J. Jesús Avellaneda Borja
Expediente 813/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 813/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- J. Jesús Avellaneda Borja
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Sentencia causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración del amparo. Ahora, con base en lo dispuesto en el artículo 12, en relación con el diverso 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se sobreseyó el juicio de amparo, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente, el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo octavo del Acuerdo General citado. Incidente de suspensión. En los autos del cuaderno incidental la suspensión provisional se concedió y la suspensión definitiva se negó y concedió en relación a los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta y tres minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, juez Cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido de la secretaria Cristina García Maya en el juicio de amparo 813/2022. La secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. La secretaria relaciona, como principales constancias del expediente, la demanda de amparo, auto de admisión, informe justificado de las autoridades responsables juez y actuaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. Al respecto el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede. Acto seguido, el juez declara abierto el periodo probatorio y la secretaria da cuenta que únicamente las autoridades responsables las ofertaron al dejar a disposición para consulta el juicio de amparo IX-757/2019 de su índice, sin que las demás partes hicieran uso de ese derecho, con lo cual se cierra esta fase de la audiencia. Enseguida, el juez abre el periodo de alegatos y la secretaria da cuenta que las partes no formularon alegatos, a lo que el juez acuerda: En consecuencia, se declara el cierre de esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA: Visto, para resolver, el juicio de amparo 813/2022, promovido por J. Jesús Avellaneda Borja, por alegada violación de los artículos 1o.,14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán y actuario de su adscripción, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama lo siguiente: La orden de notificación y emplazamiento practicado dentro del juicio de amparo 757/2019, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados, por su naturaleza, podrían ejecutarse dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. Las autoridades responsables mencionadas con antelación, aceptaron la existencia de los actos reclamados, en el sentido de que ante ese órgano jurisdiccional se siguió el juicio de amparo 757/2019, en el que se practicó el emplazamiento al tercero interesado J. Jesús Avellaneda Borja -aquí quejoso-mediante lista publicada el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Asimismo, indican que el uno de febrero de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva en el juicio de amparo en la que por una parte se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la moral ahí quejosa; para finalmente, el catorce de marzo de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a las responsables para que dieran cumplimiento al aludido fallo constitucional. De lo anterior, se advierte que los actos que controvirtió el promovente de este sumario constitucional son actos dictados en un diverso juicio de amparo 757/2019 del índice del Juzgado Tercero de distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en el cual ya se causó ejecutoria de sentencia definitiva dictada en ese juicio; por lo que, es indiscutible que los actos que reclama el peticionario de amparo -orden de notificación y emplazamiento- fueron emitidos en un juicio de amparo diverso, actos respecto de los cuales se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, se estima así en virtud de que las actuaciones reclamadas se verificaron dentro del trámite de un juicio de amparo, actos contra los cuales es improcedente el juicio de amparo, en virtud de que el legislador estableció ese parámetro o limite, a fin de dar seguridad jurídica a las partes y certeza en la cosa juzgada, esto es, la finalidad de dicha causa de improcedencia impide que se perpetúen en el tiempo tantos juicios de amparo, como actos consideren los justiciables, lo que impediría la firmeza en las decisiones de los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo en sus dos vertientes -biinstancial o uniinstancial-. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración. A idéntica conclusión arribó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a. /J. 57/2018 (10a.), de rubro y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración". Por tanto, se actualiza la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IX, de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados no son susceptibles de reclamarse en este sumario constitucional, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por J. Jesús Avellaneda Borja, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, por las razones expuestas en el último considerando.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintidós. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene al juez y actuaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán; rindiendo su respectivo informe justificado, con el cual se ordena dar vista a las partes para los efectos legales conducentes. Asimismo, se le tiene informando que dejó a disposición para consulta, el expediente electrónico IX-757/2019; de lo que se toma conocimiento.
- Incidental
La secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Amparo, la secretaria da cuenta con las constancias necesarias para resolver y el juez acuerda lo conducente: INFORME PREVIO 1 Se da cuenta con el informe previo rendido por las autoridades responsables juez y actuaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, recibido en oficialía de partes, el cual fue registrado con folio 12811. Ténganse por rendido el informe previo de las autoridades responsables juez y actuaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. PRUEBAS 1 Se hace constar que las partes no ofrecieron pruebas. Se toma conocimiento y se cierra esta etapa. ALEGATOS 1 Se da cuenta que las partes no formularon alegatos. Se toma conocimiento y se cierra esta fase. Finalmente, el juez procede a dictar la siguiente resolución: VISTOS y RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo, J. Jesús Avellaneda Borja, solicitó la suspensión de los actos reclamados. SEGUNDO. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 en relación con el 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma, actos u omisiones reclamados. De la lectura de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden de notificación y emplazamiento practicado dentro de los autos del expediente 757/2019. TERCERO. Norma, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. Es cierto el acto que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, pues así lo manifestaron en su respectivo informe previo. CUARTO. Pronunciamiento sobre la suspensión definitiva. En el caso que nos ocupa, este juzgador advierte que los actos reclamados mencionados, no son susceptibles de ser suspendidos en atención a que los mismos encuadran en la naturaleza de los actos consumados, ello porque la emisión del auto fue emitido por el juez responsable; por ende, es improcedente otorgar la medida suspensional contra éstos, pues de hacerlo equivaldría otorgarles efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que se dicte sobre el fondo del juicio de amparo del que deriva este incidente; sin que dichos actos produzcan efecto alguno en perjuicio de la quejosa. Sirve de fundamento, la jurisprudencia número 557, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 371, tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de texto siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darles efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo". Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITVA solicitada por la parte quejosa. QUINTO. Concesión de la suspensión definitiva por cuanto hace a las consecuencias de la determinación reclamada, se provee: No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, por encontrarse reunidos los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, esto es, fue solicitada por la parte quejosa, acredita su interés al ser parte dentro del juicio y no se sigue en perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Esto último se indica, porque Inicialmente, debe tomarse en cuenta que por orden público se entiende como la situación y estado de legalidad normal en que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y los ciudadanos las respetan y obedecen; es una noción en sí, que bajo su imperio restringe la libertad individual, bajo la fórmula del bienestar general, y su función es asegurar el orden jurídico, pues se encuentra constituido por un conjunto de principios de orden superior, políticos, económicos y morales a los cuales la sociedad se considera estrechamente vinculada a la existencia y conservación de la organización social establecida. Por su parte, el interés social se traduce en cualquier hecho, acto o situación de los cuales la sociedad pueda obtener un provecho o una ventaja o evitarse un trastorno bajo múltiples y diversos aspectos, previniéndose un mal público, satisfaciéndose una necesidad colectiva o lográndose un bienestar común. En torno a dichos tópicos resulta orientadora la tesis de jurisprudencia de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.". Por tanto, al actualizarse los requisitos de procedencia, con fundamento en el artículo 150 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINTIVA solicitada, para el único efecto de que, sin suspender el juicio de origen, no se haga la entrega a persona alguna de los bienes muebles o inmuebles que lleguen a embargarse, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva del acto reclamado. Condiciones de los efectos de la suspensión definitiva. La medida cautelar concedida surtirá efectos desde el momento en que se dicta la presente determinación y hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable lo que se resuelva en el presente incidente sobre la suspensión definitiva. 1.2. Garantía para que pueda seguir surtiendo efectos la suspensión definitiva. Medida cautelar que con fundamento en los artículos 125, 128 y 130 párrafo primero, en relación con los artículos 24, fracción II y 26, último párrafo, de la Ley de Amparo, habrá de surtir sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no exhibe dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, una garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas previstas por la Ley, preferentemente en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, en los cuales deberá aparecer como depositante la parte quejosa. Lo cual se impone a efecto de que se garanticen los posibles daños y perjuicios que la concesión de esta medida suspensional pudiera ocasionar a quien resulte como tercero interesado, garantía que se fija en uso de la facultad discrecional. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis jurisprudencial VI.2º .C. J/274, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. LA DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS DICHA MEDIDA CAUTELAR DEBE SUSTENTARSE, ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS, EN LAS PRESTACIONES EXIGIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE EMANA EL ACTO RECLAMADO, PUES DE LO CONTRARIO INFRINGE EL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE LA MATERIA. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 125 de la Ley de Amparo queda al prudente arbitrio del Juez de Distrito establecer el monto de la garantía fijada para que surta efectos la suspensión definitiva solicitada, también lo es que ello no implica que pueda actuar de manera caprichosa, sino que debe sujetarse a ciertas reglas, entre otras, la de motivar su determinación, ponderar la naturaleza de los actos reclamados, tomar en cuenta las prestaciones exigidas en el procedimiento del que emane el acto reclamado, así como los datos que arrojen las pruebas rendidas, y aquellas que las partes suministren para calcular aproximadamente los daños y perjuicios que con la suspensión del acto reclamado y sus efectos pudiera resentir el tercero perjudicado. Consecuentemente, si el Juez de Distrito a quo establece una fianza desproporcionada y excesiva respecto de las prestaciones exigidas en el procedimiento del que emana el acto reclamado, es inconcuso que infringe la disposición legal citada". Por tanto, con apoyo en el artículo 146 fracción IV, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva J. Jesús Avellaneda Borja, en los términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a J. Jesús Avellaneda Borja, en los términos del considerando quinto de esta resolución.
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