J. Guadalupe Reyes Mijares

Expediente 1740/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1740/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
18/02/2019

Partes del expediente

  • J. Guadalupe Reyes Mijares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    El que suscribe Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, certifico que: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del treinta y uno de enero al quince de febrero del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de enero del mismo año; Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; No existen constancias por devolver a la autoridad responsable; No se tramitó incidente de suspensión. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el veintiocho de enero del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA; en mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente principal en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, dese el trámite correspondiente que establece el punto décimo primero del citado acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    1 trece de diciembre de dos mil dieciocho AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de enero de dos mil diecinueve, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1740/2018, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, inició su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Enseguida, el secretario da lectura de las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias; y, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, rendido el informe justificado de la autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación Contra el Robo de Vehículos número Uno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Fresnillo, Zacatecas (foja 14). A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con la documental que anexó el quejoso al escrito inicial de la demanda de amparo (foja 7), así como con las diversas que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación que obran a fojas 15 a 19 y 25 a 31; a lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario relaciona los vertidos por la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado mediante los pedimentos con registros 24055 y 303 (fojas 36-37 y 52-53); a lo que el juez acuerda: ténganse formulados los alegatos referidos y precluído el derecho de las demás partes para expresarlos. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1740/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, J. Guadalupe Reyes Mijares, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad Responsable: Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación Contra el Robo de Vehículos número Uno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Fresnillo, Zacatecas. Acto Reclamado: La omisión de dar respuesta a la petición presentada por el quejoso el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Unidad Especializada de Investigación Contra el Robo de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Fresnillo, Zacatecas. Acto que consideraron violatorio del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de cinco de octubre de dos mil dieciocho (fojas 8 a 11 del juicio de amparo), se admitió a trámite, por lo que se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se citó para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II de la Ley de Amparo en vigor y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado Primero de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: La omisión de dar respuesta a la petición presentada el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en la carpeta de investigación 99/2018. El acto reclamado, se precisa en la omisión de dictar acuerdo a la petición del quejoso, que dada la etapa de investigación en la que se realizó (carpeta de investigación), ello es atinente a la garantía de impartición de justicia contenida en el artículo 17 de la Construcción Federal y no al derecho de petición que se reclama por el quejoso en términos del diversa garantía contenida en el precepto 8 de la citada Constitución. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, dada la naturaleza del acto reclamado, ya que si la omisión que se reclama a la autoridad responsable es lo que produce el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, es claro que no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento; de ahí que se considere que la promoción del juicio de amparo respecto a este tipo de actos es oportuna en cualquier momento. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación Contra el Robo de Vehículos número Uno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Fresnillo, Zacatecas, al rendir el informe negó el acto atribuido; negativa que se desvirtúa con las manifestaciones de la defensa de la legalidad del acto que realiza; de ahí que se tenga acreditado el acto reclamado (foja 14). Es ilustrativa de lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Octava Época, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos noventa y uno, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previamente al estudio de los conceptos de violación y para la plena comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado. El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, J. Guadalupe Reyes Mijares, presentó ante la Unidad Especializada de Investigación Contra el Robo de Vehículos número Uno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Fresnillo, Zacatecas, escrito por el cual solicitó la entrega temporal del vehículo de motor Nissan, tipo pick up, modelo 2000, color rojo, con placas de circulación YY7745-A del estado de Zacatecas, factura número E 01922, que refirió es de su propiedad (foja 7 del juicio de amparo). La omisión de respuesta de la solicitud anterior constituye la materia de la litis constitucional. SEXTO. Procedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Este Juzgador, de oficio, advierte que en el juicio en que se actúa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, afecten la libertad personal, o bien, en el supuesto que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, supuesto en el que el quejoso queda en libertad de interponer el recurso procedente o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras hipótesis. En este contexto, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. De ahí la obligación del gobernado de agotar dichos recursos o medios, para estar en la posibilidad de promover el juicio de amparo. En ese tenor, tenemos que en contra del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado ante la responsable el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en la carpeta de investigación 99/2018, procedía el recurso innominado que establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del tenor siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la intelección literal del artículo transcrito se advierte que puede impugnarse ante el Juez de Control en contra de las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, al no estar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, a fin de que el mismo Juez las examine y dicte la resolución que corresponda. Así, el acto reclamado reúne las características establecidas en el aludido numeral, pues consiste en que la autoridad ministerial es omisa o se niega a proveer sobre las peticiones formuladas por las partes, al no ser privativas de libertad, sino de molestia, por ello tiene derecho de inconformarse ante el Juez de Control. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia: 1a./J. 28/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia Común, Penal, Décima Época, del tenor siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Por lo tanto, la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, debió agotar el recurso innominado que establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de la omisión de acordar la petición de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en la carpeta de investigación 99/2018, por ser el medio idóneo para lograr su revocación o modificación. Por analogía en el precepto que se interpreta, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Así como la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, localizable en el Tomo 12, Sexta Parte, página 37, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Sin que se pase por alto que, como se precisó, existen supuestos de excepción a dicha regla; sin embargo, debe destacarse que en la especie no se actualiza alguno de tales casos de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, para estimar que no existía obligación del quejoso de acatar ese principio. Lo anterior, porque en el caso se reclama un acto omisivo de la autoridad responsable dentro de la carpeta de investigación 99/2018, lo cual conlleva a considerar que no se está ante la presencia de algún acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de aquellos que afecten la libertad personal del quejoso; por lo que no existe un supuesto de excepción para agotar los medios ordinarios de defensa antes de acudir al juicio de amparo. Luego, al quedar acreditada la causa de improcedencia analizada, procede sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con lo supuesto por el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por J. Guadalupe Reyes Mijares, contra el acto que reclamó del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación Contra el Robo de Vehículos número Uno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Fresnillo, Zacatecas, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. L´JLCN/Vicky trece de diciembre de dos mil dieciocho

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE OCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "...Zacatecas, Zacatecas, a ocho de enero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito signado por el licenciado Gustavo Veloz Aguilar, autorizado de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el que manifiesta que se desiste de la demanda que motivó el presente juicio de amparo; al respecto, dígasele que no ha lugar a proveer respecto a su petición en razón de que su autorización está condicionada a todos aquellos actos necesarios para la defensa de su autorizante, dentro de los cuales no queda comprendida tal figura, porque no se ubica en la línea de la defensa de los derechos de las partes del juicio de amparo, resultando necesario que estas últimas, no sus autorizados "en términos amplios", manifiesten expresamente la decisión de desistir del juicio y sus recursos, no solamente con la suscripción del ocurso correspondiente, sino mediante la celebración del acto procesal de la ratificación de esa expresión de voluntad. Es aplicable al respecto la Jurisprudencia número 2a./J. 188/2007, Novena Época, Materia Común, Tomo XXVI, Octubre de 2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 211, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO "EN TÉRMINOS AMPLIOS" PARA OÍR NOTIFICACIONES. NO TIENE FACULTADES PARA DESISTIR DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS. En este orden de ideas, se concluye que el autorizado "en términos amplios" de las partes no tiene la facultad para desistir del juicio de amparo y sus recursos, en razón de que su autorización está condicionada a todos aquellos actos necesarios para la defensa de su autorizante, dentro de los cuales no queda comprendida tal figura, porque no se ubica en la línea de la defensa de los derechos de las partes del juicio de garantías, resultando necesario que estas últimas, no sus autorizados "en términos amplios", manifiesten expresamente la decisión de desistir del juicio y sus recursos, no solamente con la suscripción del ocurso correspondiente, sino mediante la celebración del acto procesal de la ratificación de esa expresión de voluntad." No obstante lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste si es su deseo hacer suyo el mencionado libelo; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se continuará con el trámite del presente juicio de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a diez de enero de dos mil dieciocho, José Luis Cuevas Nolasco, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las nueve horas con cincuenta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; Con la circunstancia de que no obra constancia que permita acreditar que la parte quejosa haya quedado notificada del auto de ocho de enero de dos mil dieciocho, en el que se le concedieron tres días, a fin de que manifieste si es su deseo hacer suyo el escrito signado por su autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, licenciado Gustavo Veloz Aguilar, por el que se desistió de la demanda que motivó el presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. José Luis Cuevas Nolasco En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos y con un pedimento con folio 303. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a diez de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con cincuenta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, no obra constancia que permita acreditar que la parte quejosa haya quedado notificada del auto de ocho de enero de dos mil dieciocho, en el que se le concedieron tres días, a fin de que manifieste si es su deseo hacer suyo el escrito signado por su autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, licenciado Gustavo Veloz Aguilar, por el que se desistió de la demanda que motivó el presente juicio de amparo; por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Por último, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el pedimento de cuenta signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno; y como lo solicita, una vez que se emita la sentencia en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.

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