J. Inés Juan Hidalgo Ortega
Expediente 526/2021 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- J. Inés Juan Hidalgo Ortega
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Ha causado estado el proveído que desechó la demanda de amparo. En atención a lo anterior, devuélvase al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, la causa penal 127/2015-I.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, trece de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee lo siguiente: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir el ocho de junio de dos mil veintiuno, en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el considerando séptimo, y de los artículos 1, 3, fracciones I y II, 11, 21 y 22, todos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico, fórmese y regístrese expediente impreso y electrónico con el número de juicio de amparo directo D.P. 526/2021. Acúsese recibo a la autoridad oficiante. En aras de una justicia pronta y expedita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; se advierte que el juicio de amparo directo promovido por J. Inés Juan Hidalgo Ortega, por propio derecho, es improcedente, y debe desecharse por las siguientes consideraciones:. Lo anterior es así, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por J. Inés Juan Hidalgo Ortega, se advierte que el acto reclamado lo constituye la resolución de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, Hidalgo, en la causa penal 127/2015-l. Así, cabe precisar que de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Es por ello, que el presente juicio de amparo debe desecharse por notoriamente improcedente. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 6/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el viernes 10 de abril de 2015, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". En la especie, como se dijo el acto reclamado es la resolución de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictada por dictada por la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, Hidalgo, en la causa penal 127/2015-l; por lo que su impugnación procede ante el Juez que dictó la resolución impugnada, mediante el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 337, fracción l, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo; sin embargo el citado promovente no agotó ese medio de impugnación. En ese orden de ideas, respecto de la resolución combatida, señalada como acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, del tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 179, en relación con el 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO POR ENCONTRAR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo promovida por J. Inés Juan Hidalgo Ortega, se advierte que el acto reclamado lo constituye la la resolución de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, Hidalgo, en la causa penal 127/2015-l. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que indica, y por autorizada para tales efectos a la persona que refiere. Por lo que respecta al escrito signado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, estese a lo acordado en los incisos que anteceden. De conformidad con los artículos 22, fracción I, y 28, segundo párrafo, ambos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información, en relación a los artículos 5 y 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente únicamente en cuanto hace a datos personales y archivo, de en cuanto hace a datos personales y archivo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información que tiene bajo su resguardo este órgano colegiado, es pública, con las salvedades expresamente establecidas quedando regulado el presente asunto con las disposiciones contenidas en dicha ley. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó el Magistrado Pedro Gámiz Suárez, Presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, y firma electrónicamente, con el Secretario de Tribunal, licenciado Carlos Alberto Zúñiga Gutiérrez, quien autoriza y da fe.
- Juicio de Amparo Directo
Previo citatorio dejado en el domicilio señalado por la parte quejosa, y en virtud de que no acudió a este tribunal colegiado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de trece de marzo de dos mil veintiuno, a través del cual se determina: En aras de una justicia pronta y expedita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; se advierte que el juicio de amparo directo promovido por J. Inés Juan Hidalgo Ortega, por propio derecho, es improcedente, y debe desecharse por las siguientes consideraciones:. Lo anterior es así, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por J. Inés Juan Hidalgo Ortega, se advierte que el acto reclamado lo constituye la resolución de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, Hidalgo, en la causa penal 127/2015-l. Así, cabe precisar que de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Es por ello, que el presente juicio de amparo debe desecharse por notoriamente improcedente. En la especie, como se dijo el acto reclamado es la resolución de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictada por dictada por la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, Hidalgo, en la causa penal 127/2015-l; por lo que su impugnación procede ante el Juez que dictó la resolución impugnada, mediante el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 337, fracción l, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo; sin embargo el citado promovente no agotó ese medio de impugnación. En ese orden de ideas, respecto de la resolución combatida, señalada como acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, del tenor: Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 179, en relación con el 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO POR ENCONTRAR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo promovida por J. Inés Juan Hidalgo Ortega, se advierte que el acto reclamado lo constituye la la resolución de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, Hidalgo, en la causa penal 127/2015-l. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que indica, y por autorizada para tales efectos a la persona que refiere. Por lo que respecta al escrito signado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, estese a lo acordado en los incisos que anteceden. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información, en relación a los artículos 5 y 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente únicamente en cuanto hace a datos personales y archivo, de en cuanto hace a datos personales y archivo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información que tiene bajo su resguardo este órgano colegiado, es pública, con las salvedades expresamente establecidas quedando regulado el presente asunto con las disposiciones contenidas en dicha ley.
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