J. GUADALUPE HERNÁNDEZ GARCÍA y Otros.

Expediente 14/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 38 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
14/2021
Año
2021
Actuaciones
38
Última actuación
17/02/2022

Partes del expediente

  • J. GUADALUPE HERNÁNDEZ GARCÍA y Otros.
  • J. Guadalupe Hernández García
  • Jesús Arriaga Reyes
  • María Teresa Elizabeth Bañuelos Ramírez y Otros.
  • María Teresa Elizabeth Bañuelos Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se recibe el oficio proveniente del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, y como lo solicita, instrúyase al personal del SISE adscrito a este órgano de control constitucional, para que habilite al citado juzgado a fin de que pueda acceder al expediente electrónico del juicio en que se actúa.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y analizadas las constancias que integran el presente juicio, se desprende que la parte quejosa reclama: - El procedimiento de ejecución de sentencia, así como lo resuelto en la audiencia de remate celebrada a las once horas del diez de diciembre de dos mil veinte, en el juicio mercantil ejecutivo número 656/2009, consistente en la adjudicación de los inmuebles embargados hecha en favor de la aquí tercero interesada. Ahora, de las constancias remitidas por la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (fojas 261 a 276, a las que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos expedidos o elaborados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia, en la especie, de oficio, este Juzgador Federal advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXI de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". El tramo normativo transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La causa de improcedencia invocada puede patentizarse en dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; hipótesis en la que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se da la sustitución de los actos procesales que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el primero de los citados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado cesan hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Dicho en otros términos, de acuerdo con el supuesto en análisis la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma de esa actuación, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia señalada no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Las consideraciones expuestas tienen respaldo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , que expone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También cobra vigencia la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País2 , que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En cuanto a la hipótesis indicada en inciso b), relativa a la sustitución procesal se origina con el ejercicio de los medios de defensa en el proceso, dado que conllevan un nuevo análisis de la cuestión planteada que puede realizarse por el propio Juez, o bien, por el Tribunal de alzada quien cuenta con la jurisdicción originaria para resolver. Al respecto, cabe señalar que la Primera Sala y la otrora Tercera Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación han establecido en criterios orientadores que se actualiza la cesación de efectos por la sustitución procesal de actos. Algunos ejemplos de esos supuestos se precisan en los criterios jurisprudenciales siguientes: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo."3 "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta."4 Ahora, debe significarse que el procedimiento jurisdiccional se conforma por una serie de trámites y de actos procesales concatenados entre sí, en donde la existencia de uno es la base para la emisión de otro posterior, por lo que cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Luego, cuando el gobernado opte por combatir en la vía constitucional una determinación pronunciada por una autoridad jurisdiccional y ese acto se vea sustituido por otro, ya sea porque fue recurrido y el Tribunal de alzada dictó otro que lo modificó, revocó o confirmó; o bien, porque en razón del trámite del procedimiento se dictó uno nuevo que incidió en la vigencia y en la ejecutividad del acto atacado es indudable que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En respaldo de las consideraciones anteriores se invoca, por analogía, la tesis I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito5 , de contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". Así como, la tesis I.3o.C.769 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1492, registro 165869, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". En el caso, como se dijo el acto reclamado en este juicio de amparo, es el siguiente: - El procedimiento de ejecución de sentencia, así como lo resuelto en la audiencia de remate celebrada a las once horas del diez de diciembre de dos mil veinte, en el juicio mercantil ejecutivo número 656/2009, consistente en la adjudicación de los inmuebles embargados hecha en favor de la aquí tercero interesada. Ahora bien, de la constancia que allegó la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, relativo a lo actuado en el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado en la audiencia de remate de diez de diciembre de dos mil veinte, en el juicio natural 656/2009 (acto reclamado en este juicio) del índice del Juzgado de Primera Instancia de Arandas, Jalisco, se aprecia en lo que interesa, que el seis de agosto de dos mil veintiuno, se resolvió el recurso de apelación en los términos siguientes: "(.) PRIMERA.- Uno de los agravios expresados por ALEJANDRO IZQUIERDO DORANTES, en su carácter de autorizado en amplios términos del demandado, resultó FUNDADO y SUFICIENTE para lograr su cometido, lo que hizo innecesario el estudio de los restantes. SEGUNDA.- Se REVOCA la resolución que calificó de legal el procedimiento de ejecución y aprobó el remate fincado a favor de la parte actora, pronunciada por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Séptimo Partido Judicial con sede en Arandas, Jalisco en la celebración de la audiencia celebrada el día 10 diez de diciembre del año 2020 dos mil veinte, dentro del juicio MERCANTIL EJECUTIVO, promovido por CARLOS ALBERTO HIJAR FERNANDEZ, en su calidad de endosatario en procuración de GABRIELA BAÑUELOS RAMIREZ, (actualmente SUCESIÓN TESTAMENTAROA A BIENES DE GABRIELA BAÑUELOS RAMÍREZ) en contra de LEÓN BAÑUELOS RAMIREZ, tramitado bajo número de expediente 656/2009, debiendo quedar en los términos señalados en la parte final del considerando quinto de la presente resolución. (.)" De lo expuesto se evidencia, que si bien es verdad que al momento en que se presentó la demanda de amparo (cuatro de enero de dos mil veintiuno), se llevaba a cabo el procedimiento de ejecución de sentencia, es decir, se celebró la audiencia de remate, motivo por el cual se adjudicaron los inmuebles embargados a favor de la parte tercera interesada, lo cierto es que, con posterioridad, el seis de agosto de dos mil veintiuno, la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, revocó la resolución que calificó de legal el procedimiento de ejecución y aprobó el remate fincado pronunciado por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Séptimo Partido Judicial con sede en Arandas, Jalisco en la celebración de la audiencia de diez de diciembre de dos mil veinte. Lo anterior, pone de relieve que los efectos del acto reclamado en estudio han cesado porque fueron sustituidos procesalmente por la diversa resolución de seis de agosto de dos mil veintiuno, que revocó la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte dictada en el expediente 656/2009. Por tanto, jurídicamente no es factible examinar la constitucionalidad del acto reclamado, habida cuenta que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, toda vez que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de su existencia. En esas condiciones, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se dejan insubsistentes la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y del conocimiento de las partes la circunstancia anterior. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Gómez Avilés, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el licenciado Octavio Lara Ramos, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Toda vez que, transcurrió el plazo de dos días hábiles señalado en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, sin que la parte tercero interesada acudiera al local que ocupa este juzgado, se ordena notificar por lista el proveído de 17 de septiembre de 2021, que en su parte conducente dice:... Lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se dejan insubsistentes la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y del conocimiento de las partes la circunstancia anterior...

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que para el día de hoy se encuentra prevista la audiencia constitucional, la que no es posible llevar a cabo toda vez que se encuentra transcurriendo el término a que refiere el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de las constancias recibidas en actuación de uno de septiembre de dos mil veintiuno. Para dar lugar a lo anterior, se ordena diferir la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose para su verificativo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno.

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