J. Jesús Armando Hernández Baltierra

Expediente 36/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
36/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
29/01/2019

Partes del expediente

  • J. Jesús Armando Hernández Baltierra

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio signado por la juez Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, con el que informa que en el órgano jurisdiccional a su cargo se aceptó la competencia declinada por este tribunal y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por **************En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente -cuaderno de antecedentes- como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  2. Principal

    a) Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo signada por *******, en contra de actos del titular del Área de Responsabilidades en la Delegación de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en PEMEX, Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos; y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales, fórmese el cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 36/2019. b) Análisis de la competencia. Ahora, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal trascrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: 1) La regla que se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) La siguiente previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. 3) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que, cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva; es decir, en una acción de hacer que impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico; mientras que el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Del análisis integral del escrito inicial de demanda, acorde a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la ley de la materia, aplicable también a este tipo de determinaciones judiciales, emerge que el quejoso reclama lo siguiente: "Por tal motivo, de la autoridad denominada Titular del Área de Responsabilidades en la Delegación de Responsabilidad en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en PEMEX, TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS, en su carácter de ordenadora; reclamo el inconvencional citatorio al procedimiento administrativo de responsabilidad *** , contenido en el oficio ***, que dicha autoridad suscribió el 21 de diciembre de 2018 y dirigió a quien aquí firma. Luego, en su carácter de autoridad ejecutora, reclamo de Roberto Ayala Cortes, notificador adscrito al Área de Responsabilidades en la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, la inconvencional notificación efectuada el 27 de diciembre de 2018, que tuvo verificativo en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, en la cual, de forma contraria a derecho, se me citó al procedimiento administrativo de responsabilidad ***, mediante el oficio ***, de 21 de diciembre de 2018." De igual forma, del anexo al escrito de demanda constitucional se desprende que la ejecución de la citación reseñada -acto que se atribuye al notificador adscrito al Área de Responsabilidades en la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos-, fue realizada el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en la ciudad de Salamanca, Guanajuato; ello pone de manifiesto que la ejecución de la citación que reclama la quejosa es un acto de carácter positivo pues consiste en un hacer por parte de la autoridad señalada como responsable ejecutora. Luego, al haberse reclamado un citatorio (citación) a un procedimiento administrativo, y su ejecución, es competente el juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que habrá de desahogarse la diligencia relativa, es decir, al del lugar donde tenga ejecución material la citación reclamada. En ese sentido, tomando en consideración que aun cuando el promovente señaló como autoridades ordenadora y ejecutora al titular del Área de Responsabilidades en la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, y a su notificador adscrito, respectivamente, ambos con residencia en Ciudad de México, en la narrativa de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "1.- El 27 de diciembre de 2018, en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, ****** , notificador adscrito al Área de Responsabilidades en la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, me notificó el oficio ***, de 21 de diciembre de 2018, suscrito por Javier Ramírez García, titular del Área de Responsabilidades en la Delegación de Responsabilidad en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS, en el cual se me cita a comparecer al procedimiento administrativo de responsabilidad ***. Lo que se corrobora con la copia de la cédula de notificación relativa al citatorio que reclama, de la que se lee lo siguiente: "CEDULA DE NOTIFICACIÓN En Salamanca, Guanajuato, siendo las 13:18 horas del día 27 del mes de Diciembre del año 2018. El (la) suscrito (a) ***** , adscrito (a) al Área de Responsabilidades en la Delegación de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101, primer párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, me constituí en el inmueble marcado con el número ***, de la calle de *** , cerciorado (a) de ser el domicilio buscado, por la nomenclatura y el número que aparece en el citado inmueble, así como por el dicho del (de la) C. **********, quien manifestó ser la persona buscada [.]" De lo mencionado y trascrito, queda evidenciado que es en Salamanca, Guanajuato el lugar donde se ejecutó la citación que por esta vía constitucional se reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, novena época, consultable en la página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por tanto, es factible aseverar que, debido a que se reclama no solo la emisión del citatorio en comento, sino su ejecución en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, es competente para conocer del juicio de amparo el juez de Distrito que tiene jurisdicción en el lugar donde se ejecutó la citación, es decir, donde fue notificado el citatorio tildado de inconstitucional; esto es, aquel que tenga residencia en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. c) Determinación jurídica. De lo anterior se colige que el acto reclamado consistente en la citación al procedimiento administrativo reseñado, fue notificada -ejecutada- en Salamanca, Guanajuato, manifestado así bajo protesta de decir verdad, por parte del peticionario del amparo y corroborado con el anexo de la demanda; por ende, que al suscrito no le corresponde, por razón de territorio, el conocimiento del asunto. Cabe destacar que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en sus partes conducentes, dice: "ACUERDO PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: . XVI. DECIMOSEXTO CIRCUITO: Estado de Guanajuato. . SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: . XVI. DECIMOSEXTO CIRCUITO: 1. Seis tribunales colegiados especializados: dos en materias administrativa y de trabajo, tres en materias civil y de trabajo y uno en materia penal con residencia en Guanajuato, Guanajuato. 2. Tres tribunales unitarios con sede en Guanajuato. 3. Diez juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato: dos con residencia en la ciudad del mismo nombre, tres con sede en León, tres con residencia en Celaya y dos con sede en Irapuato. . CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: . XVI. DECIMOSEXTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Atarjea, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Diego de la Unión, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú. Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Manuel Doblado, León, Ocampo, Purísima del Rincón, San Felipe y San Francisco del Rincón. Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortázar, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Moroleón, Salvatierra, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarímoro, Uriangato, Villagrán y Yuriria. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Irapuato, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Romita, Salamanca, Silao y Valle de Santiago." En ese sentido, conforme al trascrito -y enfatizado- punto cuarto del acuerdo en comento, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del juez de Distrito en turno, con residencia en Irapuato, Guanajuato. d) Determinaciones administrativas. Ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: 1. Remitir el presente asunto, así como las copias de la demanda y de su anexo, al juez de Distrito en turno en Irapuato, Guanajuato, para lo que a bien tenga acordar. 2. Solicitar comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente, informando si se avoca al conocimiento del asunto. 3. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y un tanto más en original del presente proveído; y, 4. Realizar las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno correspondiente, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. e) Autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones. En atención a que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, hágasele esta notificación y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista de conformidad con lo previsto por el artículo 27, fracción III, de la ley de la materia. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ******, por no haber proporcionado su número de cédula profesional a efecto de que este juzgado pueda verificar si se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dicho extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude el precepto legal en cita. En razón de lo que precede, únicamente se autoriza al usuario *** el acceso el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, para la consulta de las constancias que integran el expediente en que se actúa. f) Habilitación de días y horas para realizar notificaciones. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. g) Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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