J. Jesus Camorlinga Salas
Expediente 226/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- J. Jesus Camorlinga Salas
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a catorce de marzo de dos mil dieciocho. Como lo pide -autorizado del quejoso -en el escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, expídansele a su costa las copias simples a que alude, previo recibo que se deje en autos. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a doce de marzo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de garantías promovida por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número IV-226/2018-1 y fórmese el cuaderno respectivo. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "IV. LA LEY O ACTO QUE DE LA AUTORIDAD SE RECLAME. Las resoluciones dictadas con fecha 6 seis de marzo del 2018 dos mil dieciocho, en la audiencia del Juicio Sumarísimo núemro53/2018, que sobre rescisión de contrato de arrendamiento promueve María Eugenia Marrón Vales frente a ...y otra, al haber declarado improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que por defecto en el emplazamiento promovió mi parte, así como negarse a citar a la actora principal ...., a pesar de haber admitido la prueba, negándome el acceso a la justicia, violando los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos q14, 1y y 17 Constitucionales". De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo en que se actúa, es improcedente al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172 fracción V; todos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de seis de marzo de dos mil dieciocho, dictada dentro del Juicio Sumarísimo 53/2018, por medio de la cual se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento y el desechamiento del desahogo de la prueba de posiciones a cargo de María Eugenia Marrón Vales. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio natural de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Ello es así, pues basta imponerse de la demanda de amparo, para advertir que la parte quejosa se duele de la resolución de seis de marzo de dos mil dieciocho, dictada dentro del Juicio Sumarísimo 53/2018, por medio de la cual se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento y el desechamiento del desahogo de la prueba de posiciones a cargo de María Eugenia Marrón Vales; por lo que la decisión del órgano responsable de declarar improcedente tal incidente y desechar el desahogo de la prueba de posiciones, no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso al aquí quejos, de manera que mientras ésta no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría al promovente del amparo. Así, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa, para ser considerado como de imposible reparación. Tiene aplicación, la jurisprudencia dictada por el Pleno de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, página 256, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172 fracción V; todos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la misma y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, y se autoriza únicamente para ese efecto a la persona que refiere, virtud a que no tiene registrada su Cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en el entendido de que el mismo es un trámite de carácter personal. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se tiene al quejoso señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales en que precisa en su libelo constitucional y por autorizados para ese efecto en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Luis Aguirre Gutiérrez, no así a María de Jesús Ceja Reyes, quien tendrá las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, una vez que cumpla con el requisito que para tal efecto establece dicho numeral; es decir acredite estar legalmente autorizada para ejercer la profesión de Abogado, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, como se desprende de la certificación que antecede. Notifíquese personalmente.
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