J. Guadalupe Zavala Aguilera
Expediente 412/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- J. Guadalupe Zavala Aguilera
- Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Zacapu, Michoacán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de mayo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Acusa recibo de constancias. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, por medio del cual acusa recibo del oficio 9538/2019, mediante el cual se le remitió el tomo de prueba que se formó con las constancias que adjuntó a su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de mayo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Devolución de constancias. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable, se ordena su devolución en un cuaderno, solicitando acusar recibo de su recepción. Escrito reservado. Finalmente, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento en relación al escrito presentado el veintitrés de abril del año en curso, signado por Samuel Valencia Gutiérrez, por medio del cual solicitó se reconozca a Blanca Esmeralda Serrato Guillén, el carácter de tercera interesada, toda vez que el presente juicio se encuentra concluido, por tanto, resulta innecesario llamarla al juicio de garantías en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa diverso escrito signado por Samuel Valencia Gutiérrez, por medio del cual solicita se reconozca a Blanca Esmeralda Serrato Guillén, el carácter de tercera interesada. En atención a ello, resérvese proveer lo que en derecho corresponde, hasta en tanto quede firme el auto de doce de abril del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: RECEPCIÓN DE DEMANDA. Glósese a los autos el comunicado procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo directo 279/2019, mediante el cual se determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por J. Guadalupe Zavala Aguilera, a través de sus apoderados legales J. Guadalupe González Ramírez y Juan Manuel Durán Rodríguez, carácter que se les reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por tenerlo reconocido ante la autoridad responsable. AVOCAMIENTO. Por lo que este juzgado acepta la competencia del asunto y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por J. Guadalupe Zavala Aguilera, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, y se ordena acusar recibo al juzgado remitente. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 412/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado DESECHAMIENTO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 61, fracción XXIII en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por J. Guadalupe Zavala Aguilera, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a examinar la demanda de amparo, debe analizarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto, debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de que algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Ahora, los preceptos legales aludidos, en sus fracciones invocadas disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo con lo transcrito, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, se atiende a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la parte quejosa, la imposición de una multa, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En relación con el tópico en estudio, la anterior integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó y precisó los alcances de la disposición contenida en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, mismos que se encuentran en el 107, fracción V, de la vigente ley señalada e indicó que son actos de imposible reparación aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal a través de las garantías individuales. En el contexto expuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), señala que el amparo procederá contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Por su parte, la Ley de Amparo en su artículo 107, fracción V, que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de "imposible reparación", entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Entonces, es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto actual, aún señala que el amparo procede contra actos cuya ejecución es de imposible reparación, es decir, no hace una distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales. Sin embargo, la ley de la materia sí los distingue, pues señala que un acto de imposible reparación es aquel que afecta materialmente derechos sustantivos consagrados en Ley Suprema y los tratados internacionales en que el Estado Mexicano es parte. En ese sentido, se concluye que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuando afectan derechos sustantivos exclusivamente, por lo que todos aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal deberán reclamarse en su momento y, en todo caso a través del amparo directo o del amparo adhesivo. Ahora, en el caso en particular, el quejoso solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra la resolución del recurso de revocación de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, que lo declaró improcedente y confirmó en sus términos el proveído de primero del mes y año en cita, que tuvo por no presentada la contestación de demanda, dentro del Juicio Ordinario Civil 619/2018, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán; acto que en vía de consecuencia refiere el quejoso, de igual manera, negó tener por interpuesta la reconvención. Es decir, el acto que se impugna constituye un acto de naturaleza intraprocesal e intermedia, por tanto, no genera contra la esfera jurídica de derechos del peticionario una ejecución que sea de imposible reparación. Luego, como el acto reclamado en la presente vía no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por la parte quejosa, este último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en esas condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues ello se vería reflejado hasta que se dicte la determinación que ponga fin al Juicio Ordinario Civil citado. En caso que sea desfavorable, podrá reclamarse la resolución que ahora impugna como violación procesal en términos del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. No obsta a la conclusión alcanzada la jurisprudencia P./J. 146/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 20, con número de registro 190661, de rubro y texto siguientes: "RECONVENCIÓN. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como criterio general que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, los actos dentro de juicio tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales previstas en la Constitución Federal, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En congruencia con tal criterio, debe decirse que contra el auto que confirma la resolución que desecha la reconvención planteada procede el juicio de amparo indirecto conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque dicho acto procesal debe considerarse como de ejecución irreparable, toda vez que al impedir que mediante la reconvención se ejerza el derecho de acción, se comete una violación palmaria y sobresaliente que afecta de manera cierta e inmediata el derecho sustantivo de acceso a la jurisdicción, consagrado en el artículo 17 constitucional, pues la sentencia definitiva que se llegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses del demandado inicial (actor en la reconvención), no lo restituye en el derecho que le otorga la propia Constitución, en virtud de que no resolverá sobre la procedencia de la acción ejercida a través de la reconvención, que no formó parte de la litis. Por otro lado, en virtud del carácter especial y sui generis de la resolución que confirma aquella que desechó la reconvención, este Máximo Tribunal advierte que también, por excepción, es susceptible de violar en forma relevante derechos adjetivos, esto es, de carácter procesal, como lo es el derecho que tiene el reconvencionista a que el procedimiento se siga ante el mismo Juez y no ante otro, así como el derecho que tiene de que un solo Juez sea competente para resolver ambas acciones y que a través de una sentencia se diriman de manera congruente y con criterio unificado, todas las pretensiones planteadas por las partes." Se dice que el criterio transcrito no constituye obstáculo a la conclusión alcanzada, toda vez que en éste se realizó un análisis de la ley de amparo abrogada y en el caso, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, lo actos de ejecución irreparables, únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. Aunado a lo anterior, respecto a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interposición de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley, establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley". Por lo cual, se considera que el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la tesis invocada, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Para el adecuado despacho de los asuntos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, para lo cual basta la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado con facultades restringidas a Carlomagno Durán Pérez, por así haberlo solicitado la parte quejosa. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las que adjuntó el Juez responsable, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas. SE FORMAN TOMOS DE PRUEBAS. Con las constancias que acompañó el Juez, fórmese un cuaderno de pruebas por separado para mejor manejo del expediente, identificándose como Tomo I. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; A LAS PARTES. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
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