J. Guadalupe Carrillo Guzmán
Expediente 39/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 26 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 39/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 15/11/2018
Partes del expediente
- J. Guadalupe Carrillo Guzmán
Actuaciones
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- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este juzgado federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada el veintiuno de septiembre de la presente anualidad (fojas 80 a 89), por la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el computó de dicho termino para las responsables Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit y Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, ambos con sede en esta ciudad, en virtud de que son órganos jurisdiccionales y, por tanto, carecen de legitimación para interponer el medio de impugnación referido, en razón que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento del laudo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el tomo XVIII, Julio de 2003, novena época, página 23 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir. Consecuentemente, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, que entró en vigor el veintiséis de noviembre del dos mil nueve; se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; sin que haya lugar a pronunciarse respecto del incidente de suspensión en virtud de que no se tramitó. Finalmente, devuélvanse a las responsables Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit y al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, ambos con sede en esta ciudad, los ocho tomos de pruebas que anexaron a su informe justificado.
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TEPIC, NAYARIT, TRES DE COTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio número 889/2018P, signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, a través del cual adjunta el diverso comunicado 476 suscrito por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual envía los autos originales del Juicio de Amparo Indirecto número 39/2018 (auxiliar 412/2018), en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada el veintiuno de septiembre del año en curso, y del que se advierte la Justicia de la Unión no ampara ni protege en el presente juicio de amparo. Agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Asimismo, ténganse por recibidos un disco compacto que contiene el referido fallo. Acúsese el recibo de estilo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia simple de la indicada resolución a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes.
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TEPIC, NAYARIT, TRES DE COTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio número 889/2018P, signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, a través del cual adjunta el diverso comunicado 476 suscrito por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual envía los autos originales del Juicio de Amparo Indirecto número 39/2018 (auxiliar 412/2018), en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada el veintiuno de septiembre del año en curso, y del que se advierte la Justicia de la Unión no ampara ni protege en el presente juicio de amparo. Agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Asimismo, ténganse por recibidos un disco compacto que contiene el referido fallo. Acúsese el recibo de estilo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia simple de la indicada resolución a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes.
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RESUELVE: ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA.
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