J. Isaias Urbiola Valencia

Expediente 211/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
211/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
22/02/2019

Partes del expediente

  • J. Isaias Urbiola Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    AVISO. SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL(S) AVISO DE 25/02/2019, QUE CONTIENE(N) LA DETERMINACIÓN(ES) DE 22/02/2019, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) DETERMINACIÓN(ES) DE VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N). ".....Querétaro, Querétaro, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Jesús Salinas Sandoval, quien se ostenta como representante legal de J. Isaias Urbiola Valencia, consecuentemente y toda vez que se advierte que dio cumplimiento a las prevenciones formuladas mediante auto de dieciocho de febrero pasado, se procede a acordar lo conducente: Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Salinas Sandoval, quien se ostenta como representante legal de J. Isaias Urbiola Valencia, personalidad que acredita en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con copias de la comparecencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, llevada a cabo por el Juez Décimo Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del expediente 838/2018; contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otra autoridad, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Amparo, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 211/2019-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, previo al estudio de la demanda en cuestión es menester señalar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juez de distrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Para mayor claridad, se hace del conocimiento de las partes que, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que: Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En primer lugar, es oportuno señalar que la demanda de amparo, debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto, sirve de apoyo por analogía a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Entonces de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede al estudio íntegro de la demanda de amparo, de donde advierte que el acto que la parte quejosa señala como reclamado lo hace consistir esencialmente en: El auto de primero de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Magistrado de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, donde ordena girar oficios a las fuentes laborales del quejoso (Instituto Tecnológico de Querétaro y Universidad Nacional de Aeronáutica de Querétaro), con la finalidad de corroborar si presta sus servicios bajo cualquier régimen, laboral, profesional, por medio de outsourcing o cualquier índole, que ingresos percibe por salario, honorario o cualquier otro tipo de prestación patrimonial, si estos son quincenales o mensuales, que tipo de prestaciones tiene derecho laboralmente y cuáles son las deducciones de ley o no de ley que tiene, todo esto ordenado dentro del Toca Familiar 58/2019. Ahora bien, esta Juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo vigente, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. Los preceptos citados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; --- [.]" Sobre los actos cuya ejecución es de imposible reparación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. Ello es así, si se toma en consideración que los actos que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que de una manera inmediata lesionan los derechos sustantivos de una de las partes en el juicio, en que se pronuncie o bien haga imposible la prosecución del procedimiento y, por tanto, el fallo definitivo cause a una de las partes un agravio no reparable, es decir, los actos que tienen una ejecución de imposible reparación son aquellos que generan efectos materiales sobre los derechos sustantivos de los gobernados. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), visible en la página 1902, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2011338, de rubro y contenido siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Del mismo modo robustece lo expuesto la tesis número P.LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, Página 9, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto se transcribe: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.- Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen un ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable; por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que la quejosa no obtenga un fallo favorable en cuanto al fondo del asunto, estará en condiciones de hacerla valer como tal en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Es aplicable al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis 3a. 43, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Página 291, Materia Común, Octava Época del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.'. El alcance de tal disposición, obliga precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus defectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Entonces, el acuerdo dictado el uno de febrero de dos mil diecinueve, no causa al quejoso, un agravio de imposible reparación, toda vez que es factible que al momento de dictarse la resolución que resuelva la solicitud de alimentos en el expediente de donde emana el acto reclamado, ésta sea favorable a los intereses del impetrante de amparo, y con ello se repararía la violación alegada, de ahí que dicha determinación por el momento no le causa ningún perjuicio irreparable. De tal suerte, que el acto que ahora reclama dictado el uno de febrero de dos mil dieciocho, no basta para estimar que la ejecución de ese acto sea de naturaleza irreparable, pues para ello es menester la existencia de una violación directa a los derechos sustantivos de la parte promovente, contenidos en las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución Federal, y además, que la citada violación ya no pudiese ser reparada en determinación definitiva que se llegase a dictar; lo cual no sucede en la especie, pues la violación alegada aún puede ser reparada, lo cual haría que los efectos de la violación combatida quedaran extinguidos y sin dejar huella en su esfera jurídica; pero aún más, en el caso de que dicha sentencia no fuese emitida a favor de los intereses del promovente, podría ser reparada mediante los medios ordinarios de defensa En este orden de ideas, como se anticipó, el hecho de que el Magistrado de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, ordenara girar oficios a las fuentes laborales del quejoso (Instituto Tecnológico de Querétaro y Universidad Nacional de Aeronáutica de Querétaro), con la finalidad de corroborar si presta sus servicios bajo cualquier régimen, laboral, profesional, por medio de outsourcing o cualquier índole, que ingresos percibe por salario, honorario o cualquier otro tipo de prestación patrimonial, si estos son quincenales o mensuales, que tipo de prestaciones tiene derecho laboralmente y cuáles son las deducciones de ley o no de ley que tiene, todo esto ordenado dentro del Toca Familiar 58/2019, no constituye un acto que sea de imposible reparación, sino que sus consecuencias son meramente procesales, pues como ya ha sido explicado en párrafos precedentes, de obtener el quejoso, resolución favorable a sus intereses en el dictado de la sentencia que se emita y dirima el fondo de la litis, las violaciones procesales que ahora constituyen el acto reclamado, quedarán extinguidas sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos y, en caso de que no sea así, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, está en condiciones de hacer valer mediante los recursos ordinarios previsto en la Ley. Máxime porque, para determinar la procedencia o improcedencia del amparo biinstancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo vigente, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Acorde a lo anterior, los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquéllos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Esto es, la vía constitucional constituye el medio para hacer efectiva la finalidad de legalidad de todo acto de autoridad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales en los que éste sufra una perturbación, restricción, privación u otra lesión, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidas como garantías individuales; sin embargo, se insiste, la procedencia del juicio de amparo obliga a que los actos que se realicen dentro de juicio deban ser de aquéllos cuya ejecución sea considerada como de imposible reparación, es decir, como se dijo, cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Ley Suprema. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, página once, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Del mismo modo apoya a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro 2007064, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Materia(s), Constitucional Tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.), Página 536, del siguiente contenido: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados. Criterios aplicables, virtud de que no se oponen a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. Así, en términos generales, el juicio de amparo indirecto actualmente ya no es procedente en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, ya que éstas, en todo caso, son impugnables en amparo directo, cuando se reclama el fallo definitivo. En base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último a contrario sensu; por ende, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Jesús Salinas Sandobal, representante legal de J. Isaias Urbiola Valencia, en términos del artículo 113 ibídem, en virtud de que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, la certeza de la improcedencia del juicio de amparo. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." ..." ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO AVISO QUE SE LE DEJÓ.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE....

  3. Principal

    CITATORIO. SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA, JESÚS SALINAS SANDOVAL, MANDATARIO LEGAL DE J. ISAIAS URBIOLA VALENCIA, EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL CITATORIO DE 19/02/2019, QUE CONTIENE LA DETERMINACIÓN DE 18/02/2019, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE. ".Vista la demanda de garantías promovida por Jesús Salinas Sandoval, quien se ostenta como mandatario legal de J. Isaias Urbiola Valencia, contra actos de la Juez Décimo Primero de lo familiar y otra autoridad, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Amparo, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 211/2019-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el quejoso pueda subsanarlas en tiempo. En consecuencia, a efecto de tener por satisfechos los requisitos a que aluden los artículos 108, fracciones I, III y IV, en relación con el ordinal 114, las fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de proveer sobre el destino legal de la demanda de amparo intentada, prevéngase al promovente del amparo Jesús Salinas Sandoval, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados a partir de la legal notificación de este proveído y bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente. 1. Acredite la representación legal que dice ejercer sobre J. Isaías Urbiola Valencia. 2. Precise si la orden reclamada, a saber aquella, emitida el primero de febrero de dos mil diecinueve, dentro del Toca 58/2018, derivada de una inconformidad o apelación interpuesta por alguna de las parte dentro del Juicio sumario Civil 838/2018. Se exponen tales asertos, toda vez que la personalidad, así como, el acto reclamado, son un requisito esencial que debe contener toda demanda de garantías, ello con fundamento en el artículo 108 fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que, al desahogar dicha prevención deberá satisfacer los requisitos previstos en el citado numeral 108 de la ley de la materia. Se hace de su conocimiento que deberá exhibir el original de su escrito aclaratorio y la cantidad de copias de éste, que resulten necesarias para correr traslado a las autoridades responsables que se sirva precisar, dos copias para tramitar el incidente solicitado, una para correr traslado al tercero interesado y una copia para el Agente del Ministerio Público de la federación de la adscripción., en la inteligencia de que las copias exhibidas de su escrito de demanda, quedan en forma separada de este expediente, en la Secretaría de este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. Se apercibe al promovente que para el caso de no desahogar en sus términos la prevención formulada, se procederá conforme al artículo 114, esto es, SE TENDRÁ POR PRESENTADA LA DEMANDA. Se tiene como domicilio procesal, el señalado en su escrito de demanda. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente., con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia penal Federal., publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalice las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información y toda información con el presente expediente.." POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN DICHO AUTO, ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJÓ.

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