J. Guadalupe Barajas Coria

Expediente 641/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
641/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
23/10/2020

Partes del expediente

  • J. Guadalupe Barajas Coria
  • Fiscal General del Estado de Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se aprecia que ha fenecido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de ocho de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la presente demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina: De acuerdo con el artículo 21 fracción d del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será destruido en su totalidad, porque se desechó el juicio de amparo. En otro orden, en cumplimiento a lo que establece el capítulo quinto en su artículo quince del citado Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente a criterio de esta juzgador no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, ocho de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda presentada vía electrónica por ****, por conducto de su apoderado ****, contra actos del Fiscal General del Estado de Guerrero, y Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Azueta de Zihuatanejo Guerrero. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. En ese contexto, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama lo siguiente (énfasis añadido): "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN RECLAMADO- De la autoridad señalada como responsable ordenadora, le reclamo la falta de autorización escrita para la devolución de mi vehículo propiedad de mi poderdante, marca CHEVROLET, modelo 1191 número de serie 3GCJC44KXMM139988; y de la autoridad señalada como responsable ejecutora le reclamo el retardo excesivo y falta de gestión en más de diez meses para ordenar la devolución del vehículo que es de la legitima propiedad de mi representado, y su único instrumento de trabajo, que solicitó de manera verbal desde el día cinco de diciembre del año pasado, de dos mil diecinueve; camioneta que se encuentra injustificadamente a disposición de esta última autoridad ejecutora desde el día 21 DE MAYO DE 2019 , a las 12:40 HRS., y que le fue motivado por el hecho de transito número: 020/2019 REGISTRADO EN EL KILOMETRO 214+800 DE LA CARRETERA (40) ACAPULCO- ZIHUATANEJO, TRAMO ACAPULCO ZIHUATANEJO, en donde mi poderdante resulto ser víctima de dicho percance, por ser violatorio de las garantías de seguridad jurídica de mi representado plasmadas en los artículos 1°., 8vo. y 17 del Pacto Federal." Así, tenemos que este órgano de control constitucional advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.(.)." Este precepto contempla el principio de definitividad que rige el presente sumario, que supone agotar o ejercitar en contra del acto reclamado y previamente a esta instancia constitucional, el juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Robustece esta consideración lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)."1 En el caso el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé un medio de impugnación en sede judicial, ante las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, se explica: El artículo 20 constitucional menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, en cuyo apartado C se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que posiblemente constituyan la comisión de un delito que les agravió, lo que se desprende de las fracciones II y VII, que a la letra dicen: "C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento del a acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.". Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales -ley reglamentaria en materia procesal penal-, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)" De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrá -en su caso- impugnar diversas determinaciones y omisiones ante el juez de control, quien se encuentra facultado para tal efecto dentro del sistema acusatorio que rige en el Estado de Guerrero, ya que fue intención del Constituyente Permanente, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole a efecto de controlar su legalidad; y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita, procederá el juicio de amparo. Cabe abundar que los artículos 129, 216 y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que, como agente investigador, el Ministerio Público debe realizar una investigación objetiva y actuar con la debida diligencia, garantizando el respeto a los derechos de las partes y el debido proceso; que al concluir la investigación, puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio, la absolución o una condena menor que aquella que pida la acusación; que durante la investigación, el imputado, su defensor, la víctima ofendido, pueden solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos (pruebas), que el agente investigador deberá resolver al respecto dentro de los tres días y disponer que se lleven a cabo las diligencias conducentes; que puede solicitar la comparecencia del imputado a declarar sobre los hechos que se investigan; asimismo, debe notificar a la víctima u ofendido, las resoluciones en que se determine la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, para que, en su caso, la víctima u ofendido impugnen dicha resolución ante el juez de control. Además, se tiene que entre los diversos medios de impugnación -género-, destacan los recursos - especie-, en los que se busca "revisar" o "volver a cursar" el actuar de determinada autoridad, y se interponen mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos y en general, cualquier error o falta a las disposiciones aplicables; los recursos se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica, al otorgar a las partes una "instancia" o "procedimiento", que revise lo actuado por la autoridad recurrida, cuando afecten su pretensiones. Así, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las actuaciones del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. Ahora bien tomando en consideración lo narrado en su escrito de demanda de la parte quejosa que reclama del Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Azueta en Zihuatanejo Guerrero, la abstención, el retardo excesivo y falta de gestión para ordenar la devolución de su vehículo retenido por el hecho de transito de vehículo en el dictamen técnico de hechos de transito número: 020/2019 dado que argumenta que dicho funcionario ha sido omiso en emitir la devolución del vehículo no obstante el trascurso del tiempo. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que el quejoso cuenta con un medio efectivo de impugnación que debe agotar previo a la promoción del juicio de amparo; mismo que prevé el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que este juzgador de amparo, insiste, que el acto impugnado debe ser primeramente jurisdiccional ordinaria, ya que el artículo 20 constitucional, apartado C, fracción VII, y el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contemplan que existe un medio ordinario para impugnar las omisiones en sede judicial durante la investigación que realice el Ministerio Público, lo que conlleva implícita la posibilidad de revisar los actos que aduce el previo a incoar el juicio de amparo indirecto, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad, como lo pretende en su escrito en el que insta la protección constitucional, ni tampoco lo torna como un acto de imposible reparación, porque puede ser que al resolver ser subsane la omisión que atribuye a la autoridad responsable. No se soslaya que el impetrante del amparo también menciona como autoridad responsable al Fiscal General del Estado de Guerrero, sin embargo de los propios antecedentes de su demanda se advierte que dicha autoridad no interviene en la omisión relativa a la retención o no de su vehículo, ello en razón de que el propio quejoso refiere que el Agente responsable es quien ha sido omiso al emitir el razonamiento relativo a la devolución o no de su vehículo dentro de la carpeta judicial correspondiente, además tampoco menciona en qué etapa se encuentra la citada carpeta de investigación y si esta ya concluyo. Aunado a lo anterior, es importante tener en consideración el tema resuelto por el más Alto Tribunal del País, a través de las jurisprudencias, en las que se establece medularmente que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Robustece lo hasta aquí analizado la tesis XVIII.1o.P.A.2 P (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el doce de mayo de dos mil diecisiete, con el número de registro 2014279, del rubro y texto siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO, A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, a víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de usticia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado." Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, en la resolución emitida en el amparo en revisión penal 549/2017, derivado del juicio de amparo 765/2017, de índice del Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guerrero. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos 61, fracción XX y 113, todos de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata, por resultar indudable y notoria la improcedencia de la acción que mediante ella se pretende ejercitar. AUTORIZADOS: téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, en virtud de tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a *****, por no contar con su registro de cédula en el aludido Sistema. Por otra parte, no pase inadvertido por este órgano jurisdiccional que la parte quejosa señala como correo electrónico el siguiente *****, y como número de teléfono celular ****; por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico proporcionado con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. De igual forma, como lo solicita y de conformidad con la primera certificación de cuenta se autoriza a ****con nombre de usuario ***, el acceso al expediente electrónico del presente asunto, con fundamento en los artículos 55, 62 y 64 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; por lo que, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

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