J. Guadalupe de Toro Bermea

Expediente 659/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
659/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
01/07/2022

Partes del expediente

  • J. Guadalupe de Toro Bermea
  • Marina Villarreal Cantú y Otros.
  • Marina Villarreal Cantú

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos ..., cumpliendo con lo requerido mediante proveído de seis de junio de dos mil veintidós. 1.1 Cumple prevención. Téngase a la parte quejosa dando cumplimiento a lo requerido en el citado acuerdo, relativo a la aclaración de la demanda. 2. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, del análisis integral de la demanda de amparo así como del escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa reclama la resolución de once de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro de los autos del toca civil 28/2022, por el Magistrado del Cuarto Tribunal Distrital, con sede en esta ciudad, en la que declaró infundados los agravios hechos valer por los aquí promoventes. La resolución combatida resolvió el recurso de apelación interpuesto por la quejosa contra la determinación de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, emitida en los autos del juicio ordinario civil 324/2020 por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, mediante la cual se celebró audiencia previa, de conciliación y depuración, en la que se tuvo por asistiendo a Berenice Itzel Mendoza Mejía por propio derecho y en representación de sus menores hijos, concediéndoles la capacidad para comparecer en el juicio como parte demandada, formular diversas manifestaciones y ofrecer pruebas. Resulta oportuno precisar, que de los antecedentes del acto reclamado narrados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte que el referido juicio de origen fue instado por los aquí quejosos, demandando la nulidad de diversos contratos de donación, contra Berenice Itzel Mendoza Mejía, en su carácter de heredera universal y albacea de la sucesión a bienes de Juan Manuel del Toro Villarreal, así como a los menores de edad J.M.T.M e I.G.T.M., herederos de la referida sucesión, entre otros. Razón por la cual refiere le genera perjuicio se le haya reconocido en la audiencia previa el carácter de demandada a Berenice Itzel Mendoza Mejía, toda vez que compareció por su propio derecho, siendo que a quien se demandó fue al albacea y herederos de la sucesión a bienes de Juan Manuel del Toro Villarreal. Lo anterior permite advertir que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que interpretado a contrario sensu, importa que si el acto reclamado no es de aquéllos cuyos efectos sean de ejecución irreparable, el juicio de amparo biinstancial es improcedente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Cabe destacar que del propio precepto se advierte que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. Como se puede apreciar, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo reitera el mandamiento contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, virtud de que establece que tratándose de actos dentro de juicio el amparo en la vía indirecta procede cuando sus efectos sean de imposible reparación, destacando el legislador que por ellos se entiende los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Acorde con la definición dada por el legislador en la ley reglamentaria, se puede concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la constitución o en algún tratado internacional del que el Estado sea parte, de modo que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreparable. Esto es, el supuesto de procedencia se actualiza cuando tales actos cumplen concomitantemente con las siguientes notas distintivas: i) Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, ii) Esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. De lo antes expuesto, se puede concluir que la intención del legislador es evitar que los juicios naturales se interrumpan constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que fuese presentando en el procedimiento natural y que se estimase perjudicial por algunas de las partes. En el entendido de que para salvaguardar los derechos de los justiciables, el propio legislador estableció como regla excepcional la posibilidad de que se impugnen desde luego únicamente aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos; cuestión que se justifica solamente en la medida de que tal violación no podría ser reparada ni aun obteniendo sentencia favorable, por lo que en ese caso ningún caso tendría esperar a que ésta se dictara para poder combatir un acto de esa naturaleza. De lo anterior se desprende que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente, para que un acto de autoridad pueda catalogarse como de imposible reparación -para la procedencia del juicio de amparo-, debe producir una afectación material a derechos sustantivos, cuyas consecuencias sean tan graves que impidan su ejercicio, y no una simple lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que probablemente no trascienda el resultado del fallo. Ahora bien, como se precisó el acto aquí combatido consiste en la resolución de once de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro de los autos del toca civil 28/2022, por el Magistrado del Cuarto Tribunal Distrital, con sede en esta ciudad, en la que declaró infundados los agravios hechos valer por los aquí promoventes, contra la determinación de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, emitida en los autos del juicio ordinario civil 324/2020 por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, mediante la cual se celebró audiencia previa, de conciliación y depuración, en la que se tuvo por asistiendo a Berenice Itzel Mendoza Mejía por propio derecho y en representación de sus menores hijos, concediéndoles la capacidad para comparecer en el juicio como parte demandada, formular diversas manifestaciones y ofrecer pruebas. En ese contexto, esta actuación no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio natural, si éste es favorable a los intereses de la parte quejosa. Esto es así, toda vez que la determinación combatida, sólo podría tratarse de una violación a derechos adjetivos y no a los sustantivos que busca proteger el juicio de amparo biinstancial. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, siendo que es precisamente la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la ley en la materia. Luego, el acto reclamado no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, y no impiden ser reparados en la sentencia que se pronuncie en el juicio respectivo, en tanto que el mismo resulte favorable a sus intereses, y en tal caso, la afectación de que se queja en la demanda de garantías habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos. En caso contrario, como ya se precisó, la promovente estará en condiciones de hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes. 2.1 Criterios aplicables. Resulta aplicable las tesis PC.XVIII. J/9 K (10a.) y P./J. 37/2014 (10a.) emitidas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese tenor, como se anticipó, se considera actualizada la hipótesis de improcedencia del juicio constitucional prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada.

  3. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso . mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de seis de junio de dos mil veintidós. 1.1. Acuerdo. Atento a su contenido, se advierte que el escrito de cuenta únicamente fue signado por ... toda vez que se ostenta como representante común de la parte quejosa, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que el citado numeral establece la figura del representante común únicamente con el fin de evitar el entorpecimiento de la adecuada prosecución del juicio de amparo ante la existencia de diversos quejosos, no ha lugar tener por desahogado el requerimiento contenido en el mencionado acuerdo, toda vez que citado promovente no está facultado para desahogar prevenciones en los términos que pretende hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 124/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1.2 Subsiste prevención. En consecuencia, no se tiene por desahogado el requerimiento contenido en auto de seis de junio de dos mil veintidós; subsistiendo la prevención y el apercibimiento decretados. En el entendido que el plazo para desahogar la prevención se interrumpió el diez de junio del año curso (fecha en que surtió efectos la notificación del auto antes señalado), cuando el ocursante pretendió desahogarla, por lo que contará con cinco días para cumplir totalmente la misma, plazo que se computará una vez que surta efectos la notificación del presente proveído.

  4. Principal

    1. Recepción. Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve J. Guadalupe del Toro Bermea y Marina Villarreal Cantú, contra actos del Magistrado del Cuarto Tribunal Distrital del Estado de Coahuila, con sede en esta ciudad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 659/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo conducente respecto a su admisión, con fundamento en los artículos 108, fracción II1 , y 114, fracciones II y V2 de la ley de la materia, se requiere a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo: i) Manifieste el nombre y domicilio del tercero interesado¸ o bien, si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; ii) Exhiba una copia más del escrito de demanda y sus anexos, lo anterior para correr traslado a las partes. Haciendo de su conocimiento que en el presente asunto resultan necesarias un total de tres copias para ser distribuidas de la siguiente manera: ? Una para la autoridad que señaló como responsable. ? Una para el tercero interesado. ? Una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. 1 Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; (.) 2 Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; (.) V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. 09/02/23 11:15:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.2b MARCO ANTONIO SÁENZ CÁRDENAS Lo anterior es así, toda vez que se trata de la comprobación de un presupuesto procesal sin el cual, no prosperaría la acción constitucional, por lo que, es necesario que este Juzgado de Distrito corra traslado a las demás partes en el presente juicio, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo3 . Además, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de la Materia, es importante que exhiba las copias necesarias del escrito aclaratorio para ser distribuidas entre las partes. 3.1 Criterio Aplicable. Sobre el tema resulta aplicable, la jurisprudencia I.4o.C.26K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito4 . 3.2 Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir la prevención, en el plazo que se le otorga, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, como lo prevé el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. 4. Domicilio y autorizado. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la ***. Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ***, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico. 5. Consulta y notificaciones vía electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta y notificaciones vía electrónica, al solicitante con nombre de usuario "***". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva; lo anterior, en términos del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 5.1 Instrucción a oficial judicial A. Se instruye a la oficial judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 3 Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. 4 Visible en la página 63, tomo IX, Febrero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 220365, que establece: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna. ????????? 5.2 Correo electrónico y número telefónico. Se tiene a la parte promovente proporcionando como correo electrónico y número telefónico, los que señala en su escrito, en el entendido de que se establecerán para comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus. 6. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 7. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 8. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 9. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 10. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaría hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 11. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.

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