J. Guadalupe Guevara Ledesma
Expediente 74/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 74/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/02/2016
Partes del expediente
- J. Guadalupe Guevara Ledesma
Actuaciones
- Principal
V I S T O el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto de veinte de enero de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito...I
- Principal
. . . Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso Ricardo Díaz Araux, por el cual, manifiesta que ha cobrado de forma exitosa el título de crédito 331591; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. . . V
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL AVISO DE 21/01/2016, QUE CONTIENE EL AUTO DE 20/01/2016, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto; agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda la copia certificada del auto de veinte de enero de dos mil dieciséis, dictado en el juicio ordinario civil 06/2016 del índice de este Juzgado, y visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en proveído de quince de enero de dos mil dieciséis se remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales la demanda promovida por J. GUADALUPE GUEVARA LEDESMA; en consecuencia, se acuerda: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano Al respecto, conviene señalar lo estipulado en los artículos 61, fracción XXIII, 107 y 108 de la ley de amparo en vigor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida." "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación.. (.)." De lo anterior se advierte, que la demanda promovida por J. GUADALUPE GUEVARA LEDESMA, no cumple con los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo, ni se ubica en algún supuesto de procedencia previsto en el numeral 107 del citado ordenamiento para considerarlo como una demanda de amparo. Aunado al hecho de que la quejosa manifiesta que demanda en la vía ordinaria la nulidad de juicio concluido, por lo cual este Juzgador se encuentra impedido para conocer respecto de la misma, toda vez que la acción de nulidad de juicio concluido que se ejercita resulta inexistente e improcedente en contra de sentencias emitidas en juicio de amparo, en virtud de que, la Ley de Amparo vigente no regula la acción intentada, y por el contrario privilegia la calidad de cosa juzgada emitida en los juicios de amparo como se advierte de las fracciones VI y IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, resultando por tanto evidente la inejercitabilidad del juicio constitucional contra los procedimientos y determinaciones tomadas en tales juicios de garantías. Con base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 61 fracción VI y IX, 107 y 108, a contrario sensu, de la nueva Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. Sirve de apoyo a lo anterior la tesus sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 716, tomo XXXIII, del Seminario Judicial de la Federación, Quinta Época, que a la letra dice: "DEMANDA, ADMISIÓN DE LA. Los Jueces y tribunales están facultados para normar sus actos conforme a la Ley del procedimiento, y cuidar de que las demandas se formulen con la claridad precisión y demás requisitos de la Ley que los códigos exigen, cuidando, también de que la acción respectiva se ejercita en la vía forma que legalmente procede, y cuando la demanda no se entabla en la vía legal pertinente, debe desecharse de plano, sin que obste el razonamiento de qu la parte contraria no alegue esa improcedencia, toda vez que esto solamente podrá hacerlo en la forma de excepción, lo cual no es posible, puesto que no se le da entrada a la demanda". Finalmente, hágase las anotaciones de estilo en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. . . MESA I
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