J. Guadalupe Martínez Vargas

Expediente 690/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
690/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
07/03/2018

Partes del expediente

  • J. Guadalupe Martínez Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por el quejoso J. Guadalupe Martínez Vargas, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en auto de veinte de febrero de dos mil dieciocho y aclara su demanda de amparo en los términos que se le indicaron. Ahora, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la misma; por otro lado, el artículo 113 de la ley en cita, dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado, la resolución definitiva pronunciada por la autoridad de la Secretaría de Desarrollo Urbano, vivienda y Ordenamiento Territorial, Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, en el expediente administrativo 135/2016 de restitución de tierras, que dictó contra el quejoso y se adjudicó en favor de Arturo Delgadillo Arechiga (ello se advierte del escrito de demanda y del escrito aclaratorio). Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías y escrito aclaratorio, al advertir que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. (...);.." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del precepto anterior se advierte el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga del impetrante de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de este. El citado principio (definitividad) tiene su razón de ser en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la demanda de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. Bajo esas consideraciones, para evidenciar que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, es pertinente reiterar que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución definitiva pronunciada por la autoridad de la Secretaría de Desarrollo Urbano, vivienda y Ordenamiento Territorial, Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, en el expediente administrativo 135/2016 de restitución de tierras, que dictó contra el quejoso y se adjudicó en favor de Arturo Delgadillo Arechiga, la fracción Segunda del Lote 4B, con superficie de 6-66-66 hectáreas de agostadero, ubicadas en la zona de fracciones de San Marcos y bimbaletes, terrenos expropiados a la ex Hacienda de San Marcos, municipio de Loreto, Zacatecas. Resolución que es impugnable a través del medio legal que la ley concede a la parte quejosa, como lo es en particular el recurso de revisión ante la Secretaría General de Gobierno, conforme al artículo 94, de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas. En efecto, el referido precepto, así como los artículos 163 y del 166 al 172, de la mencionada ley disponen: "Artículo 94.- (...). "Artículo 163.- (...) "Artículo 166.- (...) "Artículo 167.- (...) "Artículo 168.- (...) "Artículo 169.- (...) "Artículo 170.- (...) I. se limitará a estudiar o decidir sobre los agravios que se hayan expresado, sin que pueda resolver sobre cuestiones que no fueron materia de éstos o consentidos expresamente por los interesados; II. La resolución de segunda instancia resolverá en cuanto al fondo, en su integridad, la cuestión debida, fallando sobre los puntos materia de controversia, y III. En caso de que la resolución definitiva recurrida no hubiere resuelto el fondo de la pretensión sometida al conocimiento de la Dirección y si la resolución de segunda instancia fuere revocatoria, deberá también resolver el fondo de la cuestión litigiosa en términos de la fracción anterior." "Artículo 171.- (...) "Artículo 172.- (...) Transcurrido el término sin que se impugnen, se enviarán los autos originales de la resolución al Director para su cumplimiento." En ese contexto, es inconcuso que contra la resolución definitiva pronunciada por la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, en el expediente administrativo 135/2016 de restitución de tierras, que dictó contra el quejoso y se adjudicó en favor de Arturo Delgadillo Arechiga, la fracción Segunda del Lote 4B, con superficie de 6-66-66 hectáreas de agostadero, ubicadas en la zona de fracciones de San Marcos y bimbaletes, terrenos expropiados a la ex Hacienda de San Marcos, municipio de Loreto, Zacatecas, previo a instar la acción constitucional, debió impugnarlo mediante el recurso de revisión, el que puede traer como consecuencia la modificación o revocación de la resolución impugnada; de ahí que el juicio de garantías que promueve J. Guadalupe Martínez Vargas es improcedente en términos de los artículos ya citados, dado el principio de definitividad que lo rige. Máxime que la resolución reclamada, cuanta con fundamentación, al haber sido emitida por la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, conforme a las facultades que por ley le competen. Aunado a que el medio de impugnación antes referido, no se encuentra contemplado en un reglamento, sino en la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas; motivo por el cual, sostener que es innecesario interponer ese medio ordinario de impugnación previo a la promoción del juicio de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio, pues para hacerlo procedente bastaría aducir que el acto reclamado viola derechos humanos, obligando al Juez de Distrito a estudiar las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente. No se inadvierte por el suscrito juzgador que el numeral 163 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, dispone, que la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo podrá ser combatida mediante el recurso de revisión o bien intentar directamente la vía jurisdiccional que corresponda; sin embargo tal circunstancia no es óbice para agotar el citado medio de impugnación. Lo anterior, pues si bien en el caso concreto el precitado numeral 163 hace referencia a la alternativa que tiene la parte disidente para recurrir una resolución por medio de dos medios de impugnación, es decir tanto el recurso de revisión como la vía jurisdiccional, siendo que atento al artículo 1°, párrafo segundo, de la abrogada Ley de Procedimiento Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, aplicable al caso concreto, en materia de fraccionamientos rurales no resulta procedente el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en esta entidad, (ahora llamado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas), ya que las resoluciones emitidas por la Dirección de Fraccionamientos Rurales de esta entidad no tienen el carácter de actos administrativos pues derivan de un procedimiento entre particulares que se rige por la ley de la materia. Y de ahí que solo resulte procedente el recurso de revisión y no así la vía jurisdiccional. No obstante, la improcedencia del juicio de nulidad ante el otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo en esta entidad, solo significa que el vocablo "podrá" contemplado en el numeral 163 multicitado, se refiere a la opción que se da al particular entre impugnar la determinación respectiva en recurso de revisión (que es el recurso ordinario idóneo contemplado en la Ley de Fraccionamientos Rurales para esta entidad), o bien consentir el acto, y no así, entre impugnar en vía ordinaria o acudir al juicio de amparo. Lo anterior es así, ya como lo definió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis jurisprudencial 148/2007 de aplicación obligatoria para este juzgado de distrito, así como para todos los órganos jurisdiccionales del país en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, el término "poder" o su conjugación "podrá" -como se prevé en la ley antes mencionada-, hace referencia a una expresión de permisión a quien no esté de acuerdo con una determinada resolución, para la oportunidad de presentar -o no-, un determinado medio de defensa, por lo que si no se presenta tal inconformidad expresa en el plazo señalado en la misma ley, se entenderá como "aceptado" o consentido por el gobernado de manera tácita. Además, con ello, el legislador acató el imperativo constitucional de la garantía de audiencia al establecer para el afectado de una determinación de diversa autoridad, la posibilidad de solicitar ante la autoridad inmediata superior de la responsable, la revisión de dicha resolución. Será pues optativo para el gobernado, recurrir la resolución o no (lo que traería consigo en este último supuesto, el consentimiento tácito de dicha determinación). Por lo que el hecho de que en cualquier legislación -federal o local- se empleé el vocablo "podrán" para hacer referencia a la interposición de un diverso recurso ordinario de impugnación, no implica que sea optativo, alternativo u opcional para el gobernado agotar o no el recurso establecido, previamente a acudir al juicio de garantías. Lo anterior se afirma así, pues del análisis exhaustivo de la ejecutoria en comento, se advierte que fue analizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el numeral 73 fracción XV de la Ley de Amparo abrogada, que guardaba relación con los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, numeral que es de contenido similar al ahora analizado (61, fracción XX), y al respecto sostuvo: "El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: "XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación." Del artículo anterior, se desprende la improcedencia del juicio de amparo ante la reclamación de un diverso acto administrativo en contra de los cuales la ley conceda un recurso previo para su modificación, revocación o nulificación. Tal causa de improcedencia es identificada como el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, en cuanto a su promoción de forma extraordinaria ante la imposibilidad de su modificación por parte de las autoridades responsables. El juicio de amparo es un procedimiento de carácter jurisdiccional en virtud del cual se protegen los derechos y libertades fundamentales reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El juicio de amparo es un medio de defensa constitucional, concretamente de los derechos fundamentales, o de las normas que, en términos positivistas, consignan el reconocimiento de estas prerrogativas esenciales del gobernado. Mas el objeto de este juicio de garantías, se limita únicamente al control de la jurisdicción constitucional de todos aquellos actos y leyes que vulneren los derechos ya apuntados de la Norma Fundamental, de ahí que, el control de su regularidad no puede ser confiado a ninguna instancia más que a la jurisdicción constitucional, que en la determinación de su competencia, intervienen dos puntos de vista: por un lado, la noción pura de garantía de la Constitución que conduciría a incorporar en ella el control de todos los actos inmediatamente subordinados a la Constitución y sólo ellos; y por otro lado, la oposición entre actos generales y actos individuales que incorporaría al control de la jurisdicción constitucional las leyes y los reglamentos, y que en su aplicación vulnera la esfera de derechos fundamentales del individuo. Con base en lo anterior, la interpretación o aplicación de las leyes ordinarias es asunto de los tribunales especializados, más aún cuando se prevén los medios para ello (en el caso, un recurso de impugnación) y no competencia de los tribunales federales para conocer del supuesto por medio de un juicio de garantías. Al respecto, el Tribunal Constitucional Federal alemán ha señalado que no se justificarían la importancia del recurso de amparo ni de las especiales funciones de un tribunal constitucional -o en el caso, de los tribunales federales que conocen del juicio de amparo-, si en forma similar a una instancia de revisión se quiere hacer uso del ilimitado examen legal posterior de las sentencias judiciales. La estructuración del proceso, la determinación y valoración de los elementos de hecho, la interpretación del derecho ordinario y su aplicación a los casos individuales son asuntos de los tribunales competentes para tal efecto, y se encuentran sustraídos de la revisión posterior por parte del tribunal constitucional. Al ser el amparo un juicio extraordinario por la materia que regula, resulta evidente que a él pueda acudirse únicamente cuando se haya agotado de manera previa el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que se está reclamando. Lo anterior en el sentido de que el juicio de garantías únicamente será procedente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de ser modificados por un recurso ordinario. (.) Con base a lo anterior, debe señalarse que mientras exista la posibilidad de que la autoridad, a través de un recurso ordinario o medio de defensa pueda modificar, anular o revocar el acto que afecta al gobernado -y entonces, inconforme, mas no vulnerado en sus derechos fundamentales-, el juicio de amparo deberá resultar improcedente. Tienen aplicación por analogía al caso concreto la tesis de jurisprudencia: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO.", y la tesis aislada "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." II. Por otro lado, el verbo poder, cuya conjugación se utiliza en el Código Federal de Procedimientos Penales -artículo 133-, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla -artículo 73-, Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tlaxcala -artículo 171- y Ley Federal de Protección al Consumidor -artículo 135-, entre muchos otros ordenamientos, conforme al Diccionario de la Lengua Española editado por la Real Academia Española, significa lo siguiente: "Poder. Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. Tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo." De ahí que el término "poder" o su conjugación "podrá" -como se prevé en las leyes antes mencionadas-, hace referencia a una expresión de permisión a quien no esté de acuerdo con una determinada resolución, para la oportunidad de presentar -o no-, un determinado medio de defensa. Por lo que si no se presenta tal inconformidad expresa en el plazo señalado en la misma ley, se entenderá como "aceptado" o consentido por el gobernado de manera tácita. Con ello, el legislador acató el imperativo constitucional de la garantía de audiencia al establecer para el afectado de una determinación de diversa autoridad, la posibilidad de solicitar ante la autoridad inmediata superior de la responsable, la revisión de dicha resolución. Será pues optativo para el gobernado, recurrir la resolución o no (lo que traería consigo en este último supuesto, el consentimiento tácito de dicha determinación). Por lo que el hecho de que en cualquier legislación -federal o local- se empleé el vocablo "podrán" para hacer referencia a la interposición de un diverso recurso ordinario de impugnación, no implica que sea optativo, alternativo u opcional para el gobernado agotar o no el recurso establecido, previamente a acudir al juicio de garantías. Pues si bien se establece en la misma Ley de Amparo la obligación de agotar todos los recursos ordinarios que las mismas leyes señalan, ello no es por una simple delegación alternativa de funciones jurisdiccionales o medios opcionales de justicia a modo de una potestad individual, sino que ello atañe a la importancia, espíritu y función del juicio de garantías ya señalado anteriormente. Por último y con base en lo anterior, para la procedencia del juicio de garantías, deberá agotarse de manera previa todo aquel recurso, juicio o medio de defensa legal en virtud del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados aquellos actos de autoridad ante el superior jerárquico, sin que pueda entenderse lo anterior de manera contraria o diferente por la interpretación de un diverso término gramatical en sentido equívoco al verdadero espíritu de origen y ejercicio de la Ley de Amparo, ello en términos del artículo 73 de la ley en mención y con excepción de los supuestos antes mencionados por tratarse de auténticos casos en donde es necesario el juicio de garantías". De ahí que el suscrito juzgador, en estricto acatamiento a lo estipulado en dicha ejecutoria, criterio que se reitera, es de aplicación obligatoria para este juzgado de distrito, se concluye que tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar el precepto citado, la Ley de Amparo establece la obligación de agotar todos los recursos ordinarios que las mismas leyes señalan, lo que no es por una simple delegación alternativa de funciones jurisdiccionales o medios opcionales de justicia a modo de una potestad individual, sino que ello atañe a la importancia, espíritu y función del presente juicio de derechos fundamentales. En consecuencia, para la procedencia del juicio de garantías, debió agotarse de manera previa el supracitado recurso el cual pudo modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad citado ante el superior jerárquico, sin que pueda entenderse lo anterior de manera contraria o diferente por la interpretación de un diverso término gramatical en sentido equívoco al verdadero espíritu de origen y ejercicio de la Ley de Amparo. En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por J. Guadalupe Martínez Vargas, por su propio derecho, y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA CON EFECTOS DE NOTIFICAION PARA LA PARTE QUEJOSA: Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por el quejoso J. Guadalupe Martínez Vargas, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en auto de veinte de febrero de dos mil dieciocho y aclara su demanda de amparo en los términos que se le indicaron. Ahora, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la misma; por otro lado, el artículo 113 de la ley en cita, dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado, la resolución definitiva pronunciada por la autoridad de la Secretaría de Desarrollo Urbano, vivienda y Ordenamiento Territorial, Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, en el expediente administrativo 135/2016 de restitución de tierras, que dictó contra el quejoso y se adjudicó en favor de Arturo Delgadillo Arechiga (ello se advierte del escrito de demanda y del escrito aclaratorio). Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías y escrito aclaratorio, al advertir que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. (...);.." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del precepto anterior se advierte el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga del impetrante de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de este. El citado principio (definitividad) tiene su razón de ser en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la demanda de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. Bajo esas consideraciones, para evidenciar que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, es pertinente reiterar que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución definitiva pronunciada por la autoridad de la Secretaría de Desarrollo Urbano, vivienda y Ordenamiento Territorial, Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, en el expediente administrativo 135/2016 de restitución de tierras, que dictó contra el quejoso y se adjudicó en favor de Arturo Delgadillo Arechiga, la fracción Segunda del Lote 4B, con superficie de 6-66-66 hectáreas de agostadero, ubicadas en la zona de fracciones de San Marcos y bimbaletes, terrenos expropiados a la ex Hacienda de San Marcos, municipio de Loreto, Zacatecas. Resolución que es impugnable a través del medio legal que la ley concede a la parte quejosa, como lo es en particular el recurso de revisión ante la Secretaría General de Gobierno, conforme al artículo 94, de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas. En efecto, el referido precepto, así como los artículos 163 y del 166 al 172, de la mencionada ley disponen: "Artículo 94.- (...). "Artículo 163.- (...) "Artículo 166.- (...) "Artículo 167.- (...) "Artículo 168.- (...) "Artículo 169.- (...) "Artículo 170.- (...) I. se limitará a estudiar o decidir sobre los agravios que se hayan expresado, sin que pueda resolver sobre cuestiones que no fueron materia de éstos o consentidos expresamente por los interesados; II. La resolución de segunda instancia resolverá en cuanto al fondo, en su integridad, la cuestión debida, fallando sobre los puntos materia de controversia, y III. En caso de que la resolución definitiva recurrida no hubiere resuelto el fondo de la pretensión sometida al conocimiento de la Dirección y si la resolución de segunda instancia fuere revocatoria, deberá también resolver el fondo de la cuestión litigiosa en términos de la fracción anterior." "Artículo 171.- (...) "Artículo 172.- (...) Transcurrido el término sin que se impugnen, se enviarán los autos originales de la resolución al Director para su cumplimiento." En ese contexto, es inconcuso que contra la resolución definitiva pronunciada por la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, en el expediente administrativo 135/2016 de restitución de tierras, que dictó contra el quejoso y se adjudicó en favor de Arturo Delgadillo Arechiga, la fracción Segunda del Lote 4B, con superficie de 6-66-66 hectáreas de agostadero, ubicadas en la zona de fracciones de San Marcos y bimbaletes, terrenos expropiados a la ex Hacienda de San Marcos, municipio de Loreto, Zacatecas, previo a instar la acción constitucional, debió impugnarlo mediante el recurso de revisión, el que puede traer como consecuencia la modificación o revocación de la resolución impugnada; de ahí que el juicio de garantías que promueve J. Guadalupe Martínez Vargas es improcedente en términos de los artículos ya citados, dado el principio de definitividad que lo rige. Máxime que la resolución reclamada, cuanta con fundamentación, al haber sido emitida por la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, conforme a las facultades que por ley le competen. Aunado a que el medio de impugnación antes referido, no se encuentra contemplado en un reglamento, sino en la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas; motivo por el cual, sostener que es innecesario interponer ese medio ordinario de impugnación previo a la promoción del juicio de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio, pues para hacerlo procedente bastaría aducir que el acto reclamado viola derechos humanos, obligando al Juez de Distrito a estudiar las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente. No se inadvierte por el suscrito juzgador que el numeral 163 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, dispone, que la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo podrá ser combatida mediante el recurso de revisión o bien intentar directamente la vía jurisdiccional que corresponda; sin embargo tal circunstancia no es óbice para agotar el citado medio de impugnación. Lo anterior, pues si bien en el caso concreto el precitado numeral 163 hace referencia a la alternativa que tiene la parte disidente para recurrir una resolución por medio de dos medios de impugnación, es decir tanto el recurso de revisión como la vía jurisdiccional, siendo que atento al artículo 1°, párrafo segundo, de la abrogada Ley de Procedimiento Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, aplicable al caso concreto, en materia de fraccionamientos rurales no resulta procedente el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en esta entidad, (ahora llamado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas), ya que las resoluciones emitidas por la Dirección de Fraccionamientos Rurales de esta entidad no tienen el carácter de actos administrativos pues derivan de un procedimiento entre particulares que se rige por la ley de la materia. Y de ahí que solo resulte procedente el recurso de revisión y no así la vía jurisdiccional. No obstante, la improcedencia del juicio de nulidad ante el otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo en esta entidad, solo significa que el vocablo "podrá" contemplado en el numeral 163 multicitado, se refiere a la opción que se da al particular entre impugnar la determinación respectiva en recurso de revisión (que es el recurso ordinario idóneo contemplado en la Ley de Fraccionamientos Rurales para esta entidad), o bien consentir el acto, y no así, entre impugnar en vía ordinaria o acudir al juicio de amparo. Lo anterior es así, ya como lo definió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis jurisprudencial 148/2007 de aplicación obligatoria para este juzgado de distrito, así como para todos los órganos jurisdiccionales del país en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, el término "poder" o su conjugación "podrá" -como se prevé en la ley antes mencionada-, hace referencia a una expresión de permisión a quien no esté de acuerdo con una determinada resolución, para la oportunidad de presentar -o no-, un determinado medio de defensa, por lo que si no se presenta tal inconformidad expresa en el plazo señalado en la misma ley, se entenderá como "aceptado" o consentido por el gobernado de manera tácita. Además, con ello, el legislador acató el imperativo constitucional de la garantía de audiencia al establecer para el afectado de una determinación de diversa autoridad, la posibilidad de solicitar ante la autoridad inmediata superior de la responsable, la revisión de dicha resolución. Será pues optativo para el gobernado, recurrir la resolución o no (lo que traería consigo en este último supuesto, el consentimiento tácito de dicha determinación). Por lo que el hecho de que en cualquier legislación -federal o local- se empleé el vocablo "podrán" para hacer referencia a la interposición de un diverso recurso ordinario de impugnación, no implica que sea optativo, alternativo u opcional para el gobernado agotar o no el recurso establecido, previamente a acudir al juicio de garantías. Lo anterior se afirma así, pues del análisis exhaustivo de la ejecutoria en comento, se advierte que fue analizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el numeral 73 fracción XV de la Ley de Amparo abrogada, que guardaba relación con los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, numeral que es de contenido similar al ahora analizado (61, fracción XX), y al respecto sostuvo: "El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: "XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación." Del artículo anterior, se desprende la improcedencia del juicio de amparo ante la reclamación de un diverso acto administrativo en contra de los cuales la ley conceda un recurso previo para su modificación, revocación o nulificación. Tal causa de improcedencia es identificada como el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, en cuanto a su promoción de forma extraordinaria ante la imposibilidad de su modificación por parte de las autoridades responsables. El juicio de amparo es un procedimiento de carácter jurisdiccional en virtud del cual se protegen los derechos y libertades fundamentales reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El juicio de amparo es un medio de defensa constitucional, concretamente de los derechos fundamentales, o de las normas que, en términos positivistas, consignan el reconocimiento de estas prerrogativas esenciales del gobernado. Mas el objeto de este juicio de garantías, se limita únicamente al control de la jurisdicción constitucional de todos aquellos actos y leyes que vulneren los derechos ya apuntados de la Norma Fundamental, de ahí que, el control de su regularidad no puede ser confiado a ninguna instancia más que a la jurisdicción constitucional, que en la determinación de su competencia, intervienen dos puntos de vista: por un lado, la noción pura de garantía de la Constitución que conduciría a incorporar en ella el control de todos los actos inmediatamente subordinados a la Constitución y sólo ellos; y por otro lado, la oposición entre actos generales y actos individuales que incorporaría al control de la jurisdicción constitucional las leyes y los reglamentos, y que en su aplicación vulnera la esfera de derechos fundamentales del individuo. Con base en lo anterior, la interpretación o aplicación de las leyes ordinarias es asunto de los tribunales especializados, más aún cuando se prevén los medios para ello (en el caso, un recurso de impugnación) y no competencia de los tribunales federales para conocer del supuesto por medio de un juicio de garantías. Al respecto, el Tribunal Constitucional Federal alemán ha señalado que no se justificarían la importancia del recurso de amparo ni de las especiales funciones de un tribunal constitucional -o en el caso, de los tribunales federales que conocen del juicio de amparo-, si en forma similar a una instancia de revisión se quiere hacer uso del ilimitado examen legal posterior de las sentencias judiciales. La estructuración del proceso, la determinación y valoración de los elementos de hecho, la interpretación del derecho ordinario y su aplicación a los casos individuales son asuntos de los tribunales competentes para tal efecto, y se encuentran sustraídos de la revisión posterior por parte del tribunal constitucional. Al ser el amparo un juicio extraordinario por la materia que regula, resulta evidente que a él pueda acudirse únicamente cuando se haya agotado de manera previa el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que se está reclamando. Lo anterior en el sentido de que el juicio de garantías únicamente será procedente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de ser modificados por un recurso ordinario. (.) Con base a lo anterior, debe señalarse que mientras exista la posibilidad de que la autoridad, a través de un recurso ordinario o medio de defensa pueda modificar, anular o revocar el acto que afecta al gobernado -y entonces, inconforme, mas no vulnerado en sus derechos fundamentales-, el juicio de amparo deberá resultar improcedente. Tienen aplicación por analogía al caso concreto la tesis de jurisprudencia: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO.", y la tesis aislada "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." II. Por otro lado, el verbo poder, cuya conjugación se utiliza en el Código Federal de Procedimientos Penales -artículo 133-, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla -artículo 73-, Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tlaxcala -artículo 171- y Ley Federal de Protección al Consumidor -artículo 135-, entre muchos otros ordenamientos, conforme al Diccionario de la Lengua Española editado por la Real Academia Española, significa lo siguiente: "Poder. Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. Tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo." De ahí que el término "poder" o su conjugación "podrá" -como se prevé en las leyes antes mencionadas-, hace referencia a una expresión de permisión a quien no esté de acuerdo con una determinada resolución, para la oportunidad de presentar -o no-, un determinado medio de defensa. Por lo que si no se presenta tal inconformidad expresa en el plazo señalado en la misma ley, se entenderá como "aceptado" o consentido por el gobernado de manera tácita. Con ello, el legislador acató el imperativo constitucional de la garantía de audiencia al establecer para el afectado de una determinación de diversa autoridad, la posibilidad de solicitar ante la autoridad inmediata superior de la responsable, la revisión de dicha resolución. Será pues optativo para el gobernado, recurrir la resolución o no (lo que traería consigo en este último supuesto, el consentimiento tácito de dicha determinación). Por lo que el hecho de que en cualquier legislación -federal o local- se empleé el vocablo "podrán" para hacer referencia a la interposición de un diverso recurso ordinario de impugnación, no implica que sea optativo, alternativo u opcional para el gobernado agotar o no el recurso establecido, previamente a acudir al juicio de garantías. Pues si bien se establece en la misma Ley de Amparo la obligación de agotar todos los recursos ordinarios que las mismas leyes señalan, ello no es por una simple delegación alternativa de funciones jurisdiccionales o medios opcionales de justicia a modo de una potestad individual, sino que ello atañe a la importancia, espíritu y función del juicio de garantías ya señalado anteriormente. Por último y con base en lo anterior, para la procedencia del juicio de garantías, deberá agotarse de manera previa todo aquel recurso, juicio o medio de defensa legal en virtud del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados aquellos actos de autoridad ante el superior jerárquico, sin que pueda entenderse lo anterior de manera contraria o diferente por la interpretación de un diverso término gramatical en sentido equívoco al verdadero espíritu de origen y ejercicio de la Ley de Amparo, ello en términos del artículo 73 de la ley en mención y con excepción de los supuestos antes mencionados por tratarse de auténticos casos en donde es necesario el juicio de garantías". De ahí que el suscrito juzgador, en estricto acatamiento a lo estipulado en dicha ejecutoria, criterio que se reitera, es de aplicación obligatoria para este juzgado de distrito, se concluye que tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar el precepto citado, la Ley de Amparo establece la obligación de agotar todos los recursos ordinarios que las mismas leyes señalan, lo que no es por una simple delegación alternativa de funciones jurisdiccionales o medios opcionales de justicia a modo de una potestad individual, sino que ello atañe a la importancia, espíritu y función del presente juicio de derechos fundamentales. En consecuencia, para la procedencia del juicio de garantías, debió agotarse de manera previa el supracitado recurso el cual pudo modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad citado ante el superior jerárquico, sin que pueda entenderse lo anterior de manera contraria o diferente por la interpretación de un diverso término gramatical en sentido equívoco al verdadero espíritu de origen y ejercicio de la Ley de Amparo. En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por J. Guadalupe Martínez Vargas, por su propio derecho, y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta, que remite la Presidenta de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, por el que acusa recibo del oficio 3853/2018 e informa las gestiones que se encuentra realizando para el cumplimiento a la ejecutoria.

  4. Principal

    SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACION PARA LA PARTE QUEJOSA: Visto; el oficio 1787/2018, por medio del cual la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, remite los autos del juicio de amparo administrativo 149/2018-4 en que dicho Tribunal declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por J. Guadalupe Martínez Vargas; y, en cumplimiento a la misma, remitió los autos del citado juicio de amparo, adjuntando el cuadernillo de amparo directo administrativo 149/2018-4, al Juzgado de Distrito en turno, del que tocó conocer a este Juzgado, así como del escrito dirigido a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, con cinco copias; y, demanda de amparo con cinco copias; al respecto, el Juez, acuerda: Con fundamento en los artículos 37 y 46 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la referida demanda de garantías, hágase lo anterior del conocimiento del Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito para su conocimiento y en acuse de recibo de su oficio 1787/2018 de dieciséis de febrero de esta anualidad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 690/2018-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, dado que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la misma presenta irregularidades, en virtud que la parte quejosa es omisa en expresar bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Consecuentemente, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente a la demanda de amparo de cuenta, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia: a) Manifieste bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación. Sin que a lo anterior obste que al calce de la demanda obra la leyenda: "PROTESTO LO NECESARIO", toda vez que ello se interpreta como una expresión de cortesía, que deja ver que los ocursantes manifiestan a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones; frase que no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas. Se apercibe a la parte promovente que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido en el plazo indicado, se tendrá por no presentada su demanda, conforme lo dispone el numeral 114 de la Ley de Amparo. Como lo solicita la parte quejosa, téngase por autorizado al licenciado Oswaldo Beltrán Saucedo, para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en calle San Juan, número cinco (05), colonia Villas Mariana en la zona conurbada de Guadalupe, Zacatecas.

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