J Guadalupe Sanchez Otero

Expediente 182/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
182/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
10/08/2021

Partes del expediente

  • J Guadalupe Sanchez Otero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, diez de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que la resolución por la que se sobreseyó en el juicio no fue recurrida por la parte quejosa dentro del término legal; por tanto, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo respecto de las diversas, en atención a que el sentido de la citada resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental, carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte quejosa no allegó documentos al presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido; 20, primer párrafo, fracción II, inciso a); y, 21, incisos a) y c), todos del Acuerdo en cita. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Por otro lado, devuélvanse Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad, los legajos de copias certificadas del juicio especial hipotecario ***, de su índice, que obran en tres tomos por separado. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado le remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    ... TERCERO. Existencia de actos. Son ciertos los actos que la parte quejosa les atribuye a las autoridades responsables, pues así lo aceptaron al rendir su informe justificado; manifestación que resulta suficiente para acreditar la existencia de los actos que se les reclama. Máxime que, así se corrobora de las copias certificas del juicio especial hipotecario ***, que la propia autoridad responsable acompañó a su informe con justificación, documentales a las que se les concede plena eficacia probatoria, conforme lo dispuesto por el artículo 202 del enjuiciamiento civil federal aplicado supletoriamente a la ley de la materia. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. No se estudiará el fondo del asunto, toda vez que, en el caso, en términos del artículo 62, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el diverso 5o, fracción I, todos de la Ley de Amparo. De la literalidad de tales preceptos, se tiene que el interés jurídico es uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, pues si las leyes o los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del quejoso, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional. Por lo cual, el interesado debe acreditar plenamente, que el acto reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica y que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos. Debido a que el acto reclamado deriva de una autoridad jurisdiccional, se exige la acreditación de un interés jurídico ?no legítimo?, aunado a que la afectación a sus derechos debe verificarse en forma fehaciente y no inferirse por presunciones, pues de no comprobarse tales extremos, el juicio de amparo resulta improcedente. Existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula en determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa y la reparación del perjuicio que le irroga su violación por un acto de autoridad. Debido a lo anterior, es necesario determinar si la parte quejosa ***, tiene interés jurídico en el presente juicio de amparo, atento a que se ostenta como persona extraña al juicio hipotecario de donde deriva el acto reclamado; pues alega ser propietario del inmueble que presuntamente fue afectado en el procedimiento de origen, cuando él no es parte material, ni fue oído y vencido en el mismo. En ese sentido, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido que para que los documentos privados surtan efectos contra terceros, deben ser de fecha cierta, y para ello es indispensable que: a) se hubiesen celebrado o ratificado ante fedatario público o funcionario autorizado; b) que se encuentren inscritos en el Registro Público de la Propiedad del lugar de su ubicación; o bien, c) que hubiese fallecido alguno de los firmantes. En suma, para que un documento privado surta efectos contra terceros, es un requisito que cumpla alguna de las hipótesis antes descritas; pues de lo contrario, sólo podrá generar efectos entre las partes contratantes, más no obligará ni producirá consecuencia legal alguna frente a aquellos que no hubiesen intervenido en la celebración de ese acto jurídico y reclamen algún derecho sobre el bien de que se trate. Resulta aplicable la jurisprudencia 44/2005, intitulada: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL." En consecuencia, si en el juicio de amparo se combate la afectación de un derecho de propiedad y posesión de un bien inmueble, el documento en que se sustente tal derecho debe ser de fecha cierta, pues de lo contrario la quejosa carecería de interés jurídico y el amparo sería improcedente. Expuesto lo anterior, se observa que la quejosa fue omisa en exhibir documento idóneo y de fecha cierta para acreditar el derecho de propiedad que aduce tener del inmueble afectado en el juicio hipotecario de origen, por tal razón, no acreditó el interés jurídico correspondiente, resultando necesario probara tener algún derecho sobre el predio controvertido, como podría ser, precisamente, un contrato de compraventa, cesión de derechos, entre otros traslativos de dominio, lo que en el caso, no aconteció. Ahora bien, no pasa inadvertido para esta juzgadora federal que la parte quejosa afirma tener el predio en posesión, sin embargo, la posesión simple no es objeto de protección en el presente juicio de amparo, en todo caso, la parte quejosa debió exhibir, como se dijo, un título que sustente dicha posesión, lo que no aconteció. Sirve de apoyo, el criterio del tenor siguiente: Registro digital: 187733 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Civil Tesis: P./J. 1/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 5 Tipo: Jurisprudencia POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Contradicción de tesis 17/91. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia del Primer Circuito. 29 de noviembre de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número 1/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos. Por acuerdo del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, el Tribunal Pleno declaró procedente pero infundada la solicitud de sustitución de jurisprudencia 8/2018 derivada de la solicitud de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se impone sobreseer en el juicio, conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Situación que por sí misma imposibilita a esta potestad federal para ingresar al análisis de los conceptos de violación planteados. Sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Actuario adscrito a la Central de Actuarios y a la Directora de la Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, ambos del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo.

  3. Principal

    SE ACUERDA PROMOCIÓN. Téngase por recibido el escrito de cuenta que signa el quejoso; en atención a su contenido, téngasele formulando diversas manifestaciones a título de alegatos, los que, de ser necesario, serán tomados en cuenta la celebración de audiencia respectiva, lo anterior, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    ... Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la revisión de las constancias exhibidas por la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato, consistentes en copia certificada del juicio especial hipotecario ***, de su índice, que aportó en apoyo de su informe justificado, en tres tomos, se provee: TERCEROS INTERESADOS Se levanta la reserva decretada por auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, respecto del señalamiento de los terceros interesados, y de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), le asiste el carácter de terceros interesados a: - ***, con domicilio en ***; - ***, con domicilio en ***; y, - ***, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ***, con domicilio en ***. En atención a lo anterior, respecto al emplazamiento de los terceros interesados *** y ***, se comisiona de manera indistinta al actuario de la adscripción, para que, con copia autorizada de la demanda de amparo, escritos aclaratorios, auto admisorio y del presente proveído, emplacen a juicio a los citados terceros interesados. Cabe precisar, que por lo que ve a la moral tercero interesada, deberá efectuarse por conducto de quien legalmente la represente, quien deberá acreditar dicha representación al momento de la diligencia, constancia que se deberá de anexar para debido conocimiento. En la inteligencia que por economía procesal y para una mayor agilidad en la integración de este negocio, se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, para la práctica de la presente diligencia; de igual forma se faculta al actuario respectivo, para que de no encontrar a las personas buscadas, y si se entera de un domicilio diverso donde puedan ser emplazados, podrá constituirse en el lugar que se le informe y llevar a cabo la diligencia de que se trata, ello, sin necesidad de previo acuerdo. En el entendido que no se trata del domicilio procesal de dichos terceros, motivo por el cual, su llamamiento a juicio deberá realizarse atendiendo a las reglas que establece el artículo 27, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto a la tercero interesada ***, albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ***, toda vez que su domicilio se localiza fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en relación con el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento EXHORTO electrónico al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado y en el ámbito de su jurisdicción, ordene al personal a su cargo que se constituya en el domicilio de la referido tercero y lleve a cabo su emplazamiento a juicio, debiéndoles correr traslado con copia autorizada de la demanda de amparo, escritos aclaratorios, auto admisorio y del presente proveído. Dicho llamamiento a juicio deberá efectuarse por conducto de quien legalmente la represente, quien deberá acreditar dicha representación al momento de la diligencia; constancia que se deberá de anexar para debido conocimiento. Se requiere a la citada tercero interesada para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibidas que de no hacerlo en el término indicado, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm? pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la planta baja del recinto en que se localiza este juzgado en el espacio que al efecto determine la administración del edificio, del tres de agosto de dos mil veinte al treinta de junio de dos mil veintiuno, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. Se precisa que al no tratarse del domicilio procesal de dicha tercero, su llamamiento a juicio deberá realizarse atendiendo a las reglas que establece el artículo 27, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Amparo. Se faculta al juez para que proceda a llevar a cabo cuanta diligencia sea necesaria a efecto de practicar la tarea encomendada; en el entendido que para tal efecto podrá habilitar días y horas inhábiles. De igual forma, al respectivo actuario se le concede la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones destinadas a la localización del domicilio de la tercero interesada. Se hace del conocimiento que no resulta necesario acusar recibo, debido a que este se genera al momento de enviarse la comunicación por la citada vía. DIFERIMIENTO Y FECHA DE AUDIENCIA En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo; la que se fija en atención a las cargas de trabajo con que cuenta el juzgado. Notifíquese, y emplácese a los terceros interesados personalmente y por exhorto.

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