J. Jesús Acosta Mena
Expediente 363/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 27 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 363/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 15/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- J. Jesús Acosta Mena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Acapulco, Guerrero; quince de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda de amparo y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual término, es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión provisional y definitiva; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno, y una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión, lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido acuerdo general en cita. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, de autos se aprecia que el Magistrado Presidente de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, adjuntó como sustento a su informe justificado en un tomo de pruebas, el original del Toca número 121/2018, del que derivan los actos reclamados; por tanto, debido a lo innecesario que continúen a disposición de este juzgado las referidas constancias, y en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Lucas Nava Brito, apoderado legal de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele la documental que refiere, previa copia certificada de la misma y constancia de recibo que obre en autos. Notifíquese.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PEROSNAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA, EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHOI, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "RE S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. Por escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo, y remitido el mismo día por razón de turno al Juzgado Primero de Distrito, J. Jesús Acosta Mena, por conducto de sus apoderados legales Lucas Nava Brito y Lizbeth Cortés Rosales, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA: 1).- Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo. EJECUTORAS: 2).- Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Azueta. 3).- Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Azueta. 4).- Delegado Regional del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Todos con sede en Zihuatanejo, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "a).- De la ordenadora, se reclama su resolución emitida el quince, notificada por lista del día veinte (20), del mes de marzo del presente año (2018), dentro del Toca Familiar número 121/2018 (.). b).- De las ejecutoras, se reclama el inminente remate del inmueble identificado como lote 104, manzana IX de las calle Playa Hermosa, del condominio residencial "Playas 2", en Zihuatanejo, Guerrero (.) en seguimiento de la ejecución de la orden de requerimiento de pago y embargo que fue ordenado por el juzgador de origen (.)". SEGUNDO. Trámite del juicio 413/2018. Por proveído de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, radicó la demanda bajo el número 413/2018; y se declaró legalmente incompetente por cuestión de territorio para conocer de la misma, ordenando remitirla al Juez de Distrito en turno, con sede en Acapulco, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. TERCERO. Radicación del juicio 363/2018. Por acuerdo de veinte de abril de dos mil dieciocho, este juzgado de Distrito tuvo por recibido el oficio 9404/2018, a través del cual se remitió por cuestión de turno la demanda de amparo en comento la cual quedó registrada en el libro de gobierno respectivo bajo el número 513/2018; se aceptó la competencia para conocer de la misma y se admitió a trámite, por lo que se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe con justificación; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una resolución emitida por un tribunal de segunda instancia dentro de un juicio que se substancia ante una autoridad judicial que tiene su residencia en el lugar donde este juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción, y donde habrá de tener ejecución dicho acto reclamado, el cual se reputa como de aquellos de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que J. Jesús Acosta Mena, como parte demandada en el expediente 007/2010-II, relativo al juicio especial de alimentos, reclama la resolución de quince de marzo de dos mil dieciocho emitida por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero dentro del Toca Familiar 121/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra los autos de siete y diecisiete de marzo de dos mil dieciséis dictados por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Azueta, por la que se desechó de plano el referido recurso; y como consecuencia, la posibilidad de que las autoridades responsables designadas como ejecutoras, ejecuten el embargo ordenado con motivo de la pensión alimenticia decretada en favor de la acreedora alimentaria Diana Pérez Urbina. TERCERO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El quejoso bajo protesta de decir verdad indicó que tuvo conocimiento de la resolución reclamada el veinte de marzo pasado, lo que se corrobora con la cédula de notificación relativa visible a foja 711 del tomo de pruebas; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del veintidós de marzo al dieciséis de abril de dos mil dieciocho, descontándose por inhábiles los días veinticuatro, veinticinco, veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y uno de marzo; así como los días uno, siete, ocho, catorce y quince de abril anterior; habiendo sido presentada la demanda de amparo el dieciséis de abril del año en curso, por lo que debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Magistrado de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Secretaria Actuaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Azueta al rendir su respectivo informe con justificación (fojas 56 y 80) aceptaron la existencia del acto reclamado, lo que constituye una confesión en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2; y que se corrobora con las copias certificadas del Toca Familiar 121/2018, que remitió en apoyo a su informe justificado la primera de las responsables en cita, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 de la legislación adjetiva en cita. Por su parte, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Azueta y el Delegado Regional del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos con sede en Zihuatanejo, Guerrero, al rendir sus respectivos informes con justificación (folios 58 y 100), negaron la existencia del acto de ejecución que se les atribuye; sin embargo, dado el carácter de ejecutoras con el que fueron designadas y tomando en consideración que la Secretaria Actuaria adscrita al juzgado responsable informó que en diligencia de uno de marzo de dos mil dieciséis se trabó embargo sobre el inmueble que defiende el quejoso, de ello se sigue que esas son las consecuencias de la resolución reclama. Por tanto, lo procedente es desvirtuar la negativa informada y por tanto, tener por ciertos los actos reclamados a las autoridades en comento. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, ya que no existe causal de improcedencia del juicio de garantías invocada por las partes ni se advierte que opere alguna que deba ser examinada de oficio tal y como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, se analiza enseguida la cuestión de fondo. Para estar en aptitud de dilucidar sobre el particular, es necesario tener en consideración los antecedentes directos del acto reclamado, los que se obtienen de las actuaciones del Toca familiar 121/2018 en las que obran actuaciones del juicio especial de alimentos 007/2010-II, cuyo valor probatorio pleno quedó precisado en el considerando que antecede. Así, se advierte que dicho sumario se deriva lo siguiente: 1).- Mediante escrito de cuatro de enero de dos mil diez, Diana Pérez Urbina por su propio derecho y en representación del menor Carlos Acosta Pérez, demandó en la vía especial de alimentos al quejoso J. Jesús Acosta Mena, el pago de una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva, entre otras prestaciones; demanda que por cuestión de turno correspondió conocer al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Azueta bajo el número de expediente 007/2010-II, y que se admitió a trámite por auto de catorce de enero siguiente, decretándose en el mismo proveído una pensión alimenticia por el equivalente al treinta por ciento del sueldo y demás prestaciones del deudor alimentario. 2).- Una vez efectuado el emplazamiento del demandado, por auto de veintidós de febrero de dos mil diez se le tuvo dando contestación a la demanda incoada en su contra, y seguido que fue el juicio, el tres de mayo de dos mil once se dictó sentencia definitiva, pero con motivo del recurso de apelación interpuesto mediante resolución dictada en el Toca Familiar 343/2011, se ordenó reponer el procedimiento a partir del auto de quince de marzo de dos mil once; resolución que el juez de la causa tuvo por recibida en auto de once de enero de dos mil trece. 3).- El juicio especial de alimentos continuó substanciándose por sus demás etapas, particularmente siguiendo los lineamientos establecidos por el tribunal de alzada en el aludido toca 343/2011, pero por auto de veinte de octubre de dos mil quince, en atención a lo pedido por la parte actora, se requirió a J. Jesús Acosta Mena para que dentro del plazo de tres días siguientes realizara el pago de la cantidad de $391,714.56 (trescientos noventa y un mil setecientos catorce pesos 56/100 monedas nacional), por concepto de pensiones adeudadas desde el catorce de enero de dos mil diez al quince de junio de dos mil trece, a razón de $8,160.72 (ocho mil ciento sesenta pesos 72/100 moneda nacional) mensual, que dijo la actora, equivale al treinta por ciento del ingreso del deudor alimentario; determinación que le fue notificada en diligencia de diez de noviembre siguiente. 4).- Por subsecuente escrito, la parte actora señaló que el deudor alimentario no hizo el pago de la cantidad señalada en el auto de veinte de octubre de dos mil quince, por lo que solicitó que se realizara la ejecución forzosa y se le embargaran bienes de su propiedad que garanticen el pago de las pensiones alimenticias adeudadas; ocurso al que recayó el auto de siete de marzo de dos mil dieciséis en el que se señaló que el demandado no había hecho "el pago de las prestaciones a las que había sido condenado" y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 440 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, ordenó que se le embargaran bienes suficientes para garantizar el pago de "$331,714.56 (trescientos treinta y un mil setecientos catorce pesos 56/100 monedas nacional)". 5).- Por auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis el juez de la causa hizo la precisión de que el embargo ordenado en el proveído anterior era por la cantidad de $391,714.56 (trescientos noventa y un mil setecientos catorce pesos 56/100 monedas nacional). 6).- Inconforme con los proveídos de siete y dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, la parte quejosa interpuso recurso de apelación, el cual se tuvo por admitido en acuerdo de treinta y uno de marzo siguiente en ambos efectos, y que fue remitido -por segunda ocasión, una vez subsanado lo solicitado por el tribunal de alzada- por auto de seis de febrero de dos mil dieciocho. 7).- Por resolución de quince de marzo de dos mil dieciocho, la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero tuvo por recibidos los autos del juicio especial de alimentos 007/2010-II, y sobre la admisión de la apelación interpuesta en contra de los autos de siete y dieciséis de marzo de dos mil dieciséis resolvió lo siguiente: 7.1).- Que conforme a lo dispuesto por los artículos 9, fracción IV y 386, fracción II, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, se derivaba que el juzgador tenía la facultad de rechazar de plano cualquier recurso que racionalmente merezca de calificarse de frívolo, intrascendente o notoriamente improcedente; y que los autos son apelables cuando expresamente así lo disponga dicho código adjetivo. 7.2).- Que del estudio realizado al escrito de agravios planteado por J. Jesús Acosta Mena se aprecia que esencialmente se duele que el juez de la causa ordenara el embargo de bienes suficientes para garantizar el pago de prestaciones que le fueron decretadas en sentencia definitiva, así como de la aclaración de la cantidad de dicho embargo. 7.3).- Que el auto que ordena embargar bienes a alguna de las partes o el que hace la aclaración no se encuentran contemplados como de aquellos susceptibles de apelarse. 7.4).- Que la legislación adjetiva sí prevé el recurso adecuado para aquellos casos en los que no cabe el recurso de apelación. 7.5).- Que a virtud de lo anterior, resultaba improcedente el medio de impugnación seleccionado por el recurrente, por no ser el idóneo para controvertir los autos de siete y dieciséis de marzo de dos mil dieciséis en los que se ordenaba embargar bienes del deudor alimentario y se hacia la aclaración de la suma relativa a dicho gravamen. Una vez establecidos los antecedentes directos de la resolución sujeta a examen, se procede a precisar los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. En ese sentido, se advierte que J. Jesús Acosta Mena sostiene que la resolución de quince de marzo de dos mil dieciocho infringe en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, porque: a).- La facultad del juzgador prevista en el artículo 9, fracción IV del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero debe ejercerse en forma fundada y motivada, en armonía con el derecho fundamental de tener acceso a un recurso fácil y sencillo, de modo que al haberse desechado el recurso de apelación interpuesto, no ajustó su proceder al texto constitucional. b).- Que la responsable efectuó una indebida interpretación de lo dispuesto por el artículo 386 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, ya que debió analizar el objeto del recurso en términos de lo dispuesto por el artículo 5 ley Adjetiva en cita, para estar en aptitud de resolver sobre la procedencia del recurso, habida cuenta que el juzgador decretó el embargo de bienes para garantizar una pretendida ejecución de sentencia, cuyo monto ni siquiera ha sido cuantificado en la etapa de ejecución relativa, tan es así que no existe formalmente una sentencia, aunado a que la resolución de la cuantificación fue hecha en forma unilateral por la tercera interesada al inicio del juicio y no respecto de cantidades decretadas en alguna sentencia, de ahí que resulte claro que la ejecución impugnada resultaba evidentemente ilegal porque no se siguieron las formalidades esenciales que deben observarse para ello. c).- En concatenación con lo anterior, no existe certeza sobre qué resolución se pretende ejecutar; esto es, la sentencia que fue dejada insubsistente con motivo de una apelación anterior, o el auto inicial en que se decretó la pensión alimenticia, en cuyo caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 224 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, dicha resolución sí se comprende dentro de la hipótesis de procedencia del recurso de apelación. d).- Aunado a lo anterior, resulta evidente que el desechamiento del recurso de apelación contenido en la resolución sujeta a examen resulta irregular, porque a nada práctico conduciría que se formulen inconformidades que no habrán de remediarse, lo que deja en estado de indefensión al quejoso, lo que incluso puede advertirse de la exposición de motivos de la legislación adjetiva que al efecto transcribió la parte quejosa, en el que se funda el sentido exegético del artículo 5º del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, en relación con los diversos ordinales 9, 224 y 386, habida cuenta que la improcedencia no resulta manifiesta, pues al efecto invoca la tesis PC.XXI. J/5 C (10a.) emitida por el Pleno del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1428, del Libro 24, noviembre de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ALIMENTOS PROVISIONALES. CONTRA EL AUTO QUE LOS FIJA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De la interpretación de los artículos 140, 375, 381, 386, 393, fracción III y 566 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, deriva que el auto que fija alimentos provisionales es impugnable mediante el recurso de apelación, y no a través del de reconsideración, en virtud de que este último excluye su procedencia respecto de aquellas determinaciones impugnables en apelación. Al respecto, de los citados artículos 393, fracción III, y 566, se colige que las resoluciones sobre alimentos que fueran apeladas (entre éstas, las que fijan alimentos provisionales) serán ejecutables sin necesidad de caución, lo cual revela la procedencia de dicho recurso en su contra; lo anterior, aunado a que la fracción V del numeral 238 del citado código señala que el auto de entrada a la demanda es apelable en el efecto devolutivo, momento procesal en que precisamente se fijan los alimentos provisionales, sin que trascienda que tal regla esté dirigida a los juicios ordinarios, en virtud de que, conforme al diverso artículo 524 de ese mismo ordenamiento legal, en todo lo no previsto y en cuanto no se oponga a lo ordenado en el título relativo, se aplicarán las reglas generales del propio código." Una vez precisados los antecedentes directos del acto reclamado, así como los conceptos de violación esgrimidos, procede ahora verificar si estos últimos resultan fundados o no. En ese sentido, es necesario tener presente que los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, en su orden y en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Articulo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)." En estos artículos se encuentran consagrados los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, el primero se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, fundando y motivando su actuar; lo que en el caso atinente al pronunciamiento de las sentencias del orden civil, exige que sean emitidas conforme a la letra de la ley; es decir, que su sentido se adecue a lo que literalmente disponen los ordenamientos legales aplicables, o en su defecto, conforme lo establezcan los diversos sistemas de interpretación jurídica de la ley (por ejemplo, mediante la interpretación jurisprudencial, semántica, histórica, deductiva, inductiva, sistemática, etcétera), y a falta de ello, se fundará en los principios generales de derecho; mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Por otra parte, en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se consagra el derecho de todo gobernado al acceso a la administración de la justicia, cuya impartición debe ser pronta, expedita, gratuita, completa e imparcial, la cual está supeditada a los términos que para ese fin señalen las leyes secundarias; numeral que establece lo siguiente: "Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." En este punto, conviene señalar que con motivo de la reforma publicada el diez de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporó a los Derechos Humanos reconocidos por la propia Carta Magna como objeto de tutela, proscribiendo su restricción o suspensión salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución prevé. Por ende, es importante tener presente que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica y abierta a firma el día veintidós de noviembre de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, con las declaraciones interpretativas al párrafo 1 del artículo 4 y al artículo 12 y la reserva al artículo 23, párrafo 2, que formuló el Ejecutivo Federal al proceder a su adhesión, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno, establece en sus artículos 1, apartado 1; 2, 8, apartado 1; 11, 25, 30 y 32, lo siguiente: "Artículo 1.- Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social." "Artículo 2.- Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades." "Artículo 8.- Garantías Judiciales 1.- Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." "Artículo 11.- Protección de la Honra y de la Dignidad. 1.- Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2.- Nadie puede ser objeto de ingerencias (sic) arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas ingerencias (sic) o esos ataques." "Artículo 24.- Igualdad ante la Ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley." "Artículo 25.- Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." "Artículo 30.- Alcance de las Restricciones. Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas." "Artículo 32.- Correlación entre Deberes y Derechos. 1.- Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 2.- Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seeguridad (sic) de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática." De la intelección del contenido del artículo 17 constitucional con los artículos del instrumento internacional mencionado, podemos obtener que en el primero subyacen los principios a que se refiere el Pacto de San José de Costa Rica en sus artículos 8, numeral 1 y 25, ya que sobre el particular el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito emitió la jurisprudencia VI.1o.A. J/2 (10a.), publicada en la página 1096, del Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y testo siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia." Asimismo, destaca el hecho de que no está proscrita la restricción o suspensión de los derechos y libertades que se erigen como deberes a observar y salvaguardar por los Estados que forman parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siempre que sean conforme a las leyes que se dicten por razón del interés general y con el propósito para el cual fueron establecidas, dada la correlación de los deberes y derechos que se trazan con los de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Este aspecto cobra especial relevancia porque el cumplimiento a ese deber de acceso efectivo a la justicia no radica en la creación de un medio de defensa exclusivo en contra de cada uno de los actos que emite el poder público, sino en la posibilidad de que los derechos sean susceptibles de tutela judicial; esto último, sobre la base de un sistema recursal que prevea expresamente qué actos son susceptibles de impugnarse a través de un medio de defensa especifico con exclusión de otros que son susceptibles de impugnarse a través de otro medio distinto, sea de carácter ordinario por encontrarse previsto en una misma legislación, o bien, a través de uno de naturaleza extraordinaria, como lo es el juicio de amparo. En concatenación con lo anterior, el artículo 386 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, dispone lo siguiente: "Artículo 386.- Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código; y III. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juzgador o se levante por éste. No serán apelables las sentencias que declaren la disolución del vínculo matrimonial. Tampoco lo serán las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicio cuya cuantía no exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo." Conforme a dicho ordinal, puede advertirse que el legislador estableció un catálogo de las resoluciones o autos que son susceptibles de impugnarse a través del recurso de apelación, y particularmente en tratándose de autos, la procedencia de dicho medio de defensa se encuentra condicionado a que así se señale expresamente en la ley, pues de otro modo, aquellas providencias serán susceptibles de impugnarse a través de un diverso recurso, como lo es el de reconsideración. Lo anterior se afirma así a partir de la redacción del artículo 381 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, que estatuye lo siguiente: "Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." Así, queda de relieve que si la legislación no prevé expresamente la procedencia del recurso de apelación respecto de los autos emitidos en la substanciación del juicio, entonces su impugnación debe plantearse a través del recurso de reconsideración. En este punto, es importante señalar que el artículo 224 del Código Procesal Civil establecía expresamente la procedencia del recurso de apelación en contra del auto que conceda el otorgamiento de los alimentos provisionales; ordinal que si bien fue derogado mediante reforma contenida en el Decreto número 498 publicado el veintiuno de diciembre de dos mil diez en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, al momento de admitirse la demanda (catorce de enero de dos mil diez), dicho precepto se encontraba vigente; por ello, aun y cuando en el único artículo transitorio del aludido Decreto 498, se indicó que entrarían en vigor tales reformas a partir del día siguiente de su publicación, entre ellas, la derogación de la sección cuarta relativa a los alimentos provisionales a que se refriere, entre otros preceptos, el aludido artículo 224 del código adjetivo en cita, de ello se sigue que el juicio especial de alimentos debe substanciarse conforme a las disposiciones vigentes hasta antes de tal reforma. Por otro lado, el artículo 5º del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, establece las directrices en torno a la interpretación de la norma, fundado en primer término su sentido en lo que disponga su texto -de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional-, así como su finalidad y función, en la inteligencia de que el objeto del proceso es el reconocimiento del derecho sustantivo, destacando además que dicha interpretación debe efectuarse en forma que las partes tengan las mismas oportunidades. Luego, del contraste de los lineamientos destacados con antelación y los motivos de disenso planteados por la parte quejosa puede arribarse a la conclusión de los mismos resultan por una parte infundados y por la otra se estiman inoperantes y fundados pero inoperantes. En efecto, el primer aspecto que debe dilucidarse para arribar a la conclusión de que los conceptos de violación devienen infundados es determinar si los autos de siete y dieciséis de marzo de dos mil dieciséis son de aquellos que la ley les reputa el carácter de apelables. Sobre el particular la parte quejosa esgrime que aquellos proveídos se identifican como de aquellos a los que alude el invocado artículo 224 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, que dispone: "Artículo 224.- Otorgamiento de los alimentos provisionales y su ejecución. Rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior, el juzgador fijará la suma o el porcentaje en que deban consistir los alimentos, mandando abonarlos por meses o quincenas anticipados. La providencia se ejecutará sin necesidad de otorgamiento de caución. La resolución que niegue los alimentos es recurrible en queja ante el superior. La que los conceda es apelable en el efecto devolutivo." Sin embargo, del contraste del texto inserto con los antecedentes relatados no puede arribarse a la convicción de que los aludidos autos de siete y dieciséis de marzo de dos mil dieciséis se ubiquen en la hipótesis prevista en el artículo 224 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, ya que en ninguno de dichos acuerdos se concedió la medida cautelar de los alimentos, pues basta imponerse del contenido del auto admisorio de catorce de enero de dos mil diez para advertir que tal medida fue otorgada desde la emisión de tal proveído, no así a través de los que se le pretendió impugnar mediante el recurso de apelación. En este punto, conviene resaltar que con la emisión de la resolución de cinco de septiembre de dos mil once por la que la propia Sala responsable al resolver el Toca Familiar 343/2011, formado con motivo del recurso de apelación instado en contra de la sentencia definitiva que en su oportunidad emitió el juez de la causa, quedó insubsistente todo lo actuado pero a partir del auto de quince de marzo de dos mil once, esto es, dicha declaración de nulidad en modo alguno alcanzó la determinación adoptada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Azueta al momento de emitir el auto admisorio en el que se otorgaron los alimentos en forma provisional. Por tanto, resulta inexacto lo esgrimido por la parte quejosa (conceptos de violación sintetizados en los incisos c) y d), cuando sostiene que no existía certeza sobre qué resolución se pretende ejecutar; ya que la resolución de cinco de septiembre de dos mil once es clara al establecer que fue la sentencia definitiva la que quedó insubsistente junto con lo actuado hasta el auto de quince de marzo de esa misma anualidad, con motivo de la aludida apelación anterior, de ahí que las determinaciones adoptadas en tal resolución definitiva, incluida la de dejar sin efectos la medida provisional contenida en el auto de radicación, también quedara insubsistente. Mas aun, basta imponerse del contenido de la petición de la parte actora en la que solicitó la ejecución forzosa de las cantidades por concepto de pensión alimenticia provisional adeudadas al tenor del treinta por ciento de los ingresos del deudor alimentario como quedó establecido en el auto admisorio de catorce de enero de dos mil diez-, no así sobre el cincuenta por ciento de sus percepciones, como se estatuyó en la sentencia apelada que quedó insubsistente; para advertir que desde la emisión del proveído de veinte de octubre de dos mil quince se ha solicitado al quejoso el pago de la cantidad contenida en el auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. Por tanto, contrario a lo que afirma el solicitante del amparo, la improcedencia del recurso de apelación sí resulta manifiesta, porque los autos que se pretendían impugnar a través de dicho recurso ordinario no se identifican como aquellos en los que se fijaron alimentos provisionales, sino que en todo caso son una consecuencia directa de dicha determinación, de modo que tampoco resulta aplicable la tesis PC.XXI. J/5 C (10a.) que invocó para soportar esa afirmación. En ese orden de ideas, al no ser el recurso ordinario establecido por el legislador para impugnar las determinaciones adoptadas por el juez de la causa, lo alegado en torno a los vicios que les atribuye a los acuerdos de siete y dieciséis de marzo de dos mil dieciséis resultan inatendibles y por ende, inoperantes los motivos de disenso planeados en el sentido de que la procedencia del recurso deriva de las reglas de interpretación de la norma y de que el juzgador decretó el embargo de bienes para garantizar una pretendida ejecución de sentencia, cuyo monto ni siquiera ha sido cuantificado en la etapa de ejecución relativa, aunado a que tal liquidación fue hecha en forma unilateral por la tercera interesada al inicio del juicio y no respecto de cantidades decretadas en alguna sentencia, sin seguirse las formalidades esenciales que deben observarse para ello. Lo anterior, porque conforme a la redacción del artículo 225 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero vigente en la fecha de presentación de la demanda, las cuestiones inherentes al monto de la pensión alimenticia provisional debía dilucidarse en la vía incidental, mientras que el diverso ordinal 404 del Código Civil del Estado de Guerrero prevé expresamente la facultad del juez de asegurar los alimentos provisionales mediante, entre otros gravámenes, el embargo; aunado a que, como se explicó, el derecho fundamental de tener acceso a un recurso fácil y sencillo no implica la substanciación y resolución de los medios de impugnación soslayando las reglas de procedencia que expresamente estableció el legislador para ello, pues es inconcuso que de la interpretación de la norma no pende la procedencia de los medios de impugnación, sino de su identificación con el catálogo establecido en la ley. Finalmente, no escapa a la atención de quien aquí resuelve que, efectivamente como lo sostiene la parte quejosa, el juez de la causa al emitir los autos que se pretendieron apelar adujo que se trataba de la ejecución de la sentencia definitiva, lo que, como quedó expuesto en líneas precedentes, resulta incorrecto por virtud de lo resuelto en el Toca Familiar 343/2011; en tanto que la sala responsable al pronunciar la resolución sujeta a examen no hizo precisión alguna sobre el particular; sin embargo, aun y cuando esto último resulta fundado en razón, a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la justicia federal en virtud de que, una vez hecha tal corrección, de todos modos ello no mutaría la naturaleza de los autos de siete y dieciséis de marzo de dos mil dieciséis para apreciarlos como de aquellos previstos en el artículo 224 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, de ahí que las alegaciones hechas con base en tal circunstancia resultan fundadas pero inoperantes. Lo expuesto con antelación pone de relieve lo infundado, inoperante y fundado pero inoperante de los conceptos de violación esgrimidos, y por ende, lo que procede es negar la protección constitucional que solicitó J. Jesús Acosta Mena, en contra de la resolución de quince de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el Toca Familia 121/2018; determinación que se hace extensiva a los actos de las autoridades designadas como ejecutoras, por no haberse impugnado por vicios propios. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 217, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a J. Jesús Acosta Mena, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el resultado primero de esta resolución, por las consideraciones contenidas en el último considerando. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman......"; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTOS DE FECHA VEINTE DE ABRIL Y VEINTITRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO....
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