J. Javier Ortiz Arredondo y Otros.

Expediente 1024/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1024/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • J. Javier Ortiz Arredondo y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de dos de octubre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por********************y ********************. ****************************************Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes.****************************************Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido.****************************************Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-

  2. Principal

    agréguese a los autos el acuse de recibo mediante el cual la Tesorería de la Federación informa que recibió el oficio 23832/2023 de este índice, por el que se le remitió el billete de depósito ******************** expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI) por ********************).

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por J. Javier Ortiz Arredondo, Gerardo Almanza Torres y Óscar Fernando Banda Gallardo, contra actos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, Urbano y Medio Ambiente de Salamanca, Guanajuato; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1024/2023-VIII. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: ... Actos reclamados. Los quejosos reclaman de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, Urbano y Medio Ambiente de Salamanca, Guanajuato: La Renovación de la anuencia de instalación de mecanismo de control y acceso en zona habitacional, con ubicación en las calles ... de Salamanca, Guanajuato, de seis de septiembre de dos mil veintitrés; y El oficio DGOTUMA/6122/2023 de diecinueve de septiembre del año en curso, por el cual se dio contestación al pliego petitorio presentado en dicha Dirección el ocho de septiembre del presente año. Desechamiento. Al respecto, este juzgado advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] ... El principio de definitividad del juicio de amparo que contiene la fracción transcrita, consiste en la obligación del quejoso de observar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección constitucional. La previsión normativa contiene la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra aquellas resoluciones dictadas por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban revisarse de oficio o contra las que proceda algún recurso, juicio o medio de defensa, con el cual puedan modificarse, revocarse o anularse. Dicho principio procesal del juicio de amparo, deriva del contenido de la fracción IV del artículo 107 constitucional, que dispone: ... El principio de definitividad admite excepciones: La primera de ellas, exime al solicitante de amparo de agotarlo cuando, con la interposición del recurso, juicio o medio de defensa ordinario, no pueda obtenerse, con la misma facilidad que le brinda la Ley de Amparo, la suspensión de los actos reclamados. La segunda se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Se estima que los actos combatidos pueden impugnarse ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, de conformidad con lo previsto en el artículo 7, fracción I, inciso a), de su Ley Orgánica, a través del proceso administrativo, en términos de la fracción I, del artículo 1, en relación con los artículos 251, fracción I, inciso a) y 263, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Los preceptos relativos prevén. LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. Artículo 7. Las Salas del Tribunalde Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato serán competentes para conocer: ... De ahí que no sean mayores los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato para la procedencia de la suspensión de los actos impugnados, que los prescritos en la Ley de Amparo. ... De ese modo, la parte promovente no se encuentra relevada de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los medios de defensa que estatuye la ley ordinaria. De lo contrario imperaría el arbitrio de los promoventes, quienes por el sólo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrían optar entre agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca o acudir directamente al juicio de amparo, lo que desde luego no es admisible en el juicio constitucional, por lo que están obligado a agotar los medios de defensa que estatuye la ley ordinaria antes de acudir al juicio de amparo. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debió impugnar los actos reclamados, optativamente, ante el Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad federativa o ante el Juzgado Administrativo Municipal de Salamanca, Guanajuato y, de esta forma, cumplir con el principio de definitividad para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Aunado a que los quejosos tampoco se colocan en un supuesto de excepción para agotar los medios de defensa ordinarios a su alcance por alegar violaciones directas a la Constitución, pues si bien a primera vista no refieren que los actos de autoridad contravienen algún dispositivo legal específico, sus planteamientos denotan la conculcación al principio de legalidad que rige las funciones de la autoridad responsable, como parte de la administración pública. En virtud de lo expuesto, ante la actualización de forma manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de dicha legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por J. Javier Ortiz Arredondo, Gerardo Almanza Torres y Óscar Fernando Banda Gallardo. Domicilio procesal, autorizados y representante común. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en en esta ciudad. Se tiene a Óscar Castro Roa como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos de dicho numeral a Adrián Gerardo Almanza Jasso, pues no cuentan con dicho registro, y en los mismos términos restringidos a las demás personas que refieren los promoventes, por así solicitarlo la parte quejosa. Téngase proporcionado el correo electrónico que indican los promoventes, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se considere necesario. Con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, téngase a J. Javier Ortiz Arredondo como representante común de la parte quejosa. se exhorta a las partes que de ser posible transiten hacia la actuación del presente asunto desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos excepcionales previstos en el artículo 257, fracción I, del citado acuerdo general. ... Protección de datos personales Con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.-

  4. Principal

    agréguese a los autos el acuse de recibo mediante el cual la Tesorería de la Federación informa que recibió el oficio 23813/2023 de este índice, por el que se le remitió el billete de depósito N-659580 expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI) por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional).

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