J. Guadalupe Félix Cárdenas }Manríquez
Expediente 102/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- J. Guadalupe Félix Cárdenas }Manríquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio número 4371, con firma y evidencia criptográfica del secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, por el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejos ****************, en contra de la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, mismo que se registró con el número 181/2021.
- Principal
Agréguese a los autos la impresión del correo electrónico de cuenta, proveniente del Juzgado Especializado en Materia Familiar de Apaseo el Grande, Guanajuato, por el que acusa recibo del oficio *********** -misiva en la que se ordenó remitir copia simple del escrito de agravios relativo al recurso de revisión interpuesto en contra del fallo constitucional pronunciado en este asunto-. En mérito de lo expuesto, se advierte que ya obra constancia de que todas las partes fueron notificadas de la sentencia dictada en este sumario constitucional, así como de la interposición del recurso de revisión en contra de dicho fallo; por tanto, como se encuentra ordenado en acuerdo de nueve de septiembre actual, remítanse los autos del presente juicio -con un tomo de pruebas- y el original del escrito de expresión de agravios del quejoso J. **************, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, con residencia en Guanajuato, capital, para la substanciación del medio de impugnación de mérito. Fórmese el cuaderno de antecedentes que corresponda.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso *********; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, que negó la protección constitucional en el presente juicio de amparo. Distribúyase entre las partes copia del escrito de agravios y, una vez que obre la totalidad de las constancias de notificación correspondientes, remítase el original del escrito de cuenta, conjuntamente con el original del expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de mérito.
- Principal
Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 102/2021, promovido por ********************, por propio derecho, en contra de actos del juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el diez de marzo de dos mil veintiuno (fojas 1 a 29 del juicio de amparo), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnada a este juzgado el mismo día, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato, que hizo consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS De la Autoridad señalada como Responsable, le reclamo la resolución dictada en el juicio Familiar identificado con el número *****, el día el (sic) 30 treinta del mes de noviembre del año 2020 dos mil veinte, y que fue notificado vía electrónica el día 01 uno de diciembre de 2020 dos mil veinte". Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de once de marzo de dos mil veintiuno, esta potestad registró la demanda con el número 102/2021-I, la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, lo cual así se hizo (fojas 68 a 71). Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos ********************, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues el acto reclamado carece de ejecución, y fue ante este juzgado federal donde se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como acto reclamado: La resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte, emitida dentro del juicio ordinario ********************, que resuelve el recurso de revocación interpuesto por el hoy quejoso, en contra del auto de catorce de enero de dos mil veinte, por el que se negó la reposición de chapas y la entrega del bien inmueble que refiere; resolución reclamada que confirmó el auto recurrido. La autoridad señalada como responsable es: Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El juez de Partido Civil Especializado en Materia de Oralidad Familiar, con sede en Apaseo, Guanajuato (fojas 62 y 63), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado; en consecuencia, debe tenerse por cierto tal acto, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto debatido se robustece con la constancias que el juez responsable exhibió vía digital a este sumario, las que conforman el procedimiento ordinario civil ******************** de su índice; documental con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones y tratarse de constancias relativas a un procedimiento en materia agraria tramitado por y ante autoridad jurisdiccional. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Por escrito recibido el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, ante el Juzgado Especializado en Materia Familiar de Apaseo el Grande, Guanajuato, ******************** demandó, en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción de divorcio in causado, a ********************, de quien reclamó, entre otras prestaciones, la disolución del vínculo matrimonial (fojas 1 a 17 del tomo de pruebas). 2. Ese día treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se registró la demanda citada con el número ********************, y se requirió al promovente para que aclaré su nombre, al ser distinto al del contrayente (foja 34, ídem). 3. Cumplida que fue la prevención, por auto de tres de junio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda formulada, se ordenó el emplazamiento a la demandada para que emitiera su contestación dentro del término legal de nueve días (fojas 38 y 39, ídem). 4. El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, se tuvo a la demandada dando contestación, por lo que se señaló día y hora para la celebración de la audiencia preliminar; asimismo en cuanto a la medida solicitada de restricción se le dijo que no era necesario decretar, pero que se tomará en cuenta en la citada audiencia (fojas 54 a 55, ídem). 5. El treinta de junio de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia preliminar, en la que se anunció la litis, se admitieron las pruebas ofrecidas; siendo que a partir del minuto diecinueve con cuarenta y ocho segundos de iniciada la citada audiencia, los mandatarios de la parte demandada reiteraron se les conceda la medida cautelar de prohibición de acercarse al lugar de trabajo y al domicilio que era el domicilio conyugal como protección de la demandada, dado que tienen tiempo de no vivir juntos, pero que el actor entra y sale del inmueble donde habita la enjuiciada. Concedido que le fue el uso de la voz a la parte actora manifestó, entre otras cosas, que tienen mas de tres años que no cruzan palabras, por lo que no puede haber violencia verbal; que estaba viviendo en la casa, pero su hija mayor pidió vivir ahí, por lo que se salió de la casa, siendo que la demandada se quedaba en la sala durante todo ese tiempo; que actualmente la casa se ha mantenido para cuando vengan las hijas a Apaseo se queden ahí; así como que hace dos o tres años la demandada ya no vive en ese domicilio conyugal, ante tales hechos narrados solicitó no se emita la medida precautoria solicitada. 6. A los veintisiete minutos y cincuenta y cinco segundos de iniciada la audiencia la jueza del conocimiento comenzó a resolver sobre la medida solicitada, por lo decretó la medida de restricción para que el actor no se acerque a la demandada a menos de cien metros de distancia en donde se encuentre, la cual cobraría vigencia solo la duración del juicio; asimismo fijó fecha para audiencia de juicio (videograbación de treinta de junio de dos mil dieciséis). 7. El trece de julio de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de juicio, en la que la parte demandada se desistió de la prueba confesional ofrecida; se recibió los alegatos de las partes y se dijo que se dictaría sentencia dentro del término de ley (videograbación de audiencia de la citada fecha). 8. El catorce de julio de dos mil diecisiete, se emitió la sentencia respectiva (fojas 98 a 107 del tomo de pruebas), conforme a los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Este Tribunal resultó competente para conocer y resolver esta controversia. SEGUNDO. Fue procedente la vía oral ordinaria abordada por la parte actora. TERCERO. La parte actora no probó su acción de rendición de cuentas y disolución de la sociedad conyugal, en tanto que la parte demandada dio contestación a las pretensiones de la parte actora. CUARTO. Por virtud de un control difuso de la Constitución Federal y de convencionalidad, atendiendo la pretensión del actor, se decreta la disolución del vínculo matrimonial existente entre ******************** y ********************, celebrado en fecha 16 dieciséis de julio del año 1979 mil novecientos setenta y nueve, acta de matrimonio número 109, asentada en el libro 1 de matrimonios, levantada por el Oficial del Registro Civil número 1, de Apaseo el Grande, Guanajuato; por lo que recobran ambos cónyuges su capacidad para contraer nueva nupcias y la mujer no podrá seguir usando el apellido del marido, en caso de que así lo hubiera hecho con antelación. QUINTO. En consecuencia, en términos de los artículos 117, 118, 119 y 345 del Código Civil del Estado, se ordena remitir copia certificada de la presente sentencia al Oficial del Registro Civil número 1, de Apaseo el Grande, Guanajuato, ante quien se celebró el matrimonio que se verificó el día 16 dieciséis de julio de 1979 mil novecientos setenta y nueve, para que realice las anotaciones correspondientes, en el acta de matrimonio número ***** que ha quedado disuelto; asimismo para lleve (sic) a cabo las anotaciones marginales respectivas en las acta de nacimiento de los ahora divorciados ******************** y ********************, toda vez que ante esa misma oficialía fue registrado el nacimiento de los ahora divorciados. SEXTO. Infórmese al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Celaya, en vista del juicio de amparo número ********************, promovido por el C. ******************** en la que señala como acto reclamado la medida de restricción emitida en audiencia preliminar. Dese salida al expediente (.)" (.)." 9. Por auto de cinco de junio de dos mil diecisiete, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo ******************** dictada por este Jugado de Distrito, la responsable dejó insubsistente la medida de prohibición impuesta a la parte actora, de acercarse a su cónyuge a una distancia menor a cien metros (fojas 230 a 231 del tomo de pruebas). 10. Por escrito presentado ante el juzgado responsable el trece de enero de dos mil veinte, compareció la parte actora ********************, aquí quejoso, solicitó se requiera a la parte demandada la reposición de las chapas que cambió de la puerta principal para que se haga la devolución y entrega de su casa habitación ubicada en calle de ******************** ********************, (fojas 353 a 356, ídem). 11. A dicho petición recayó el auto de catorce de enero de dos mil veinte, en el que se determinó, en esencia, lo siguiente: "AUTO. En la ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato, siendo el día 14 catorce del mes de enero del año 2020 dos mil veinte. ´2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria' [.] En atención al contenido de cuenta, dígasele que no ha lugar, a acordar de conformidad su pretensión en cuanto a que se decrete por este Tribunal la reposición de chapas se haga entrega del inmueble que describe como su casa habitación y que además se autorice una actuación por parte de un actuario que constate una reposición de chapas y el estado que guarda el inmueble que alude, toda vez que como bien reconoce el propio ocursante, este Tribunal no autorizó expresamente llevar a cabo el cambio de chapas o cerraduras, en relación a un inmueble, que justifique la necesidad de su reparación o sustitución, pues este Tribunal no puede decretar una actuación a cargo de su contraparte que no derive o sea consecuencia de la revocación de un mandamiento judicial previo, que justificara la restitución de algún derecho a favor del promovente en cuanto a ser reivindicado en la posesión del inmueble y que se lleve a cabo la materialización de un estado de hecho preexistente en relación a las chapas de acceso. Asimismo, en cuanto a su pretensión de que este Juzgado le haga la entrega de un bien inmueble, se le dice que de igual manera resulta improcedente dicha cuestión, ello al no haber sido materia de la litis el aspecto que ahora pretende, ni tampoco deriva de la necesidad de ejecución, de un acto jurídico que traiga aparejado su cumplimiento forzoso sobre entrega de un bien inmueble. En efecto, no debemos olvidar que no es factible para una autoridad emitir un acto de molestia o de privación de algún derecho sin la existencia de un juicio previo, en que se cumpla las formalidades esenciales del procedimiento, lo que en este caso no se ha cumplido máxime que este Tribunal no emitió resolución por lo cual se le haya privado de algún derecho de su propiedad que invocó y que ahora amerite reivindicación. Por lo que, ante la ausencia de legitimación del accionante para instar cuestiones que no fueron materia del presente juicio y tampoco fueron resueltas en sentencia, no es factible observar favorablemente lo solicitado por el ocursante, ya que de lo contrario se vulneraría los derechos fundamentales de su contraparte en transgresión a lo que disponen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. En las relatadas circunstancias, en términos de lo que dispone el artículo 58 del Código Procesal del Estado, se desecha de plano el escrito de cuenta, por notoriamente improcedente. Notifíquese [.]". 12. Inconforme con la anterior resolución, la parte actora interpuso recurso de revocación (fojas 358 a 363 del tomo de pruebas); recurso que se desechó de plano por auto de veintitrés de enero de dos mil veinte, al considerarse improcedente, en virtud de no estar dentro de las hipótesis que marca los numerales 891 y 893 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato (foja 364, ídem). 13. En desacuerdo con el proveído de veintitrés de enero de dos mil veinte, la parte actora promovió juicio de amparo indirecto, del cual tocó conocer a este órgano jurisdiccional bajo el número 120/2020, y el veinticinco de agosto de dos mil veinte, se emitió la resolución correspondiente, en la que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que la responsable, entre otras cosas, se pronunciara de manera fundada y motivada respecto de la procedencia del recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa (fojas 398 a 400, ídem). 14. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por auto de doce de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por la parte actora, en contra del auto de catorce de enero de dos mil veinte (foja 404, ídem). 15. El treinta de noviembre de dos mil veinte, se emitió la resolución correspondiente al recurso de revocación en la que se confirmó el auto recurrido (fojas 406 a 408, ídem). La determinación anterior, constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Los conceptos de violación son infundados e inoperantes. En primer lugar, resultan inoperantes los conceptos que el quejoso expone como primero y segundo (páginas de 13 a 26 de su demanda de amparo), en virtud que los dirige al auto de catorce de enero de dos mil veinte, el cual no destacó como reclamado; aunado a que dicho proveído fue sustituido procesalmente por la resolución recaída al recurso de revocación de treinta de noviembre de dos mil veinte reclamada; de ahí lo inoperante de los conceptos de violación expuestos. I. Por otra parte, en cuanto a los puntos "primero" y "segundo" de los conceptos de violación expuestos en contra de la resolución reclamada, se aduce, en esencia, que no comparte las consideraciones de la responsable, por las que niega ordenar que se haga la restitución de las cerraduras que se encontraban instaladas en la puerta de acceso a su casa habitación, pues hace una interpretación errónea a sus agravios en cuanto que aceptó que la responsable no ordenó tal medida cautelar, siendo que a pregunta del mandatario judicial de la demandada en el sentido de que su clienta procederá al cambio de combinación de la chapa, la responsable señaló "va ser ella lo que estime pertinente", lo cual, aduce el quejoso, no solo autoriza el cambio de chapas, sino que le dio total libertada de elección y de acción para ejecutar el cambio de chapas de la puerta de la casa habitación, la cual tuvo como objetivo que el actor no ingresara a su domicilio. Que con tal indicación de la responsable autorizó implícitamente el cambio de chapas de la puerta de entrada a la casa habitación e introdujo a la litis esa facultad que le otorgó a la demandada de cambio de chapas. Luego, aduce la parte quejosa, que al haberse emitido esa frase "va ser lo que estime pertinente", dentro de una de las etapas del proceso del juicio de oralidad familiar, es una resolución firme, válida, eficaz y congruente con lo expresado por el mandatario judicial de la demandada, lo que derrumba lo afirmado por la responsable en la resolución reclamada de que ella expresamente no lo ordenó. Añadió el quejoso que es claro que el juez responsable no solo tuvo pleno conocimiento de las acciones que la demandada desplegó, al ser informado de la acción de cambio de chapas de la casa habitación que la demandada realizaría una vez que terminará la audiencia preliminar, como consecuencia de la autorización externada en la audiencia, por lo que no se comparte que sea una interpretación subjetiva, de ahí que su determinación combatida se sustentó en premisas desapegadas de los hechos acaecidos en la audiencia preliminar del juicio de origen y que se encuentran visibles y audibles en la audiencia inicial de treinta de junio de dos mil dieciséis. En ese sentido, aduce la parte quejosa, que el contenido de la resolución combatida resulta falaz por estar sustentada en consideraciones falsas y en premisas desapegadas de la realidad, pues la determinación de la imposición de la medida cautelar de restricción y la facultad otorgada a la demandada para que cambiara las chapas de la puerta de entrada a la casa habitación, las dictó la responsable, dentro de un proceso judicial familiar, por lo que su petición de restituir la chapa de la puerta de entrada de su casa habitación, es procedente, ya que deviene de una resolución otorgada cumpliendo todas las formalidades esenciales del procedimiento. Insiste en que el juzgado familiar autorizó a la demandada para realizar el cambio de chapas de su casa habitación, considerando su derecho preexistente de habitar en la misma, dado que el objeto de la autorización fue para impedir que pudiera entrar a su casa, es que resulta falaz su consideración de que no puede decretar una actuación que no derive o sea consecuencia de la revocación de un mandamiento judicial previo, que justifique la restitución de algún derecho a su favor. Finalizó que la medida cautelar y autorización de cambio de chapas que a la postre se dejaron insubsistente por auto de cinco de junio de dos mil diecisiete, que evidencia la existencia de una revocación de un mandamiento judicial previo; existiendo también un hecho preexistente en relación a las chapas de acceso del bien inmueble, un hecho posterior con relación a las nuevas chapas de acceso a la puerta de la casa, con lo que se justifica la restitución de su derecho de habitar el bien inmueble, por lo que debió decretar la restitución de las chapas de la puerta de entrada a su casa habitación a cargo de la demandada. Los conceptos de violación son infundados. Para sostener tal postura, debe precisar que en la resolución reclamada, la responsable, en esencia, sostuvo (fojas 406 a 409 del tomo de pruebas): ". Los agravios son infundados. El inconforme expresa claramente que en efecto el Tribunal no autorizó el cambio de chapas, sin embargo, hace una interpretación subjetiva al señalar que al manifestar la demandada que cambiaría las chapas y no haberlo negado o prohibido el Tribunal entonces lo consintió y que por lo tanto debe ordenar que se devuelvan las cosas a como estaban antes de la medida. Dicha manifestación no constituye un argumento lógico jurídico de disenso con lo por este Tribunal determinado, al contrario afirma que en efecto el Tribunal en forma expresa no lo ordenó; ahora bien respecto a la interpretación que hace es de suya, amén de que este Tribunal a no haberlo ordenado no tiene conocimiento de todas las acciones que la demandada realizó de su parte para que se efectuara la medida de restricción dictada por este Tribunal el 30 de junio del 2016, además de que en fecha 5 de junio del 2017, en cumplimiento a lo ordenado por autoridad federal este Juzgado dejó insubsistente la medida de prohibición impuesta al quejoso, de acercarse a su cónyuge a una distancia menor a cien metros, sin que se esté obligado a pronunciarse sobre hechos que no se decretaron y mucho menos se ejecutaron por las partes para que esta determinación se ejecutara. Y contrario a lo que señala respecto a que con la determinación que se impugna se violenta lo que establece el numeral 17 constitucional, este Tribunal en auto del 14 de enero del 2020, niega categóricamente la procedencia de la solicitud de la devolución del inmueble que solicita, precisamente en aras de que la procedencia de esta petición no deviene de una resolución con las formalidades de ley en el que hayan sido escuchadas y vencidas las partes involucradas, pues ello constituye precisamente un requisito garante constitucional para hacer determinaciones por lo Tribunales, sin que se pueda dar margen a interpretaciones o suposiciones de las partes, pues de acordar la su (sic) solicitud favorablemente de que se le restituyan las chapas cambiadas para que se le permita recobrar su derecho de habitación, ello sí constituiría en su caso una violación al mencionado artículo constitucional, por lo tanto se confirma lo proveído en el auto que se revisa. Notifíquese [.]". De lo transcrito se advierte lo infundado de los conceptos de violación analizados, pues como correctamente lo determinó la juez responsable, no puede ordenar la restitución de la combinación de la chapa, así como la entrega del bien inmueble, si ante la responsable no está acreditado las acciones que realizó la parte demandada para que se efectuara la medida de restricción dictada en la audiencia de treinta de junio de dos mil dieciséis. En efecto, de las copias que allegó la responsable, del juicio de origen, no está acreditado, en primer lugar, que efectivamente se haya llevado a cabo algún cambio de combinación de chapas o que los contendientes sean los propietarios del bien inmueble que precisaron como su domicilio conyugal y del cual pidió su restitución la parte quejosa; pues únicamente se cuenta con los dichos del mandatario de la demandada en la audiencia preliminar (que su clienta "procederá") y el del aquí quejoso; pero no se acreditó en el juicio que tal acción se llevó a cabo. De ahí que la responsable no está en obligación de ordenar la restitución de cosas que no están probadas en el juicio, como es el cambio de chapas y que el bien inmueble sea propiedad del aquí quejoso; pues, como lo aduce la autoridad responsable, ello solamente debe derivar de un procedimiento que se lleve con las formalidades de ley, en el que se hayan escuchado y vencido a las partes involucradas. Máxime que si bien es verdad, como lo aduce el quejoso, la autoridad responsable en la audiencia preliminar, al hacerle de su conocimiento el mandatario de la parte demandada que su clienta, una vez concluida la citada audiencia procederá al cambio de combinación de la chapa, a lo que la juez respondió, entre otras cosas, "va hacer ella lo que estime pertinente", también cierto es que la juez, ante tal cuestionamiento del mandatario, refirió que no se estaba ventilando de quién es la casa, ya si es su casa y quiere vender, pues tiene todo el derecho de hacerlo, a lo que el mandatario señaló que eso lo hizo como mero informe. Incluso la juez responsable, en dicha audiencia, al precisarle la parte actora, aquí quejoso, que acudiría por sus cosas personales, le refirió la responsable que si el aduce que la demandada no vive ahí no ve ningún problema en que pueda acudir. En tal sentido, asiste razón a la responsable al señalar que no tiene conocimiento de todas las acciones que la demandada realizó de su parte para que se efectuara la medida de restricción dictada en la audiencia de treinta de junio de dos mil dieciséis. Por lo que, se insiste, al no estar acreditado que se haya cambiado la combinación de chapa ni que los contendientes sean los dueños de tal domicilio, se estima correcta la determinación de la responsable de confirmar el auto recurrido por el cual no se acordó favorable la petición del aquí quejoso. II. Por otra parte, en la parte final del punto "primero" de los conceptos de violación, invoca como hecho notorio varios fragmentos de la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, dentro del amparo directo 576/2018, para acreditar que la responsable sí autorizo de manera implícita el cambio de chapas, pues, aduce, que así se precisó en tal ejecutoria (páginas 38 a 42 de su demanda). Tales conceptos de violación son inoperantes. Lo anterior, en virtud de que de la lectura íntegra de los agravios formulados en el recurso de revocación (fojas 358 a 363 del tomo de pruebas), se advierte que la parte quejosa no planteó ningún argumento en ese sentido. Por tanto, al no plantearse ante la juez responsable el argumento que aquí se formula, dicha responsable no estuvo en posibilidad de pronunciarse al respecto, sobre la aplicabilidad de tales razonamientos de la ejecutoria que invoca, y menos puede hacerlo este juzgado de Distrito, por tratarse de argumentos novedosos que no formaron parte de la litis, atendiendo a la técnica del juicio de garantías. Máxime que el hoy quejoso sí estuvo en condiciones de formular tales planteamientos en el recurso de revocación, pues tal ejecutoria se emitió des el seis de febrero de dos mil diecinueve. Por tanto, al no plantearse en el recurso de revocación ante la juez responsable los argumentos que aquí se formulan, se insiste, no obstante que el promovente sí pudo hacerlo, dicha responsable no estuvo en posibilidad de pronunciarse al respecto, y menos puede hacerlo este juzgado de Distrito, por tratarse de argumentos novedosos que no formaron parte de la litis. Lo anterior encuentra sustento, por identidad jurídica en la jurisprudencia 2o.A. J/7, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas." III. Finalmente la parte quejosa en los puntos que nuevamente precisó como "segundo" y "tercero" de los conceptos de violación aduce, en esencia, una indebida fundamentación y motivación en la resolución reclamada dado que la sustenta en el artículo 17 constitucional, pero existe desajuste entre la norma y los razonamientos formulados, dado que tal numeral no tutela el derecho de audiencia que pregona la responsable. Que la resolución reclamada fue emitida de manera incongruente tanto con lo pedido como por lo acontecido en el contradictorio, apartándose de los requisitos que establece el artículo 16 constitucional. Son infundados los conceptos de violación. En primer lugar, pues la responsable no sustenta su resolución en el artículo 17 constitucional, sino que lo cita para desestimar un agravio formulado por el quejoso, como se advierte de la siguiente transcripción: ".Y contrario a lo que señala respecto a que con la determinación que se impugna se violenta lo que establece el numeral 17 constitucional, este Tribunal en auto del 14 de enero del 2020, niega categóricamente la procedencia de la solicitud de la devolución del inmueble que solicita, precisamente en aras de que la procedencia de esta petición no deviene de una resolución con las formalidades de ley en el que hayan sido escuchadas y vencidas las partes involucradas, pues ello constituye precisamente un requisito garante constitucional para hacer determinaciones por los Tribunales, sin que se pueda dar margen a interpretaciones o suposiciones de las partes, pues de acordar la su (sic) solicitud favorablemente de que se le restituyan las chapas cambiadas para que se le permita recobrar su derecho de habitación, ello sí constituiría en su caso una violación al mencionado artículo constitucional, por lo tanto se confirma lo proveído en el auto que se revisa." En segundo lugar, porque si bien la garantía de legalidad reconocida en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, debe decirse que en las resoluciones jurisdiccionales presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, como ocurrió en el presente caso. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Siendo que en el caso, si en la resolución reclamada se negó la devolución del inmueble que solicita precisamente porque no existe una resolución con las formalidades de ley, en la cual hayan sido escuchadas y vencidas las partes involucradas, evidentemente es que se habla del artículo 14 constitucional que protegen el derecho de audiencia; derecho de audiencia que incluso refiere el propio quejoso. Por ello es que no causa ningún perjuicio al quejoso que se haya omitido citar en la resolución reclamada el artículo 14 constitucional, pues se insiste, el cumplimiento a dicha garantía (fundamentación y motivación) tratándose de resoluciones jurisdiccionales se verifica sin que se invoquen de manera expresa sus fundamentos, cuando los razonamientos de estas conduzcan a las normas aplicadas, como sucede en el presente caso. Apoya lo anterior, la tesis P. CXVI/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 143, tomo XII, agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." En tal sentido, se estima, que la determinación reclamada no es violatoria de los derechos fundamentales del quejoso. En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los motivos de disentimiento, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a ********************, en contra del acto de la autoridad que se precisó en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia.
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