J. Israel Garfias Boyso
Expediente 691/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 691/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- J. Israel Garfias Boyso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: ESTADO DE AUTOS Del sumario se advierte que, con data dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, se comisionó a la Actuaria adscrita a efecto de que procediera a realizar el llamamiento a juicio de la parte tercera interesada Rosa Aurora Pérez Romero; sin que a la fecha obre dicho acto procesal. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, se conmina a KARLA DANIELA GONZÁLEZ RÍOS actuaria de la adscripción, para que a la brevedad practique la diligencia encomendada en el auto de referencia e integre las constancias correspondientes al presente juicio de amparo, a fin de estar en condiciones de proveer lo que conforme a derecho corresponda. A fin de dar margen para que la fedataria judicial en comento realice dicho acto procesal, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para su verificativo; lo anterior, en atención al segundo periodo vacacional de invierno que gozará este Juzgado de Distrito, consistente en la segunda quincena del mes de diciembre. Captúrese el registro correspondiente, en la agenda institucional que obra electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: ESTADO DE AUTOS Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, se comisionó a la Actuaria de la adscripción a efecto de que realizara el llamamiento a juicio de la parte tercera interesada ********************, al tenor de lo establecido en el proveído de referencia; sin que a la fecha obre su emplazamiento. Por consiguiente, a fin de dar oportunidad a la práctica de dicho acto procesal, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. De lo anterior, captúrese el registro correspondiente en la agenda institucional que obra electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria Ana Bertha Bravo Duarte, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: ESTADO DE AUTOS Del estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obran los acuses de recibo de los oficios ********************y ********************, del índice de este juzgado; mediante los cuales se ordenó notificar a las autoridades responsables el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 307 a 309), en el cual se declaró ejecutoriada la sentencia definitiva dictada en el presente juicio constitucional y se requirió el íntegro cumplimiento al fallo amparador. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones, se comisiona a la Actuaria de la adscripción, para que mediante cualquier medio (vía telegráfica, postal, estafeta, correo electrónico, etc.) recabe las constancias de notificación correspondientes a las misivas de referencia e integre las mismas al presente cuadernillo de amparo. Lo anterior, a fin de estar en condiciones de proveer lo que conforme a derecho haya lugar. Cúmplase. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria Ana Bertha Bravo Duarte, quien da fe.
- Incidental
VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo indirecto 691/2023; y RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo J. Israel Garfias Boyso, solicitó la suspensión definitiva de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable. SEGUNDO. Trámite. Por auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal negó a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados; requirió a la autoridad responsable su informe previo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 48 en relación con el 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. En el caso, la parte incidentista hizo consistir su reclamo en: "(.) IV. ACTO RECLAMADO. El acuerdo de fecha 14 de septiembre del año 2023 dictado por la Jueza Segundo de lo familiar de Uruapan la Licenciada Ernestina Pimentel Pineda dentro del juicio especial oral familiar con número de registro 393/2023 donde son partes el de la voz en cuanto a demandado y la Señora ROSAURA PEREZ ROMERO en cuanto actora, dicho auto confirma una medida cautelar en mi contra en la cual se fijan alimentos provisionales en favor de mi aun esposa; mismos que fueron establecidos sin valorar la situación económica actual del de la voz, la aptitud para desempeñar algún trabajo remunerado, las condiciones de salud y sin tomar en cuenta el principio de proporcionalidad. (.)". En suma de lo anterior, este órgano de control constitucional procede al pronunciamiento sobre la medida suspensional peticionada. TERCERO. Interés suspensional. La parte quejosa acredita su interés jurídico por ser parte dentro del juicio del que deriva el acto reclamado. Resulta aplicable el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Seminario Judicial de la Federación, Séptima Época, Sexta Parte, Volumen 217-228, página 352, cuyo rubro dice: "INTERES JURÍDICO PARA LA SUSPENSION PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SE SURTE SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO". Es verdad que a cargo del promovente del amparo pesa la obligación de probar en el incidente de suspensión su interés jurídico para obtener la medida cautelar de que se trata, empero en dicho incidente no se requiere la plena demostración del referido interés, bastando la prueba indiciaria, deducida de lo asentado por el quejoso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que es parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado. CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, admitió la existencia de los actos reclamados, como se advierte del informe previo rendido. QUINTO. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. A efecto de proveer lo conducente en este apartado, es menester precisar que conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: Los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; Los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; Las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; Las previsiones que el Juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión; Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: La petición de parte; La existencia de los actos reclamados; La naturaleza de los actos reclamados; La afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión de los actos reclamados; y La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el más Alto Tribunal. El peligro en la demora. Aunado a ello, resulta de especial relevancia reiterar que para decidir sobre la procedencia de la suspensión (provisional o definitiva) en el juicio de amparo indirecto, el juzgador debe, en primer lugar, examinar si son ciertos los actos reclamados o los efectos y consecuencias combatidos; segundo, si la naturaleza de esos actos permite su paralización; tercero, si se satisfacen las exigencias previstas por los numerales 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo vigente, ponderando la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social ni transgresión a disposiciones de orden público y, por último, determinar si procede exigir alguna garantía para que surta efectos la medida cautelar. Bajo ese contexto y siguiendo el orden lógico-secuencial, antes enunciado, el suscrito estima que en relación a la petición de parte, dicho requisito SE ENCUENTRA COLMADO; en virtud de que en el escrito de demanda, la parte incidentista solicitó la suspensión de los actos reclamados y por ende, existe la petición de parte agraviada. Asimismo, para la procedencia de la medida cautelar se requiere que los actos sean ciertos; requisito que SE ENCUENTRA COLMADO, dado que, al tratarse de la suspensión definitiva, la existencia del acto reclamado quedó acreditada al tenor del informe previo allegado por la autoridad responsable. En relación a que los actos reclamados sean susceptibles de ser suspendidos conforme a su naturaleza, NO SE ENCUENTRA COLMADO; pues, en caso de conceder la suspensión equivaldría a suspender el pago de la pensión alimenticia decretada dentro del controvertido de origen, a cargo del ahora parte incidentista, los perjuicios que se ocasionarían a la acreedora alimentista, podrían ser irreparables. Además, los alimentos son de orden público porque tienden a proteger la subsistencia del acreedor y constituyen un derecho establecido por la ley, que nace del estado matrimonial. Se suma a lo anterior, que conforme a la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias de la que el Estado Mexicano forma parte, publicada en la primera sección del Diario Oficial de la Federación del dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en su artículo 4°, se establece que toda persona tiene derecho a recibir alimentos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria, o cualquier otra forma de discriminación; de ahí que resulte improcedente conceder la medida cautelar solicitada. Además que, del escrito de demanda no se desprende que con la fijación de la pensión alimenticia la parte incidentista quede en estado de insolvencia; máxime, que el monto de la pensión se fija en un porcentaje de los ingresos del obligado, suficientes para cubrir los gastos indispensables para la subsistencia de los acreedores, a efecto de que la referida pensión resulte verdaderamente proporcional a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 128, fracción II, de Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, en relación con el 129, fracción IX, de la citada Ley, SE NIEGA A LA PARTE INCIDENTISTA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA PETICIONADA, pues, como se estableció en líneas primigenias, de concederse dicha medida cautelar se afectaría el orden público y el interés social, ya que se impediría el pago de alimentos en favor de la acreedora alimentista. Tiene aplicación, la tesis de registro digital 271100, de la Tercera Sala, visible en la página 26, Volumen XLIV, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, del texto siguiente: "ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION CONTRA EL PAGO DE LOS. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, es improcedente conceder la suspensión contra el pago de alimentos, porque los perjuicios que tal suspensión causaría al acreedor alimentista serían irreparables. No obsta que se alegue que la pensión se determinó incorrectamente; que el Juez de determinado lugar la fijó en una cantidad menor; que el deudor alimentista ya haya estado consignando oportunamente, y que la acreedora la haya recogido en forma retardada, si no hay pruebas que así lo acrediten. Tampoco importa que no se haya tenido en cuenta las circunstancias que deban observarse para fijar el monto de la pensión de que se trate, porque parte de esas cuestiones, por la naturaleza del recurso de queja, no son de su materia, y en todo caso corresponderían al fondo del amparo, y además porque ni aun teniendo por cierto que la acreedora alimentista dejó acumular las pensiones alimenticias, podría concluirse que no tenía necesidad de percibir los alimentos". Asimismo, la tesis de registro digital 343524, de la Primera Sala, visible en la página 527, Volumen CV, del Semanario Judicial de la Federación, del texto siguiente: "ALIMENTOS, SUSPENSION TRATANDOSE DEL PAGO DE PENSIONES CAIDAS. Si en vista de los recursos que el propio quejoso ha hecho valer contra la resolución que lo condena a pagar una pensión alimenticia, han pasado algunos vencimientos y la acreedora no ha percibido las pensiones correspondientes a esos vencimientos, esa actitud de dicho quejoso, de desobediencia a una determinación judicial, no puede perjudicarla en ninguna forma, y, por lo tanto, no puede sostenerse que se esté en el caso de aplicación de la tesis que se refiere a la procedencia de la suspensión del pago de pensiones alimenticias caídas". La tesis I.14o.C.74 C, del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 3147, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto siguiente: "ALIMENTOS. CUANDO SE INVOLUCRA EL DERECHO DE UN MENOR A RECIBIRLOS, NINGUNA RAZÓN FORMAL VÁLIDAMENTE LO PUEDE OBSTACULIZAR O HACER NUGATORIO. El interés superior de un menor debe encontrarse inmerso en toda consideración judicial que se pronuncie en la que pudieran afectarse, directa o indirectamente sus derechos, por lo cual los juzgadores tienen que tomar en cuenta los derechos preponderantes y de mayor jerarquía de los niños, como criterio rector para resolver lo que corresponda. Por tanto, si desde que se presenta una demanda incidental se solicita, en favor de un menor de edad, se fije una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva, ninguna razón formal puede constituir un obstáculo jurídico válido que impida pronunciarse respecto a la determinación del monto de la pensión de alimentos tomando como base la presentación de dicha demanda, independientemente de que en el auto que la admita no se decrete en contra del demandado una pensión alimenticia provisional y que esa resolución se hubiese consentido, porque no se impugnó oportunamente, en tanto que no es admisible reconocer un mayor peso a esta cuestión meramente formal, que a la concreción líquida del derecho de un menor a recibir alimentos, establecido en una sentencia firme, si tal pronunciamiento puede realizarse en la resolución definitiva del incidente, en la que se comprendan los alimentos adeudados desde que se presentó la demanda referida y los que se sigan venciendo hasta la fecha en que el menor ya no los necesite, o se declare la cancelación o suspensión del derecho a recibirlos. Esta postura encuentra plena justificación, en la medida de que el derecho a recibir alimentos comprende un conjunto de satisfactores necesarios para preservar la salud y subsistencia, entre otros, de un niño, cuyo interés, como derecho fundamental, debe ser tutelado a toda costa, y evitar, con ello, que ese derecho resulte nugatorio". Y, la tesis II.2o.C.212 C, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 965, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ALIMENTOS. SU FIJACIÓN EN PORCENTAJE RESULTA LEGAL Y CORRECTA CUANDO SE DESCONOZCAN LOS INGRESOS REALES DEL DEUDOR. Cuando en un juicio de divorcio se condene al pago de pensión alimenticia, y no existan datos que permitan determinar los ingresos del deudor alimentista, es correcto fijar el monto de la pensión en un porcentaje de los ingresos del obligado, suficientes para cubrir los gastos indispensables para la subsistencia de los acreedores, a efecto de que la referida pensión resulte verdaderamente proporcional a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Ello cuando no queden probados dichos ingresos reales del deudor alimentista." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva a J. Israel Garfias Boyso, por los actos atribuidos a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, en términos del considerando quinto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria Ana Bertha Bravo Duarte, quien da fe.
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