J. Guadalupe Gutiérrez Llamas

Expediente 404/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
404/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
18/02/2022

Partes del expediente

  • J. Guadalupe Gutiérrez Llamas

Actuaciones

  1. Incidental

    TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE. Visto lo de cuenta; como está ordenado en los autos del principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 136, 138, 139 y 163 de la Ley de Amparo, se tramita por duplicado y separado el presente incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 404/2022-IV, que promueve J. Guadalupe Gutiérrez Llamas, por su propio derecho, contra actos de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas y otras autoridades. INFORMES PREVIOS. Pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el que deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de la fecha en que fue notificada y, en los términos precisados en el numeral 140 de la ley de la materia; apercibida que de no hacerlo, en el término indicado, se les impondrá, una multa por cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el párrafo sexto del apartado B del artículo 26 Constitucional. AUDIENCIA INCIDENTAL. Para la celebración de la audiencia incidental se fijan las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La omisión de pago de la prestación consistente en el aguinaldo o gratificación de fin de año, derivada de la pensión por Jubilación. CONCEDE SUSPENSIÓN PROVISIONAL. En el caso, la parte quejosa solicita le sea otorgada la suspensión provisional y posteriormente la definitiva para que la autoridad responsable realice el pago de aguinaldo, que reclama. En principio, cabe destacar que el acto reclamado, se trata de un acto omisivo de la autoridad responsable, en el ámbito de su competencia. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, y por la relevancia para decidir sobre la medida cautelar, se trae a colación el contenido del artículo 147 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. (.)." Del precepto reproducido se advierte que, en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación que habrá de imperar y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio hasta su terminación, pudiendo fijar requisitos de efectividad. Asimismo, que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarde y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado, mientras se dicta ejecutoria en el juicio de amparo. Con base en lo anterior, es claro que, en términos del citado artículo 147, atendiendo a cada caso en concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo o negativo, dado que la norma no hace distinción al respecto, sino con miras únicamente a las implicaciones que pueda tener en la esfera de derechos de la parte agraviada, se podrá conceder la suspensión y fijar la situación que habrá de imperar, ordenando que todo se conserve en el estado en que se encuentra y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional a la parte quejosa en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada. Como se observa, la redacción del mencionado precepto atiende a un fin protector, que es acorde con la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas; de ahí que el legislador, a través de la institución de la suspensión en la forma en que actualmente está regulada en la Ley de Amparo, buscó satisfacer una doble función: por un lado, conservar la materia de la controversia y, por otro, evitar que las personas sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto mediante el restablecimiento provisional del derecho transgredido. De ahí que, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, sino que ello dependerá de la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, para posteriormente analizar si deben mantenerse las cosas en el estado en que se encuentran o bien, si es necesario una tutela anticipada del derecho violado mientras dura el juicio. Una vez definido que, atendiendo a su naturaleza, no sólo los efectos de los actos positivos, sino también los efectos de determinados actos de carácter omisivo son susceptibles de suspenderse, y que con el objeto de evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, pueden dictarse medidas conservativas o de tutela anticipada -efectos restitutorios-, deben analizarse los presupuestos procesales para saber si debe o no otorgarse la medida. Así, la interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 constitucional, fracción X, permite concluir que, fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la válida paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la configuración de: Solicitud de parte (salvo suspensión de oficio); Certeza de los actos reclamados; Interés suspensional; Existencia de materia para la suspensión; y, Análisis simultáneo de peligro en la demora, apariencia del buen derecho, orden público e interés social. Es preciso mencionar que la ausencia de cualquiera de tales condiciones amerita negar el otorgamiento de la medida cautelar. I) Solicitud de la suspensión. El primer presupuesto jurídico para el otorgamiento de la medida cautelar se actualizó en la medida de que la parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado. II) Certeza de los actos reclamados. Para decidir sobre la procedencia de la suspensión provisional solicitada, este juzgado parte de la base de que las manifestaciones expresadas en la demanda son bajo protesta de decir verdad y con ello suficientes para acreditar su certeza hasta este estadío procesal. Por ende, se tiene por acreditado el segundo presupuesto natural necesario para otorgar la medida cautelar, en los términos expuestos en este apartado. III) Interés suspensional. La parte quejosa lo acredita, toda vez que reprocha medularmente, la omisión de pagarle la primera parte de su aguinaldo, sin motivo ni fundamento legal alguno y sin llamarla a procedimiento alguno. Por lo que, atento a la exhibición de las copias de los recibos de nómina a nombre del quejoso J. Guadalupe Gutiérrez Llamas, de los que se advierte que dicho quejoso es pensionado, es evidente que la parte quejosa acredita, al menos en forma indiciaria, el interés relativo para efectos de la medida suspensional. IV) Valoración de la existencia de materia para la concesión de la medida cautelar. Al respecto, este juzgado advierte que los efectos y consecuencias del acto reclamado, materia de análisis en el presente medio de impugnación, sí son susceptibles de suspenderse. V) Análisis simultáneo del peligro en la demora, apariencia de buen derecho, orden público e interés social. Toda vez que en el caso el quejosa refiere y acredita que es pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, estando vigente la Ley del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas; que establece el derecho de aguinaldo que asciende a sesenta días de pensión, de conformidad con el artículo 75 de la citada ley, pagadero en dos partes, la primera parte en diciembre, equivalente a cuarenta días, y el resto a más tardar el quince de enero del año siguiente; sin embargo, afirma, no realizó el pago de la primera parte del aguinaldo correspondiente al año próximo anterior, sin mediar determinación o justificación alguna. Por consiguiente, se advierte que se trata de un acto de naturaleza omisiva con efectos positivos en la esfera jurídica del peticionario del amparo, pues implica, preliminarmente, que sin justificación legal, se omita pagarle su aguinaldo, la cual constituye una prestación de seguridad social originada por los años de servicio laborados por el trabajador ahora jubilado, que además es plausible concluir que constituye su medio de subsistencia; por lo que de no recibirse oportunamente existe riesgo de que no sean satisfechas sus necesidades básicas. Por ello, si el acto reclamado consiste en una omisión derivada de una autoridad que tiene una previsión específica en la ley, como lo es la obligación de realizar el pago de las prestaciones a las que se tiene derecho conforme a la ley aplicable, como lo es, en el caso, el pago del aguinaldo, al jubilado, implica que la suspensión solicitada sí puede tener efectos restitutorios, sin perder su naturaleza de medida cautelar; pues ello no implica que mediante la suspensión provisional se puedan constituir derechos que el quejoso no tuviera antes de presentar la demanda de amparo, ya que sólo se justifica cuando hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesita de protección provisional por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional. Lo anterior es así, pues la medida provisional que se pretende con la suspensión, permite que la parte quejosa alcance transitoriamente un beneficio que, o bien, le sea restituido un derecho que tenía previo a solicitarla, como lo es el pago de aguinaldo, que ya había adquirido; máxime que los efectos de la suspensión, esto es, que se realice el pago de la prestación correspondiente al aguinaldo, no es definitiva, ya que puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Tienen aplicación las jurisprudencias siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PUEDE TENER EFECTOS RESTITUTORIOS TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE SE TRADUCEN EN OMISIONES DE LA RESPONSABLE QUE TIENEN UNA PREVISIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 131, 138 y 147 de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a la luz del indicado precepto constitucional, se advierte la posibilidad de que se dote a la suspensión provisional en el amparo, de efectos restitutorios, sin perder su naturaleza de medida cautelar, así como el deber a cargo de los juzgadores de amparo de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social; en tal virtud, la técnica jurídica para resolver sobre la suspensión de los actos que se traducen en omisiones de la responsable, que tienen una previsión específica en la ley, implica que el juicio de probabilidad en relación con la suficiencia de la verosimilitud del derecho alegado se aprecie de manera clara y evidente de acuerdo a la revisión que se haga de la legislación y la jurisprudencia nacional e internacional relacionada con el acto reclamado, incluyendo la valoración de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, en todo su contexto, armonizándolos con los principios de interdependencia e indivisibilidad del derecho humano trastocado y con el fin de constatar si se pone en riesgo el disfrute de diversos derechos de la persona; lo anterior no significa que mediante la suspensión provisional se puedan constituir derechos que el quejoso no tuviera antes de presentar la demanda de amparo, pues sólo se justifica cuando hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesita de protección provisional por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional." "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Aunado a lo anterior, no se advierte que con el otorgamiento de la medida se vulneren disposiciones de orden público e interés social, por el contrario, es de especial relevancia e interés social que los derechos de la población trabajadora en activo o en retiro, perciba integra y oportunamente las prestaciones que con su trabajo al servicio del Estado generaron. Por lo antes expuesto, se concede la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, para que la autoridad responsable, en el ámbito de sus respectivas atribuciones realice las gestiones y trámites correspondientes para que se realice el pago de aguinaldo que reclama la quejosa. Lo anterior, en tanto se notifique la resolución que se emita al resolver la suspensión definitiva en el presente incidente. En el entendido que la medida suspensional no surtirá sus efectos, en caso de que exista una resolución firme emitida por autoridad competente en el que se haya revocado o determinado la suspensión del aguinaldo a favor de la quejosa. Sin que en el caso se estime procedente imponer el otorgamiento de una caución como requisito de efectividad para que la medida concedida siga surtiendo sus efectos, atendiendo precisamente a que lo que se busca proteger con ésta es que no se afecten los derechos reconocidos del quejoso como pensionado; aunado a que no existen terceros interesados a los que se les irrigue perjuicio alguno con la medida concedida. SE AUTORIZAN COPIAS. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de esta última, expídase a la quejosa únicamente una copia certificada de este auto, autorizando para recibirla a la persona que designó, previa identificación y razón que por su recibo se asiente en autos. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza a la Secretaria a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este incidente. IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICACIÓN EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE LA LEY. En la inteligencia de que, atendiendo a la carga de trabajo con que se cuenta dentro de este órgano jurisdiccional, la carencia de personal de manera presencial dentro de éste, aún más reducida por el periodo vacacional de que disfruta parte de personal que integra este juzgado, y el limitado tiempo que se puede permanecer en el mismo, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 9/2021 y 20/2021, del propio Pleno, el envío de oficios a las autoridades para su debida notificación del presente auto, así como de los subsecuentes en que sea necesaria la expedición de oficios, se deberá realizar conforme las cargas de trabajo de este juzgado lo permitan, lo anterior con apoyo en la circular 1/2022, firmada por el licenciado Arturo Guerrero Zazueta, Secretario de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el trece de enero de dos mil veintidós.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve J. Guadalupe Gutiérrez Llamas, por propio derecho, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas, y otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Jueza acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 404/2022-IV y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de cuenta. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por duplicado y separado tramítese incidente de suspensión, al que deberá agregarse impresión simple del presente proveído y copia simple de la demanda que originó este juicio. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE PLANO. Sin que el trámite del presente asunto sea considerado urgente, pues el acto reclamado no se ubica dentro de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas lesiones descritas en la norma aplicable, tales como aquellas que directamente pusieran en peligro su vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, lo que en el caso no acontece, pues de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables la omisión de pago de aguinaldo por el año dos mil veintiuno, derivada de la pensión por jubilación, lo que en forma alguna encuadra dentro de los supuestos antes señalados para considerar la demanda recibida, como de trámite con suspensión de plano. INFORMES JUSTIFICADOS. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de la materia, pídase informe con justificación a las autoridades responsables, el cual debe rendir dentro del término de quince días siguientes al en que se notifique, donde expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo; en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 en consulta. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, la constancia en la forma indicada, se les impondrá una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en comento, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas con veinte minutos del doce de abril de dos mil veintidós, para el verificativo de la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9, párrafo primero y 28 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicados los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. TERCERO INTERESADO. Sin que de la lectura de la demanda se advierta por el momento la existencia de tercero interesado. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Infórmese a las autoridades responsables que tienen la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan, toda vez que este juzgado en lo subsecuente, notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, verbigracia, la sentencia que se llegue a dictar; más no, acuerdos de mero trámite y diferimientos de la audiencia constitucional. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil doscientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, con registro 2002576, del tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Así como el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.20o.A.2 K (10a.), publicada en la página dos mil trescientos noventa y nueve, del Libro 36, Noviembre de dos mil dieciséis, tomo IV, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2013030, bajo el rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL ARTÍCULO 192, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RELATIVA A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE SER REALIZADA POR OFICIO ACOMPAÑADO DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE CUANDO SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. La interpretación histórico-progresiva de las disposiciones de la Ley de Amparo que han regulado las notificaciones a las autoridades responsables en el juicio de amparo indirecto, revela que la legislación abrogada preveía que las ejecutorias recaídas a los procedimientos seguidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito debían dárseles a conocer por medio de oficio acompañado del testimonio de la resolución, sin importar el sentido de ésta; sin embargo, en la ley vigente se estableció esa obligación sólo por cuanto a las ejecutorias en las que se concede el amparo al quejoso, en aras del pronto cumplimiento de aquéllas. En esas condiciones, conforme al artículo 192, en relación con el diverso 26, fracción II, inciso a), de la propia ley, para los casos en que no se concedió la protección constitucional al quejoso, es innecesario que la notificación a las autoridades responsables de la sentencia dictada en el recurso de revisión, se lleve a cabo por medio de oficio acompañado del testimonio respectivo, toda vez que esa obligación fue excluida de la actual legislación de amparo." CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. Con apoyo en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a la parte quejosa y a las autoridades responsables, para que, en el supuesto que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia, lo hagan saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten; pues, de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. PRUEBAS. Con las pruebas documentales que adjunta la parte quejosa a su escrito de demanda; así como las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, hágase nueva reseña en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Notifíquese por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con copia de la demanda con que se formó el presente expediente, para la intervención que legalmente le corresponde. CONSULTA ELECTRÓNICA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Por otra parte, toda vez que es un hecho notorio que el Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, ha proporcionado en diversos asuntos del índice de este juzgado, el nombre de usuario "HectorR"; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se le autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico; por tanto, se comisiona a la Analista Jurídico S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), para que realice las gestiones necesarias para tales efectos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021, del propio Pleno. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Miguel Guzmán Guzmán, Víctor Hugo Saloma Esparza y Ricardo Ramírez Chairez. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Dr. J. Castro Villagrana, número ciento dos (102), Zona Centro, en la ciudad de Zacatecas. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza a la secretaria a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICACIÓN EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE LA LEY. En la inteligencia de que, atendiendo a la carga de trabajo con que se cuenta dentro de este órgano jurisdiccional, la carencia de personal de manera presencial dentro de éste, aún más reducida por el periodo vacacional de que disfruta parte de personal que integra este juzgado, y el limitado tiempo que se puede permanecer en el mismo, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 9/2021 y 20/2021, del propio Pleno, el envío de oficios a las autoridades para su debida notificación del presente auto, así como de los subsecuentes en que sea necesaria la expedición de oficios, se deberá realizar conforme las cargas de trabajo de este juzgado lo permitan, lo anterior con apoyo en la circular 1/2022, firmada por el licenciado Arturo Guerrero Zazueta, Secretario de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el trece de enero de dos mil veintidós.

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