J. Guadalupe Pérez Jiménez y Otros.

Expediente 1159/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1159/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/03/2021

Partes del expediente

  • J. Guadalupe Pérez Jiménez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, en atención a su contenido, como lo solicita -no obstante que se trata de un asunto concluido y archivado-, se autoriza el usuario «***», para la consulta electrónica del expediente al usuario en cita. Se instruye a la Oficial Judicial «A» -antes Oficial SISE-, realice la autorización correspondiente en el sistema electrónico respectivo. Realícense las notificaciones de los acuerdos que se dicten en este expediente vía electrónica al nombrado quejoso, al usuario electrónico indicado, con fundamento en el numeral 3, párrafo sexto, de la Ley de Amparo. Ahora, en relación con las copias que solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en vista de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020 y 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19); dígasele que las mismas quedan a su disposición, una vez que se reanuden de manera normal las actividades de este tribunal federal, expídasele copia autorizada de la constancias que solicita, previa identificación y recibo que por su entrega conste en autos. En veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de la cual se advierte que no se interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la nueva Ley de Amparo, en contra del auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente juicio de amparo, por tratarse de un asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo solicitada, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse archivado. Respecto de la copia del escrito de demanda, al resultar innecesario su agregado al sumario en que se actúa, procédase a su destrucción. Por último, al resultar innecesario la retención de las constancias integrantes del expediente agrario 1557/2011 en cinco tomos con los cuales se formaron igual número de cuadernos de pruebas por separado, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11 con sede en Guanajuato, devuélvanse a su tribunal de origen.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 8233/2019 signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al que agrega el diverso oficio 7771/2019 signado por diverso actuario de su adscripción, este último al que se adjunta copia certificada del expediente de amparo directo 439/2019, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ***, y en cinco tomos, el original del Expediente Agrario 1557/2011 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en Guanajuato Capital; oficio 7771/2019 al que se transcribe la determinación de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por ese tribunal colegiado en el referido expediente de amparo directo 439/2019, a través de la cual por una parte, desecha la demanda de amparo directo respecto de uno de los actos reclamados por los promoventes y, se declara legalmente incompetente para conocer de la misma respecto del acto que se hizo consistir en la resolución de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en Guanajuato Capital, en los autos del Juicio Agrario 1557/2011. Al respecto, se agrega que el oficio 8233/2019 signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, se originó derivado del acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve dictado por ese tribunal en los autos del expediente de amparo directo 439/2019; auto por el que a su vez se determinó que causó estado el diverso de catorce de noviembre que había decretado el desechamiento parcial de la demanda y la incompetencia legal para conocer de la misma por uno de los actos reclamados. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1159/2019 mesa I.1, anótese su ingreso en el Libro de Control de este Juzgado, así como procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Fijado lo anterior, este Juzgado Federal atento a lo determinado por el Tribunal Colegiado declinante así como lo dispuesto por los artículos 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, asume la competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, respecto del acto que hacen consistir en la resolución de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en Guanajuato Capital, en los autos del Juicio Agrario 1557/2011. Comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado declinante, precisándole además que, como se indicó en párrafos anteriores, se recibieron por este Juzgado Federal los oficios 8233/2019 y 7771/2019 signados por Actuarios Judiciales de su adscripción, el segundo al que se adjuntó copia certificada del expediente de amparo directo 439/2019, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ***, y en cinco tomos el original del Expediente Agrario 1557/2011. Las constancias integrantes del Expediente Agrario 1557/2011 en cinco tomos que se reciben, para mejor manejo del expediente en que se actúa, guárdense por separado y fórmese igual número de cuadernos de pruebas por separado. Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo de cuenta se obtiene que los promoventes ***, por su propio derecho, reclaman del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en Guanajuato Capital, lo siguiente: La resolución de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el en los autos del Juicio Agrario 1557/2011. Precisión que encuentra apoyo en las Jurisprudencias siguientes: Jurisprudencia 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Materia Común, página 227, del tenor literal siguiente: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, página 32, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Determinado lo anterior, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causa de improcedencia, manifiesta e indudable, por lo que se realizará el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos manifiesto e indudable a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ahora, es necesario precisar que manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Precisado esto último, debe señalarse que este órgano de control constitucional estima actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con su artículo 107, fracción IV, del mismo ordenamiento, los cuales disponen: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. El primer numeral invocado establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, el segundo de los artículos transcritos, esto es, el dispositivo 107, fracción IV, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos fuera o después de juicio. Específicamente, el estudio del segundo párrafo de la fracción IV del numeral transcrito, revela que el juicio de amparo biinstancial es procedente tratándose de actos de ejecución de sentencia, cuando se reclame la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado. Es decir, el legislador acotó el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción IV del referido numeral, especificó que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Ahora, para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia invocada, se toma en consideración lo manifestado, bajo protesta de decir verdad, por la parte quejosa en el capítulo de hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, narrados en la demanda de amparo, así como los que se desprenden del juicio de origen, pues de ellos se obtiene lo siguiente: Los quejosos ***, son parte demandada en lo principal en los autos del Juicio Agrario 1557/2011 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en Guanajuato Capital; procedimiento en el que previas reposiciones, el veinte de febrero de dos mil diecisiete se dictó sentencia condenatoria en contra de los referidos demandados (ahora promoventes); en contra de la cual interpusieron recurso de revisión, del que correspondió conocer al Tribunal Superior Agrario registrándose el expediente 333/2017-11, en el que a su vez dictó sentencia el tres de mayo de dos mil dieciocho, declarándose la improcedencia del mismo. (Tomos del 1 al IV del expediente agrario). Inconformes con la sentencia del recurso de revisión, promovieron juicio de amparo directo, correspondiendo conocer del mismo al Décimo Cuarto Tribunal Unitario en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien registró el expediente con el número 380/2018 de su índice y mediante resolución de tres de agosto de dos mil dieciocho, lo desechó por su notable improcedencia respecto del acto que hicieron consistir en la sentencia de veinte de febrero de dos mil diecisiete, dictada en los autos del juicio agrario 1557/2011 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en Guanajuato Capital; por las consideraciones vertidas en dicha determinación. Enseguida, mediante proveído de treinta de agosto de dos mil dieciocho, se admitió esa demanda de amparo directo únicamente teniéndose como quejoso a ***, respecto del acto que hizo consistir en la sentencia de tres de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal Superior Agrario en el recurso de revisión 333/2017-11; dictándose sentencia el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Ahora bien, *** promovieron nuevo juicio de amparo directo contra la sentencia de veinte de febrero de dos mil diecisiete, dictada en los autos del juicio agrario 1557/2011 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en Guanajuato Capital; del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, quien registró el expediente con el número A.D.A. 124/2019 y, previo requerimiento a los promoventes, lo admitieron a trámite el cinco de abril de dos mil diecinueve; siendo que mediante resolución de pleno de nueve de agosto de dos mil diecinueve, lo resolvieron determinándose el sobreseimiento del juicio al considerar que la promoción del mismo fue extemporánea. Mediante resolución de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictada en los autos del juicio agrario 1557/2011, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en Guanajuato Capital, señaló fecha de audiencia de ejecución de sentencia, con el objeto de que las partes fijaran los términos en que habría de ejecutarse la sentencia dictada en dicho procedimiento; instruyendo además al Actuario de su adscripción para que asociado de perito topógrafo, entregara en posesión de la parte actora en lo principal y vencedora, los predios materia de la Litis. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, los referidos ***, promovieron nuevo juicio de amparo directo contra la resolución de veinte de febrero de dos mil diecisiete, dictada en los autos del juicio agrario 1557/2011 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en Guanajuato Capital (tercero en su orden); del que correspondió conocer también al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, quien registró el expediente con el número A.D.A. 439/2019. Previo requerimiento a los promoventes, mediante resolución de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, desechó la demanda por su notable e indudable improcedencia respecto del acto materia de amparo directo, destacando que dicho reclamo era el mismo que los propios promoventes habían señalado en el diverso amparo directo administrativo 124/2019; declarándose legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo respecto del diverso acto que se hizo consistir en la resolución de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictada en los autos del juicio agrario 1557/2011, del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en Guanajuato Capital. (Tomo V del expediente agrario). De lo anterior se advierte que el juicio agrario 1557/2011, del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en Guanajuato Capital, del cual emana el acto reclamado, se encuentra en etapa de ejecución, pues existe sentencia definitiva en contra de la cual se interpuso recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario y posterior amparo directo, en el que se negó la protección de la Justicia Federal solicitada por los quejosos; asimismo, en la determinación de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se señaló fecha de audiencia de ejecución de la misma, con el objeto de que las partes fijaran los términos en que habría de ejecutarse la sentencia dictada en dicho procedimiento; instruyendo además al Actuario de su adscripción para que asociado de perito topógrafo, entregara en posesión de la parte actora en lo principal y vencedora, los predios materia de la Litis; acto del que se duelen los quejosos. En esas condiciones es factible concluir que el acto reclamado no es el último acto de ejecución, ya que la última resolución en los procedimientos jurisdiccionales, para efectos del juicio de amparo, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva o, bien, la que declara la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento y, como se dijo, con el acto reclamado [auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve emitido en el juicio agrario 1557/2011, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en Guanajuato Capital] ordenó apenas esa ejecución se insiste, señalando fecha de audiencia con el objeto de que las partes fijaran los términos en que habría de ejecutarse la sentencia dictada en dicho procedimiento; instruyéndose al Actuario para que asociado de perito topógrafo, entregara en posesión de la parte actora en lo principal y vencedora, los predios materia de la Litis. Lo anterior, permite concluir válidamente que dicho acto se ubica en la etapa de ejecución de sentencia. Por ende, el acto combatido en esta vía constitucional, en modo alguno encuadra en los supuestos de lo que se entiende por última resolución en etapa de ejecución para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues se observa que el mismo se encuentra dentro de la etapa de ejecución, es decir, aún no se ha dado cabal cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio agrario de origen. Así las cosas, resulta improcedente la vía constitucional biinstancial, pues el procedimiento se encuentra en fase de ejecución, y dicho acto reclamado no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni se observa que dicha resolución declare la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento. De ahí que, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Máxime que el acto reclamado no vulnera un derecho sustantivo reconocido por la Constitución Federal o los tratados internacionales en los que México es parte, pues dicho acto reclamado no es de los llamados de imposible reparación, dictados en la etapa de ejecución de sentencia, al no resultar ajeno a la cosa juzgada en el juicio natural, ya que, precisamente, según se advierte de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por los propios quejosos y del juicio de origen, la sentencia definitiva dictada en el juicio agrario 1557/2011, resultó condenatoria para aquellos, por lo que el acto que se impugna busca lograr el cumplimiento de lo sentenciado. En tales circunstancias, el acto reclamado por sí mismo, no afecta en forma directa e inmediata a un derecho sustantivo que sea ajeno a la cosa juzgada, de ahí que tampoco se actualice la excepción a la regla general para que proceda el juicio de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Entonces, las posibles violaciones que el quejoso considere ocasionadas en la determinación reclamada deberán hacerse valer de manera conjunta con la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia emitida en el juicio agrario de origen o, bien, la que declare la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento. Por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción IV, del ordenamiento legal en cita, respecto del acto combatido en la demanda de amparo que se acuerda. Desechamiento. En esas condiciones, al haberse acreditado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción IV, del mismo ordenamiento legal; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ***. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. No es obstáculo para la anterior determinación que los quejosos en el juicio de origen se hayan ostentado poseedores de determinados predios y con tal carácter hayan reconvenido al Núcleo de Población Ejidal actor el reconocimiento de derechos ejidales; así como que el acto reclamado derive de precisamente de ese juicio agrario y que opere la deficiencia de la queja cuando esté de por medio directa o indirectamente, la afectación de derechos ejidales, dado que esa suplencia se ha instaurado para que proceda cuando advierte el juzgador que la queja es deficiente abarcando en esta materia incluso la omisión de expresión de conceptos de violación o agravios, pero NO hasta el extremo de modificar el régimen que ha establecido la Constitución Federal y la propia Ley de Amparo respecto de la procedencia del amparo indirecto. Por otro lado, toda vez que los promoventes del amparo señalan como lugar para recibir notificaciones lo que denominan como los Estrados del Tribunal al que correspondiera conocer de la demanda, siendo que aquellos no constituyen un domicilio propiamente dicho, ésta y las subsecuentes notificaciones realícensele por medio de lista, que se fije y publique en los Estrados de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, hasta en tanto formule señalamiento al respecto. Asimismo, como lo piden los solicitantes del amparo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase por autorizado en amplios términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ***, toda vez que su cédula profesional si se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que lo autorice a ejercer la profesión de abogado; y únicamente en términos restringidos del precitado numeral al diverso profesionista que señala, por incumplir con dicho requisito. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por último, se hace del conocimiento a las partes para los fines conducentes, que a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve, la Titular de este Órgano de Control Constitucional es la jueza ***, conforme al oficio SEADS/1412/2019, de trece de noviembre de dos mil diecinueve, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal.

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