J. Jesus Abonza Abarca

Expediente 1044/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1044/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
30/09/2021

Partes del expediente

  • J. Jesus Abonza Abarca
  • Tercera Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Declaración de cumplimiento. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y específicamente la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa no desahogó la vista concedida en autos, en virtud de que no realizó manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a cargo de la autoridad responsable; en tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente, a fin de establecer si efectivamente se dio cabal cumplimiento al fallo protector. En ese sentido, se tiene que el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se pronunció sentencia en este juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para el efecto de que: "Notifique a la parte demandada el auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, y se pronuncie sobre la vista otorgada a las partes en el citado acuerdo; hecho lo anterior, y de ser procedente, declare cerrada la instrucción; para así restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, como lo dispone el artículo 77 de la Ley de Amparo." Determinación que causó ejecutoria el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. En ese tenor, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, allegó copia certificada del razonamiento actuarial practicado por la actuaria de su adscripción, mediante el cual asentó que realizó la notificación a la parte demandada respecto del auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, vía instructivo, dentro del juicio laboral *******, de su índice. Asimismo, por auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se pronunció respecto a la vista otorgada a las partes por auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, certificando que no quedaba prueba pendiente por desahogar dentro del juicio laboral de origen. Por otra parte, analizadas las manifestaciones formuladas por la parte quejosa, mediante escrito recepcionado por este juzgado federal el siete de los actuales, se advierte que por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictado por la junta responsable en el juicio laboral de origen, tuvo a la parte actora desahogando la vista que se le otorgó por auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, sin que la junta se haya pronunciado respecto a dichas manifestaciones en vía de alegatos, en el auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno; razón por la cual este juzgado de distrito por el momento determina que EL FALLO PROTECTOR NO SE ENCUENTRA CUMPLIDO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, allegue copia certificada de las constancias con las que acredite dar cabal cumplimiento al fallo protector; asimismo, informe el estado procesal que guarda el presente asunto, con el apercibimiento de que ante el incumplimiento o no manifestar impedimento, se hará acreedora de una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el diez de septiembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa ************, compareció ante este órgano jurisdiccional a ratificar el escrito presentado ante la oficialía el seis de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual, subsana la prevención formulada a su escrito de demanda; por tanto, se tiene por satisfecho el requerimiento de mérito. Anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En ese sentido, del estudio integral del escrito de demanda se desprende, que esencialmente, la parte quejosa reclama de la Tercera Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, la resolución dictada el dos de agosto de dos mil veintiuno, por la que confirma el auto de veinte de mayo del mismo año, emitido por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, -en el que se tuvo a la parte demandada exhibiendo la cantidad adeudada, ejerciendo el derecho previsto en el artículo 754 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, y ordena dar vista a la parte actora, a fin de que formule la planilla de liquidación correspondiente-, con lo que refiere, la autoridad responsable niega la continuación del trámite de escrituración correspondiente. Causal de improcedencia. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Los citados preceptos señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior (...)." Del primero de los preceptos legales transcritos se advierte que la causa de improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Ley de Amparo, ahora bien, conforme al segundo de los numerales, existen, por regla general, dos tipos de resoluciones en el periodo de ejecución que pueden reclamarse en juicio de amparo indirecto: a) la de carácter definitivo que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de o bienes rematados y b) la última resolución dictada en el periodo de ejecución, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en ambos casos, pudiendo impugnarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución en la demanda de amparo que se promueva contra éstas. Apoya lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, por analogía la jurisprudencia VI3o.C. J/69, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 864, tomo XXVIII, agosto de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA CUANDO EXISTE REMATE DE BIENES EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA DOS TIPOS DE RESOLUCIONES. El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que el amparo ante el Juez de Distrito, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se apruebe o desapruebe. De lo anterior, se desprende que en los juicios en los que se rematan bienes en el periodo de ejecución de sentencias, existen dos resoluciones que pueden impugnarse en el juicio de amparo indirecto y que son aquellas en las que se aprueba o desaprueba el remate y la última resolución en el procedimiento de ejecución." En este sentido, el alto tribunal del país ha establecido que la última resolución que se dicta en la fase ejecutiva de un juicio es aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pues se considera que el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada es de orden público, por lo que no debe ser obstaculizado. Tiene aplicación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia P./J.32/2001, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 27/99, visible en la página 31, tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, establecen dos reglas genéricas y una específica para la procedencia del juicio de amparo indirecto. La primera regla genérica apunta que el juicio de amparo procede contra actos dictados en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, éstos han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquéllos que, por sus consecuencias, son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado consagrados en la ley fundamental, puesto que dicha afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. La segunda regla genérica señala que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido el juicio, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el máximo tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, tales como el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida de la condena decretada. Por último, la regla específica, introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consiste en que el juicio de amparo biinstancial podrá promoverse: a) contra actos dictados en ejecución de sentencia por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo sólo contra la última resolución que se pronuncie en dicho procedimiento de ejecución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, entendiéndose por última resolución aquélla que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y b) tratándose de remates, contra la resolución definitiva que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En este orden de ideas, no debe perderse de vista que los procedimientos seguidos en forma de juicio están integrados por las siguientes fases: a) previa, b) instrucción, c) sentencia y d) ejecución, y que los actos emitidos con posterioridad a la conclusión del procedimiento son impugnables sólo hasta la última resolución que se dicte en la etapa de ejecución, momento en el cual pueden hacerse valer las irregularidades que estime la parte inconforme se cometieron en su contra durante la substanciación de esta fase, pues atendiendo a la regla específica comentada, mientras no se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, no pueden impugnarse a través del juicio de amparo indirecto las violaciones que se estimen cometidas en dicho procedimiento. Ahora, del análisis íntegro del escrito inicial de demanda se colige que el acto reclamado consiste en la resolución dictada por la Sala responsable, el dos de agosto de dos mil veintiuno, que confirma el auto de veinte de mayo del mismo año, emitido por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, -en el que se tuvo a la parte demandada exhibiendo la cantidad adeudada, en términos del artículo 754 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, y ordena dar vista a la parte actora, a fin de que formule la planilla de liquidación correspondiente-, con lo que refiere, la autoridad responsable niega la continuación del trámite de escrituración correspondiente a favor de un tercero. Consecuentemente, el acto reclamado se trata de un acto dictado en la etapa de ejecución de sentencia en el juicio de origen, del cual la promovente es la parte actora; de ahí que toda vez que se tuvo a la parte demandada exhibiendo una determinada cantidad en términos del artículo 754 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, y se ordenó dar vista a la parte actora a fin de que formule la planilla de liquidación correspondiente, no puede hablarse de que se esté ante el fin de la etapa de ejecución, dado que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado ni declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento al fallo, en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que resulta improcedente el presente juicio de amparo. Orienta lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la diversa jurisprudencia número 189344, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 34, Tomo XIV, julio de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto precisan: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." En estas condiciones, se estima que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la indicada causal de improcedencia del juicio de amparo, puesto que el acto reclamado no puede ser combatido a través de esta instancia constitucional, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución correspondiente, momento en el cual podrán reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Apoya lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 721, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, agosto de 1999, Novena Época, cuyo rubro y contenido son: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, CUANDO EL ACTO QUE SE RECLAMA NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN QUE SE PRONUNCIÓ EN UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. El artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, previene en lo conducente que: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.- Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso...". Dicho precepto es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución el amparo sólo será procedente cuando el acto que se reclame sea la última resolución. Por tanto, si en un juicio de amparo lo que se reclama es un proveído que se pronunció durante la tramitación de una liquidación de sentencia, es obvio que al no ser la última resolución que habrá de dictarse en dicho procedimiento, el amparo biinstancial resulta improcedente." De igual forma, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/27, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 435, tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Cabe destacar que si bien, conforme a la segunda regla explicada, existen actos dentro de la etapa de ejecución que pueden ser reclamables en amparo indirecto con la condición de que estos sean autónomos de la propia fase y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; como se precisó, el acto reclamado se emite con motivo de la consecución de la fase ejecutoria de la sentencia dictada. Es orientador por analogía, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 1345, tomo XXX, Octubre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías." Consecuentemente con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; siete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito con anexo presentado a nombre de *******, en el que pretende subsanar la prevención formulada al escrito de demanda; antes de proveer sobre su contenido, debe destacarse que a simple vista, se advierte que la firma asentada en el ocurso de mérito, difiere notablemente en sus rasgos caligráficos con la que obra en la demanda de amparo; en consecuencia, tomando en consideración que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercer un derecho se manifiesta mediante la firma, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, y de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente, comparezca ante este órgano constitucional con identificación oficial con fotografía a manifestar si ratifica o no el referido ocurso que presentó el seis de los actuales; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentando el escrito de cuenta. Lo anterior, con independencia de que en el momento procesal oportuno se provea lo conducente, incluso ordenándose el desahogo de los exámenes periciales correspondientes, pues en caso de apreciarse la posible existencia de una causa de improcedencia, como lo es la que se daría de la eventual falsedad de la firma, los tribunales de amparo pueden actuar oficiosamente, y en el caso, se definiría a través de los estudios correspondientes si la parte quejosa no firmó la demanda o el ocurso aclaratorio, pues no basta su ratificación. La ratificación tampoco impide que el juzgador de amparo pueda continuar con las actuaciones correspondientes, para en su caso, evidenciar que se actualiza alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 261 de la Ley de la Materia, habida cuenta que en términos del artículo 140 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se considera firma indubitable, entre otras, las puestas en actuaciones oficiales y en presencia del secretario. Ahora bien, tomando en consideración los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, se deja expedito el derecho de la parte quejosa para agendar la cita correspondiente en atención a sus tiempos y compromisos, quedando bajo su responsabilidad la continuación de este expediente. Asimismo, se deja a disposición del promovente el número telefónico 777 100 87 00 Ext. 1201, para cualquier eventualidad que se presente relacionada con el requerimiento efectuado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; uno de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, de la razón levantada por el actuario adscrito a este juzgado, de treinta de agosto del año en curso, en la que hace constar los motivos por los que no le fue posible notificar a la parte quejosa J. Jesús Abonza Abarca, el proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, por las consideraciones que expone en la misma. En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquese la notificación de referencia, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publique en los estrados de este tribunal; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. AUTO DE 27/08/2021: Cuernavaca, Morelos; veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por *********arca, por propio derecho, contra actos de la Tercera Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, radicado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, y otra autoridad. Anotaciones en el libro de gobierno. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1044/2021, y fórmese expediente. Prevención Del estudio integral de la demanda que se provee, se advierten dos irregularidades que requieren ser subsanadas, previo a su admisión, por lo que con fundamento en el artículo 112, en relación con los ordinales 110, 108 fracción V, y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que, en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, por escrito, bajo protesta de decir verdad, aclare su escrito de demanda en los siguientes términos: Primero. En términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, deberá exhibir dos copias de su escrito de demanda, toda vez, que de la papeleta de turno no se advierte que hubiera exhibido los traslados necesarios, siendo necesarios cuatro juegos: dos para las autoridades responsables, uno para correr traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, uno para emplazar a la parte tercera interesada. Tiene aplicación al caso, por analogía jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Página 79, que cuyo establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Segundo. En vía de antecedentes del acto reclamado, de ser posible, exhiba copia o transcriba el auto de veinte de mayo del año en curso, emitido en el juicio de origen; lo anterior a fin de proveer en relación a la suspensión de los actos reclamados. Apercibimiento. En consecuencia, se apercibe al promovente que en caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos establecidos, se procederá de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo; es decir, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. (.)

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