J.Jesus Carachure Rodriguez

Expediente 345/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 1 actuación registrada, la última del 27 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
345/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
27/10/2023

Partes del expediente

  • J.Jesus Carachure Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la primera secretaria de acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mina, encargada del despacho, con residencia en Coyuca de Catalán, Guerrero. Registro Fórmese expediente electrónico; regístrese en los libros de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), dentro de los juicios de amparo bajo el número 345/2023. Estudio de la demanda En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del criterio jurisprudencial anterior, se puede advertir que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el quejoso ***, reclama lo siguiente: El acuerdo de tres de julio de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio 388/2023-II, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mina. Establecido lo anterior y en el caso, el suscrito considera que, respecto al acto materia de reclamo, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Por lo que puede advertirse, la causa de improcedencia señalada anteriormente, recae en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales previstos en la ley ordinaria, y que sean los idóneos para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió agotarse previamente por el accionante del amparo. Asimismo, es de precisar que tal recurso debe tener una existencia legal, es decir, debe estar previsto en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que tenga el quejoso la obligación de agotarlo previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado, y sea el idóneo para producir los efectos ya mencionados. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el artículo 61, en su fracción XVIII, de la ley de la materia dispone: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. Los casos de excepción a que se hace referencia, resultan de estricta aplicación, pues el principio de definitividad que rige en materia de amparo es de carácter general, de modo que sólo pueden materializarse en los supuestos que expresamente establece la ley o la jurisprudencia. En tales condiciones, es necesario tener presente el contenido de los artículos 375, 385 y 386 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que disponen: "Artículo 375. Recursos admisibles. Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I. Reconsideración; II. Apelación; y III. Queja". "Artículo 385. Procedencia. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados.". "Artículo 386. Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código; y III. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juzgador o se levante por éste. No serán apelables las sentencias que declaren la disolución del vínculo matrimonial. Tampoco lo serán las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicio cuya cuantía no exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo.". De la lectura de tales preceptos se evidencia, en lo que interesa, que el precepto legal de referencia prevé tres recursos: reconsideración, apelación y queja; asimismo, que los autos sólo pueden ser objeto de apelación cuando expresamente lo establezca el aludido cuerpo normativo. Ahora, en el caso, como ya se apuntó, la parte quejosa reclama en esta vía constitucional, el acuerdo de tres de julio de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio 388/2023-II, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mina. En esa tesitura, conforme al marco normativo descrito, contra dicho proveído procede el recurso de apelación, con el objeto de obtener su revocación o modificación. Ello es así, toda vez que como ya se dijo, de una interpretación de los citados preceptos, se colige que los autos dictados en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados, son procedentes a apelarse ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, a fin de que dicha autoridad confirme, revoque o modifique el auto respectivo, por lo que procede el recurso de apelación, puesto que este último recurso, tiene como propósito fundamental que las partes a través de su interposición, que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados; ya que con el medio impugnatorio aludido se pretende que la autoridad del conocimiento del negocio recapacite sobre la decisión que adoptó en la determinación combatida, mediante la expresión de los aspectos conceptuales formulados por la parte a quien agravia, por lo que es claro, como ya se precisó, que se puede obtener la confirmación, modificación o revocación de los autos impugnados, por lo que sí, en el caso, no se agotó previamente, es evidente que resulta improcedente el juicio de amparo, precisamente por inobservancia al principio de definitividad. Con lo anterior, se pone de manifiesto que la parte quejosa tenía la carga de agotar el recurso de apelación contra el proveído reclamado para controvertir su legalidad, ya que como se apuntó, a través de ese medio de impugnación existe la posibilidad de confirmar, modificar o revocar los autos de mérito y sólo en caso de no haberse reparado la violación cometida, acudir al juicio de amparo; de manera que al no haberlo hecho así el quejoso, no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, razón por la cual, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Además, es preciso indicar que en el caso no se surten las excepciones previstas en el artículo 61, en su fracción XVIII, de la Ley de Amparo, puesto que en el caso, el acto reclamado no es de los que importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se está en el supuesto de una persona extraña al procedimiento. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el diverso precepto legal 113 de la misma legislación, se desecha la demanda de amparo. Autorizados De igual manera, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, en razón de que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos a la restante persona por no contar con registro de cédula en el referido sistema. Domicilio Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa, el ubicado en ****. Aviso de transparencia. Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Tramitación e integración de expediente electrónico y físico En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso. En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Notifíquese personalmente al quejoso.

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