J Guadalupe Zamudio Toledo

Expediente 39/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
39/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • J Guadalupe Zamudio Toledo
  • J Guadalupe Zamudio Toledo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio suscrito por el Jefe de Oficina de Correspondencia Común B de Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad de Uruapan, mediante el cual hace del conocimiento que en relación al juicio de amparo 39/2022, ya se encuentra compensado de manera automática, del rubro de demanda de amparo indirecto tipo penal normal, mismo que fue turnado al juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar Por otro lado, glosese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta Ciudad de Uruapan, mediante el cual hace del conocimiento que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovido por J Guadalupe Zamudio Toledo, con motivo del returno planteado por este juzgado, por ende solicita le sean remitidos los cuadernos incidentales derivado de dicho juicio de amparo, en su atención mediante oficio que al efecto se libre, remítanse los cuadernos originales al aludido juzgado, a fin de que acuerde lo que en derecho proceda. Ahora bien, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, en esa medida, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, se ordena el archivo de este juicio de garantías. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 20 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez como consta de la certificación secretarial que antecede, en el presente cuaderno, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece artículo 20, inciso a), del acuerdo que nos ocupa. En el entendido de que el presente asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, y estado procesal que guardan los presentes autos, no se advierte constancia de notificación de entrega del oficio 7108, así como de la factura que se lleva en este juzgado, que se haya enviado los diversos comunicados 7109, 7110 y 7111, derivados del auto de veintiuno de abril del año en curso, a las autoridades: JUEZA QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON SEDE EN ESTA CIUDAD DE RUAPAN. (ANTECEDENTE 373/2020-III de su índice.); Juez tercero en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán; Actuaria adscrita al Juzgado Tercero en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán; Capitán Segundo de Infantería Miguel Ramírez García, Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, de Uruapan, Michoacán; En atención a lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, mediante oficio que al efecto se libre, remítase dichos oficios, a las autoridades de que se trata, a fin de que se impongan de su contenido; lo anterior para el efecto legal a los que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    En razón de que la parte tercera interesada ADRIANA QUINTERO MERCADO, no compareció ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del citatorio que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el cuatro de agosto del año en curso; ni tampoco se puso de acuerdo con el Actuario para que le notificara y emplazara a juicio, ni agotó el procedimiento para ingresar al Juzgado a notificarse y emplazarse, por lo que se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación de los proveídos de veinticuatro de enero, veinticuatro de marzo y veintiuno de abril, todos del presente año, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado. PROVEIDOS QUE DICEN: Uruapan, Michoacán, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. DEMANDA Y RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo presentada por J Guadalupe Zamudio Toledo, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero en Materia Civil de Primera Instancia, con residencia en Uruapan, Michoacán y otras autoridades, se manda formar expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 39/2022. Con fundamento en lo dispuesto por . SE ADMITE A TRÁMITE la demanda de que se trata, en la inteligencia de que los actos reclamados se hacen consistir en: IV. El acto reclamado que se reclame a cada autoridad. ... Fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión que se solicita. Dese la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DOS MIL VEINTIDOS. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase INFORME JUSTIFICADO a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que tomó en consideración para emitirlo. Asimismo, se requiere a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir su informe justificado, informe si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata promovió algún medio ordinario de defensa o, bien, diverso juicio de amparo en contra del acto que por esta vía constitucional reclama. Se hace saber a la responsable que el correo electrónico oficial de este juzgado es 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, para los fines precisados con antelación. En términos de los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. En el caso de que la autoridad responsable no exista o tenga denominación diversa a la señalada por la parte quejosa, de modo tal que impida su plena identificación, se le tendrá por inexistente; sin que ello impida que con posterioridad señale la denominación correcta hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, que en este juicio se llegare a celebrar; en el entendido que de no hacerlo, la resolución se emitirá únicamente por las autoridades responsables que hasta ese momento tengan tal carácter, ello, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 108, fracción III, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se les hace saber a las partes que, en caso de que cesen los efectos del acto reclamado o tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este Órgano Jurisdiccional Federal, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten. Respecto al emplazamiento de quién o quiénes les pudiera resultar el carácter de terceros interesados, se reserva acordar lo que en derecho corresponda hasta en tanto obren constancias en autos que así lo acrediten, de ser ciertos los actos reclamados. Téngase a la parte quejosa señalando para oír y recibir notificaciones el que indica en el libelo constitucional de su demanda de amparo, asimismo autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Valentín Reyes Martínez y Antonio Zúñiga Morales, toda vez que como se advierte de la certificación, cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para imponerse de los autos a Carlos Alberto Vega Núñez, por así haberlo solicitado expresamente. Se exhorta a las partes, a que de ser posible continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; Lo anterior de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio, debiendo notificarse preferentemente por medios electrónicos, para lo cual se solicita a las autoridades, de así desearlo, proporcionen algún correo electrónico oficial o se den de alta con Firel y acepten la notificación en línea en el portal del Poder Judicial de la Federación; de no desearlo así, se le notificarán por medios ordinarios como antes se ha señalado; lo anterior con apoyo en la SECNO/7/2020 y acuerdo general en cita; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificarán por medio de lista. En el caso del agente del Ministerio Público adscrito se le notificará por oficio cuando se trata de amparos contra normas generales, cuando cuenten con firma electrónica se le harán las notificaciones en línea si solicita expresamente el acceso al expediente electrónico y autoriza su notificación en línea; cuando no cuenten con ella, la notificación se realizará, en los demás casos por medio de lista electrónica, aun respecto de las de carácter personal, cuando así lo solicite, con base en el artículo 30, de la Ley de Amparo, al ser parte en el juicio de amparo; así como con apoyo en la SECNO/7/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. ... Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, por oficio a las autoridades responsables. Uruapan, Michoacán, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encontraba señalada para las nueve horas con treinta minutos del veintitrés de marzo de febrero del año en curso, sin que en la referida fecha se haya acordado lo relativo a la citada audiencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se ordena regularizar el procedimiento, y se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; para los efectos legales conducentes. Por otra parte, del informe justificado rendido por Juez Tercero en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, le resulta el carácter de tercero interesado a Rafael Abarca Villanueva y Adriana Quintero Mercado (parte actora y demandada en el juicio de donde deriva el acto reclamado), por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a la Actuaria adscrita a este Órgano Jurisdiccional, a fin de que se constituya en legal y debida forma en el domicilio ubicado en: Rafael Abarca Villanueva, calle 5 cinco de febrero, número 23 veintitrés, interior 307 trecientos siete, colonia centro de esta ciudad. Adriana Quintero Mercado, en el Pasaje Martínez, número 111 ciento once, alto, del centro de esta ciudad. Y los emplace a juicio personalmente, o por conducto de quien al momento de la diligencia acredite tener la representación de la misma -debiendo recabar el actuario copia del documento respectivo-, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, y del auto admisorio; asimismo, le requiera para que al momento de la diligencia o dentro del término de tres días, señale domicilio procesal, esto es, para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes y aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista. Notifíquese; y emplácese a los terceros interesados. Uruapan, Michoacán, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que es promovido por J. Guadalupe Zamudio Toledo, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero en Materia Civil de Primera Instancia, con residencia en Uruapan, Michoacán y otras autoridades, de quienes se reclaman los siguientes actos:... Asimismo, que se admitió a trámite la demanda mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintidós; y, que al rendir su informe justificado la autoridad responsable Juez Tercero en Materia Civil de Primera Instancia, con residencia en Uruapan, Michoacán, aceptó que en ese órgano jurisdiccional se tramita el juicio ejecutivo mercantil 975/2019, promovido por Rafael Abarca Villanueva, por conducto de sus endosatarios en procuración, contra Adriana Quintero Mercado, y que se el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó el requerimiento de pago y embargo contra la enjuiciada en el domicilio ubicado en calle Juan Barrientos esquina con calle Justo Sierra, número 8, de la colonia La Magisterial, de esta ciudad. De igual forma, que se encuentra pendiente de emplazar a los terceros interesados Rafael Abarca Villanueva y Adriana Quintero Mercado; por lo que, el juicio se encuentra en trámite. Ahora bien, de la certificación de cuenta se desprende que el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 373/2020, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, se encuentra vinculado a este sumario constitucional, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en atención al requerimiento formulado en acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Por tanto, con apoyo en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se ordena tener a la vista el expediente electrónico de que se trata, como hecho notorio, a fin de proveer lo que confirme a derecho procede. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente:... Así como el criterio sustentado por ... Así, de las constancias que integran el citado juicio de amparo 373/2020, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que es promovido por J. Guadalupe Zamudio Toledo, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y Actuario de su adscripción, de quienes reclama los siguientes actos: El ordenar y/o pretender ejecutar una diligencia de requerimiento de pago y/o embargo en el domicilio, ubicado en el número 8, letra A, segunda planta, de la calle Juan Barrientos, colonia Movimiento Magisterial de esta ciudad, derivado del Juicio Ejecutivo Mercantil 975/2019. Asimismo, que se admitió a trámite la demanda mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte; y, que mediante sentencia constitucional de diez de marzo de dos mil veintiuno, se determinó sobreseer en el aludido juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61, vinculada con la diversa I del numeral 5, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no haber acreditado la parte quejosa su interés jurídico para instar el juicio de amparo indirecto. Luego, que por auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión civil 77/2021, por la que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con residencia en Morelia, Michoacán, confirmó el fallo impugnado; por lo que, se ordenó el archivo definitivo del expediente 373/2020. En ese contexto, de lo recién relatado se desprende que el juicio de amparo 373/2020, de la estadística del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, tiene intima vinculación con este juicio de amparo 39/2022, toda vez que ambos derivan del mismo juicio ejecutivo mercantil 975/2019, que sigue por Rafael Abarca Villanueva, por conducto de sus endosatarios en procuración, contra Adriana Quintero Mercado; asimismo, porque son promovidos por J Guadalupe Zamudio Toledo, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero en Materia Civil de Primera Instancia, con residencia en Uruapan, Michoacán y otras autoridades; y, ya que los actos reclamados son idénticos (ordenar o pretender ejecutar una diligencia de requerimiento de pago y/o embargo en mi domicilio, ubicado la casa marcada con el número 8, letra "a", segunda planta, de la calle Juan Barrientos, de la Colonia Movimiento Magisterial, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán). Consecuentemente, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, estima que corresponde el conocimiento del asunto, a la Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, toda vez que tuvo conocimiento previo de la Litis constitucional que nos ocupa. En efecto, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en sus artículos 45 y 46 disponen lo siguiente: Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; De la transcripción anterior, se desprende que en el juicio de amparo indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos. Así, para que proceda la aplicación de la forma de relación, que excluya la aplicación de la forma aleatoria, es necesario que el juicio de amparo indirecto, sea promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, para que se turne al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de ese mismo asunto; lo anterior, para evitar que se dicten fallos contradictorios. Ello obedece, en razón a que el conocimiento previo, es una circunstancia que atiende a la situación de que, al conocer el primer Juzgador, el análisis de un asunto sometido a su potestad a efecto de emitir la resolución respectiva; al presentarse posteriores asuntos pueda aprovechar el conocimiento previo del asunto, y, de esta forma este en posibilidad de pronunciarse al respecto. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia . Precisado lo anterior, es claro que en el caso se actualiza la regla establecida en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, para que el conocimiento del presente asunto corresponda al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. Ello es así, porque tanto dicho órgano jurisdiccional como este Juzgado Octavo de Distrito, residen en el mismo circuito judicial (Décimo Primer Circuito); ambos concurren en igualdad de facultades competenciales, en razón de grado, materia y territorio; tienen una misma oficina de correspondencia común; y además, existe un conocimiento previo de una demanda de amparo, promovida por el mismo quejoso, contra del mismo acto reclamado y la misma autoridad responsable ordenadora. De ahí que se actualice la hipótesis prevista en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; y por lo tanto, se estima, que quien debe conocer y resolver el presente juicio es la Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por tener conocimiento de actos derivados de la misma autoridad responsable. No es óbice a lo anterior que en el juicio de amparo 39/2022, del índice de este Juzgado, se haya señalado como autoridad responsable ejecutoria al Director de Seguridad Pública con residencia en Uruapan, Michoacán, quien al rendir su informe de ley negó la existencia del acto que se le atribuye bajo el argumento de que no ha recibido ninguna solicitud para que se comisionen elementos policiacos para practicar la diligencia de requerimiento de pago y embargo, en el inmueble que defiende la parte quejosa; y, que tal autoridad no haya sido señalada con tal carácter en el diverso juicio de amparo 373/2020, de la estadística del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. Lo anterior es así, porque como ya quedó de manifiesto en ambos juicios se señaló como autoridad responsable ordenadora Juez Tercero en Materia Civil de Primera Instancia, con residencia en Uruapan, Michoacán, quien conoce del juicio ejecutivo mercantil 975/2019; asimismo, se señaló como autoridad responsable ejecutora al Actuario adscrito al Juzgado responsable, a quien legalmente le corresponde ejecutar, en su caso, el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1346, 1347 y 1394 del Código de Comercio, legislación que rige el expediente del que deriva el acto reclamado. Por lo tanto, previa notificación a la parte quejosa, y cuaderno de antecedentes que se forme, remítase al Juez Quinto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, el presente juicio de amparo 39/2022, en términos de lo dispuesto por artículo 46, fracción II, así como los párrafos sexto y séptimo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, para el efecto legal a que haya lugar. Solicítesele atentamente a la titular del aludido órgano jurisdiccional, comisione a quien corresponda para que informe la resolución que recaiga a la presente determinación judicial. Por último, se dejan sin efectos las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de abril de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, en este sumario. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    En razón de que el tercero interesado RAFAEL ABARCA VILLANUEVA, no compareció ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del citatorio que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el cinco de agosto del año en curso; ni tampoco se puso de acuerdo con el Actuario para que le notificara y emplazara a juicio, ni agotó el procedimiento para ingresar al Juzgado a notificarse y emplazarse, por lo que se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación de los proveídos de veinticuatro de enero, veinticuatro de marzo y veintiuno de abril, todos del presente año, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado. PROVEIDOS QUE DICEN: Uruapan, Michoacán, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. DEMANDA Y RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo presentada por J Guadalupe Zamudio Toledo, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero en Materia Civil de Primera Instancia, con residencia en Uruapan, Michoacán y otras autoridades, se manda formar expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 39/2022. Con fundamento en lo dispuesto por . SE ADMITE A TRÁMITE la demanda de que se trata, en la inteligencia de que los actos reclamados se hacen consistir en: IV. El acto reclamado que se reclame a cada autoridad. ... Fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión que se solicita. Dese la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DOS MIL VEINTIDOS. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase INFORME JUSTIFICADO a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que tomó en consideración para emitirlo. Asimismo, se requiere a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir su informe justificado, informe si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata promovió algún medio ordinario de defensa o, bien, diverso juicio de amparo en contra del acto que por esta vía constitucional reclama. Se hace saber a la responsable que el correo electrónico oficial de este juzgado es 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, para los fines precisados con antelación. En términos de los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. En el caso de que la autoridad responsable no exista o tenga denominación diversa a la señalada por la parte quejosa, de modo tal que impida su plena identificación, se le tendrá por inexistente; sin que ello impida que con posterioridad señale la denominación correcta hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, que en este juicio se llegare a celebrar; en el entendido que de no hacerlo, la resolución se emitirá únicamente por las autoridades responsables que hasta ese momento tengan tal carácter, ello, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 108, fracción III, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se les hace saber a las partes que, en caso de que cesen los efectos del acto reclamado o tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este Órgano Jurisdiccional Federal, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten. Respecto al emplazamiento de quién o quiénes les pudiera resultar el carácter de terceros interesados, se reserva acordar lo que en derecho corresponda hasta en tanto obren constancias en autos que así lo acrediten, de ser ciertos los actos reclamados. Téngase a la parte quejosa señalando para oír y recibir notificaciones el que indica en el libelo constitucional de su demanda de amparo, asimismo autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Valentín Reyes Martínez y Antonio Zúñiga Morales, toda vez que como se advierte de la certificación, cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para imponerse de los autos a Carlos Alberto Vega Núñez, por así haberlo solicitado expresamente. Se exhorta a las partes, a que de ser posible continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; Lo anterior de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio, debiendo notificarse preferentemente por medios electrónicos, para lo cual se solicita a las autoridades, de así desearlo, proporcionen algún correo electrónico oficial o se den de alta con Firel y acepten la notificación en línea en el portal del Poder Judicial de la Federación; de no desearlo así, se le notificarán por medios ordinarios como antes se ha señalado; lo anterior con apoyo en la SECNO/7/2020 y acuerdo general en cita; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificarán por medio de lista. En el caso del agente del Ministerio Público adscrito se le notificará por oficio cuando se trata de amparos contra normas generales, cuando cuenten con firma electrónica se le harán las notificaciones en línea si solicita expresamente el acceso al expediente electrónico y autoriza su notificación en línea; cuando no cuenten con ella, la notificación se realizará, en los demás casos por medio de lista electrónica, aun respecto de las de carácter personal, cuando así lo solicite, con base en el artículo 30, de la Ley de Amparo, al ser parte en el juicio de amparo; así como con apoyo en la SECNO/7/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. ... Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, por oficio a las autoridades responsables. Uruapan, Michoacán, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encontraba señalada para las nueve horas con treinta minutos del veintitrés de marzo de febrero del año en curso, sin que en la referida fecha se haya acordado lo relativo a la citada audiencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se ordena regularizar el procedimiento, y se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; para los efectos legales conducentes. Por otra parte, del informe justificado rendido por Juez Tercero en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, le resulta el carácter de tercero interesado a Rafael Abarca Villanueva y Adriana Quintero Mercado (parte actora y demandada en el juicio de donde deriva el acto reclamado), por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a la Actuaria adscrita a este Órgano Jurisdiccional, a fin de que se constituya en legal y debida forma en el domicilio ubicado en: Rafael Abarca Villanueva, calle 5 cinco de febrero, número 23 veintitrés, interior 307 trecientos siete, colonia centro de esta ciudad. Adriana Quintero Mercado, en el Pasaje Martínez, número 111 ciento once, alto, del centro de esta ciudad. Y los emplace a juicio personalmente, o por conducto de quien al momento de la diligencia acredite tener la representación de la misma -debiendo recabar el actuario copia del documento respectivo-, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, y del auto admisorio; asimismo, le requiera para que al momento de la diligencia o dentro del término de tres días, señale domicilio procesal, esto es, para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes y aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista. Notifíquese; y emplácese a los terceros interesados. Uruapan, Michoacán, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que es promovido por J. Guadalupe Zamudio Toledo, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero en Materia Civil de Primera Instancia, con residencia en Uruapan, Michoacán y otras autoridades, de quienes se reclaman los siguientes actos:... Asimismo, que se admitió a trámite la demanda mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintidós; y, que al rendir su informe justificado la autoridad responsable Juez Tercero en Materia Civil de Primera Instancia, con residencia en Uruapan, Michoacán, aceptó que en ese órgano jurisdiccional se tramita el juicio ejecutivo mercantil 975/2019, promovido por Rafael Abarca Villanueva, por conducto de sus endosatarios en procuración, contra Adriana Quintero Mercado, y que se el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó el requerimiento de pago y embargo contra la enjuiciada en el domicilio ubicado en calle Juan Barrientos esquina con calle Justo Sierra, número 8, de la colonia La Magisterial, de esta ciudad. De igual forma, que se encuentra pendiente de emplazar a los terceros interesados Rafael Abarca Villanueva y Adriana Quintero Mercado; por lo que, el juicio se encuentra en trámite. Ahora bien, de la certificación de cuenta se desprende que el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 373/2020, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, se encuentra vinculado a este sumario constitucional, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en atención al requerimiento formulado en acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Por tanto, con apoyo en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se ordena tener a la vista el expediente electrónico de que se trata, como hecho notorio, a fin de proveer lo que confirme a derecho procede. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente:... Así como el criterio sustentado por ... Así, de las constancias que integran el citado juicio de amparo 373/2020, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que es promovido por J. Guadalupe Zamudio Toledo, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y Actuario de su adscripción, de quienes reclama los siguientes actos: El ordenar y/o pretender ejecutar una diligencia de requerimiento de pago y/o embargo en el domicilio, ubicado en el número 8, letra A, segunda planta, de la calle Juan Barrientos, colonia Movimiento Magisterial de esta ciudad, derivado del Juicio Ejecutivo Mercantil 975/2019. Asimismo, que se admitió a trámite la demanda mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte; y, que mediante sentencia constitucional de diez de marzo de dos mil veintiuno, se determinó sobreseer en el aludido juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61, vinculada con la diversa I del numeral 5, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no haber acreditado la parte quejosa su interés jurídico para instar el juicio de amparo indirecto. Luego, que por auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión civil 77/2021, por la que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con residencia en Morelia, Michoacán, confirmó el fallo impugnado; por lo que, se ordenó el archivo definitivo del expediente 373/2020. En ese contexto, de lo recién relatado se desprende que el juicio de amparo 373/2020, de la estadística del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, tiene intima vinculación con este juicio de amparo 39/2022, toda vez que ambos derivan del mismo juicio ejecutivo mercantil 975/2019, que sigue por Rafael Abarca Villanueva, por conducto de sus endosatarios en procuración, contra Adriana Quintero Mercado; asimismo, porque son promovidos por J Guadalupe Zamudio Toledo, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero en Materia Civil de Primera Instancia, con residencia en Uruapan, Michoacán y otras autoridades; y, ya que los actos reclamados son idénticos (ordenar o pretender ejecutar una diligencia de requerimiento de pago y/o embargo en mi domicilio, ubicado la casa marcada con el número 8, letra "a", segunda planta, de la calle Juan Barrientos, de la Colonia Movimiento Magisterial, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán). Consecuentemente, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, estima que corresponde el conocimiento del asunto, a la Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, toda vez que tuvo conocimiento previo de la Litis constitucional que nos ocupa. En efecto, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en sus artículos 45 y 46 disponen lo siguiente: Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; De la transcripción anterior, se desprende que en el juicio de amparo indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos. Así, para que proceda la aplicación de la forma de relación, que excluya la aplicación de la forma aleatoria, es necesario que el juicio de amparo indirecto, sea promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, para que se turne al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de ese mismo asunto; lo anterior, para evitar que se dicten fallos contradictorios. Ello obedece, en razón a que el conocimiento previo, es una circunstancia que atiende a la situación de que, al conocer el primer Juzgador, el análisis de un asunto sometido a su potestad a efecto de emitir la resolución respectiva; al presentarse posteriores asuntos pueda aprovechar el conocimiento previo del asunto, y, de esta forma este en posibilidad de pronunciarse al respecto. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia . Precisado lo anterior, es claro que en el caso se actualiza la regla establecida en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, para que el conocimiento del presente asunto corresponda al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. Ello es así, porque tanto dicho órgano jurisdiccional como este Juzgado Octavo de Distrito, residen en el mismo circuito judicial (Décimo Primer Circuito); ambos concurren en igualdad de facultades competenciales, en razón de grado, materia y territorio; tienen una misma oficina de correspondencia común; y además, existe un conocimiento previo de una demanda de amparo, promovida por el mismo quejoso, contra del mismo acto reclamado y la misma autoridad responsable ordenadora. De ahí que se actualice la hipótesis prevista en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; y por lo tanto, se estima, que quien debe conocer y resolver el presente juicio es la Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por tener conocimiento de actos derivados de la misma autoridad responsable. No es óbice a lo anterior que en el juicio de amparo 39/2022, del índice de este Juzgado, se haya señalado como autoridad responsable ejecutoria al Director de Seguridad Pública con residencia en Uruapan, Michoacán, quien al rendir su informe de ley negó la existencia del acto que se le atribuye bajo el argumento de que no ha recibido ninguna solicitud para que se comisionen elementos policiacos para practicar la diligencia de requerimiento de pago y embargo, en el inmueble que defiende la parte quejosa; y, que tal autoridad no haya sido señalada con tal carácter en el diverso juicio de amparo 373/2020, de la estadística del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. Lo anterior es así, porque como ya quedó de manifiesto en ambos juicios se señaló como autoridad responsable ordenadora Juez Tercero en Materia Civil de Primera Instancia, con residencia en Uruapan, Michoacán, quien conoce del juicio ejecutivo mercantil 975/2019; asimismo, se señaló como autoridad responsable ejecutora al Actuario adscrito al Juzgado responsable, a quien legalmente le corresponde ejecutar, en su caso, el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1346, 1347 y 1394 del Código de Comercio, legislación que rige el expediente del que deriva el acto reclamado. Por lo tanto, previa notificación a la parte quejosa, y cuaderno de antecedentes que se forme, remítase al Juez Quinto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, el presente juicio de amparo 39/2022, en términos de lo dispuesto por artículo 46, fracción II, así como los párrafos sexto y séptimo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, para el efecto legal a que haya lugar. Solicítesele atentamente a la titular del aludido órgano jurisdiccional, comisione a quien corresponda para que informe la resolución que recaiga a la presente determinación judicial. Por último, se dejan sin efectos las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de abril de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, en este sumario. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

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