J. Guadalupe Velez Samano
Expediente 78/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 78/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/04/2021
Partes del expediente
- J. Guadalupe Velez Samano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de abril de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional no recurrieron la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, en virtud de que mediante sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, se sobreseyó en el juicio de amparo (artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo). Por otra parte, puesto que en el presente juicio de amparo se negó la suspensión provisional y se concedió la definitiva la definitiva, se hace constar que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, como lo establece el artículo 18, fracción II, inciso b) de dicho Acuerdo. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se hace constar que es susceptible de destrucción el duplicado del incidente de suspensión; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, dentro del plazo de los treinta días siguientes. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. De igual manera, atento a lo ordenado en el artículo 18, párrafo segundo, del referido Acuerdo General, se deja a disposición de la parte quejosa la copia certificada que adjuntó a su escrito inicial de demanda, apercibido que de no recogerla en el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente, dicho documento será destruido. En el entendido de que deberá sujetarse a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid- 19, del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, por lo que para el caso de comparecer ante este juzgado se le sugiere hacer uso del micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, contenido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órgano jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Se informa a las partes, que el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran tres años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. De igual forma, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los autos, se evidencia que de un examen al expediente físico, así como al expediente electrónico (en sus rubros integrar y consultar) y en determinaciones judiciales, se desprende que no ha sido notificada al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, como tampoco, a las autoridades responsables la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte; lo que se produjo atento al estado de emergencia derivada de la pandemia producida por el virus COVID-19, pues ello provocó diversas suspensiones y reanudación de labores, conforme a lo diversos acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, y algunas circulares de la comisión especial creada para tal efecto. Por tales motivos, se ha generado una serie de acontecimientos que han impedido el funcionamiento normal del juzgado en lo general y de las secretarias en particular, tales como las que ahora se procede a subsanar; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que de ser el caso, notifique la referida sentencia en sus términos; asimismo, se comisiona a la secretaria que celebró la audiencia constitucional correspondiente, que realice la debida integración del referido expediente electrónico. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese. En cumplimiento al proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno se notifica a la parte tercero interesada la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, que a la letra dice: SENTENCIA VISTOS, los autos, para resolver el juicio de amparo número 78/2020; promovido por *****: y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, turnado al día siguiente a este juzgado de distrito, *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y los actos que a continuación se citan: AUTORIDADES RESPONSABLES: "Como autoridades ordenadoras A) C. Juez Civil de Cuantía Menor de Metepec, Estado de México (.). Como autoridades ejecutoras A) C. Lic. Irma Villegas Portillo, ejecutora adscrita al Juzgado Civil de Cuantía Menor de Metepec, Estado de México (.)." ACTOS RECLAMADOS: "I. De la autoridad responsable ordenadora, se reclama la orden de ingresar a mi domicilio particular ubicado en calle 5 de febrero sin número, colonia Bellavista, Metepec, Estado de México, y que, bajo protesta de decir verdad, desconozco el número de expediente en que radica dicha orden emitida. II. De la autoridad señalada como ejecutora, se reclama la ilegal ejecución que pretende darle para ingresar a mi domicilio particular ubicado en calle 5 de Febrero sin número, colonia Bellavista, Metepec, Estado de México, y que tiene por objeto el trabar embargo sobre los bienes que son de mi propiedad, diligencia de trascendencia ya que va en perjuicio de mis intereses personales y patrimoniales al no ser el suscrito parte en el proceso mercantil que se ventila en el Juzgado Civil de Cuantía Menor de Metepec, Estado de México, y del cual desconozco el número de expediente." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de veintinueve de enero de dos mil veinte, se admitió la demanda, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación; y se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, el cual se rindió con ocho días de anticipación en relación con la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en proveído de catorce de febrero de dos mil veinte se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, en el Estado de México y, en proveído de seis de marzo se tuvo a la citada autoridad como responsable requiriéndole su informe justificado. La audiencia constitucional, previo diferimiento, se verificó sin la comparecencia de las partes, tal como se asentó en el acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se promueve contra actos de autoridades que radican dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de actos. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que los actos reclamados en esta vía consisten en la orden de ingreso con rompimiento de chapas y cerraduras al inmueble ubicado en calle 5 de febrero sin número, colonia Bellavista, Metepec, Estado de México con motivo del auto exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***** del índice del juez Primero Civil de Lerma, Estado de México y, como consecuencia, su embargo. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables juez Civil de Cuantía Menor de Metepec y juez Primero Civil de Lerma, ambos del Estado de México, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado. Además, se presume cierto el acto reclamado a la ejecutora adscrita al Juzgado Civil de Cuantía Menor de Metepec, Estado de México, pues no obstante de haber sido notificada fu omisa en rendir el informe justificado solicitado. Certeza que se corrobora con las constancias que acompañaron a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del exhorto 521/2019 y del juicio ejecutivo mercantil *****, respectivamente, a las cuales por ser documentos públicos se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por lo que se tiene plenamente probada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Improcedencia del juicio. Examinada la existencia de los actos reclamados se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se considera que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que guarda relación con el diverso numeral 5º., fracción I, de la propia ley, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." El interés jurídico al que alude el precepto transcrito, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en vía de amparo algún acto jurisdiccional violatorio de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere en principio a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En este orden de ideas, de acuerdo con el sistema consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con el invocado artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Esto es así, dado que el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo, es decir, cuando alguna autoridad jurisdiccional emite un acto que el gobernado estime violatorio de tales derechos y, lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así, se tiene que para acudir al juicio de amparo es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales. Cabe señalar que no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio constitucional, sino que es necesario que el peticionario de amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. En este sentido, debe destacarse que entre otros requisitos de procedencia del juicio de amparo, el nuevo texto del artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentado en esa parte en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto reclamado exista, sino que es necesario para efectos de procedencia del juicio de derechos, según se precisó, que transgreda en perjuicio del quejoso un derecho subjetivo que le otorgue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún instrumento internacional. Lo anterior es así, ya que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación sostuvo que la interpretación del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación, y que sólo ha cambiado el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material". Sobre el particular, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación emitió la tesis XIV/2011, consultable en la página 34, tomo XXXIV, agosto de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de "interés jurídico" para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material"." Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la reforma al artículo 107 de la Constitución Federal, no se traduce en una apertura absoluta para acudir al juicio de amparo, en la medida en que el quejoso debe demostrar algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, sino un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de la afectación a su esfera de derechos en sentido amplio, tal como se advierte de la tesis XLIII/2013, consultable en la página 822, Libro XVII, tomo 1, febrero de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En el mismo sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, asimismo, hizo la precisión de que tratándose de actos derivados de órganos jurisdiccionales necesariamente se requiere de un derecho subjetivo, que en cambio, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, pero sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico". Lo anterior se desprende de la tesis consultable en la página 1736, Libro XVIII, tomo 2, marzo de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona . Con base en las premisas expuestas y los antecedentes narrados permiten colegir que el quejoso promueve el juicio en su carácter de persona extraña al juicio, y defiende el inmueble sobre el cual se ordenó el rompimiento de chapas y cerraduras. Sobre ese tema, debe decirse que el Alto Tribunal del País ha definido a la persona extraña a juicio como aquella que no es parte en el proceso, es decir, la que no ha figurado en el proceso judicial o en el procedimiento como parte en sentido material, las cuales se diferencian de la siguiente forma: a. Personas que no son parte en el proceso las cuales sólo coadyuvan o participan en él; sin embargo, no tienen una relación jurídica generadora de un vínculo al proceso; por ejemplo, testigos, peritos, autoridades distintas a las responsables. b. Tercero extraño en estricto sentido es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia cuyos derechos se ven afectados; por ejemplo, a la persona que le embargan como consecuencia de un juicio en el que no es parte. c. Tercero extraño por equiparación es aquella persona que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: 1) Tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente por un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa. 2) Tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas: I) aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia; II) aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado. En ese tenor, debe decirse que a efecto de que una persona tenga interés jurídico para acudir a través del juicio de amparo a controvertir un embargo, en su carácter de tercera extraña a juicio en estricto sentido, será menester que acredite ser el titular de un derecho subjetivo tutelado por los derechos fundamentales protegidos en la Constitución Federal y tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, y que efectivamente se resienta algún agravio respecto del derecho subjetivo de que se trate. En el caso, para acreditar su interés jurídico, el promovente de amparo exhibió las documentales siguientes: 1. Certificado Parcelario 000000163058 que ampara la parcela 187 Z-1 P1/2 del Ejido Villa de Metepec, Estado de México, con una superficie de 0-03-47-49 ha, inscrito en el Registro Agrario Nacional con el folio 15FD00162999 y expedido el veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis. 2. Copia simple de la credencial para votar expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral. 3. Citatorio de veintiuno de enero de dos mil veinte. Además, hizo suyas las pruebas documentales que las autoridades responsables exhibieron y ofreció la presuncional legal y humana. Las documentales en comento resultan ineficaces para acreditar que a la fecha en que se ordenó el ingreso con rompimiento de chapas y cerraduras al inmueble ubicado en calle 5 de febrero sin número, colonia Bellavista, Metepec, Estado de México con motivo del auto exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***** del índice del juez Primero Civil de Lerma, Estado de México y, como consecuencia, su embargo, el quejoso contaba con un derecho sobre el inmueble en el cual habrá de practicarse la diligencia. Lo anterior tomando en consideración que el auto exequendo se dictó el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve y con motivo de éste el veintiuno de enero de dos mil veinte, la ejecutora responsable se constituyó en el domicilio **** se dejó citatorio al demandado y, al no haber esperado a la ejecutora, el veintidós de ese mismo mes y año realizó la diligencia con la persona que se encontró en el citado domicilio, quien se opuso al ingreso y embargo del mismo, por lo que, el veinticuatro siguiente se autorizó el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras. Por tanto, es posible colegir que a la fecha en que se emitió el acto reclamado el quejoso no contaba con un derecho constituido sobre el inmueble, por lo que carece de interés jurídico para impugnarlo a través del presente juicio de amparo. Al caso resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 62/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común." En efecto, el criterio transcrito es claro en establecer que para demostrar el interés jurídico necesario para instar el juicio de amparo indirecto contra actos de desposesión, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a los propios actos que se reclaman -desposesión-, debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. No se soslaya que el citado criterio hace referencia expresa al contrato de arrendamiento, así como actos de desposesión, y en el presente caso, el quejoso defiende un derecho de propiedad; sin embargo, en la ejecutoria que motivó dicha jurisprudencia, la Sala resolutora no sólo se refirió al derecho de posesión adquirido mediante arrendamiento, sino a todo aquel derecho que pueda recaer sobre un bien, sea de propiedad, usufructo, habitación, arrendamiento, etcétera. Para corroborar lo anterior, es conveniente traer a cuenta algunas consideraciones vertidas por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 40/2019, en la sesión del tres de julio de dos mil diecinueve, en cuya ejecutoria sostuvo lo siguiente: "QUINTO. Estudio de fondo. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que enseguida se expresan. En atención al tema de esta contradicción de tesis, se deben realizar algunas precisiones relacionadas con el interés jurídico, y con la fecha cierta de los títulos con que se pretenda demostrar aquel en un juicio de amparo indirecto, en virtud de que la cuestión a dilucidar versa sobre si el documento de fecha cierta, a través del cual se obtiene la posesión derivada, es suficiente o no para demostrar ese interés, tratándose de un tercero extraño al juicio de origen que reclame la desposesión de un bien inmueble, ordenada con posterioridad a esa fecha cierta; o en su defecto, el quejoso debe además acreditar la posesión material de ese bien. Para la resolución de dicha temática, conviene precisar, en primer lugar, que para que pueda afirmarse que quien promueve un juicio de amparo tiene interés jurídico, debe demostrarse la existencia de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa, anterior al acto reclamado, así como la afectación de ese derecho por parte de la autoridad a través del propio acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 107 constitucional, y del artículo 5o. de la Ley de Amparo. Ahora bien, ese interés debe acreditarse plenamente y no sólo de modo presuntivo, según el criterio que ha sustentado esta Primera Sala. De lo contrario, el juicio de amparo resultaría improcedente en términos de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, este Alto Tribunal ha sostenido reiteradamente que el interés jurídico en el amparo debe acreditarse plena y fehacientemente, y no hacerse derivar de presunciones. Sirven de apoyo las tesis, cuyos datos de localización, rubro y texto se citan a continuación: "Novena Época "Instancia: Segunda Sala "Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "Tomo: VII, abril de 1998 "Tesis: 2a./J. 21/98 "Página: 213 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." "Novena Época "Instancia: Primera Sala "Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "Tomo: XXVII, enero de 2008 "Tesis: 1a./J. 168/2007 "Página: 225 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por tanto, el promovente del juicio de amparo debe demostrar que es titular del derecho de propiedad o posesión conculcado por el acto de autoridad; lo cual no significa que en el juicio de amparo se decida y se haga un pronunciamiento sobre la titularidad de ese derecho, sino que dicho análisis en relación con el valor probatorio de los documentos, deberá realizarse exclusivamente para efectos de comprobar el interés jurídico y, por consecuencia, la legitimación del promovente y la procedencia del juicio de amparo, en congruencia con el criterio establecido por este Alto Tribunal, sirviendo de apoyo la siguiente tesis, por analogía: "Novena Época "Instancia: Segunda Sala "Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "Tomo: V, mayo de 1997 "Tesis: 2a. LII/97 "Página: 333 "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público." Interesa para efectos de lo que es materia de la presente contradicción, sobre todo, que para demostrar el interés jurídico debe acreditarse la existencia del derecho que se estima conculcado, con anterioridad al acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo; de ahí, la importancia de la fecha cierta del título que constituya la causa generadora de la posesión, a través de la cual se obtiene convicción de que la afectación que el acto reclamado produce al quejoso, es posterior a que éste adquirió derechos sobre el bien objeto del acto reclamado y, que por tanto, existe un derecho a su favor, susceptible de ser defendido a través del juicio constitucional. (.) Precisado lo relativo a los documentos privados y su fecha cierta necesaria para sustentar el derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión; es necesario ahora destacar que en relación con la posesión, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; por tanto, conforme a lo dispuesto por este precepto constitucional, procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho, ya sea de propiedad, usufructo, habitación, arrendamiento, etcétera, que resulte afectado sin las garantías de audiencia y defensa que en él se consagran; no obstante, para que prospere la acción de amparo, esa afectación debe demostrarse de una forma fehaciente, sin que pueda inferirse tal sólo por presunciones. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, razón toral que radica en dar legalidad y certeza jurídica a esas operaciones contractuales, evitando así que el juicio de amparo se use con fines desleales, dado que si no se satisface el requisito de certeza, sería imposible determinar si el acto en el cual el quejoso funda sus pretensiones, es anterior o posterior a la adquisición del bien litigioso." Con base en lo anterior se colige que para demostrar el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, es necesario acreditar la existencia de un derecho sustantivo. En el caso, es evidente que el certificado parcelario con el que se pretende demostrar la titularidad del bien inmueble sobre el que recae el acto reclamado carece de identidad con aquel que es materia del litigio, lo anterior en la medida que el certificado Parcelario 000000163058 únicamente ampara el derecho que el quejoso tiene sobre la parcela 187 Z-1 P1/2 del Ejido Villa de Metepec, Estado de México, con una superficie de 0-03-47-49 ha; y de la diligencia de emplazamiento se advierte que el domicilio al cual se pretende ingresar se ubica en calle Privada 5 de febrero sin número, colonia Agrícola Bellavista, Metepec, Estado de México. Además, si bien el quejoso exhibió copia simple de su credencial para votar, debe decirse que, además de no podérsele otorgar valor probatorio pleno al no tener certeza de identidad con el original y no ser el medio idóneo para probar un derecho de propiedad sobre el inmueble, de su contenido se advierte que, incluso el domicilio ahí asentado difiere con el inmueble que es materia de juicio, pues se advierte una colonia diversa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis VIII.2o.14 C, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Civil, página 555, Registro 203637, de contenido siguiente: "PROPIEDAD Y POSESION DE INMUEBLE. NECESARIA IDENTIFICACION CUANDO SE RECLAMA PRIVACION DE LA. Si la parte quejosa que se ostenta como tercera extraña en el juicio natural, no aporta al juicio de garantías los elementos de convicción conducentes que demuestran de manera fehaciente la identidad del bien materia del juicio ordinario del cual emana el acto reclamado, patente resulta que, en dicho supuesto, no puede sostenerse válidamente que tal acto le irrogue perjuicio, siendo evidente, por ende, que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ante la ausencia de probar que hubo afectación al interés jurídico de la quejosa." Por lo que, aunque la parcela que defiende en este juicio de amparo pertenece al aquí quejoso, al no guardar identidad con el bien inmueble que es materia del juicio ejecutivo mercantil del cual deriva el acto reclamado, es que no puede reconocerse interés jurídico al quejoso para impugnarlo y, como consecuencia, debe sobreseerse en el juicio por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo al diverso acto de ejecución, pues en principio no se reclamó por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la que se atribuyó a la orden de rompimiento de chapas y cerraduras. Finalmente, acorde con el criterio contenido en la jurisprudencia 62/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pronunciamiento realizado por este órgano de control de constitucionalidad en relación con la eficacia del título exhibido por el quejoso, sólo tiene consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, por lo que no decide sobre el derecho sustantivo correspondiente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por *****. Notifíquese personalmente
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese la razón actuarial de uno de los cursantes, de la que se advierte la circunstancia que imposibilitó a la Actuaria Judicial adscrita, para notificar personalmente la sentencia dictada en este juicio de amparo a la parte quejosa. En consecuencia, notifíquese dicha resolución por lista que se fija en lugar visible de este órgano de control constitucional, ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Notifíquese. En cumplimiento al proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno se notifica a la parte quejosa la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, que a la letra dice: SENTENCIA VISTOS, los autos, para resolver el juicio de amparo número 78/2020; promovido por *****: y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, turnado al día siguiente a este juzgado de distrito, *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y los actos que a continuación se citan: AUTORIDADES RESPONSABLES: "Como autoridades ordenadoras A) C. Juez Civil de Cuantía Menor de Metepec, Estado de México (.). Como autoridades ejecutoras A) C. Lic. Irma Villegas Portillo, ejecutora adscrita al Juzgado Civil de Cuantía Menor de Metepec, Estado de México (.)." ACTOS RECLAMADOS: "I. De la autoridad responsable ordenadora, se reclama la orden de ingresar a mi domicilio particular ubicado en calle 5 de febrero sin número, colonia Bellavista, Metepec, Estado de México, y que, bajo protesta de decir verdad, desconozco el número de expediente en que radica dicha orden emitida. II. De la autoridad señalada como ejecutora, se reclama la ilegal ejecución que pretende darle para ingresar a mi domicilio particular ubicado en calle 5 de Febrero sin número, colonia Bellavista, Metepec, Estado de México, y que tiene por objeto el trabar embargo sobre los bienes que son de mi propiedad, diligencia de trascendencia ya que va en perjuicio de mis intereses personales y patrimoniales al no ser el suscrito parte en el proceso mercantil que se ventila en el Juzgado Civil de Cuantía Menor de Metepec, Estado de México, y del cual desconozco el número de expediente." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de veintinueve de enero de dos mil veinte, se admitió la demanda, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación; y se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, el cual se rindió con ocho días de anticipación en relación con la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en proveído de catorce de febrero de dos mil veinte se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, en el Estado de México y, en proveído de seis de marzo se tuvo a la citada autoridad como responsable requiriéndole su informe justificado. La audiencia constitucional, previo diferimiento, se verificó sin la comparecencia de las partes, tal como se asentó en el acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se promueve contra actos de autoridades que radican dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de actos. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que los actos reclamados en esta vía consisten en la orden de ingreso con rompimiento de chapas y cerraduras al inmueble ubicado en calle 5 de febrero sin número, colonia Bellavista, Metepec, Estado de México con motivo del auto exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***** del índice del juez Primero Civil de Lerma, Estado de México y, como consecuencia, su embargo. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables juez Civil de Cuantía Menor de Metepec y juez Primero Civil de Lerma, ambos del Estado de México, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado. Además, se presume cierto el acto reclamado a la ejecutora adscrita al Juzgado Civil de Cuantía Menor de Metepec, Estado de México, pues no obstante de haber sido notificada fu omisa en rendir el informe justificado solicitado. Certeza que se corrobora con las constancias que acompañaron a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del exhorto 521/2019 y del juicio ejecutivo mercantil *****, respectivamente, a las cuales por ser documentos públicos se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por lo que se tiene plenamente probada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Improcedencia del juicio. Examinada la existencia de los actos reclamados se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se considera que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que guarda relación con el diverso numeral 5º., fracción I, de la propia ley, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." El interés jurídico al que alude el precepto transcrito, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en vía de amparo algún acto jurisdiccional violatorio de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere en principio a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En este orden de ideas, de acuerdo con el sistema consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con el invocado artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Esto es así, dado que el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo, es decir, cuando alguna autoridad jurisdiccional emite un acto que el gobernado estime violatorio de tales derechos y, lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así, se tiene que para acudir al juicio de amparo es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales. Cabe señalar que no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio constitucional, sino que es necesario que el peticionario de amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. En este sentido, debe destacarse que entre otros requisitos de procedencia del juicio de amparo, el nuevo texto del artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentado en esa parte en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto reclamado exista, sino que es necesario para efectos de procedencia del juicio de derechos, según se precisó, que transgreda en perjuicio del quejoso un derecho subjetivo que le otorgue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún instrumento internacional. Lo anterior es así, ya que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación sostuvo que la interpretación del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación, y que sólo ha cambiado el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material". Sobre el particular, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación emitió la tesis XIV/2011, consultable en la página 34, tomo XXXIV, agosto de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de "interés jurídico" para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material"." Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la reforma al artículo 107 de la Constitución Federal, no se traduce en una apertura absoluta para acudir al juicio de amparo, en la medida en que el quejoso debe demostrar algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, sino un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de la afectación a su esfera de derechos en sentido amplio, tal como se advierte de la tesis XLIII/2013, consultable en la página 822, Libro XVII, tomo 1, febrero de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En el mismo sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, asimismo, hizo la precisión de que tratándose de actos derivados de órganos jurisdiccionales necesariamente se requiere de un derecho subjetivo, que en cambio, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, pero sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico". Lo anterior se desprende de la tesis consultable en la página 1736, Libro XVIII, tomo 2, marzo de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona . Con base en las premisas expuestas y los antecedentes narrados permiten colegir que el quejoso promueve el juicio en su carácter de persona extraña al juicio, y defiende el inmueble sobre el cual se ordenó el rompimiento de chapas y cerraduras. Sobre ese tema, debe decirse que el Alto Tribunal del País ha definido a la persona extraña a juicio como aquella que no es parte en el proceso, es decir, la que no ha figurado en el proceso judicial o en el procedimiento como parte en sentido material, las cuales se diferencian de la siguiente forma: a. Personas que no son parte en el proceso las cuales sólo coadyuvan o participan en él; sin embargo, no tienen una relación jurídica generadora de un vínculo al proceso; por ejemplo, testigos, peritos, autoridades distintas a las responsables. b. Tercero extraño en estricto sentido es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia cuyos derechos se ven afectados; por ejemplo, a la persona que le embargan como consecuencia de un juicio en el que no es parte. c. Tercero extraño por equiparación es aquella persona que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: 1) Tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente por un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa. 2) Tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas: I) aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia; II) aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado. En ese tenor, debe decirse que a efecto de que una persona tenga interés jurídico para acudir a través del juicio de amparo a controvertir un embargo, en su carácter de tercera extraña a juicio en estricto sentido, será menester que acredite ser el titular de un derecho subjetivo tutelado por los derechos fundamentales protegidos en la Constitución Federal y tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, y que efectivamente se resienta algún agravio respecto del derecho subjetivo de que se trate. En el caso, para acreditar su interés jurídico, el promovente de amparo exhibió las documentales siguientes: 1. Certificado Parcelario 000000163058 que ampara la parcela 187 Z-1 P1/2 del Ejido Villa de Metepec, Estado de México, con una superficie de 0-03-47-49 ha, inscrito en el Registro Agrario Nacional con el folio 15FD00162999 y expedido el veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis. 2. Copia simple de la credencial para votar expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral. 3. Citatorio de veintiuno de enero de dos mil veinte. Además, hizo suyas las pruebas documentales que las autoridades responsables exhibieron y ofreció la presuncional legal y humana. Las documentales en comento resultan ineficaces para acreditar que a la fecha en que se ordenó el ingreso con rompimiento de chapas y cerraduras al inmueble ubicado en calle 5 de febrero sin número, colonia Bellavista, Metepec, Estado de México con motivo del auto exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***** del índice del juez Primero Civil de Lerma, Estado de México y, como consecuencia, su embargo, el quejoso contaba con un derecho sobre el inmueble en el cual habrá de practicarse la diligencia. Lo anterior tomando en consideración que el auto exequendo se dictó el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve y con motivo de éste el veintiuno de enero de dos mil veinte, la ejecutora responsable se constituyó en el domicilio **** se dejó citatorio al demandado y, al no haber esperado a la ejecutora, el veintidós de ese mismo mes y año realizó la diligencia con la persona que se encontró en el citado domicilio, quien se opuso al ingreso y embargo del mismo, por lo que, el veinticuatro siguiente se autorizó el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras. Por tanto, es posible colegir que a la fecha en que se emitió el acto reclamado el quejoso no contaba con un derecho constituido sobre el inmueble, por lo que carece de interés jurídico para impugnarlo a través del presente juicio de amparo. Al caso resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 62/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común." En efecto, el criterio transcrito es claro en establecer que para demostrar el interés jurídico necesario para instar el juicio de amparo indirecto contra actos de desposesión, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a los propios actos que se reclaman -desposesión-, debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. No se soslaya que el citado criterio hace referencia expresa al contrato de arrendamiento, así como actos de desposesión, y en el presente caso, el quejoso defiende un derecho de propiedad; sin embargo, en la ejecutoria que motivó dicha jurisprudencia, la Sala resolutora no sólo se refirió al derecho de posesión adquirido mediante arrendamiento, sino a todo aquel derecho que pueda recaer sobre un bien, sea de propiedad, usufructo, habitación, arrendamiento, etcétera. Para corroborar lo anterior, es conveniente traer a cuenta algunas consideraciones vertidas por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 40/2019, en la sesión del tres de julio de dos mil diecinueve, en cuya ejecutoria sostuvo lo siguiente: "QUINTO. Estudio de fondo. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que enseguida se expresan. En atención al tema de esta contradicción de tesis, se deben realizar algunas precisiones relacionadas con el interés jurídico, y con la fecha cierta de los títulos con que se pretenda demostrar aquel en un juicio de amparo indirecto, en virtud de que la cuestión a dilucidar versa sobre si el documento de fecha cierta, a través del cual se obtiene la posesión derivada, es suficiente o no para demostrar ese interés, tratándose de un tercero extraño al juicio de origen que reclame la desposesión de un bien inmueble, ordenada con posterioridad a esa fecha cierta; o en su defecto, el quejoso debe además acreditar la posesión material de ese bien. Para la resolución de dicha temática, conviene precisar, en primer lugar, que para que pueda afirmarse que quien promueve un juicio de amparo tiene interés jurídico, debe demostrarse la existencia de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa, anterior al acto reclamado, así como la afectación de ese derecho por parte de la autoridad a través del propio acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 107 constitucional, y del artículo 5o. de la Ley de Amparo. Ahora bien, ese interés debe acreditarse plenamente y no sólo de modo presuntivo, según el criterio que ha sustentado esta Primera Sala. De lo contrario, el juicio de amparo resultaría improcedente en términos de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, este Alto Tribunal ha sostenido reiteradamente que el interés jurídico en el amparo debe acreditarse plena y fehacientemente, y no hacerse derivar de presunciones. Sirven de apoyo las tesis, cuyos datos de localización, rubro y texto se citan a continuación: "Novena Época "Instancia: Segunda Sala "Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "Tomo: VII, abril de 1998 "Tesis: 2a./J. 21/98 "Página: 213 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." "Novena Época "Instancia: Primera Sala "Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "Tomo: XXVII, enero de 2008 "Tesis: 1a./J. 168/2007 "Página: 225 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por tanto, el promovente del juicio de amparo debe demostrar que es titular del derecho de propiedad o posesión conculcado por el acto de autoridad; lo cual no significa que en el juicio de amparo se decida y se haga un pronunciamiento sobre la titularidad de ese derecho, sino que dicho análisis en relación con el valor probatorio de los documentos, deberá realizarse exclusivamente para efectos de comprobar el interés jurídico y, por consecuencia, la legitimación del promovente y la procedencia del juicio de amparo, en congruencia con el criterio establecido por este Alto Tribunal, sirviendo de apoyo la siguiente tesis, por analogía: "Novena Época "Instancia: Segunda Sala "Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "Tomo: V, mayo de 1997 "Tesis: 2a. LII/97 "Página: 333 "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público." Interesa para efectos de lo que es materia de la presente contradicción, sobre todo, que para demostrar el interés jurídico debe acreditarse la existencia del derecho que se estima conculcado, con anterioridad al acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo; de ahí, la importancia de la fecha cierta del título que constituya la causa generadora de la posesión, a través de la cual se obtiene convicción de que la afectación que el acto reclamado produce al quejoso, es posterior a que éste adquirió derechos sobre el bien objeto del acto reclamado y, que por tanto, existe un derecho a su favor, susceptible de ser defendido a través del juicio constitucional. (.) Precisado lo relativo a los documentos privados y su fecha cierta necesaria para sustentar el derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión; es necesario ahora destacar que en relación con la posesión, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; por tanto, conforme a lo dispuesto por este precepto constitucional, procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho, ya sea de propiedad, usufructo, habitación, arrendamiento, etcétera, que resulte afectado sin las garantías de audiencia y defensa que en él se consagran; no obstante, para que prospere la acción de amparo, esa afectación debe demostrarse de una forma fehaciente, sin que pueda inferirse tal sólo por presunciones. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, razón toral que radica en dar legalidad y certeza jurídica a esas operaciones contractuales, evitando así que el juicio de amparo se use con fines desleales, dado que si no se satisface el requisito de certeza, sería imposible determinar si el acto en el cual el quejoso funda sus pretensiones, es anterior o posterior a la adquisición del bien litigioso." Con base en lo anterior se colige que para demostrar el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, es necesario acreditar la existencia de un derecho sustantivo. En el caso, es evidente que el certificado parcelario con el que se pretende demostrar la titularidad del bien inmueble sobre el que recae el acto reclamado carece de identidad con aquel que es materia del litigio, lo anterior en la medida que el certificado Parcelario 000000163058 únicamente ampara el derecho que el quejoso tiene sobre la parcela 187 Z-1 P1/2 del Ejido Villa de Metepec, Estado de México, con una superficie de 0-03-47-49 ha; y de la diligencia de emplazamiento se advierte que el domicilio al cual se pretende ingresar se ubica en calle Privada 5 de febrero sin número, colonia Agrícola Bellavista, Metepec, Estado de México. Además, si bien el quejoso exhibió copia simple de su credencial para votar, debe decirse que, además de no podérsele otorgar valor probatorio pleno al no tener certeza de identidad con el original y no ser el medio idóneo para probar un derecho de propiedad sobre el inmueble, de su contenido se advierte que, incluso el domicilio ahí asentado difiere con el inmueble que es materia de juicio, pues se advierte una colonia diversa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis VIII.2o.14 C, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Civil, página 555, Registro 203637, de contenido siguiente: "PROPIEDAD Y POSESION DE INMUEBLE. NECESARIA IDENTIFICACION CUANDO SE RECLAMA PRIVACION DE LA. Si la parte quejosa que se ostenta como tercera extraña en el juicio natural, no aporta al juicio de garantías los elementos de convicción conducentes que demuestran de manera fehaciente la identidad del bien materia del juicio ordinario del cual emana el acto reclamado, patente resulta que, en dicho supuesto, no puede sostenerse válidamente que tal acto le irrogue perjuicio, siendo evidente, por ende, que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ante la ausencia de probar que hubo afectación al interés jurídico de la quejosa." Por lo que, aunque la parcela que defiende en este juicio de amparo pertenece al aquí quejoso, al no guardar identidad con el bien inmueble que es materia del juicio ejecutivo mercantil del cual deriva el acto reclamado, es que no puede reconocerse interés jurídico al quejoso para impugnarlo y, como consecuencia, debe sobreseerse en el juicio por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo al diverso acto de ejecución, pues en principio no se reclamó por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la que se atribuyó a la orden de rompimiento de chapas y cerraduras. Finalmente, acorde con el criterio contenido en la jurisprudencia 62/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pronunciamiento realizado por este órgano de control de constitucionalidad en relación con la eficacia del título exhibido por el quejoso, sólo tiene consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, por lo que no decide sobre el derecho sustantivo correspondiente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por *****. Notifíquese personalmente
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los escritos de cuenta, mediante los cuales *****, autorizado en términos amplios del tercero interesado ***** solicita copia de la sentencia o en su caso se incorpore al expediente electrónico. En consecuencia, de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase al promovente la copia que solicita y déjese en autos constancia de su recibo, en el entendido que para recogerlas deberá agendar la cita correspondiente en términos de lo previsto en el artículo 6, fracción II del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; de igual forma, vincúlese la sentencia en el expediente electrónico. Notifíquese.
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