J.Isabel Mendiola Uribe

Expediente 785/2015 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
785/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
03/09/2015

Partes del expediente

  • J.Isabel Mendiola Uribe

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que el término de tres días previsto en el párrafo segundo, del artículo 104 de la Ley de Amparo vigente, ha transcurrido sin que la parte quejosa, haya impugnado la resolución de veinticinco de agosto pasado, por la cual este tribunal se declaró incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por ***; en consecuencia, se tiene por consentida dicha resolución. Por otra parte, infórmesele al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cinco en el Estado de Hidalgo, que el veinticinco de agosto del año en curso, en el presente asunto se regularizó el procedimiento, dejándose sin efecto el auto de dieciocho de agosto del presente año; y mediante proveído de veinticinco de agosto pasado, se determinó declarar la incompetencia para conocer de la demanda de amparo que originó el presente expediente, toda vez que de la lectura integral de la misma tomada como un todo, se advirtió que el quejoso reclamó la falta de emplazamiento al juicio agrario 411/2013, demanda que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, radicándola con el número 1044/2015-IV. Finalmente, como no existe actuación pendiente de practicar, archívese, el expediente en que se actúa como totalmente concluido, previas anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; por otra parte, con fundamento en la fracción I, del punto vigésimo primero, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito; el expediente en que se actúa es destruible y carece de relevancia documental, toda vez que no se encuentra en los supuestos que prevé el último párrafo del numeral y acuerdo citado.

  2. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE A SUS AUTOS EL OFICIO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, EN ATENCION A SU CONTENIDO TENGASELE ACUSANDO RECIBO DE LO QUE REFIERE PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Visto; el estado de autos, de los que se aprecia que el dieciocho de agosto del presente año, se desechó por extemporánea la demanda de garantías promovida por J. Isabel Mendiola Uribe, en contra de la sentencia de veintidós de abril del presente año, dictada en los autos del expediente agrario 411/2013, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cinco en el Estado de Hidalgo; sin embargo, de la lectura integral de la demanda, tomada como un todo, se advierte que la parte quejosa, manifiesta que jamás fue oído ni vencido en el juicio agrario 411/2013; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su ordinal 2°, se regulariza el procedimiento, y se deja sin efecto el proveído que antecede. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima carecer de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional promovido. Para evidenciar lo antes afirmado, es menester reiterar que el solicitante del amparo J. Isabel Mendiola Uribe, manifiesta que nunca fue oído ni vencido en el juicio agrario 411/2013, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cinco, en el Estado de Hidalgo. Así las cosas, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: ". El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.". En ese tenor, y como ya se indicó que de la lectura integral de la demanda tomada como un todo, se advierte que el promovente del amparo manifiesta la falta de emplazamiento a juicio, lo que da a entender que no se estableció la relación procesal, entonces, el conocimiento del amparo en este supuesto, corresponde a un juez de distrito y no a los tribunales colegiados de circuito, toda vez que quien se queja en el amparo indirecto tiene la posibilidad de aportar ante el juzgado federal las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento, o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevenida por la ley; en cambio, dada la naturaleza del juicio de amparo directo, por regla general, las pruebas sólo pueden consistir en las constancias del expediente formado por la autoridad responsable y, por tanto, se le dejaría en estado de indefensión porque no se le daría oportunidad de comprobar la violación alegada, y por ende, nos lleva a la exigencia de aplicar la hipótesis fáctica establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a) y b) de la ley de la materia vigente. Sirve de apoyo a lo así resuelto, el criterio jurisprudencial sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito de conformidad con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; toda vez que el quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevista en la ley, siempre y cuando el quejoso haya promovido la demanda de amparo dentro del término que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, pues ello no hace que pierda su calidad de tercero extraño al juicio, pues la violación cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra. Sin que tampoco sea obstáculo el que los artículos 158 y 159, fracción I, de la Ley de Amparo, establezcan como violación reclamable en amparo directo esa falta o ilegalidad del emplazamiento, ya que no es posible aplicar esos dispositivos legales cuando el quejoso es persona extraña al juicio por equiparación y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del emplazamiento.". En esa tesitura, se estima procedente que del presente asunto debe conocer y resolver lo que en derecho proceda un juez de distrito, por carecer este tribunal federal de competencia legal para el conocimiento de dicho asunto en la vía directa; lo anterior, sin que implique pronunciamiento alguno sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, en el caso a estudio; por ende, de conformidad con lo establecido por el numeral 47, párrafo tercero, de la Ley de la Materia, remítase la demanda con sus anexos, al juez de distrito en turno en el Estado de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, dieciocho de agosto de dos mil quince. Visto el oficio TUA/UAJ/1895/2015, de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cinco, registrado en la oficialía de partes bajo el número 4865/2015, mediante el cual remite escrito de presentación; original y copia de la demanda de amparo promovida por la quejosa, acta de nacimiento con número 00168 y acta de defunción con número 00032, constancia de residencia, certificados parcelarios 000001023654, 000001023655 y 000001023656, copia certificada de derechos sobre tierras de uso común 000000060706, certificado de derechos sobre tierras de uso común 000001006939, constancia de emplazamiento y los autos del expediente 411/2013; regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, este tribunal colegiado estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por el numeral en cita. Primero, cabe precisar que de las constancias remitidas por la responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el veintidós de abril de dos mil quince, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cinco, con residencia en esta ciudad capital, al resolver el expediente agrario 411/2013, promovido por la actora; declaró que se reconoce a la actora como sucesora del extinto ejidatario, ordenando la inscripción de la misma ante el Registro Agrario Nacional en esta entidad federativa. Inconforme con la anterior determinación, la quejosa promueve amparo directo, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Es importante patentizar que si bien se trata de un asunto de naturaleza agraria, estamos en presencia de derechos particulares, afectando a un ejidatario o comunero en lo particular, no de núcleos de población ejidal o comunal, por lo que el término para la promoción del juicio de garantías es de quince días, contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación de la sentencia que se reclama, de conformidad con lo establecido en los artículos 17, fracción III, y 18 de la Ley de Amparo. Ahora bien, atendiendo a la constancia de notificación visible en la foja ciento treinta y ocho, del expediente agrario 411/2013, se advierte que la sentencia reclamada fue notificada al quejoso el veintinueve de mayo de dos mil quince. Por lo tanto, si la resolución reclamada le fue notificada al promovente del amparo el veintinueve de mayo del año en curso, surtió sus efectos al día hábil siguiente, esto es, el uno de junio siguiente, comenzando a correr el plazo a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, del dos al veintidós de junio de dos mil quince, es inconcuso que si la demanda de garantías se presentó ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cinco, hasta el cuatro de agosto del año en curso, transcurrió en exceso el término que se disponía para presentarla, por lo que es de entenderse que el acto reclamado fue tácitamente consentido por el impetrante de garantías al no presentarla dentro del término legal. Así las cosas, toda vez que el presente caso no encuadra en ninguno de los casos excepcionales que señala el precepto 17, fracciones III y IV, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 62, todos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, por tanto, se desecha de plano por extemporánea la demanda de amparo, promovida por la quejosa, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j) y III; de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo a las partes para su conocimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 305 de Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, no ha lugar a acordar de conformidad lo relativo al domicilio para oír y recibir notificaciones, toda vez que este debe ser señalado dentro de la población en que tenga sede el tribunal; así como autorizados para tales efectos, los indicados en el escrito de demanda. En su oportunidad, archívese el expediente en que se actúa como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de la misma anualidad y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, última reforma publicada el doce de diciembre de dos mil siete, derogó en términos de su artículo cuarto transitorio, los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, y cuya última reforma fue publicada el ocho de mayo de dos mil quince, en concordancia con lo preceptuado en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; por último, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.

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