J. Guadalupe Villegas Espinoza
Expediente 1155/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1155/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/09/2022
Partes del expediente
- J. Guadalupe Villegas Espinoza
Actuaciones
- Principal
... Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada mediante sesión de ocho de septiembre de dos mil veintidós, en el recurso de queja 231/2022, de su índice, donde se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por J. Guadalupe Villegas Espinoza, contra la resolución de diecinueve de julio de dos mil veintidós, dicada en el juicio de amparo indirecto 1155/2022, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México." En atención a lo anterior, acúsese el recibo correspondiente a la Superioridad oficiante y realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, visto el estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso d) del acuerdo en cita). A consideración de este órgano jurisdiccional, el presente asunto carece de relevancia documental (pues no encuadra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General Conjunto). Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su destrucción con base en el artículo 21 del Acuerdo General aludido. Una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Coincidencia del Expediente Físico con el Electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, así como en los diversos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al Secretario a cargo de este expediente, para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, sin que pueda archivarse definitivamente el presente expediente sin cumplir con esta formalidad. ... Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de agosto de dos mil veintidós. ... Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el escrito de agravios, copia del mismo, así como copias certificadas del juicio de amparo 1155/2022-lII y hace del conocimiento que dicho recurso se registró con el número de queja 231/2022, el cual admitió a trámite; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes, estando a la espera de la resolución correspondiente. ... Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecinueve de julio de dos mil veintidós. De conformidad con el Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee: Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Guadalupe Villegas Espinoza, contra actos de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1155/2022-III. Desechamiento de demanda. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: 3.. Precisión del acto reclamado. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de una lectura integra del escrito de demanda, debe precisarse que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir en: La sentencia interlocutoria dictada por la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, en el toca número 447/2022, notificada mediante correo electrónico el veinticuatro de junio del año en curso, y su ejecución; por la cual la autoridad responsable confirmó el auto de doce de mayo del presente año, en el que se inadmitió la instrumental de actuaciones ofrecida por el quejoso en el incidente de liquidación de pensión alimenticia, el cual fue promovido con motivo del juicio 260/2021 relativo al procedimiento especial de divorcio. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: 0... Actualización de causal de improcedencia. Precisado lo anterior, respecto del acto reclamado en estudio, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el citado acto reclamado se trata de un acto intraprocesal que no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los numerales antes transcritos se obtiene, en primer lugar, que además de los supuestos concretos previstos por el artículo 61, en las fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento puede surgir cuando de algún precepto diverso se advierta la causal para ello. Asimismo, el restante artículo 107, fracción V, dispone que el juicio de amparo solo procede contra actos dictados dentro de juicio, cuando sus efectos sean de imposible reparación. Ahora, es dable precisar de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el emitido en un incidente liquidación de pensión alimenticia, que se inició con motivo del juicio 260/2021, relativo al procedimiento especial de divorcio, mediante el cual se impugnó la no admisión de la instrumental de actuaciones ofrecida por el aquí quejoso. En ese orden, tal situación evidencia que no es la última resolución en el incidente de liquidación de pensión alimenticia, por el contrario, el acto reclamado deriva de una determinación que no admite la prueba de instrumental de actuaciones, por lo que es un acto de índole adjetivo -intraprocesal-, y por ende, no tiene una ejecución de imposible reparación para efectos del juicio de amparo indirecto, pues los actos intraprocesales tienen una ejecución de imposible reparación, sólo cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la propiedad, la libertad, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quienes las sufren obtengan una resolución definitiva dentro del incidente en comentó favorable a sus intereses. En cambio, las violaciones a los derechos intraprocesales, no tienen el carácter de actos de ejecución irreparable, ya que no lesionan por sí los derechos sustantivos del gobernado, puesto que únicamente originan la posibilidad de que tales violaciones puedan trascender al resultado del fallo y ocasionar que éste resulte adverso a los intereses del agraviado. En ese orden, la resolución reclamada por la cual se confirmó el auto por el que la autoridad responsable se pronunció sobre la inadmisión de la prueba de instrumental de actuaciones, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo indirecto en contra de la interlocutoria definitiva que se dicte en dicho incidente. No se pasa inadvertida la existencia de la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Registro 163152, del contenido siguiente: ... Del criterio trascrito se advierte, que el juicio de amparo indirecto es excepcionalmente procedente en tratándose de actos de imposible reparación, es decir, que su afectación sobre los derechos sustantivos del agraviado y por tal motivo se debe atender de manera inmediata en el juicio de amparo biinstancial, pero independiente de la propia ejecución de la sentencia. Tal ha sido el criterio mantenido por Nuestro Máximo Tribunal respecto de los actos emitidos dentro de la etapa de ejecución de sentencia, en el sentido que, excepcionalmente procede el juicio de amparo indirecto en dos supuestos, el primero, que se trate de actos autónomos a la ejecución de la sentencia y además que dicha autonomía sea destacada, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante; y, el segundo, los actos en ejecución de sentencia, respecto de los cuales procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución, o bien, como ya se expuso anteriormente, cuando la afectación a los derechos del promovente derivada de dichos actos materialmente afecte derechos sustantivos. Así las cosas, en el caso a estudio se advierte que el acto reclamado tampoco afecta derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo, debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En efecto, sobre el tema de procedencia del juicio de amparo contra actos emitidos después de concluido el juicio, en específico, incidentes de liquidación de sentencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 1a./J. 6/98 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 196891, Tomo VII, febrero de 1998, página 60, que dice: ...La Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó los supuestos normativos previstos en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto establece la misma regla de procedencia en el artículo 107, fracción IV, de la legislación actual, y determinó que los actos tendentes a liquidar una parte de la sentencia deben entenderse como actos emitidos después de concluido el juicio, cuya sentencia es impugnable en amparo indirecto; por tanto, es pertinente atender a la interpretación contenida en dicho criterio, conforme con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En esa tesitura, se estima improcedente el juicio de amparo, porque el acto reclamado dictado dentro del toca 447/2022, que confirma el auto en el que la autoridad responsable no admitió la prueba de instrumental de actuaciones, emitido en el incidente de liquidación de pensión alimenticia, promovido con motivo del expediente 260/2021 y dado que se trata de actos procesales decretados en el procedimiento incidental, que no afectan de manera directa los derechos sustantivos de la parte quejosa, porque en caso de incidentes de liquidación de sentencia sólo procede en contra de la resolución que pone fin a la incidencia, momento en que podrá hacer valer las violaciones procesales cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución, lo que no acontece con los actos reclamados, que gozan de naturaleza meramente procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 190037, Tomo XIII, abril de 2001, página 5, que dice: ... En este sentido, es dable concluir que la resolución dictada el en el toca 447/2022, en la que la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, Estado de México, en la que se proveyó sobre la contestación a la demanda incidental y se pronunció sobre la inadmisión de las pruebas ofrecidas por el aquí quejoso; no tiene efectos de imposible reparación debido a que sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual a la aquí peticionario de amparo, el ejercicio de un derecho, pues únicamente producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará afectar sus defensas, en su caso, ocasionarían una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá al resultado del fallo, máxime que al resolverse el incidente de liquidación de pensión alimenticia se valorara todo lo actuado en el mismo, por lo que la sentencia que se emita puede ser favorable al quejoso; siendo que si no le es favorable la resolución que se llegue a emitir dentro de dicho incidente lo puede hacer valer como violaciones al procedimiento, una vez que se resuelva en definitiva. Motivos por los cuales, con fundamento en el artículo 113, fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107 fracciones IV y V, aplicadas en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Domicilio procesal. En atención a la certificación de cuenta y toda vez que el usuario "hugoevgjuridico" que señala la promovente, se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, téngase por autorizado para la consulta vía electrónica del juicio de amparo en que se actúa y notifíquesele vía electrónica está determinación, así como las sucesivas que se dicten en el presente asunto, por así solicitarlo expresamente en la demanda de amparo. ... Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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