J. Guadalupe Rodríguez Farías

Expediente 252/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
252/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
11/08/2023

Partes del expediente

  • J. Guadalupe Rodríguez Farías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    Matamoros, Tamaulipas, once de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del incidente de suspensión en que se actúa y atendiendo a lo establecido en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo de donde emana este expediente, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración del presente cuaderno incidental, enseguida se provee: De conformidad con el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, se ordena el archivo de este incidente de suspensión y se determina que es susceptible de destrucción, en virtud de que se negó la medida cautelar (suspensión definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables. Finalmente, como lo disponen los numerales 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el arábigo 20 citado en el apartado que precede. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, once de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y del contenido de la certificación de cuenta, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de veinte de julio de dos mil veintitrés, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo 252/2023-IV; por tanto, con fundamento en el dispositivo 2º de la ley de la materia, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente con independencia de que no se haga el cómputo respectivo de las autoridades responsables, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la ley de la materia, éstas solo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la sentencia afectara el acto que les fue reclamado, lo que no acontece en la especie. Consecuentemente, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. Como lo dispone los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el numeral 20 señalado en el párrafo que precede. Finalmente, toda vez que derivado del presente juicio de amparo se formó por separado el incidente de suspensión solicitado, provéase lo conducente en el cuaderno respectivo para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinte de julio de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 252/2023-IV, promovido por ********************, contra actos de la Rectora de la Universidad Tecnológica de Matamoros, con residencia en esta localidad, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia de este órgano jurisdiccional, ********************, promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto y autoridades que a continuación se indican: Autoridades responsables: Rectora de la Universidad Tecnológica de Matamoros. Abogado General de la Universidad Tecnológica de Matamoros. Actos reclamados: "De la autoridad responsable ordenadoras, reclamo: 1.- La orden verbal de suspensión de mi trabajo; 3.- La omisión de recibir formalmente mi solicitud, aviso de ser parte de Sindicato; y 4.- La orden de desestimar mi solicitud como miembro y funcionario so pena de ser sancionado, suspendido y corrido." (Sic) (sic) Asimismo, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso, señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1, 5, 6, 8, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Desechamiento y medio de impugnación hecho valer Por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés (fojas 10 a 18), este Juzgado de Distrito tuvo por recibido el escrito inicial de demanda, lo registró en el libro de gobierno bajo el progresivo 252/2023-IV que le correspondió y, se desechó la misma, toda vez que este Juzgado Federal consideró que, hasta ese momento, encontró motivo manifiesto de improcedencia. Inconforme con tal determinación, el quejoso ******************** interpuso recurso de queja, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito bajo el número de expediente ********************, donde se declaró fundado y, en consecuencia, se ordenó admitir a trámite la citada demanda, sin perjuicio de que, previamente, de darse algún supuesto de los previstos en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se procediera a realizar la prevención respectiva. TERCERO. Admisión a trámite de la demanda En cumplimiento a referida resolución dictada por la Superioridad, por diverso proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés (fojas 53 y 54), este órgano de control constitucional admitió a trámite la demanda de derechos humanos, solicitó los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y, una vez integrado el expediente, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de garantías; ello en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece, pues el acto reclamado fue ejecutado en Matamoros, Tamaulipas, lugar en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, determina la obligación de que las sentencias dictadas en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, relativo al mes de abril del dos mil, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, se tiene que el acto que la parte quejosa ********************, reclama consisten en: La orden verbal de suspensión de trabajo, así como la omisión de recibir solicitud para ser parte del Sindicato. Lo que así se obtiene, pues la causa de pedir descansa, en esencia, en la orden de despido emitida verbalmente, por cuestiones inherentes, según lo dicho por el quejoso, a su filiación con el sindicato, y por otra parte, el quejoso aduce la negativa de la autoridad de recibir el escrito que lo reconoce como miembro y funcionario del sindicato TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades denominadas Rectora de la Universidad Tecnológica de Matamoros y Abogado General de la Universidad Tecnológica de Matamoros, ambos con residencia en esta localidad, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa. La parte quejosa ********************, no desvirtuó esas negativas con prueba en contrario; consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. Al respecto tiene aplicación por identidad de razón, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así se sostiene, pues con independencia de la naturaleza de los actos, lo cierto es que la causa esencial de pedir, el eventual despido, no existe, lo que se justifica con las documentales remitidas por la propia responsable, ya que ponen de manifiesto los pagos recibidos por el quejoso y la función desempeñada y, por lo que ve a su filiación con el sindicato por él aludido, debe destacarse que ello consiste en el motivo por el cual, el quejoso aduce, fue dado de baja, pero las responsables refieren que el reconocimiento correspondiente a la filiación como miembro de la organización laboral no depende de la institución, y que no es cierto que se haya negado a recibir petición al respecto; circunstancias que conllevan a determinar la inexistencia de los actos reclamados. Las documentales a que se ha hecho mención tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que se trata de documentos expedidos por institución oficial legalmente facultada para ello: Argumento que es apoyado por la jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por ********************. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Edgar Ulises González González, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que los informes justificados rendidos por el abogado general, por sí y en representación de la rectora, ambos de la Universidad Tecnológica de Matamoros, con residencia en esta localidad, no fueron puestos a la vista de las partes con la anticipación de los ocho días que señala el numeral 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que se impongan de su contenido. Atento a lo expuesto, se hace necesario diferir la audiencia constitucional programada para esta fecha, y se fijan para su desahogo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veinte de julio de dos mil veintitrés; lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.

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