J. Guadalupe Villagrana Venegas
Expediente 602/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 01/08/2019
Partes del expediente
- J. Guadalupe Villagrana Venegas
- Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con domicilio en Mexicali
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto; agréguense a los autos para que obren como correspondan, los sobres devueltos por el Servicio Postal Mexicano, relativos a los oficios 11900/2019, 11901/2019, 11902/2019, 11903/2019 y 11904/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, dirigidos a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, integrada por Loreto Quintero Quintero; vocal suplente de la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; Héctor Tomas Lara Hormachea, vocal suplente de la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; Bladimiro Hernández Díaz, vocal propietario en representación de Édgar Castillo Padilla, Vocal suplente de la junta directiva del Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; Arturo Gutiérrez Vázquez, vocal propietario del S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C. de la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; María Luisa Gutiérrez Santoyo, vocal propietario de la Sección XXXVII del S.N.T.E en representación de Rubén Salvador Grijalva Garibaldi, vocal suplente de la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, todas con residencia en la ciudad de Mexicali, Baja California, con la leyenda "REHUSADO EN DOMICILIO, POR NO EXISTIR AUTORIDAD QUE CITA". Atento a lo anterior y a la certificación de cuenta, de la que se advierte que únicamente hubo cambio de Jorge Ceballos de la Torre, en sustitución de Héctor Tomas Lara Hormachea, en su carácter de vocal suplente de la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; así como Luis Armando Carrasco Moreno, en sustitución de Loreto Quintero Quintero, en su carácter de vocal suplente de la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; por tanto, reexpídanse los oficios respectivos a la autoridades señaladas como responsables.
- Principal
Ensenada, Baja California, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los autos el oficio suscrito por la delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual informa que el tres de julio del año en curso, fueron recibidos los oficios relativos al acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, en el que causó ejecutoria la sentencia dictada en autos y se requirió el cumplimiento al fallo protector; además informa que el veintiséis del mes y año en curso, se celebrará la sesión ordinaria de Junta Directiva, y que a la brevedad informará el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. Atento a lo anterior, requiérase a las autoridades responsables Directora de Pensiones y Jubilaciones y Junta Directiva, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, la última integrada por Guillermo Trejo Dozal (Presidente de la Junta Directiva); Héctor Tomas Lara Hormachea (Vocal Suplente); Loreto Quintero Quintero (Vocal Propietario en representación de Arturo Chávez Ibarra Vocal Suplente); Bladimiro Hernández Díaz (Vocal Propietario en representación de Edgar Castillo Padilla Vocal Suplente); Arturo Gutiérrez Vázquez (Vocal Propietario del S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C); María Luisa Gutierrez Santoyo (Vocal Propietario de la Sección XXXVII del S.N.T.E. en representación de Rubén Salvador Grijalva Garibaldi, Vocal Suplente; a Javier Meza López (en relación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California y Director General de dicho Instituto, con sede en Mexicali, para que una vez que se celebre la sesión ordinaria de Junta Directiva programada para el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, remita las constancias que demuestren el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente asunto. Se apercibe a las citadas autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo anterior sin causa justificada, o bien, si no manifiestan la imposibilidad que tengan para ello, se les impondrá en lo individual una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de amparo. Asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo."
- Principal
Ensenada, Baja California, veintitrés de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante auto de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, se requirió a las autoridades responsables Adriana Córdova Morales, en su carácter de Directora de Pensiones y Jubilaciones y Junta Directiva, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, la última integrada por Guillermo Trejo Dozal (Presidente de la Junta Directiva); Héctor Tomas Lara Hormachea (Vocal Suplente); Loreto Quintero Quintero (Vocal Propietario en representación de Arturo Chávez Ibarra Vocal Suplente); Bladimiro Hernández Díaz (Vocal Propietario en representación de Edgar Castillo Padilla Vocal Suplente); Arturo Gutiérrez Vázquez (Vocal Propietario del S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C); María Luisa Gutierrez Santoyo (Vocal Propietario de la Sección XXXVII del S.N.T.E. en representación de Rubén Salvador Grijalva Garibaldi, Vocal Suplente; a Javier Meza López (en relación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California y Director General de dicho Instituto, con sede en Mexicali, para que dentro del plazo de quince días hábiles, siguientes a la notificación de dicho acuerdo, cumplieran con el fallo protector dictado en el presente asunto; sin embargo, a la fecha no obran en autos los acuses de recibo de los oficios 11898/219, 11899/219, 11900/219, 11901/219, 11902/219, 11903/219, 11904/219 y 11905/219, relativos a dicho proveído. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, requiérase a las autoridades responsables de mérito, para que dentro del término de veinticuatro horas, manifiesten si recibieron los oficios antes citados, y en caso afirmativo, la fecha en que así fue, el que podrán remitir por vía telegráfica al domicilio ubicado en calle Delante 314, esquina en Pedro Loyola, colonia Carlos Pacheco, Ensenada, Baja California, código postal 22890, o vía fax al número de teléfono (646) 1205719 o por correo electrónico 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, solicitando que hagan referencia al juicio de amparo en que se actúa y al número de oficio que se le remitió para una mejor identificación del mismo; bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá en lo particular una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $84.49 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
Ensenada, Baja California, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Actuaria Judicial Federal del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, al que acompaña autos originales del juicio de amparo 602/2018, promovido por J. Guadalupe Villagrana Venegas y testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 162/2019, de su índice, en la que se resolvió lo siguiente: "[.] PRIMERO. En lo que fue materia del recurso, se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a J. Guadalupe Villagrana Venegas, contra el acto reclamado de las autoridades responsables que se precisó en el resultando primero de esta ejecutoria, por las razones y para los efectos que se establecen en el último considerando de la sentencia recurrida. TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por J. Guadalupe Villagrana Venegas, en términos del considerando quinto de la presente sentencia. [.]" En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente, háganse las anotaciones en el libro de juzgado respectivo y dense los avisos de ley. Por otra parte, agréguese a los autos el cuaderno de antecedentes, únicamente en lo que corresponde a las actuaciones originales, lo anterior para evitar duplicidad de las constancias. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, y en apego a lo dispuesto en la ejecutoria de amparo, requiérase a Adriana Córdova Morales, en su carácter de Directora de Pensiones y Jubilaciones y Junta Directiva, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, la última integrada por Guillermo Trejo Dozal (Presidente de la Junta Directiva); Héctor Tomas Lara Hormachea (Vocal Suplente); Loreto Quintero Quintero (Vocal Propietario en representación de Arturo Chávez Ibarra Vocal Suplente); Bladimiro Hernández Díaz (Vocal Propietario en representación de Edgar Castillo Padilla Vocal Suplente); Arturo Gutiérrez Vázquez (Vocal Propietario del S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C); María Luisa Gutierrez Santoyo (Vocal Propietario de la Sección XXXVII del S.N.T.E. en representación de Rubén Salvador Grijalva Garibaldi, Vocal Suplente; a Javier Meza López (en relación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California y Director General de dicho Instituto, con sede en Mexicali, para que dentro del plazo de quince días hábiles, siguientes a la notificación del presente acuerdo, cumplan con el fallo protector dictado en el presente asunto. Lo anterior, en razón de que el plazo de tres días hábiles a que se refiere al artículo 192 la ley de la materia resulta insuficiente para cumplir con el fallo protector, a razón de la complejidad del asunto, pues es un hecho notorio para quien suscribe que en diversos asuntos se ha solicitado prórroga por parte de las autoridades responsables a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo; en el entendido de que deberán remitir por duplicado las constancias certificadas que así lo acrediten, para estar en aptitud de correrle traslado con las mismas a la parte quejosa. Asimismo, debe destacarse que el plazo de quince días hábiles que se otorgan resultan suficientes para dar cumplimiento al fallo protector, puesto que la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, puede sesionar ordinariamente cada tres meses y extraordinariamente cada vez que así se requiera; y que por cada integrante propietario existe un suplente. Lo anterior, de conformidad con los artículos 108 y 114 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 108.- Por cada miembro propietario de la Junta Directiva, se nombrará un suplente, el cual lo substituirá en sus faltas temporales, en los términos del Reglamento respectivo." "ARTÍCULO 114.- La Junta Directiva sesionará de manera ordinaria por lo menos cada tres meses y extraordinariamente cuando así se requiera. El quórum para sesionar válidamente será con la asistencia de la mayoría de sus integrantes." Se apercibe a las citadas autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo anterior sin causa justificada, o bien, si no manifiestan la imposibilidad que tengan para ello, se les impondrá en lo individual una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de amparo. Asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo."
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- J Francisco Torres Chavez913/2014
- J. Jesus Concepcion Aragon Gonzalez103/2015
- J. Jesus Gutierrez Vargas447/2015
- J. Jesús Reynoso García416/2018
- J. Jesus Venegas Lopez1535/2014
- J. Juan Soliz Hernandez1041/2014
- J Lucas Dorantes Alvarez1085/2014