así dado que se reúnen los requisitos establecidos en el numeral 128 de la ley de la materia, pues existe solicitud de la parte agraviada; con su concesión no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, ni la parte agraviada infiere causar daño que no pudiese restituirse; y por el contrario de seguirse ejecutando el acto reclamado se podría ocasionar a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.5o.T.11 L (11a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a página 6445, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo VII, Undécima Época, Materias Común, Laboral, con registro digital 2024896, del siguiente rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA, CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES, FRENTE A LA FALTA DE PAGO DE UNA PENSIÓN JUBILATORIA ATRIBUIDA A LA EMPRESA PATRONAL (TELMEX), BASTANDO PARA ELLO QUE EL TRABAJADOR AFECTADO ACREDITE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA". Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se niega a ********** la suspensión definitiva de los actos reclamados, en términos lo expuesto en el primer considerando de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede a ********** la suspensión definitiva de los actos reclamados, en términos lo expuesto en el último considerando de esta interlocutoria. Notifíquese y por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el término de quince días otorgado a las autoridades responsables a efecto de que rindan su informe justificado; por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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