J. Isabel Buenrostro Robles

Expediente 1485/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1485/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • J. Isabel Buenrostro Robles
  • Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Revisado el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, se advierte que en comparecencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte se tuvo a Dorian Vladimir Hernández Báez, aceptando y protestando el cargo de perito oficial. Por otra parte, en proveído de diez de agosto de dos mil veintidós se requirió a Dorian Vladimir Hernández Báez, perito oficial, en materia de ingeniería y arquitectura; a fin de que en el plazo de diez días hábiles, legalmente computado, rindiera su dictamen pericial encomendado. Además, la determinación anterior, fue notificada por medio de lista de acuerdos de once de agosto pasado, al perito oficial; asimismo, que el plazo de diez días previamente concedido transcurrió del quince al veintiséis de agosto de dos mil veintidós; sin que hasta el momento haya sido rendido el dictamen por parte del perito oficial. Con motivo de lo anterior, se requiere al perito oficial Dorian Vladimir Hernández Báez, en los términos contenidos en el presente acuerdo. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las diez horas con siete minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese y; personalmente al perito oficial Dorian Vladimir Hernández Báez.

  2. Principal

    citatorio por este medio de lista se notifica al quejoso del proveido de 25 de agosto 2022 en el cual Zapopan, Jalisco, a veinticinco de agosto de dos mil veintidós. I. No presentada. Visto el estado que guarda el presente asunto, así como la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el lapso que tenía la parte quejosa, para que diera cumplimiento a la prevención contenida en el auto de veinte de julio de dos mil veintidós; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito y con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Nathali Cisneros Mendoza, Secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Encargada del Despacho por vacaciones del Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme a la autorización contenida en el oficio número CCJ/ST/2213/2022 de seis de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida por el secretario Héctor Hugo Ordaz Arredondo, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    I. Se recibe escrito de desahogo Visto escrito de cuenta, firmado por José Ricardo Meza Aldana, así como la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que el promovente tiene el carácter de autorizado en términos amplios; mediante el cual pretenden desahogar el requerimiento formulado mediante proveído de veinte de julio del año en curso. II. Motivos de la prevención. Ahora bien, conviene indicar que en auto de veinte de julio del año en curso, se le previno atento a los siguientes puntos: "a. Autoridades señaladas como unidades burocráticas. La parte promovente designa como autoridades responsables a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco y a la diversa Secretaría de la Hacienda Pública, ésta última antes Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, pero dichas denominaciones hacen referencia a las unidades burocráticas, es decir, un órgano del Estado, sin que indique a qué funcionarios en particular señala con el carácter de responsables Relacionado con lo expuesto, conviene tener en cuenta que el Estado para satisfacer los intereses colectivos se organiza en una forma especial que se le denomina administración pública, la cual está integrada por múltiples órganos que se caracterizan por ser esferas especiales de competencia y por requerir personas que ejerzan esa competencia y exterioricen su voluntad; sin embargo, no es posible ni debido confundir el órgano con su titular, pues mientras el primero representa una unidad abstracta, una esfera de competencia, el titular representa una persona concreta que puede ir variando sin que se afecte la continuidad del órgano y que tiene, además de la voluntad que ejerce dentro de la competencia del órgano, una voluntad dirigida a satisfacer intereses personales. Así que en las unidades del Estado existen un sinnúmero de servidores públicos; por ejemplo, en una dependencia gubernamental puede haber un director, subdirector, jefe de área, gerente, etcétera; en un órgano jurisdiccional un juez, secretario de acuerdos, secretario ejecutor, actuario, notificador, entre otros. Por ello, para que este juzgador se encuentre en posibilidad de acordar lo conducente sobre la admisión de la demanda, en la medida que el artículo 108, fracción III, de la ley que regula este proceso, dispone que es obligación de la parte quejosa expresar quiénes son las autoridades responsables, lo que implica el deber de indicar la denominación correcta u oficial de éstas, cualquiera que sea su naturaleza formal, al que se le atribuya el acto que se reclame. Por lo anterior, se le requiere para que precise a qué servidor público de la referida dependencia es quien tiene el carácter de autoridad para efectos de este amparo, en el entendido que no se solicita el nombre de la persona física o el particular que ejerce la función, sino la denominación del cargo, como se dijo a guisa de ejemplo: director, subdirector, jefe de departamento, juez, etcétera. Téngase en cuenta que de ser más de una autoridad, deberá presentar sendas copias del escrito inicial de demanda y del escrito aclaratorio, para poder solicitar los informes de ley. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVENCIÓN AL QUEJOSO CUANDO SU DENOMINACIÓN ES INCORRECTA. El artículo 116 de la Ley de Amparo señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto, entre otros, el que se prevé en la fracción III, esto es, la designación de la autoridad o autoridades responsables, por lo que es claro que desde el escrito inicial se deben precisar los nombres de éstas, a fin de que se esté en condiciones de emplazarlas y solicitarles su informe respectivo, y si no se hace, al advertir el Juez que alguna de ellas fue mal señalada, debe prevenir al promovente de amparo en términos del artículo 146 del propio ordenamiento jurídico, a efecto de que la señale correctamente, pues de estimar que hasta que se devuelva la correspondencia por no estar bien denominada la autoridad, se dé vista al promovente de garantías por el término de tres días para que manifieste lo que a su representación convenga, y que en caso de no cumplir se tenga por no señalada a la autoridad, es claro que se estaría contraviniendo el principio de economía procesal y el de administración de justicia pronta y expedita." "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo" No pasan inadvertidos los criterios de las siguientes tesis: "AUTORIDADES RESPONSABLES. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE RECABAR LA INFORMACIÓN NECESARIA A FIN DE CONOCER SU DENOMINACIÓN, SI EL QUEJOSO DICE DESCONOCER EL NOMBRE CORRECTO, Y ÉSTE NO DERIVA DE LA LEGISLACIÓN QUE LAS REGULA. Tratándose del señalamiento de una autoridad responsable, no es posible fijar reglas inmutables sobre el grado de precisión necesario para identificarla, o los medios por los cuales puede lograrse la certeza de su denominación, pues esto dependerá del asunto en particular. Luego, si el quejoso se ostenta como extraño a un procedimiento de naturaleza penal tendente a privarlo de la libertad y, además, dice desconocer el nombre correcto de la autoridad de la que proviene ese mandato, y solicita al Juez de Distrito que requiera al titular de la Procuraduría Estatal para que informe el nombre exacto de las agencias del Ministerio Público a su cargo distribuidas en alguno de los Municipios del Estado; el juzgador debe proceder en los términos solicitados, y recabar la información necesaria a fin de conocer la denominación de aquéllas, ya que en este caso no existen datos que permitan identificar plenamente a las autoridades designadas como responsables, ni se advierte que la legislación que las regula establezca la denominación correcta de dichas agencias del Ministerio Público." AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO NO LLEGA AL EXTREMO DE EXIGIR AL QUEJOSO QUE PROPORCIONE SU DENOMINACIÓN CORRECTA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente no establece la obligación de señalar en la demanda, la denominación correcta de las autoridades responsables, y que, en caso de no hacerlo, el juzgador pueda dejar de tenerlas con ese carácter. Antes bien, el precepto dispone que el quejoso debe expresar el o los nombres de las autoridades responsables como requisito para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Por tanto, nada impide al juzgador que como hecho notorio, y a fin de resolver sobre la cuestión planteada, corrija de oficio el error en que se incurra en el señalamiento de autoridades con ese carácter, pues no debe llegarse al extremo de exigirle que proporcione su denominación correcta, ya que el Juez de amparo, como rector del proceso, debe procurar interpretar su solicitud sin rigorismos formalistas que obstruyan el acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo." "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Las tesis transcritas, en principio, son criterios aislados que no resultan obligatorios en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, que regula lo relativo a la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los demás tribunales de la Federación. Además, a criterio de quien aquí resuelve, son inaplicables en razón de que el acto reprochado no deriva de un procedimiento de naturaleza penal y precisamente la intención de este juzgador es identificar a las autoridades a quienes se les pretende atribuirles los actos controvertidos, sin que se considere que se aplique de manera rigorista una prevención necesaria a efecto de fijar la litis, ya que las mismas tesis indican que el órgano de amparo no se substituya al quejoso en dicha deficiencia, salvo cuando exista un hecho notorio de la denominación. En efecto, se comparte el criterio de que si se advierte algún cambio de denominación de la autoridad, procedería hacer la corrección relativa. A guisa de ejemplo, en algunos casos los quejosos han señalado como responsable al Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco; sin embargo, al admitirse las demandas correspondientes se ha tenido con el carácter de autoridad responsable al Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, en razón de que el artículo "QUINTO" transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco6 , establece que hasta en tanto se adecue el marco jurídico estatal a las nuevas denominaciones y atribuciones de las dependencias de la Administración Pública Estatal, las facultades, derechos y obligaciones establecidos a cargo de las dependencias que cambian su denominación o naturaleza con motivo del decreto por el que se creó la norma de referencia, serán asumidos por las nuevas dependencias o su titular, lo que resulta un hecho notorio para este juzgador en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. En el caso, lo que se pretende clarificar es cuál de todas las autoridades de la unidad administrativa señalada es a la que le reviste el carácter de responsable. Asimismo, el señalamiento erróneo de las autoridades responsables no puede subsanarse por suplencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de epígrafe y contenido siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo, además, que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados. Por tanto, cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías, así como los preceptos violados con los actos reclamados". En todo caso, a fin de no tener un criterio rigorista que pueda vulnerar el principio de acceso a la justicia del promovente, enseguida se ajustará el apercibimiento que se considera armoniza con dicha máxima. b. Actos reclamados sin vincularlos a las responsables. El artículo 108, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la demanda de amparo deberá indicar la ley o acto que de cada autoridad se reclame, por lo que el acto reclamado no está desvinculado de la autoridad responsable, sino que, por el contrario, cada acto debe ser atribuido a un ente del Estado. Así, con esta vinculación entre acto y autoridad quedaría debidamente fijada la litis en el juicio de amparo, en atención al artículo 74, fracción I del ordenamiento legal invocado, con ello las responsables estarían en aptitud de justificar los actos que en concreto se les reclama y el suscrito podrá realizar un correcto estudio del acto impugnado en la sentencia que en su momento se dicte. También debe atenderse que, en el supuesto caso de que no rindan informe justificado dichas autoridades, si están vinculadas con los actos reclamados, operaría la presunción de certeza a que se refiere el artículo 117, párrafo tercero, del cuerpo legal en cita. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: "INFORMES DE LAS AUTORIDADES, FALTA DE. EFECTOS CUANDO ESTÁN EN JUEGO INTERESES DE DOS PARTICULARES. En el juicio de amparo, la falta de informe de una autoridad sólo hace presumir la existencia del acto reclamado, en términos de los artículos 132 y 149 de la Ley de Amparo. Y dentro de ese concepto, podrán presumirse también los hechos propios de las autoridades que sean afirmados en la demanda y que estén vinculados con el acto reclamado, con sus características o antecedentes, con su contenido, etcétera. Pero cuando en el juicio de amparo entran en juego intereses de dos particulares, de tal manera que tienen pretensiones legales contradictorias en relación con los actos reclamados, la sola falta de informe de la autoridad, o el silencio del informe rendido, en cuanto a algunos hechos aducidos en la demanda, no puede establecer una presunción a favor de alguna de las partes, de existencia de los hechos que no tengan vinculación directa con los actos reclamados mismos, sino con posibles derechos de los particulares contendientes, y que no emanan de los actos reclamados mismos, sino de actos diversos no reclamados." Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no precisó qué actos en particular reclama a las autoridades responsables, ya que los actos que señala en el capítulo correspondiente los atribuye de manera general e indistinta, sin que se les asigne de forma concreta. Por lo anterior, deberá precisar de los actos que reclama, cuál, en específico, le atribuye a cada autoridad. 2. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento hecho con anterioridad, dentro del lapso señalado, acorde con lo que establece el artículo 114 de la ley de la materia, se proveerá, atendiendo a los puntos relativos, lo siguiente: Punto a: únicamente se tendrán como autoridades responsables a los titulares de las dependencias ahí citadas. Puntos b: se tendrá por no presentada su demanda de amparo." III. Decisión emitida con motivo del escrito de desahogo. Ahora bien, toda vez que el escrito de cuenta fue suscrito por José Ricardo Meza Aldana, autorizado en términos amplios, de la parte quejosa; no se tiene por desahoga la prevención emitida, toda vez que el artículo 12 de la Ley de Amparo, no faculta a los autorizados a realizar cualquier acto en nombre de los quejosos, dado que su actuación es únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis, como el señalamiento del acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Sin que en el caso resulte aplicable la tesis de rubro "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. TIENE FACULTADES PARA ACLARAR LA DEMANDA DE AMPARO.", pues ello no implica desatender el principio de instancia de parte que rige en el juicio de amparo, porque la aclaración no conlleva propiamente el ejercicio de la acción constitucional que emana del actuar propio del quejoso, de ahí que el autorizado en amplios términos no cuente con facultades amplias para desahogar requerimientos que impliquen fijar la litis constitucional, como señalar si se quieren o no tener determinados actos como reclamados. No se inadvierten las manifestaciones realizadas por el promovente, con motivo del carácter que tiene; sin embargo, del carácter con el que se ostenta con el escrito de cuenta, de manera alguna faculta al promovente a desahogar el requerimiento formulado. De ahí que resulta necesario que el escrito de desahogo sea firmado por el directo quejoso. IV. Interrupción de plazo. Consecuentemente, dado que continúan las omisiones descritas, se interrumpe el plazo de cinco días que inicialmente se concedieron en el proveído de veinte de julio del año en curso, en virtud de que el escrito de cuenta se presentó el cinco de agosto del año en curso; esto es, el cuarto día del término concedido, por lo que aún cuenta con un día íntegro a fin de que cumpla debidamente con lo requerido, plazo que se reanudara una vez que se le notifique el presente proveído V. Apercibimiento. Se hace hincapié que de no cumplir dentro del término que para tal efecto se le indica, se hará efectivo el apercibimiento anunciado en el mencionado auto de veinte de julio de dos mil veintidós. Sirve de apoyo, la siguiente jurisprudencia: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de catorce días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los catorce días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos catorce días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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