J Guadalupe Cano Moreno

Expediente 402/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
402/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
05/11/2021

Partes del expediente

  • J Guadalupe Cano Moreno
  • Juez de Control de la Sede Valle de Santiago del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Region En el Estado de Guanajuato (Denominacion Correcta Foja)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la apertura de un cuadernillo por encontrarse pendiente el dictado de la sentencia respectiva, el cual obra por separado; en ese sentido, toda vez que dicha resolución ya se emitió, se ordena glosar a los autos el aludido cuadernillo de forma consecutiva para su debida constancia. Vuelvan los autos al archivo.

  2. Principal

    ...Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso, mediante el cual solicita se cause ejecutoria a la sentencia dictada en el presente sumario; en ese sentido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en auto de treinta de marzo de este año, por el que se proveyó lo conducente. SOLICITUD DE COPIAS Por lo que hace a su solicitud de copias, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, expídase a su costa copia simple en un tanto de la constancia que solicita, previa razón de recibo que se deje en autos; asimismo, se tiene autorizada para recibirla a la persona que señala. TRÁMITE PARA EL OTORGAMIENTO DE COPIAS El centro de fotocopiado que se encontraba en el edificio sede de este juzgado dejó de prestar servicio definitivamente, por lo que, para la obtención de copias, personal de este órgano jurisdiccional debe trasladarse a algún centro de fotocopiado, siendo que sólo labora un número reducido de servidores públicos de manera presencial, a fin de llevar a cabo la recepción de todo tipo de promociones e integración de los expedientes que se trabajan diariamente. Ello, con motivo de la pandemia producida por el virus COVID-19, que dio lugar a las medidas dispuestas por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 21/2020, en relación con del diverso Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, con relación al periodo de vigencia. De tal suerte, es que se estima necesario que sujetar el otorgamiento de copias a las siguientes reglas. La reproducción de las copias sólo se efectuará el día miércoles a las nueve horas. Para ello, el interesado deberá comunicarse, cuando menos con dos días de anticipación, al teléfono 462 123 9428, en donde deberá indicar el número del presente expediente, así como la fecha (en día miércoles) en que acudirá a realizar la reproducción fotostática, en el entendido que puede acudir cualquier persona facultada para ello, debidamente identificada con documento oficial (pasaporte, credencial para votar, cédula profesional); siendo que, cualquier error en los datos que proporcione puede ser en su perjuicio, ocasionando un retardo en la obtención de las copias solicitadas. El día miércoles agendado, deberá presentarse en la entrada del edificio sede de este juzgado (sin ingresar a él), donde personal del juzgado le indicará a qué centro de fotocopiado deberán trasladarse para la obtención de sus copias. Si se trata de copias simples, éstas se entregarán en el propio centro de fotocopiado, una vez que obre la razón respectiva en autos y se cubra su costo (el servicio es ajeno a este órgano jurisdiccional). Si se trata de copias certificadas, deberá cubrirse su costo en el dentro de fotocopiado (el servicio es ajeno a este órgano jurisdiccional) y, para su entrega, la parte interesada deberá agendar una cita para ese día o días subsecuentes, a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado; lo cual deberá realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2,[1] respecto de lo que se le informa que el horario de citas de este Juzgado es de las 12:30 a las 18:00 horas de lunes a viernes; en el entendido que se entregarán previas las formalidades de ley. No obstante lo anterior, se informa que en caso de solicitar el acceso al expediente electrónico, con su firma electrónica, podrá descargar copia de las constancias que obran el expediente electrónico, las cuales, de incluir la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento del ocursante que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación...

  3. Principal

    ...Ténganse por recibida la pieza postal de cuenta que devuelve el servicio de mensajería acelerada denominada "Estafeta" la cual contiene el oficio 1233/2021, dirigido al Juez de Control de la sede Valle de Santiago del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, en el cual se observa el motivo de devolución "C07"; misiva mediante la cual se ordenó notificar la resolución de diecinueve de febrero del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, a fin de no producir mayor dilación en la entrega de dicha comunicación, mediante oficio con transcripción del presente acuerdo, se ordena reexpedir la misiva señalada vía fax o correo electrónico o bien a través de cualquier medio tecnológico que permita su notificación. Notifíquese.

  4. Principal

    19/02/2021 ...TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Valle de Santiago, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con la constancia que la responsable acompañó en apoyo a su informe justificado, la cual consiste en un disco en formato dvd que contiene la causa penal digital *** y audiencias relativas a ésta; a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Además, el referido expediente electrónico, al haber sido reproducido por la autoridad responsable tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido se apreció, pues fue necesaria la observación sensorial respecto de éste, con el objeto de constatar lo ahí realizado. CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia representa una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie no se advierte de oficio, ni se hace valer alguna causa de improcedencia; por tanto, procede el análisis de la cuestión planteada en el presente juicio de amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de los motivos de disenso expuestos por la quejosa, procede relatar los antecedentes del acto reclamado, en los siguientes términos: ... SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación propuestos por el quejoso, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo. El solicitante del amparo refiere que le causa agravio la determinación de vinculación a proceso dictada en su contra, pues con ello se violaron los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 y 20 Constitucionales, así como el diverso 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al efecto refiere que la autoridad responsable realizó una errónea valoración de los datos de prueba, incluyendo elementos fácticos no propuestos por la fiscalía, ni sustentado en datos de prueba informados en la audiencia, con el propósito de vincularlo a proceso ilegalmente. También aduce vulneración al principio de presunción de inocencia en sus vertientes de trato y probatoria, de exacta aplicación de la ley, fundamentación y motivación previstos por los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que el juzgador responsable para tener por demostrado el elemento subjetivo de dolo, consistente en prestar auxilio psicológico al otro imputado *** se basó en la expresión "mata a quien tengas que matar, no te detengas" siendo que el delito estaba siendo ejecutado por el co imputado de referencia. Igualmente refiere el quejoso, que el argumento de la autoridad responsable, carece de sustento jurídico, y se contradice en sus propios razonamientos, pues por una parte dice que se encuentra demostrado que el día de los hechos, *** perseguía al ahora occiso *** portando un arma larga, realizando varios disparos, intentando herirlo, sin conseguirlo, ya que llegó a una tienda, donde se refugió, y por otra parte, refiere que si bien, el quejoso *** también acompañaba al otro imputado aparentemente armado, lo cierto es que, no realizó ningún disparo ni agredió al ofendido. Que el juez expuso que no fue sujeto de debate, el hecho de que *** estaba disparando por voluntad propia, cuando lesionó a una tercera persona ajena al conflicto, y después seguir accionando el arma, hiriendo de muerte al ofendido; lo cual, argumenta el quejoso, no sustentan el postulado por el que se le vinculó a proceso, respecto de la frase de que este contribuyó en auxilio psicológico, animando al autor material del hecho, de terminar con la vida del ofendido. Asimismo, el quejoso expone que el juez incorporó elementos ajenos a la imputación, con el propósito de vincularlo a proceso; siendo que la fiscalía pretendía demostrar una forma de intervención de instigador, posteriormente solicitó la vinculación a proceso, en calidad de coautor material ante el codominio funcional del hecho y aportar actividades esenciales para la ejecución del delito, tales como el acorralamiento y vigilancia del quejoso; siendo que el juzgador señaló que la intervención del quejoso fue de participe, al externar ayuda concertada al autor material para la ejecución del delito, a través del auxilio psicológico, mediante la frase que señaló la fiscalía, sin tener certeza de la misma; argumentos por los que considera que el juzgador violento en su perjuicio, los principios de contradicción, igualdad de las partes y de imparcialidad, al incorporar elementos que no fueron expuestos por la fiscalía, al sostener el juzgador que el quejoso expresó una frase motivacional para que se privara de la vida del pasivo, cuando la fiscalía señaló que el quejoso efectúo las actividades de acorralamiento y vigilancia previamente concertadas. El quejoso aduce violación al artículo 14 Constitucional y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al efectuar una indebida ponderación de los datos de prueba que le fueron informados en la audiencia, con el pretexto de que no era el momento oportuno, siendo que su defensa pugnó para conocer con precisión, cual fue la actividad concreta que se le atribuía al quejoso, pretendiendo un análisis armonioso y conjunto de todos los datos de prueba allegados, los cuales, el juzgador refiere que no tiene la calidad de prueba. Finalmente, el quejoso expone que el juez responsable señaló como fundamento, la tesis aislada "INSTIGACIÓN Y COMPLICIDAD. SUS DIFERENCIAS Y RASGOS CARACTERISTICOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL), para concluir con la calidad de cómplice; lo cual, estima incorrecto, pues dice que la legislación penal local no lo contempla, sino que establece la ayuda como elemento de la complicidad, sin hacer diferencia entre la ayuda y apoyo psicológico o emocional; que en la especie, no se integró la figura de la complicidad sobre un hecho que ya estaba en etapa de ejecución, sin que pudiese existir una influencia externa para realizarlo, entonces, la existencia o no de frases de terceras personas, devienen irrelevantes para la ejecución del hecho considerado como delito. Los motivos de disenso resultan infundados por las razones siguientes. Ciertamente, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, además de reunirse los requisitos previstos por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos8, también, se debe observar lo dispuesto por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales Del referido artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el Juez de control, a petición del Agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que se encuentren satisfechos los requisitos sustanciales, a saber: 1 Que se haya formulado la imputación; 2 Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar o que haya manifestado su deseo de no hacerlo; 3 De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y 4. Que no se encuentre demostrado una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de delito. A su vez, la resolución de vinculación a proceso, debe emitirse acorde a lo dispuesto por el numeral 16 de la Constitución Federal, esto es, debe estar debidamente fundada y motivada, y debe reunir los siguientes requisitos: 1. Debe emitirse por una autoridad judicial; 2. Contener la precisión del delito que se imputa al acusado; 3. Indicar el lugar, tiempo y circunstancias de la ejecución del ilícito; 4. Los datos que establezcan que se cometió un hecho que la Ley señala como delito; y 5. Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. En consonancia con lo anterior, el auto de vinculación a proceso sólo exige contar con datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en el hecho, por el cual se seguirá la investigación, evitando la presentación de pruebas formalizadas durante la primera etapa de investigación del procedimiento, buscando con ello que se mantenga la objetividad e imparcialidad dentro de la etapa de investigación (argumentos que sustentaron la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J.35/2017 (10ª) que más adelante se citará). En el presente asunto, es necesario analizar si el auto de vinculación a proceso reclamado, emitido en la continuación de la audiencia de catorce de julio de dos mil veinte, cumple con los requisitos previstos en el artículo 19 Constitucional y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ... En ese contexto, contrario a lo pretendido por el quejoso, el auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de origen, satisface adecuadamente los requisitos previstos para su emisión, contemplados en el artículo 19 Constitucional, así como el diverso numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se afirma lo anterior, toda vez que como el juez precisó, en la etapa preliminar del juicio no se exigen pruebas plenas de la intervención penal del inculpado, pues en este estadio legal, jurídica y constitucionalmente está permitido que el estándar probatorio sea mucho menor que el que tiene que verificarse en una sentencia firme, lo que aconteció en el caso, como se evidenció en el cuatro antes plasmado. Resulta carente de sustento jurídico Efectivamente no asiste razón legal al quejoso, en cuanto argumenta que la autoridad responsable realizó una errónea valoración de los datos de prueba, incluyendo elementos fácticos no propuestos por la fiscalía, ni sustentado en datos de prueba informados en la audiencia, con el propósito de vincularlo a proceso ilegalmente; asimismo respecto a la vulneración al principio de presunción de inocencia en sus vertientes de trato y probatoria, de exacta aplicación de la ley, fundamentación y motivación previstos por los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que el juzgador responsable para tener por demostrado el elemento subjetivo de dolo, consistente en prestar auxilio psicológico al otro imputado *** sólo se basó en la expresión "mata a quien tengas que matar, no te detengas" siendo que el delito estaba siendo ejecutado por el co imputado de referencia. Ciertamente, acorde con los antecedentes precisados con anterioridad, se advierte que, en el caso concreto, el juez de origen, no sólo consideró la frase que indica el quejoso, sino que además tomó en cuenta los datos de prueba de la causa penal *** para concluir sobre la comisión de un hecho que la ley señala como delito, esto es, homicidio simple, previsto y sancionado por los artículos 138 y 139, en relación con los artículos 9, 13, y 22, todos del Código Penal vigente para el Estado de Guanajuato, así como la probable intervención del aquí quejoso *** en calidad de cómplice, en perjuicio de quien en vida respondió al nombre de *** Lo que pone de manifiesto que el juez encuadró la conducta a la norma penal, con independencia de la metodología adoptada, al tipo penal aplicable; lo cual, es suficiente jurídicamente para la emisión del auto de vinculación que reclama el quejoso. Lo anterior, atento al dispositivo 19 primer párrafo, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, en cuanto dispone que, para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar los siguientes requisitos de fondo: 1) Existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho; 2) Que la ley señale como delito a ese hecho y, 3) Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Apoya a lo anterior, el criterio plasmado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a) registro 2014800, Décima Época, Materias(s): Penal, visible en la página 360, Tomo I, Libro 45, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y contenido siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito" las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí como sucede en el sistema mixto, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito" entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley" Con independencia de lo anterior, este juzgado federal estima necesario aclarar que el juez de control, para resolver sobre la vinculación a proceso, tiene obligación de ponderar los datos de prueba que se incorporen a favor del imputado, durante el plazo constitucional o su ampliación. Sobre el tema, los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente" "Artículo 315. La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado" En ese orden de ideas, se tiene como premisa fundamental que el juez de control, para el dictado del auto de vinculación a proceso, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, debe ponderar los datos de prueba que aporte el imputado o su defensa, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público. Además de que es necesario el debate previo para establecer la idoneidad y pertinencia del dato de prueba ofrecido por la defensa durante la duplicidad del término constitucional, en aras de respetar el principio de contradicción que rige el procedimiento penal. Pues en términos de lo dispuesto por el numeral 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales el dato de prueba que se incorpore al proceso debe ser "idóneo y pertinente" para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado; circunstancias legales que se advierten atendidas por el juez natural previamente a la emisión del acto reclamado en el presente juicio. Tampoco asiste razón al quejoso Motivo por el cual no se violaron las garantías individuales contenidas en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 y 20 Constitucionales, pues como se ha visto, hasta ese momento procesal, se contó con datos de pruebas que hicieron probable la intervención del quejoso en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de homicidio simple, en calidad de cómplice, en perjuicio de quien en vida respondió al nombre de *** dado que se ofertaron datos de los que se aprecia que el diecinueve de abril de dos mil veinte, aproximadamente a las nueve horas con cuarenta minutos de la noche, en la comunidad de *** de *** , *** en su calidad de cómplice, motivó al coinculpado *** para concretar el hecho catalogado como homicidio simple, en perjuicio de la vida de *** siendo que el entonces inculpado y ahora quejoso, aun cuando portaba un arma de fuego, no la disparó, sino que sólo apoyó y, acompañó a su hijo *** además de que *** le dijo a su hijo *** "mata a quién tengas que matar, no te detengas, a lo que viniste termina con el chivo" por lo que *** continuo disparando, logrando herir de muerte al ofendido *** Por tanto, se considera que, no se le vulneró ningún derecho fundamental, pues en el caso, se aprecia que en todo momento la autoridad señalada como responsable, ha respetado los derechos humanos del imputado; además, cabe destacar que en el caso se está ante datos de prueba, siendo que podrá ejercer su derecho de contradicción en el juicio, en su caso, en que se desahoguen las pruebas. Por otra parte, no asiste razón al quejoso al decir que el juzgador incorporó elementos ajenos a la imputación, con el propósito de vincularlo a proceso; siendo que la fiscalía pretendía demostrar una forma de intervención de instigador, posteriormente solicitó la vinculación a proceso, en calidad de coautor material ante el codominio funcional del hecho y aportar actividades esenciales para la ejecución del delito, tales como el acorralamiento y vigilancia del quejoso; pero el juzgador señaló que la intervención del quejoso fue de participe, al externar ayuda concertada al autor material para la ejecución del delito, a través del auxilio psicológico, mediante la frase que señaló la fiscalía, sin tener certeza de la misma. Además de que tampoco le asiste sustento al quejoso en cuanto aduce violación al artículo 14 Constitucional y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante una indebida ponderación de los datos de prueba que le fueron informados en la audiencia, con el pretexto de que no era el momento oportuno, puesto que su defensa pugnó para conocer con precisión, cual fue la actividad concreta que se le atribuía al quejoso, pretendiendo un análisis armonioso y conjunto de todos los datos de prueba allegados, los cuales, el juzgador refiere que no tiene la calidad de prueba. Lo anterior, se considera así, al observarse que, el juez durante el desahogo de la continuación de la audiencia de imputación, una vez que procedió con las prórrogas, dejando a salvo la etapa contradictoria, para la defensa y fiscalía, en virtud de las pruebas recabadas por la defensa, precisó que la fiscalía había expuesto la teoría del caso, la cuestión probatoria para acreditar los hechos y soporte jurídico; también cuestionó a la fiscalía, si la información recabada por la defensa del quejoso, habría provocado la variación de la imputación, siendo que la fiscalía contestó que no. Después dio oportunidad a la defensa del quejoso, para que, de manera económica, reprodujera la información recabada; sin embargo, previo a ello, el defensor del quejoso, le expuso al juzgador, sobre una duda, en cuanto a la imputación de la fiscalía, consistente en la referencia de coautor, y participación. Siendo que la fiscalía contestó que la imputación era como coautor material del delito. Así, el juez, le expuso al quejoso la imputación de la fiscalía, en cuanto a la intervención del hecho en su calidad de coautor material del mismo; al tener conocimiento de lo que el grupo iba a realizar, y por ello, existió reparto previo de tareas, con el diverso inculpado *** de modo que, el quejoso realizó el hecho material junto con otros u otro, precisando que el coinculpado tuvo una incidencia previa con el extinto *** y posteriormente regresaron en un vehículo, de ahí que la fiscalía señaló que existió un plan, reparto de tareas, al acompañar el quejoso a su hijo *** persiguiendo al extinto, quien iba armado, y aun cuando el quejoso no disparó el arma, tal circunstancia no desvirtuó su participación, porque se acordó privar de la vida al ofendido, tan es así, que surgió la expresión clara: "mata a quien tengas que matar, que a eso habían ido, a acabar con el chivo" frente a esos datos de prueba, se le consideró como coautor. Todo lo anterior, pone de manifiesto que se hizo del conocimiento tanto el quejoso como su defensa, sobre la calidad de coautor material del delito que le fuera imputado por la fiscalía, amén de que pudo en ese instante, refutar tal circunstancia, pero en su lugar, el defensor del quejoso, procedió a darle lectura de la información que recabó, consistente en los testimonios de ***, *** , *** y *** Inclusive, del estudio de la audiencia respectiva, se advierte que el juez de origen, previo a emitir su determinación, expuso que, para ello, se debe que atender el cumplimiento de los requisitos previstos por el artículo 19 Constitucional y numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; existir una formulación de imputación, que el propio quejoso conoce los hechos sobre los que se le está involucrando, así como los actos de investigación instaurados en su contra; se le respetó su derecho a permanecer callado, en virtud de que el solicitante del amparo, decidió no contestar a los cargos en su contra, precisando que tal silencio no le perjudica; además, el juez expuso que de los hechos investigados deben evidenciar datos de prueba, para proseguir con el análisis del hecho acreditado, para constituir un delito, así como justificar la probable comisión del quejoso, sin que la misma constituya una sentencia definitiva, entonces el estándar de la prueba no se requiere ser alto. Que el entonces imputado, se trata de una persona mayor de edad, sujeta al sistema de vinculación al que se le sujeto, acorde con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, el juez resaltó que no existió debate en cuanto a los hechos consistentes en que el día diecinueve de abril de dos mil veinte, pasadas las nueve de la noche, *** , *** y al menos otra persona llamada *** se encontraban en la esquina ubicada de las calles *** debajo de un árbol, surgió una discusión, hasta aquí existió consenso donde *** se retiró del lugar en una bicicleta, para después regresar a bordo de un vehículo, aproximadamente a las nueve horas con cuarenta minutos de la noche, del diecinueve de abril de dos mil veinte, acompañado de sus hermanos *** y *** y su papa *** respecto de lo que tampoco surgió debate. Tampoco existe debate en que se acercó *** hacia el hoy occiso *** que el primero iba armado, al portar un arma larga, que en un momento *** corrió sobre la calle *** siendo que *** lo perseguía al tiempo que accionaba el arma que portaba, sin conseguir herirlo en ese momento, que *** pudo entrar a la tienda de su hermana *** que salió también el esposo de ésta, de nombre *** quien fue herido por una bala en el hombro, que *** continuo accionando el arma hacia la tienda, siendo que *** fue herido de muerte, quedando dentro de ese establecimiento. Hechos que señaló el juzgador fueron planteados y no existió debate. Sino que el debate lo fue, en el alcance de la intervención del hoy quejoso *** en razón de que, al acompañamiento que dio, no fue de simple espectador, sino que, contribuyó de alguna manera, en tanto que, también iba armado, y persiguió al extinto ofendido *** aunque no disparó, pero si apoyó en el acompañamiento a su hijo *** con la afirmación de que posteriormente a que *** disparó sin lograr herir a *** pero si, cuando salió *** fue herido por un disparo, después se dio la expresión importante en cuanto a que, *** le dijo a su hijo *** "mata a quién tengas que matar, no te detengas, a lo que viniste termina con el chivo" por lo que *** continuo disparando, logrando herir de muerte al ofendido *** Hechos sobre los que si existió debate. El juez, aclaró que, con los datos de prueba, adminiculados, sólo resta debate sobre la intervención del quejoso *** que la imputación lo fue, sobre hechos que la ley, refiere como delito de homicidio simple, respecto de la imputación de la fiscalía, en su calidad de cómplice. Posteriormente, el juez detalló la información que consideró, para concluir con la integración de los hechos marcados por la ley, como de homicidio simple, en perjuicio de la vida del extinto ofendido *** Entre lo que destaca: 1. El dictamen del perito en materia de balística, del que se desprende que se trata de casquillos del mismo calibre. 2. Entrevista de *** 3. Entrevista de *** 4. Entrevista de *** 5. Entrevista de *** 6. Entrevista de *** 7. Entrevista del menor *** Respecto de los testimonios ofertados por la defensa: 8. Testimonio de *** 9. Testimonio de *** 10. Testimonio de *** 11. Testimonio *** Concluyendo sobre la calidad del entonces imputado y aquí quejoso, sobre el acompañamiento, y motivación para la consumación material del homicidio simple en perjuicio de la vida del ofendido *** estableciendo el juez que el entonces inculpado *** en su calidad de cómplice, en términos del artículo 22 del Código Penal del Estado, y bajo el dolo especifico de auxiliar, prestar ayuda, no sólo del acompañamiento, además de alentar, reforzar, cuya sanción es menor, y alcance lo será hasta en la resolución final, dentro del juicio, frente a la prueba desahogada según corresponda. Con todo lo anterior, el juzgador con apoyo en el artículo 19 Constitucional y numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, decidió como primer punto, vincular a proceso al inculpado *** al haberse sustentado su probable intervención, en calidad de cómplice, en el hecho considerado como delito de homicidio simple, en perjuicio de la vida del ofendido *** segundo punto, no ordenó transcribir dicha resolución, al quedar registrada en audio y video; tercer punto dejó a salvo, el derecho del inculpado para inconformarse, en el término legal; cuarto punto, dispuso la transcripción de los datos personales del inculpado. Posteriormente preguntó a las partes, sobre algún error de la audiencia, siendo coincidentes en exponer que ninguna, y así concluyó el juez de origen con el auto de vinculación a proceso ya analizado plenamente, en el presente juicio de amparo. Este tribunal de amparo, concuerda con el criterio del juez de control responsable, en el sentido de que los datos de prueba recabados por la fiscalía, son útiles para comprobar el cuadro fáctico narrado, y cuyos hechos encuadran en la conducta prevista por la norma penal, por ser idóneos, pertinentes, razonables y suficientes atendiendo a la etapa procedimental en la que se encuentra el proceso. Se explica; contrario a lo afirmado por el quejoso, el juez de control responsable dio eficacia al dicho de los entrevistados, en cuanto a la narración y mecánica de los hechos, no considerando tales versiones de manera aislada y como datos de prueba únicos en contra del imputado, sino por estar corroboradas en aspectos circunstanciales y esenciales con el resto de los datos de prueba recabados por la representación social; todo lo anterior hace que se torne creíble aquélla información, máxime que, como lo sostuvo el juez de control responsable, no existe dato de prueba que contradiga la información expuesta en la audiencia de formulación de imputación; en virtud de que, los datos de prueba aportados por la defensa del implicado no resultaron eficaces. En ese sentido, fue correcto que el juez penal adujera que no hay ningún dato de prueba o información aportada por la defensa que ponga en tela de juicio la imputación realizada en contra del indiciado aquí quejoso. De igual manera, se considera acertada la postura del juez natural, en el sentido de que los datos de prueba relacionados por la fiscalía son suficientes, por ahora, para establecer bajo una condición de razonabilidad, que posiblemente el aquí quejoso intervino en la comisión de los hechos que se atribuyen, de manera conjunta con otro sujeto, pues ambos tuvieron codominio funcional del hecho y lo ejecutaron bajo un plan común. Por ende, es cierto que existen datos de prueba razonables que arrojan la probabilidad de que el ahora quejoso haya cometido el hecho punible de homicidio simple, de manera dolosa en términos de lo dispuesto por el numeral 133 del Código Penal de la entidad, y a título de coautoría propia, actuando con otro en común, con quien tuvo el codominio funcional del hecho, de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo, tercer supuesto del numeral 204 de la ley sustantiva penal de la entidad. Lo anterior se estima así ya que cuando hay pluralidad de activos, se configura la participación conjunta, la cual constituye la coautoría cuando, a pesar de la división de funciones, los autores concurrentes se encuentran en el mismo plano de participación, o bien, uno tiene el dominio directo, pues es quien realiza la etapa ejecutora del evento criminal, pero aun así los demás partícipes coadyuvan a la producción del resultado típico, por lo que estos últimos suelen constituirse como coautores, dada la división del trabajo colectivo mediante un plan común preconcebido, ya que su concurrencia en la ejecución del hecho punible importa la realización conjunta del delito por varios sujetos con codominio funcional del hecho. Por tanto, en los casos de coautoría no es dable imputar exclusivamente a cada uno de los inculpados la aportación parcial que realizó, sino que, por el dolo encaminado a la consecución total del resultado, cada copartícipe debe responder del delito, considerado en forma unitaria como un solo resultado de la suma de conductas múltiples, precedidas de un designio criminal y de un acuerdo conjunto llamado "pacto criminoso". Cobra aplicación lo expuesto la tesis V.2o.P.A.26 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, visible en la página 978, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, Novena Época, registro 168377, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de epígrafe: "COAUTORÍA. EN ESTA FORMA DE PARTICIPACIÓN CADA COPARTÍCIPE DEBE RESPONDER DEL DELITO EN FORMA UNITARIA, SIN QUE SEA DABLE IMPUTAR LA APORTACIÓN PARCIAL QUE CADA UNO DE LOS INCULPADOS REALIZÓ" También sirve de apoyo la jurisprudencia I.8o.P. J/2 del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la página 1242, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, Novena Época, registro 163505 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COAUTORÍA. SE ACTUALIZA CUANDO VARIAS PERSONAS, EN CONSENSO Y CON CODOMINIO CONJUNTO DEL HECHO, DIVIDIÉNDOSE LAS ACCIONES DELICTIVAS Y MEDIANTE UN PLAN COMÚN ACORDADO ANTES O DURANTE LA PERPETRACIÓN DEL SUCESO, CONCURREN A LA EJECUCIÓN DEL HECHO PUNIBLE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) La figura de la coautoría a que se contrae la fracción II del artículo 22 del Código Penal para el Distrito Federal, se actualiza cuando varias personas en consenso y con codominio conjunto del hecho, dividiéndose las acciones delictivas y mediante un plan común acordado antes o durante la perpetración del suceso, concurren a la ejecución del hecho punible y, por tanto, son responsables en igualdad de condiciones; de ahí que una aportación segmentada, adecuada y esencial al hecho puede bastar para ser considerada y penada como coautoría, aunque formalmente no sea parte de la acción típica, habida cuenta que aquélla se refiere no únicamente a una ejecución compartida de actos que se realizan en sentido objetivo-formal, como porciones pertenecientes a la acción típica, sino a que varios agentes reparten entre sí el dominio del hecho en la etapa de su realización, por lo cual la doctrina ha llamado a esta intervención compartida "codominio funcional del hecho"; sin embargo, esa actuación funcional para convertir al agente como coautor, debe ser necesaria y esencial para la realización del hecho delictivo" Para establecer lo anterior, el juez responsable no contó con elementos para realizar un ejercicio de ponderación, pues el implicado no emitió una versión de los hechos distinta a los expuestos por la fiscalía, por haberse reservado su derecho a declarar con relación a los mismos; como tampoco aportó datos de prueba eficaces, ni su defensa objetó los datos de prueba obrantes en la carpeta de investigación; aunado a que los datos de prueba de la fiscalía fueron idóneos, pertinentes y suficientes para arribar a la conclusión apuntada. Sin que se advierta la actualización de alguna excluyente de responsabilidad previstas por la ley penal, tal como lo sostuvo el juez de control responsable. Por las razones expuestas, es por lo que se considera que el auto de vinculación a proceso emitido en contra del aquí quejoso, no es violatorio de sus derechos fundamentales. Es orientadora la tesis aislada V.1o.P.A.2 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, visible en la página 1862, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, Décima Época, registro 2013273, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA VINCULAR A PROCESO AL IMPUTADO, CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO LA CARGA DE ESTABLECER EL HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO Y LA PROBABILIDAD DE QUE AQUÉL LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN, AUN CUANDO SU RELATO DEFENSIVO SEA IMPERFECTO Y CAREZCA DE RESPALDO PROBATORIO PLENO. Conforme a los artículos 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para vincular a proceso a un imputado no se requieren pruebas plenas que demuestren más allá de toda duda razonable la existencia de un hecho que la ley señale como delito, así como que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión, como sí sería necesario al dictar la sentencia definitiva en la etapa de juicio, según lo prevé el artículo 402, párrafo tercero, del código procesal citado. Sin embargo, ello no revierte la carga probatoria que corresponde a la parte acusadora, conforme al artículo 20, apartado A, fracciones V y X, de la Constitución Federal, aun cuando el relato defensivo del imputado sea imperfecto y carezca de respaldo probatorio pleno; esto es, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, corresponde al Ministerio Público la carga de establecer, a título de probable al solicitar la vinculación a proceso, o de demostrar a título pleno al formular la acusación, los aspectos inherentes al hecho delictivo, así como a la participación de la persona implicada en su comisión. Mientras que si el imputado decide ejercer su derecho constitucional a declarar, no tiene por qué probar a plenitud aspecto alguno. Exigir lo contrario, esto es, que el imputado al declarar emita un relato perfecto, que demuestre a plenitud su inocencia, implicaría tanto como soslayar el principio de presunción de inocencia, tutelado en el artículo 20, apartado B, fracción I, constitucional y revertir ilegalmente la carga de la prueba que, se reitera, corresponde al representante social" De ahí que deba subsistir la determinación asumida por la Juez de control, en la audiencia de vinculación a proceso de catorce de julio de dos mil veinte. En ese sentido, al resultar infundados los motivos de disenso hechos valer por el quejoso, procede negar la protección de la justicia federal solicitada. SÉPTIMO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. OCTAVO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *** contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones expuestas en el considerando sexto de este fallo...

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