J. Guadalupe Martinez Aguilera

Expediente 1479/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1479/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • J. Guadalupe Martinez Aguilera

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Como se advierte de la constancia secretarial de cuenta, que el auto de quince de los actuales, dictado dentro del juicio de amparo señalado al rubro, no se encuentra listado ni publicado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como tampoco notificado; por tanto, se ordena listar y publicar el mismo en esta data, así como notificarlo. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacan, a quince de noviembre de dos mil veintitres. Vista la demanda la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VI-1479/2023-2. Ahora, del análisis de la demanda de garantías y anexos que se acompañaron a la misma, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".la sentencia del toca -, de 12 de octubre de 2023.". Reclamo en el cual la autoridad responsable argumentó y resolvió lo siguiente: ".VISTOS para resolver los autos del toca número-, formado con motivo del recurso de apelación hecho valer por -, en cuanto demandado, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 25 veinticinco de agosto del año 2023 dos mil veintitrés, planteado dentro del juicio ordinario civil número -, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, que sobre reivindicación del inmueble y otras prestaciones, promovido por -, frente a -; y, RESULTANDO Primero. En la fecha anteriormente señalada, el Juez de origen dictó sentencia interlocutoria de conformidad con los siguientes puntos resolutivos: (.) SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando segundo de este fallo interlocutorio, resulta improcedente este incidente de justas causas promovido por -, por conducto d su apoderado jurídico. TERCERO. En consecuencia, se ordena que una vez que sea declarado firme este fallo, y a pedimento de la parte interesada, se señale día y hora hábil de labores a fin de que se declare confesa a la demandada, de las posiciones que previamente se califiquen de legales. (.) CONSIDERANDO SEGUNDO El agravio expuesto por -, resultó ineficaz; TERCERO. En consecuencia, con las nuevas consideraciones este órgano jurisdiccional, confirma el sentido de la sentencia interlocutoria fuente de esta alzada en los términos del presente fallo.". Ahora bien, el artículo 113 de la ley de amparo, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Para aclarar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto legal 113 de la Ley de Amparo. "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". El numeral trascrito autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que se exponen, la tesis de jurisprudencia número 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En efecto, respecto del citado acto reclamado Atribuido a la autoridad responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la ley de la materia, del texto literal siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". En efecto, del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el primer precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Numerales transcritos que, al ser concatenados entre sí, emerge una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo, en el sentido de que es posible acceder al reclamo constitucional, contra actos dictados dentro de juicio, siempre y cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", el ordinal 107, fracciones V, de la Ley de Amparo, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en esta disposición, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran, en forma actual, el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento respectivo: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. En tanto que la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos?, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tiene aplicación la jurisprudencia número 6137, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Atento a lo anterior, debe convenirse que respecto a las violaciones que se cometan durante el procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos estos últimos como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía de que se trate, o bien, afecten a personas extrañas a juicio. Por tanto, si en el caso en estudio el acto reclamado se hace consistir en la sentencia emitida el doce de octubre del año en curso, dentro del toca -, a través de la cual la autoridad responsable, confirmó la resolución interlocutoria relativa al incidente de justas causas promovido por el quejoso, en la cual el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán declaró improcedente tal incidencia y ordenó que una vez que fuera declarado firme tal fallo, y a pedimento de la parte interesada, se señalara día y hora a fin de que se declara confesa a la parte demandada, de las posiciones que previamente se calificaran de legales. Es inconcuso que tal acto no es de los considerados como de aquéllos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues constituye una actuación intraprocesal que no trasciende a la esfera jurídica de la parte quejosa, en detrimento material de sus derechos sustantivos. En otras palabras, como se anticipó, para que el acto reclamado sea calificado como irreparable, necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias han de ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que trascenderá con la resolución del acto reclamado, la que en caso de ser adversa a sus intereses, entonces, podrá impugnarla por la vía legal correspondiente. Se afirma lo anterior, en razón de que el acto en reclamo descrito, no puede considerarse un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que no produce de manera directa e inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues esto es, que con el hecho de que la autoridad responsable haya confirmado la resolución interlocutoria relativa al incidente de justas causas antes señalada, no se afectan derechos sustantivos de la promovente del amparo, sino en su caso la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales; de ahí que con esa situación, no se priva del derecho de defensa que en el procedimiento tiene la promovente del amparo, ni altera la cuestión debatida en el mismo. Bajo ese contexto, como se mencionó, con la emisión del acto reclamado de referencia, se está en presencia de una actuación cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de la fracción V del numeral 107 de la legislación en cita, porque no afecta los derechos sustantivos del agraviado, ni decide el fondo de juicio referido; en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantearse impugnación en contra de la resolución que se dicte en definitiva, pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el procedimiento de origen sea adverso a la parte quejosa, de manera que mientras ésta no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la sentencia que se dicte en ese procedimiento le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría a la promovente del amparo. Apoya el criterio aquí estimado por analogía y por las razones que informa, la jurisprudencia IV.2o. J/13, cuyo texto es: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." Asimismo, la tesis 626, publicada en la página 569, tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS". La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a la infracción de derechos sustantivos." También, la tesis con registro 216186 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia (s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Junio de 1993, página 281 del rubro y texto siguientes: "JUSTAS CAUSAS, INCIDENTE DE. LA RESOLUCION QUE LO DECLARA IMPROCEDENTE, CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. La resolución que al resolver el recurso de apelación respectivo, confirma la sentencia interlocutoria pronunciada en un incidente de justas causas que lo declara improcedente, no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación a efecto de que contra él proceda el amparo indirecto, en términos del numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues siendo su consecuencia jurídica en todo caso, que se declare confeso al absolvente que no compareció al desahogo de la prueba confesional a su cargo, de las posiciones que le fueron formuladas por su contralitigante, la afectación a su interés jurídico con ello está supeditada a la justipreciación que de la misma verifique el juzgador en la sentencia que en definitiva se pronuncie dentro del procedimiento judicial del que dimana el citado acto reclamado; sino que se traduce en una violación procesal sólo reclamable en el amparo directo que se promueva en contra de tal fallo, siempre que afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del mismo, de conformidad con el artículo 158, párrafo primero, de la Ley de Amparo, al ser, atendiendo a su consecuencia jurídica, un caso análogo al previsto en la fracción IV del numeral 159 del mismo ordenamiento, que dispone que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: "... IV. Cuando se declara ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado." En tales circunstancias, es claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia referida, motivo por el que debe desecharse de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo en análisis. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Asimismo, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta al quejoso con el nombre de usuario -, a fin de por ese medio tenga acceso al expediente electrónico y por la misma vía se le hagan las notificaciones respectivas. Finalmente, se tiene por autorizado para recibir notificaciones al pasante jurista que indica. Notifíquese personalmente.

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