J. Guadalupe Hernández Alfaro
Expediente 1039/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1039/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- J. Guadalupe Hernández Alfaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Causa ejecutoria resolución de diez de enero de dos mil veintidós. En este caso, se sobreseyó en el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Asimismo, se ordena destruir el original y duplicado del incidente de suspensión, en términos del referido ordenamiento legal, en virtud de que se concedió la suspensión provisional y se dejó sin materia la definitiva, hágase la anotación en carátulas y agréguese al incidente copia certificada del presente acuerdo. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que, de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. V. Se ordena generación de versión pública de sentencia. Finalmente, en cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, a fin de que pueda ser consultable por el público en general. Finalmente, se hace del conocimiento a las partes que debido a la contingencia por el virus COVID-19 y al incremento de contagios que se han presentado con el personal adscrito a este órgano jurisdiccional, el presente proveído se encuentra visible únicamente en versión electrónica, por lo que éste, será glosado al expediente físico una vez que así lo permitan las condiciones de este órgano.
- Principal
V I S T O el juicio de amparo 1039/2021-IV promovido por ********************, contra un acto de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, que consideró violatorio del derecho fundamental previsto en el artículo 17° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. Admisión, trámite e integración. Ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, el siete de diciembre de dos mil veintiuno, ********************, presentó demanda de amparo, la cual por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal; se admitió a trámite el diez siguiente y se ordenó requerir a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; se dio intervención al agente del ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior es así, debido a que las consecuencias jurídicas del acto reclamado tendrán ejecución material en esta ciudad de León, Guanajuato, territorio dentro del que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se procede a analizar el escrito de demanda, así como las constancias que integran los autos, para determinar que el solicitante de la protección constitucional reclama de la autoridad señalada como responsable, Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, lo siguiente: El acuerdo dictado el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral ********************, en el que se fijaron las diez horas del veinticinco de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La presidenta de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad, en representación de dicha junta, aceptó la existencia del acto reclamado al rendir su informe de ley. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el juicio laboral ********************, que anexó la junta responsable a su informe de ley y que obran en autos, de las que se advierte la existencia del acuerdo reclamado de data veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se fijaron las diez horas del veinticinco de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Documental pública a la que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, las cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. En atención a la plena eficacia de la documental exhibida por la autoridad responsable, está demostrada fehacientemente la existencia del acto combatido, según la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. Actualización de causal de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes, o incluso, que se adviertan de oficio, pues son de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo y conforme a la jurisprudencia VI.2o. J/323, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el presente juicio constitucional, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Luego, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el aludido derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Analizado lo anterior, el presente juicio constitucional debe declararse improcedente, pues el acto impugnado consistente en la determinación de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, a través del cual la Junta responsable, señaló las diez horas del veinticinco de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral ********************, de su índice, cesó en sus efectos. Pues bien, es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que mediante acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el incidente de suspensión del presente asunto, se concedió la suspensión provisional a fin de que la Junta responsable: ". deje sin efectos la fecha señalada para llevar a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral ********************, a saber, diez horas del veinticinco de abril de dos mil veintidós y, en su lugar, señale otra que no exceda del plazo de quince días, según lo previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo.". Por lo que, la Junta responsable en cumplimiento a la medida cautelar, en auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dejó sin efectos la hora y fecha inicialmente señaladas para el desahogo de la citada audiencia y, en su lugar, fijó las diez horas del diecinueve de enero de dos mil veintidós, para su verificativo, tal y como se aprecia de la copia autógrafa del aludido auto que la autoridad responsable remitió en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo y que se tiene a la vista al momento de emitir la presente resolución. Documental pública a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia autógrafa de una actuación llevada a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Por tanto, en atención a que del libelo de amparo se aprecia que el solicitante de la acción constitucional se duele de la determinación dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral ********************, en el que se fijaron las diez horas del veinticinco de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es evidente que los efectos de dicho acto han cesado, al haber acreditado la Junta responsable que con posterioridad a esa determinación reprogramó la hora y fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, y en atención a su período vacacional del veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno al seis de enero de dos mil veintidós. Se afirma lo anterior, pues si bien al siete de diciembre de dos mil veintiuno, -fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio constitucional- existía el acto reclamado, cierto es que dejó de existir el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dado que la referida Junta responsable señaló diversa hora y fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a saber, las diez horas del diecinueve de enero de dos mil veintidós. Por tanto, el acto reclamado cesó en sus efectos, y por ello el juicio constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objeto, como en el caso, volviendo las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, pues resulta contrario a la naturaleza del mismo que fuera seguido sin ninguna finalidad práctica. Así las cosas, es innegable que respecto del acto reclamado consistente en la determinación dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral ********************, en el que se fijaron las diez horas del veinticinco de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en atención a que sus efectos ya no subsisten. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la voz: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual manera, es ilustrativa la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En virtud de lo anterior, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia en principio invocada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XXI, del ordinal 61, ambos de la Ley de Amparo. Sin que para emitir la presente resolución sea necesario esperar a que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones programada para las diez horas del diecinueve de enero de dos mil veintidós, pues en caso de que ésta no se lleve a cabo, el impetrante tendrá a salvo y expeditos sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes. Además, debe decirse que la particular circunstancia de que se sobresea en el juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Materia Constitucional, Décima Época, de siguiente rubro: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1039/2021-IV promovido por ********************, contra el acto y autoridad indicados en el considerando segundo, por las razones asentadas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese.
- Principal
Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde la autoridad responsable Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, a través de su presidenta, con el cual se da vista a las partes, por un término de ocho días previos a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su especial naturaleza, la documental que se acompaña al informe de mérito, respecto de lo cual hágase relación en la audiencia constitucional.
- Incidental
Audiencia incidental.- Por lo expuesto y fundado en el artículo 138, fracción II, en relación con el diverso 144 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se deja sin materia el presente incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 1039/2021-IV, promovido por ******, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable precisada en el considerando primero, de conformidad con los razonamientos expuestos en el último considerando de la presente interlocutoria.
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